Junto con la manipulación a escala
global de los precios internacionales del petróleo para reducir la entrada de
dinero al gobierno de Venezuela, Estados Unidos ha movilizado a las entidades
bancarias bajo su control para que hagan lo propio con el riesgo país, factor
que ha sido fundamental en la estrategia de exterminar las posibilidades de
recuperación económica frente al bloqueo financiero.
Qué es el
riesgo país y quién lo emite
El riesgo país es un
indicador utilizado en el sistema financiero internacional para determinar las
particularidades económicas de los Estado, midiendo el comportamiento que tiene
la deuda externa emitida por estos últimos. Siguiendo este índice, los
inversores extranjeros pueden evaluar qué tan seguro es colocar su capital en
esos países.
Se utiliza como principal
indicador el Emerging Markets Bond Index (EMBI, por sus siglas en inglés),
elaborado por el banco estadounidense JP Morgan Chase. En apariencia, toma
factores económicos objetivos para calcular la probabilidad de incumplimiento
con los compromisos contraídos mediante «la diferencia de tasa de interés que
pagan los bonos denominados en dólares emitidos por países emergentes y los
Bonos del Tesoro de Estados Unidos».
Mientras mayor sea el nivel
del riesgo país de una nación que indique el EMBI, mayor será la incertidumbre
generada sobre su capacidad de pago, incidiendo negativamente en su reputación
internacional.
Del año 2014 a 2018, el
riesgo país de Venezuela comenzó a ascender irregularmente de 1.458 a los 2.989
puntos, convirtiéndolo en el país con mayor riesgo para invertir en todo el
mundo, muy por encima de naciones en conflictos bélicos y a pesar de que, hasta
ese momento, el Estado venezolano venía cumpliendo cabalmente con sus
compromisos internacionales, con la cancelación de 60 mil millones de dólares
por concepto de deuda externa.
Actualmente, el EMBI coloca a
Venezuela en 5.525 puntos, la cifra más alta de América Latina y una de las más
altas del mundo. Las drásticas alteraciones que ha sufrido el indicador en
Venezuela durante los últimos cinco años del gobierno de Nicolás Maduro solo
consiguen una comparación leve con el crecimiento del riesgo país que viene
presentando Argentina en el mes de abril, que cerró en 963 puntos, máximo que
no alcanzaba desde 2014.
JP
Morgan es uno de los cinco bancos más grandes de los Estados Unidos
Archivo
Pero nada más durante los
días con mayores expectativas sobre la imposición de un gobierno de transición
tutelado por Washington, el indicador se revirtió relativamente, reafirmando el
talante político de los parámetros para calcular el riesgo país.
En el abanico de agresiones
financieras contra Venezuela, JP Morgan se encargó de manipular como otro
instrumento político el riesgo país hasta llevarlo al punto del impago (default).
Al culminar 2016, cuando el bloqueo financiero aún no había sido oficializado
por la Casa Blanca y bajo el supuesto de que PDVSA no había cumplido con el
pago de intereses a los tenedores de bono, la entidad bancaria estadounidense
emitió una alerta de default hacia la petrolera venezolana.
Lo que ocurrió fue que el
banco Citibank no abonó el dinero para crear un ambiente de incertidumbre que
fue aprovechada por JP Morgan para generar desconfianza a los inversionistas
extranjeros y así impedir que participaran de la operación de canje de bonos
que la principal empresa del Estado había ofertado con el objetivo de trasladar
sus pagos de deuda de 2017 a 2020.
Otras
calificadoras de riesgo vs. Venezuela
Por otro lado, las
principales agencias de calificación de riesgo, Standard & Poor’s
(S&P), Moody’s y Fitch, que se encargan de analizar y clasificar los
riesgos de los activos de un país emitidos como títulos de deuda o bonos,
también mantienen calificaciones negativas con respecto a Venezuela.
Estos entes privados componen
el oligopolio en este sector desde 1970. Son regidos por el FMI, el Banco
Mundial y por bancos privados como Goldman Sachs, Deutsche Bank, JP Morgan,
Bank of America, Citizens Financial Group y CitiGroup. Además de los fondos de
inversión SAC Capital Advisors y Soros Fund Management.
Los parámetros de estas
calificadoras para evaluar los productos financieros de gobiernos o empresas
fueron cuestionados en la recesión de Estados Unidos en 2008, cuando se
demostró que las acciones de la inmobiliaria Lehman Brothers no tenían valor en
la economía real, siendo que las agencias las tenían en calificación AAA, la
más alta que aplica para economías estables.
Con Venezuela, han sostenido
calificaciones negativas, lo que directamente impide el acceso al mercado
internacional para adquirir financiamiento extranjero, actividad que ayudaría a
solventar a mediano plazo su salud económica.
A finales de 2017, S&P
degradó la calificación de riesgo de Venezuela a «default parcial», acción que
luego fue seguida por Moody’s y Fitch. Según estas corporaciones, el argumento
era “la demora en el pago de unos 200 millones de dólares en cupones” de deuda
soberana.
Standard & Poor’s ha
aumentado sistemáticamente la calificación de Venezuela desde 2015
Archivo
Al momento, S&P admitió que las sanciones
aplicadas por la Administración Trump en agosto de ese año tendría
implicaciones negativas en el pago de la deuda. En palabras de la empresa, «las
sanciones (…) resultarán en una larga y difícil negociación con los
acreedores».
Esa difícil negociación se refiere a la medida por
parte del Departamento del Tesoro de fiscalizar y retrasar los pagos con fondos
de origen venezolano, bajo la orden de no costear al «gobierno corrupto» de
Nicolás Maduro, creando obstáculos para que el país pueda entablar canales de
comunicación con los acreedores de la deuda externa.
Aún con el alza en el mercado energético, el riesgo
país se mantiene como el más alto del mundo. Las dificultades fabricadas por
las proyecciones interesadas de las calificadoras sumadas al bloqueo oficial
estadounidense construyen una imagen negativa de la credibilidad financiera de
Venezuela y su principal fuente de divisas extranjeras: PDVSA.
Alejar a los inversionistas y encarecer los
mecanismos para optar a créditos internacionales obstaculiza además las
necesarias importaciones de alimentos y medicinas para suministrarle a la
población.
Esta opción más discreta y con menos gastos
operacionales que la militar, tiene efectos devastadores en la percepción de
estabilidad que observan actores empresariales y estatales fuera del Estado
venezolano, al que le toca asistir a los fuertes controles de las alcabalas
impuestas por el sistema financiero del dólar para demostrar su capacidad de
solvencia económica.