Por Bill Van Auken
La
dictadura monárquica de Arabia Saudita anunció el martes que había llevado a
cabo otra ola de asesinatos, ejecutando públicamente a 37 personas en las
ciudades de Riad, Medina y La Meca, así como en la provincia central de Casim y
en la provincia Oriental del reino.
Uno de
los cadáveres sin cabeza fue luego crucificado y dejado colgando en público
como una espantosa advertencia para cualquiera que incluso considere oponerse
al poder absoluto de la familia real gobernante.
El
régimen anunció que aquellos que fueron llevados a las plazas públicas para ser
decapitados con espadas habían sido castigados "por adoptar ideas
terroristas y extremistas y por formar células terroristas para corromper y
desestabilizar la seguridad".
En Arabia
Saudita, una ley antiterrorista adoptada en 2017 define como
"terrorista" a cualquier persona que "perturbe el orden
público", "estremezca la seguridad de la comunidad y la estabilidad
del Estado" o "exponga su unidad nacional al peligro". La ley
esencialmente establece la pena de muerte para cualquiera que se atreva a
criticar a la monarquía saudí o a su gobernante de facto, el príncipe heredero
Mohammed bin Salman.
Bajo bin
Salman, el aliado más cercano de la Administración de Trump en el mundo árabe,
el número de ejecuciones se ha duplicado. El año pasado, el régimen decapitó a
149 personas, pero ya le ha cortado la cabeza a 105 personas en 2019.
Se sabe
que al menos 33 de los 37 condenados a muerte esta semana eran saudíes chiíes.
En el caso de 14 de ellos, sus presuntos "crímenes" se derivaron de
las protestas masivas que en 2011 arrasaron la provincia Oriental, la cual es
predominantemente chiita. Las manifestaciones planteaban demandas populares de
reformas democráticas y el fin de la discriminación y la opresión de la población
chií en manos de una monarquía sunita cuyo Gobierno está ligado a la doctrina
religiosa oficial y patrocinada por el Estado del wahabismo, una secta sunita
ultraconservadora.
Otros 11
fueron acusados de espiar a instancias de Irán.
A ninguna
de estas personas se les permitió hablar con abogados durante las
investigaciones que se llevaron a cabo mediante tortura. Se les negaron las
visitas de sus familias y se les mantuvo en régimen de aislamiento durante
estas pruebas, y fueron condenados a muerte a través de juicios en masa
fraudulentos que carecían incluso del mínimo debido proceso.
Los
brutales asesinatos estatales llevados a cabo por el régimen en Riad
constituyeron un acto político calculado con objetivos tanto nacionales como
internacionales. Su objetivo inmediato es intimidar a la minoría chií, que
constituye aproximadamente el 15 por ciento de la población y se concentra en
la provincia Oriental, una región clave productora de petróleo.
Al menos
tres de los condenados a muerte eran menores en el momento de sus presuntos
delitos, lo que convierte sus ejecuciones en una flagrante violación del
derecho internacional que prohíbe la pena de muerte para los niños.
Abdulkarim
al-Hawaj, tenía 16 años cuando fue arrestado y acusado de participar en manifestaciones
y usar las redes sociales para incitar oposición a la monarquía. También se
alegó que ayudó a hacer pancartas con consignas que denunciaban al régimen. Fue
declarado culpable sobre la base de una confesión obtenida mediante tortura. Lo
sometieron a descargas eléctricas y lo mantenían encadenado de sus manos sobre
su cabeza.
Salman
Qureish fue arrestado justo después de cumplir 18 años por presuntos delitos
cometidos cuando era menor de edad. Denegándole sus derechos legales básicos,
fue condenado a muerte en un juicio en masa.
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| Mujtaba al-Sweikat, arrestado a los 17 años y ejecutado el martes en Arabia Saudita |
Mujtaba al-Sweikat tenía 17 años cuando
fue arrestado en el Aeropuerto Internacional King Fahd. Lo capturaron cuando se
preparaba para abordar un avión a los Estados Unidos para comenzar su vida como
estudiante en la Western Michigan University. Fue severamente torturado y
golpeado, incluso en las plantas de los pies, hasta que proporcionó a sus
torturadores una confesión.
La facultad de la Western
Michigan University emitió una declaración en 2017 en respuesta a la noticia
del encarcelamiento de al-Sweikat:
“Como académicos y maestros,
nos enorgullecemos de defender los derechos de todas las personas, dondequiera
que se encuentren en el mundo, a hablar libremente y a debatir abiertamente sin
obstáculos ni temores. Declaramos públicamente nuestro apoyo a Mujtaba'a y a
los otros 13 que enfrentan una ejecución inminente. Nadie debe enfrentarse a la
decapitación por expresar creencias en protestas públicas.
“Mujtaba'a demostró ser una
gran promesa como solicitante de estudios en el idioma inglés y prefinanzas.
Fue arrestado en las puertas del aeropuerto cuando se preparaba para abordar un
avión para visitar nuestro campus. No sabíamos que en el momento en que
estábamos listos para darle la bienvenida, había sido encerrado, golpeado y
torturado y se le hizo ‘confesar’ a los actos por los cuales fue condenado a
muerte".
El régimen saudí, encabezado
por su gobernante de facto, el príncipe Mohammed bin Salman, ignoró tanto esta
protesta como otras emitidas por las Naciones Unidas y organizaciones de
derechos humanos, convencido de que goza de impunidad absoluta basada en el
apoyo que recibe de Washington.
El baño de sangre organizado
por el régimen saudí el martes fue el más grande desde 2016, cuando decapitó a
47 hombres en un solo día, incluido el prominente clérigo y jeque chií Nimr
Baqral-Nimr, un destacado portavoz de la oprimida minoría chií de Arabia
Saudita. Los asesinatos estatales desataron protestas furiosas en toda la
región, incluso en Teherán, donde multitudes invadieron la embajada saudí. Riad
aprovechó el furor como pretexto para romper las relaciones diplomáticas con
Teherán y para intensificar su campaña contra Irán en todo Oriente Próximo.
Desde entonces, la implacable
represión en la provincia Oriental se ha unido a la guerra cuasi genocida que
libran las fuerzas lideradas por los saudíes contra Yemen, que ha cobrado la
vida de al menos 80.000 yemeníes y dejado a más de 24 millones de personas, el
80 por ciento la población, en necesidad de asistencia humanitaria, muchos de
ellos al borde de la inanición.
La monarquía sunita ve el
ascenso de los rebeldes hutíes en Yemen como una amenaza potencial para su
propia situación interna, temiendo que pueda inspirar a la población chiita
oprimida a rebelarse.
La principal responsabilidad
de los crímenes del régimen saudí recae en su principal patrocinador, el
imperialismo estadounidense. La monarquía salvaje en Arabia Saudita, con sus
decapitaciones públicas, no es simplemente un remanente del atraso feudal. Es
más bien el producto directo de la intervención imperialista de los Estados
Unidos en Oriente Próximo, desde las concesiones obtenidas por Texaco y
Standard Oil en los años 1930 y 1940 hasta las ventas masivas de armas que han
convertido a la monarquía saudita en el cliente número uno del complejo
militar-industrial de los Estados Unidos.
Washington ha respondido a
las decapitaciones masivas en Arabia Saudita con un silencio ensordecedor. El
día antes de que se anunciaran las decapitaciones, el Departamento de Estado
emitió una declaración en relación con el severo endurecimiento de las
sanciones punitivas contra Irán, exigiéndole que "respete los derechos de
su pueblo", pero no hubo tal llamamiento para Riad, ni mucho menos una
condena de la decapitación de menores en las plazas públicas.
El Pentágono y la CIA son
socios de pleno derecho en la represión de la monarquía saudí en el país de la
misma manera en que EUA le ha proporcionado las bombas y la información de
blancos, junto con el reabastecimiento de combustible en el aire para
bombarderos saudíes, que han hecho posible la guerra criminal contra Yemen.
Si bien el asesinato estatal
y desmembramiento salvaje del periodista disidente saudí, Jamal Khashoggi, en
el consulado de la monarquía en Estambul en octubre pasado provocó una breve
ola de recriminaciones contra Arabia Saudita, este crimen atroz ha sido en gran
parte olvidado.
A pesar de que Riad está
siguiendo los pasos mínimos de montar un juicio contra 15 funcionarios
estatales acusados de llevar a cabo el espantoso asesinato, no se están tomando
medidas contra el príncipe heredero bin Salman, quien ordenó el asesinato, o su
asesor principal, Saud al-Qahtani, quien al parecer supervisó la tortura, el
asesinato y el desmembramiento de Khashoggi a través de una conexión de Skype
desde Riad.
Apenas hace un año, el
príncipe heredero bin Salman fue recibido y festejado como un
"reformador" por el Gobierno estadounidense, las universidades de
Harvard y MIT, y una gran cantidad de multimillonarios estadounidenses, desde
Bill Gates hasta Jeff Bezos y Oprah Winfrey.
Al disiparse la atención de
los medios de comunicación en el asesinato de Khashoggi, este mito se está
volviendo a promover, incluso frente a tales decapitaciones en masa. El día
después de las ejecuciones, los principales financieros de Wall Street subieron
al escenario con representantes del régimen en una conferencia financiera
patrocinada por la monarquía en Riad.
El CEO de BlackRock, Larry
Fink, el CEO de HSBC, John Flint y el director de operaciones de JPMorgan,
Daniel Pinto, estuvieron presentes, junto con el director ejecutivo de Morgan
Stanley para Asia, Chin Chou. El gigante petrolero Aramco, estuvo presente.
Fink de BlackRock evadió una
pregunta sobre las ejecuciones en masa y dijo: "El hecho de que haya
problemas en la prensa no me dice que debo huir de un lugar. En muchos casos me
dice que debo correr e invertir ahí porque lo que más tememos son las cosas de las
que no hablamos".
Las ejecuciones en Arabia
Saudita proporcionan un prisma apropiado para ver toda la política de los
Estados Unidos en Oriente Próximo. El baño de sangre es una manifestación de
los objetivos depredadores perseguidos por el imperialismo estadounidense en la
región. La defensa de Washington y su confianza en este régimen
ultrareaccionario exponen todos los pretextos de sucesivas intervenciones
militares de los Estados Unidos, desde la llamada "guerra contra el
terrorismo" hasta la supuesta promoción de la "democracia" y los
"derechos humanos".
Al final, una política
exterior de los Estados Unidos que se basa en una alianza estratégica con la
Casa de Saud, inevitablemente demostrará ser un castillo de naipes que se
derrumbará con el resurgimiento de la lucha de clases en Oriente Próximo, los
Estados Unidos e internacionalmente.