Hipótesis
para un debate colectivo
Por Manuel Azuaje Reverón
Rebelión / Catarsi Magazín
Esta reflexión se propone analizar las condiciones
que han conducido a la etapa actual del conflicto político en Venezuela,
deduciendo de un conjunto de hipótesis que puedan ser útiles para una reflexión
desde la izquierda, colocando al proceso venezolano en relación con otras
experiencias históricas. Antes de iniciar la argumentación central de este
artículo es presentaré una breve cronología de la crisis venezolana necesaria
para una mayor comprensión.
Cronología
2013
- 5 de Marzo: fallece el presidente reelecto Hugo
Chávez Frías.
- 14 de abril: Nicolás Maduro es electo Presidente
de Venezuela con una diferencia a su favor de 1,49% traducido en 223.599 votos.
2014
- 12 de febrero: Leopoldo López y María Corina
Machado convocan “La
Salida” una jornada de protestas demandando la renuncia de Nicolás Maduro. Las
protestas toman un carácter violento rápidamente y se extienden durante varios
meses a lo largo de los cuales fallecen 43 personas entre manifestantes
opositores, funcionarios policiales, militantes chavistas y ciudadanos sin
ninguna orientación política.
2015
- 6 de diciembre: la oposición elecciones las
elecciones parlamentarias con una diferencia a su favor de 15,28% traducido en
2.102.777 votos.
- 23 de diciembre: la Asamblea Nacional
saliente designa 13 magistrados
principales y 21 suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia.
- 30 de diciembre: Tribunal Supremo de
Justicia suspende los
resultados de las elecciones en Amazonas y ordena la desincorporación de varios
diputados, perdiendo la oposición la mayoría absoluta.
2016
- 11 de enero: Tribunal Supremo de Justicia declara en
desacato a la Asamblea Nacional tras la juramentación de los diputados de
Amazonas.
- 26 de abril: la oposición inicia formalmente
el procedimiento para llevar a cabo un referéndum revocatorio.
- 28 de julio: la Asamblea Nacional incorpora a los
diputados de Amazonas.
- 1ro de agosto: Tribunal Supremo de Justicia
declara nula la incorporación de los diputados de Amazona y ratifica desacato
de la AN.
- 21 de octubre: Consejo Nacional Electoral paraliza el
proceso de referéndum consultivo, indicando que se acaten las sentencias
emitidas por varios tribunales que impugnaron la recolección de firmas.
2017
- 28 y 29 de marzo: Tribunal Supremo de
Justicia emite las
sentencias 155 y 156 en las cuales asume competencias de la AN por encontrarse
en desacato, retira inmunidad a los parlamentarios y faculta al Presidente de
la República para constituir empresas mixtas.
- 31 de marzo: Fiscal General de la República Luisa
Ortega Díaz declara que las
sentencias del TSJ constituyen una ruptura del orden constitucional.
- 1ro de abril: inicia una nueva
jornada de protestas contra las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y
demandando la renuncia del Presidente Nicolás Maduro. Se extenderán hasta
agosto dejando una cantidad de 140 víctimas mortales, nuevamente entre
manifestantes opositores, funcionarios policiales, militantes chavistas y
ciudadanos sin filiación política.
- 4 de abril: Tribunal Supremo de Justicia emite las
sentencias 157 158, en las que rectifica las sentencias 155 y 156.
- 21 de julio: Asamblea Nacional nombra un
Tribunal Supremo de Justicia paralelo que pronto trasladará sus actividades al
exilio.
- 30 de julio: se realizan las
elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el Presidente
Nicolás Maduro. La oposición se niega a participar y son electos los 545
miembros. Participaron en las elecciones 8.089.320, representando el 41.53% del
padrón electoral.
- 5 de agosto: la Asamblea Nacional
Constituyente destituye a la
Fiscal General.
- 15 de octubre: se realizan las elecciones para gobernadores (habían
estado diferidas desde el año 2016). El PSUV obtiene 18 de las gobernaciones y
la oposición 5. La participación es del 61% y el PSUV obtiene una ventaja de
831.277 votos. Los gobernadores electos deberán juramentarse ante la Asamblea
Constituyente, la negativa del gobernador electo en el estado Zulia resulta en
la anulación de su elección y la repetición de la misma.
- 10 de diciembre: se realizan las elecciones municipales sin la
participación de la principal coalición opositora. El PSUV más sus aliados
obtiene 305 alcaldías y la oposición que participa 29.
2018
- 20 de mayo: se realizan las elecciones
presidenciales, resultando reelegido Nicolás Maduro con 6.245.862
frente al principal candidato opositor Henri Falcón que saca 1.927.387. La
elección se caracterizó por la ausencia de la mayoría de los partidos de
oposición quienes llamaron a la abstención. La participación fue de 46,07%.
2019
- 23 de enero: Juan Guaidó, quien había asumido la
presidencia de la Asamblea Nacional pese al desacato, se juramenta a sí
mismo como Presidente Encargado de Venezuela.
Una lectura de estos hechos
La muerte de Chávez es el punto de inflexión clave
para entender lo que sucedió luego. En las elecciones presidenciales de 2013 la
brecha en los votos se reduce sensiblemente. Este resultado debió ser un
llamado de atención respecto al apoyo popular que sostiene en el poder al
proceso bolivariano. Ya antes, entre 2006 y 2012, el propio Hugo
Chávez creció un poco menos de un millón de votos mientras que la oposición
sumó más de dos. Aun con Chávez en la Presidencia, mucho más sin él, era
previsible una derrota electoral a partir de un análisis de la tendencia. Sin
embargo ese llamado de atención no ocurrió y a la pérdida del líder se sumó una
crisis económica que precipitó rápidamente la capacidad adquisitiva de la
población, minando las condiciones materiales que se habían logrado durante la
década anterior.
Todas esas condiciones juntas hicieron creer a la
oposición que podría solucionar rápidamente la disputa histórica, arrebatando
el poder a un Nicolás Maduro que consideraban debilitado. A las denuncias de
fraude por parte de Capriles se le sumaron algunas manifestaciones durante el
2013. Luego, a comienzos de 2014, el sector más tremendista de la MUD anunció
“La salida”, una convocatoria a protestas masivas exigiendo la renuncia de
Maduro y que rápidamente se decantaron hacia la violencia. Al final, terminó
preso Leopoldo López, la principal cabeza tras la movilización y el plan no dio
frutos. La economía siguió su rumbo deteriorado, acompañado por el golpe a la
de credibilidad tras el resultado del “dakaso” y una errática política no solo
económica sino en todos los ámbitos. En ese contexto, habiendo resistido a la
primera intentona de golpe blando pero acosado por la realidad económica, el
gobierno enfrentó unas nuevas elecciones en 2015 sin tener una comprensión
profunda del descontento y, por primera vez, perdió uno de los poderes.
Inmediatamente después de esta pérdida se
desencadenó una crisis institucional alimentada por distintos elementos: la
designación de los magistrados en un madrugonazo decembrino, la sentencia sobre
los diputados del estado Amazonas y la intención anunciada por la oposición de
usar el nuevo poder para enfrentarse al ejecutivo hasta lograr deponer al
presidente. Si observamos la cronología podemos apreciar cómo se desencadenan
los acontecimientos y se agudiza el conflicto a lo largo del 2016 y el
2017. Hasta la aparición de la Asamblea Nacional Constituyente, el
conflicto entre los poderes se profundiza, generando una crisis institucional
aguda al interior del sistema político expresada en los múltiples intentos de
supresión mutua entre componentes del Estado. Las sentencias 155 y 156 del
Tribunal Supremo de Justicia intentaron facultar al Presidente Maduro para la
creación de empresas mixtas expresando cómo la pugna entre poderes impactaba en
todo el funcionamiento político y económico del gobierno. Luego, la aparición
de la ANC resuelve superficialmente la inestabilidad social que produjeron las
protestas desencadenadas por las sentencias del TSJ y el cambio de bando de la
fiscal. Lo que no logra resolver este nuevo poder es la crisis económica, que
galopa aceleradamente en paralelo a la política y cruzándose con esta. Aunque
la gobernabilidad y la paz que había prometido Maduro como objetivo principal
de la constituyente se logró tras el triunfo en las dos elecciones consecutivas
siguientes, la propia institucionalidad del país se encontraba profundamente
debilitada. Cuando ocurren las elecciones presidenciales de 2018 Venezuela
tenía dos poderes legislativos, dos poderes judiciales y dos fiscales. La
juramentación de Juan Guaidó en enero de 2019 es producto de esta crisis, a la
que habrían contribuido ambos bandos; el gobierno de Maduro utilizó todos los
recursos a la mano para defenderse de los intentos y pretensiones abiertas de
golpe por parte de la Asamblea Nacional, mientras la oposición fue
completamente inconsistente en sus estrategias, pasando de la presión de calle
al enfrentamiento institucional, volviendo a la presión de calle, exigiendo
elecciones, participando en unas y decidiendo abstenerse completamente en
otras. Al mismo tiempo, varios procesos de negociación se abortaron por las
inconsistencias en el seno de la oposición y la incapacidad para llegar a
acuerdos entre ambas partes. Todo lo que ha sucedido, especialmente a partir
del 2016, ha ocurrido en el contexto de este conflicto, incluyendo la elección
presidencial del 2018.
Como nota al margen cabría adelantarse a la
pregunta sobre el papel de Estados Unidos en este conflicto. A grandes rasgos
ha sido el mismo desde que Chávez llegó al poder en 1999, sólo que sus
actuaciones se miden también en el pulso interno, las condiciones internas
intensifican las medidas externas. Las sanciones no se pueden comprender
aisladas del conflicto institucional, que ha sido la base retórica para
promoverlas. Por demás sería una obviedad acotar que se han mantenido detrás de
buena parte de lo ocurrido en estos últimos 6 años.
La lucha de clases en el contexto de una revolución
democrática
A lo largo de la historia del siglo XX y XXI se han
denominado “revoluciones democráticas” a aquellas que llegan al poder a través
del sistema democrático representativo, aunque luego intenten avanzar en la
transformación de este. Es el caso del proyecto venezolano Chávez gana las
elecciones en 1998 bajo el esquema existente y luego se construye, a través de
un proceso constituyente, una nueva constitución. Aunque en la constitución de
1999 el sistema político sigue siendo esencialmente una democracia
representativa tiene la puerta abierta para la creación de una democracia
participativa y protagónica. Sin embargo, sea como sea la toma del poder, toda
revolución conduce necesariamente a la agudización de la lucha de clases y
genera la respuesta virulenta de la contrarrevolución; sea en la Rusia de 1918
o en la Venezuela de 2001-2002. La clave está en cómo esa agudización impacta
en el sistema político y en cómo se responde a ella. De acuerdo con eso, la
primera hipótesis para el debate colectivo es que:
Frente a la agudización de la lucha de clases y la
violencia de la contrarrevolución, la dirección de los proyectos
revolucionarios ha respondido limitando y reduciendo la democracia, a través de
la creación de un Estado fuerte y centralizado.
Esta es la primera hipótesis se plantea en términos
más generales, para colocar la discusión en un horizonte amplio. Si bien Chávez
respondió al golpe de 2002, seguido del paro petrolero, con la creación de un
conjunto de misiones, la declaración del carácter antiimperialista de la
revolución y luego el avance considerable en las distintas formas de
participación política a través de los consejos comunales primero y las comunas
después, en el caso del gobierno de Maduro no ha sido así, la respuesta ha sido
el desplazamiento de las formas mínimas de la democracia representativa,
incluyendo las formas democráticas a lo interno del propio proceso. En el
último Congreso del Psuv Maduro fue ratificado por aclamación, concediéndosele
las potestades de decidir los miembros de toda la dirección, con lo cual fue
suprimida toda forma de elección directa bajo la excusa de la amenaza externa e
interna. La diferencia entre un momento y otro radica en que la muerte de
Chávez produjo la agudización de la lucha de clases también a lo interno de la
dirección política del proceso, iniciándose una pugna, que si bien no se ha
exteriorizado claramente ha tenido distintos instantes y ha conducido al
posicionamiento clave de sectores de la derecha interna.
La cuestión fundamental es que este movimiento, que
conduce a la supresión de las formas democráticas tradicionales, liberales y
representativas en respuesta a la agudización de la lucha de clases, no ha
ocurrido solo en Venezuela. En diversas experiencias históricas, para no
apresurarnos a decir que todas, se ha sacrificado fácilmente la democracia si
con eso se mantiene el poder. Bajo la afirmación recurrente de que la dirección
política tiene clara conciencia de cuál es el rumbo y que si el gobierno es
realmente revolucionario la democracia tiene poco valor. El tema es que en las
mismas experiencias históricas, esta decisión ha sido un camino sin retorno,
que ha puesto todo el poder en el partido y en la burocracia, ocurriendo que en
determinado punto, cuando estas ya no responden a los intereses de la clase
trabajadora, fácilmente ocurren virajes en el proyecto sin que puedan ser
identificados y abortados a tiempo. Cuando la burocracia tiene el poder
absoluto sobre la sociedad, lo único que la aleja de convertirse en una nueva
burguesía –en la nueva clase dominante– es el contenido y la dirección del
proyecto. Las experiencias históricas en las que se han abandonado las formas
de democracia representativa, a razón de determinadas coyunturas de conflicto,
difícilmente han retomado la construcción de una democracia profunda y
revolucionaria.
Frente a esta situación ¿cuál debería ser la
alternativa? ¿Mantener inquebrantable la democracia existente? Sin ninguna duda
la respuesta debe ser negativa. Cualquier desplazamiento de la democracia
representativa debe conducir necesariamente a su sustitución por formas de
democracia mucho más completas y no más debilitadas. Ninguna desconfianza en la
capacidad organizativa de las mayorías debe impedir que se construyan formas
para que la toma de decisiones y el destino de las sociedades sean hechas por las
grandes mayorías que la componen.
En el caso de las “revoluciones democráticas”
ocurre el mismo proceso, con la particularidad de que la democracia liberal
representativa está basada en un conjunto variado de frágiles equilibrios entre
los poderes que la componen. A su vez, estos equilibrios dependen de que los
conflictos que puedan surgir entre los poderes sean superficiales y no de
fondo. Básicamente la segunda hipótesis, subsidiaria de la primera es que:
La democracia representativa no resiste que un conflicto
agudo, particularmente la lucha de clases, se exprese de forma radical en su
interior.
Cuando los conflictos de clase –que de por sí ya se
han intensificado con la llegada al poder por la vía electoral de un grupo que
pretende hacer cambios revolucionarios en la sociedad– se trasladan a los
poderes públicos –es decir cuando uno o varios de ellos quedan en manos de
sectores con intereses de clases antagónicos– implosiona la democracia
representativa [1] . En Venezuela, el triunfo de
la oposición en las elecciones de 2015 produjo una reacción en cadena que
debilitó toda la institucionalidad democrática, y no podía ser de otra forma,
porque el único objetivo tras la conquista de ese poder era usarlo no para
legislar sino para enfrentarse al poder ejecutivo. Previendo eso, ¿qué intentó
el sector que controla el gobierno? Impedir que el poder legislativo pudiera
hacerse también, vía designación, con el poder judicial, adelantándose a eso y
garantizando su control. La pugna fue inevitable y su desenlace condujo a que
todo el sistema se desestabilizara; como unas piezas de dominó todas se vieron
afectadas por la caída de la primera, conduciendo a que actualmente el
legislativo intente tomar bajo su control el ejecutivo para lograr su único
propósito inicial. En este punto hay que agregar un elemento poco destacado: el
triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias no habría tenido el
impacto que tuvo si previamente el gobierno de Chávez no hubiese modificado el
marco jurídico con la finalidad de sobre dimensionar la representación
parlamentaria de un partido o grupo de partidos. A pesar de que la oposición,
agrupada en la MUD, obtuvo solo un 15% más de votos, logró una representación
del doble de diputados y diputadas. En su momento, cuando se hizo el cambio en
la ley y fue denunciado por la oposición, los sectores del chavismo en general
consideraron que era una medida necesaria para mantener el poder, pocos lo
criticaron, todo enmarcado en la lógica según la cual la modificación de la
democracia representativa es correcta si con ello se persigue la permanencia en
el poder. Ya vemos el resultado. Una representación parlamentaria que expresara
esa diferencia de 15% no habría representado una amenaza tan grave.
Sin embargo esto no ocurre nada más en Venezuela,
una crisis similar sucedió en Brasil, Honduras y Paraguay, donde la oposición
de derecha no ha tenido ninguna reserva a la hora de dejar de lado la democracia,
usando para ello uno de los poderes contra otro. Habría que adelantar que, a
diferencia de lo sucedido en otros casos donde se procede a la destitución de
un presidente sin que eso sea consecuencia de la lucha de clases, en estos
casos la crisis institucional si ha puesto en jaque a toda la democracia
representativa: hoy Honduras tiene un gobierno a la sombra del golpe, al igual
que Brasil y en Paraguay gobierna un heredero de la dictadura de Alfredo
Stroessner.
Estas dos hipótesis entrelazadas quedan abiertas
para la discusión, aunque adelanto una conclusión preliminar: la democracia
representativa no debe ser fácilmente descartable, llegado el momento ha de ser
sustituida por un sistema democrático mucho más eficiente y, valga la
redundancia, democrático. Esta cuestión acechará a cualquier proyecto
revolucionario y especialmente aquellos que tomen el poder por la vía
electoral. Tarde o temprano la propia dinámica de la lucha de clases pondrá en
jaque el sistema democrático representativo y la única respuesta debe ser un
mejor gobierno, más democrático y con ello más revolucionario.
* Artículo escrito para Catarsi Magazín.
[1] Es probable que algo de esto haya querido decir
Chantal Mouffe en su diagnóstico de la democracia deliberativa, sólo no podía
hablar de lucha de clases.