Por Patrick Martin
En el más
reciente acto indignante contra los derechos humanos de los solicitantes de
asilo, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ordenó a los jueces
de inmigración negar la fianza a todos los solicitantes de asilo que no formen
parte de grupos familiares con niños. Estos solicitantes de asilo, que no han
cometido ningún delito y han superado la prueba inicial de que tienen un
"miedo creíble" a una persecución si son devueltos a sus países de
origen, podrían enfrentar una detención indefinida mientras esperan una
decisión final sobre sus solicitudes de asilo.
La
decisión entrará en vigor en 90 días para que el Departamento de Seguridad
Nacional (DHS, todas las siglas en inglés) "pueda realizar la
planificación operativa necesaria para la detención adicional y las decisiones
de libertad condicional", escribió Barr. La orden podría afectar a decenas
de miles de solicitantes de asilo al mes, según las cifras publicadas por la
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. De los más de 100,000 inmigrantes
detenidos en marzo, unos 60,000 eran menores no acompañados o grupos
familiares. De los 40,000 restantes, la mayoría eran solicitantes de asilo sin
hijos y ahora son el blanco de la nueva orden del fiscal general.
La orden también arroja luz sobre la dirección de
la política de Administración para todos los solicitantes de asilo, incluidos
los niños y las familias, que según el procedimiento actual no pueden
permanecer bajo custodia por más de 20 días. La Administración de Trump está
discutiendo cómo anular este límite, establecido por la decisión del caso
de Flores, un acuerdo de consentimiento supervisado por el tribunal
que ha estado vigente durante dos décadas. El caso de Flores fue
la base de los fallos judiciales del verano pasado que obligaron a la
Administración a abandonar su política de separación familiar para los
solicitantes de asilo, encarcelando a los padres mientras enviaban a los niños
a centros de detención de menores o cuidado tutelar.
Grupos de
derechos de los inmigrantes dijeron que utilizarían el período de 90 días para
presentar desafíos legales a la orden de Barr, que calificaron como
asquerosamente ilegal porque criminaliza el acto de buscar asilo, que está
protegido por las leyes estadounidenses e internacionales.
"Buscar
asilo es un derecho humano, no un delito, y las familias obligadas a huir para
salvar sus vidas no deben ser tratadas como criminales", dijo Charanya
Krishnaswami, directora de asesoría para las Américas de Amnistía Internacional
en EUA.
Jeremy
McKinney, tesorero de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración
(AILA) dijo en un comunicado: "Este es un golpe devastador para quienes
buscan protección de persecuciones en la frontera de los EUA, ya que muchos más
serán detenidos. Esta decisión amplía aún más la detención obligatoria y
prolongada de personas que no son peligrosas ni riesgos de fuga, prácticas que
son constitutivamente sospechosas y un desperdicio de dinero de los
contribuyentes. Esta Administración está utilizando la detención como una espada
contra el debido proceso y los principios humanitarios sobre los cuales se
fundó nuestra nación".
Omar
Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión
Americana de Libertades Civiles, declaró: "Este es el último ataque del
Gobierno de Trump a las personas que huyen de la persecución y buscan refugio
en los Estados Unidos. Nuestra Constitución no permite al Gobierno encerrar a
los solicitantes de asilo sin el debido proceso básico. Veremos a la
Administración en la corte".
Ya sea que
la Constitución lo permita o no, la Corte Suprema de los Estados Unidos podría
respaldar la acción antidemocrática de la Administración de Trump. Un fallo de
la Corte Suprema el año pasado confirmó una versión modificada del veto a
viajantes musulmanes, la cual era evidentemente inconstitucional, que prohíbe
la entrada al país de viajantes y refugiados de siete países mayoritariamente
musulmanes.
La Corte
de Apelaciones del Noveno Circuito, que había sido el panel de apelaciones más
liberal, fallando en contra del veto antimusulmán entre otras decisiones
similares, se ha desplazado a la derecha con la incorporación de varios
magistrados nominados por Trump. El tribunal de apelaciones emitió una orden el
viernes pasado que obliga a los solicitantes de asilo que se presenten en los
puertos de entrada a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México
a esperar en México mientras se resuelven sus reclamos.
Más de
mil solicitantes de asilo de Centroamérica habían sido enviados de regreso a
México bajo esta política, iniciada a fines de enero, hasta que fue amparada
por un juez federal el 8 de abril. La acción del Noveno Circuito aprobó la
orden de la corte inferior, permitiendo que la política de "Permanecer en
México” volviera a ser vigente mientras continúan los procedimientos legales.
La orden
del fiscal general Barr es parte de la reforma generalizada de la aplicación de
la legislación de inmigración, ya que Trump exige el fin efectivo de la entrada
de refugiados que buscan asilo en los Estados Unidos, desafiando el derecho
internacional para hacer un llamamiento de tinte fascista a su base fundamental
de fanáticos y nacionalistas antiinmigrantes.
La semana
pasada, Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional y varios otros
funcionarios del DHS. Según informes, la Casa Blanca ahora está atacando a la
oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS)
del DHS, que está bajo la dirección de alguien leal a Trump, Lee Francis
Cissna, pero que ha fracasado, según Trump y su principal asesor antiinmigrante
Stephen Miller, en reprimir lo suficiente.
Los
oficiales de USCIS realizan las entrevistas de los solicitantes de asilo y
toman la determinación inicial sobre si el solicitante tiene un "temor
creíble" de persecución si es devuelto a su país de origen. Alrededor del
75 por ciento de los solicitantes pasan esa prueba inicial. La Casa Blanca está
presionando para lograr una reducción abrupta en esta tasa, pero esto
requeriría un cambio en los estándares establecidos en la ley por el Congreso.
Los
demócratas del Congreso no han montado una oposición seria a la última
represión contra los inmigrantes. Después de una conferencia de dos días de los
demócratas de la Cámara de Representantes en Leesburg, Virginia, la presidenta
de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, emergió para descartar el tuit de
Trump llamando a los demócratas "traidores" en la política de
fronteras y declarándose todavía comprometida con un acuerdo de inmigración
"general" con Trump. "No voy a renunciar al presidente por
esto", dijo.
Ella se
quejó de que, a pesar de su charla sobre una emergencia nacional, Trump
"no ha utilizado lo que está específicamente en la frontera" en el
proyecto de ley de gastos bipartidista aprobado en febrero.
El ala
derecha de los demócratas de la Cámara de Representantes, la Coalición del
Nuevo Demócrata, dijo a los reporteros que apoyarían fondos adicionales para
detener a un gran número de inmigrantes y contratar jueces de inmigración
adicionales para acelerar las audiencias y las deportaciones en masa.
La única
objeción demócrata a la política de inmigración de Trump se produjo en
respuesta a su charla sobre el envío de inmigrantes indocumentados cuyos casos
están en espera de ser procesados a las llamadas "ciudades santuario",
que restringen la cooperación de la policía local con las agencias federales de
inmigración. Prácticamente todas estas ciudades están controladas por
funcionarios demócratas.
Tres
presidentes de comités demócratas enviaron una carta conjunta el martes a la
Casa Blanca y al Departamento de Seguridad Nacional en busca de información
sobre la propuesta y amenazando con citar a Stephen Miller para que testifique
al respecto. La carta fue enviada por Bennie Thompson, presidente del Comité de
Seguridad Nacional, Jerrold Nadler, presidente del Comité Judicial, y Elijah
Cummings, presidente del Comité de Supervisión y Reforma.
"La
Administración, no solo carece de la autoridad legal para transferir a los
detenidos de esta manera, sino que es sorprendente que el presidente y los
altos funcionarios de la Administración incluso estén considerando manipular
las decisiones de liberación por razones puramente políticas",
escribieron.
Tales interrogantes patéticas solo alientan las
políticas viciosas antidemocráticas de la Administración de Trump, dirigidas
tanto a inmigrantes legales como a indocumentados. Según un informe publicado
el lunes en el Wall Street Journal, la Casa Blanca ahora está
considerando un castigo colectivo contra los países cuyos ciudadanos tienen una
alta tasa de visas de visitantes de corto plazo que se quedan más tiempo,
comenzando por reducir el número de tales visas y escalar hasta una prohibición
completa de nacionales de los países seleccionados, que incluyen las naciones
africanas de Nigeria, Chad, Eritrea, Liberia y Sierra Leona.
El mismo
artículo informó que se espera que la Administración "publique una regla
que elimine la autorización de trabajo para los cónyuges de algunos titulares
altamente calificados de visas H-1B". Continuó: "Y la Administración
está considerando establecer una duración máxima de estadía autorizada para
visas de estudiantes. Estos pasos muestran que la Administración de Trump está
tratando de ajustar el marco legal en torno a la inmigración, un tema central
para el presidente, mucho más allá de la tan discutida frontera sur”.
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