Por Andrea Lobo
Desde el viernes pasado,
Honduras se ha visto estremecida por crecientes huelgas y manifestaciones de
docentes, trabajadores del área de salud, estudiantes de colegio y
universidades, y sus simpatizantes contra una legislación que facilita recortes
presupuestarios, despidos masivos y la privatización de los sistemas públicos
de educación y salud.
El Gobierno de Juan Orlando
Hernández (conocido como JOH)—una continuación del régimen instalado por el
golpe de Estado de 2009 que respaldó Estados Unidos—desplegó policías
antidisturbios a reprimir a los manifestantes con gases lacrimógenos, balas de
goma y golpes. Docenas de personas que protestaban quedaron heridas y al menos
10 fueron detenidos.
El lunes, cuando más de diez mil
trabajadores y jóvenes marchaban en la capital, Tegucigalpa, un oficial de
policía en ropa particular, identificado como Jairo Alberto Flores López, es
visto en videos hablando por radio y disparándole a manifestantes con una
pistola mientras corría junto a los policías antidisturbios. Una de las balas
dio en el pecho de José Humberto Duarte, un maestro de 54 años, apenas
esquivando sus órganos vitales.
Los constantes ataques
mortales de las fuerzas armadas del régimen títere estadounidense en
Tegucigalpa contra trabajadores y jóvenes que luchan por sus derechos sociales
y democráticos expone la farsa de los pretextos de “derechos humanos” que el
imperialismo estadounidense utiliza para sus guerras, invasiones y operaciones
de cambio de régimen neocoloniales por todo el mundo, más recientemente en sus
esfuerzos para derrocar el Gobierno de Maduro en Venezuela.
Maestros y doctores en gran
parte de Honduras hicieron huelga el lunes y martes y se unieron a las
manifestaciones del Día Internacional de los Trabajadores el miércoles, un
feriado. Sus cantos incluían “Abajo con la dictadura” y “Fuera JOH”.
Las manifestaciones en
Honduras son parte de un resurgimiento de la lucha de clases en todo el
continente e internacionalmente, en oposición a la austeridad social y los
ataques contra empleos, salarios y prestaciones. Regionalmente, se producen
después de la huelga más larga en la historia de Costa Rica el año pasado,
también encabezada por docentes, huelgas de masas contra los recortes a las
pensiones en Nicaragua y protestas estudiantiles en marzo contra la
privatización del agua en El Salvador.
María
Dilia Paz, una maestra que se manifestó en Tegucigalpa el lunes, describió sus
condiciones a TeleSur,
“Hacemos lo más imposible para que nos ajuste el dinero. Usted sabe cómo está
la energía eléctrica y un día que se pase de pagar, se la cortan. Nuestros
hijos a veces se van con poquita comida. No llevan merienda porque no tenemos”.
Los 65.000 educadores en el
país reciben pagos por hora a niveles de pobreza, entre $2,70 y $3,80 por hora
de clases.
Miles se unieron a las marchas y a
cortes de ruta en las otras de las principales ciudades, desde San Pedro Sula y
La Ceiba en el norte, a Comayagua en el centro y Choluteca en el sur. El lunes,
los manifestantes bloquearon la frontera con Nicaragua en Guasaule y fueron
violentamente dispersados por la policía hondureña.
Tres edificios
gubernamentales, incluyendo la alcaldía, además de una farmacia, fueron
incendiados el lunes en la capital, presuntamente por manifestantes, y la sede
del partido oficialista fue dañada el miércoles.
Los oficiales del Gobierno y
la prensa corporativa han afirmado que las reformas estructurales —compuestas
por un lenguaje poco definido sobre permitir que las secretarías “proceda[n] a
la revisión del presupuesto y Plan Operativo Anual”— buscan “ahorrar” $300
millones que serán supuestamente reinvertidos.
Estas garantías, sin embargo,
suenan huecas para los trabajadores y jóvenes, quienes han evidenciado años de
recortes y deterioro de estos servicios públicos vitales, así como el robo
directo de fondos por parte de la camarilla gobernante, incluyendo cientos de
millones de dólares tomados del sistema de salud para financiar la campaña
presidencial de Juan Orlando Hernández.
La Central General de Trabajo
(CGT), la cual está alineada con el régimen, respaldó abiertamente las medidas,
mientras que el Sindicato de Empleados Públicos de la Educación (SIEMPE) y el
Colegio Médico de Honduras (CMH) se han opuesto con el objetivo de conseguir un
asiento en la mesa de futuras negociaciones.
El martes, los legisladores
del Partido Nacional anunciaron que suspenderían la ratificación final de los
proyectos de ley para continuar las conversaciones con los sindicatos y los
partidos de oposición. En respuesta, los sindicatos y la asociación de doctores
desistieron sobre futuras huelgas.
Los trabajadores reconocen
que cualquier negociación con este régimen títere de las élites financieras de
EUA y Honduras no puede resultar en “los servicios públicos que los hondureños
merecen”, como ahora firman tanto los oficiales de los sindicatos como el
Gobierno. Los reportes sobre los proyectos de ley fueron acompañados prominentemente
en los medios por noticias sobre reuniones continuas entre el Gobierno y el
Fondo Monetario Internacional que se han estado llevando a cabo desde el 8 de
abril en Washington D.C. y Tegucigalpa.
Los medios de comunicación han destacado
un rescate que involucra la “reestructuración” de la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica; sin embargo, el objetivo principal de las negociaciones con
el FMI es la aprobación de nuevos créditos para cubrir la creciente deuda
pública a cambio de medidas más profundas de austeridad y privatizaciones.
El martes, el asesor del
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Arturo Alvarado, un
exsecretario de Finanzas, anunció que está cerca un acuerdo. “Se nos ha
explicado que no habrá aumento en las tasas impositivas”, afirmó, “lo que viene
son temas de gobernabilidad o cómo mejorar la calidad del gasto, especialmente,
en educación y salud”.
Todos los partidos políticos
y sindicatos representan los intereses de capitalistas cuyas ganancias dependen
de la habilidad de Honduras de atraer inversiones extranjeras como una
plataforma de mano de obra barata con impuestos y costos de seguridad social
bajos o inexistentes.
El centro de pensamiento Foro
Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) ha calculado que los
pagos de la deuda pública excederán los 45 mil millones de lempiras (US$1,85
mil millones) este año, superando los 39,6 mil millones de lempiras (US$1,6 mil
millones) de presupuesto combinado para la educación y el sistema de salud y
seguro social. Significaría, además, un aumento de 33 por ciento en el
desembolso a los buitres financieros internacionales y locales respecto al 2018
y equivaldría a casi una tercera parte del presupuesto total del Gobierno.
La Secretaría de Finanzas,
además, calcula que las exenciones de impuestos, particularmente para las
maquiladoras en las 24 zonas francas del país, sumaría 37 mil millones de
lempiras ($1,5 mil millones) este año. Mientras tanto, el salario promedio de
los 132.000 trabajadores que fabrican ropa, autopartes y otros productos en las
maquilas es de US$40 por semana.
En otras palabras, en el país
más desigual del continente americano, miles de millones de dólares son
transferidos cada año de la riqueza creada por la clase trabajadora a las
élites financieras y empresariales por medio de pagos sobre la deuda y
exenciones fiscales, mientras más del 60 por ciento de la población vive bajo
la pobreza.
Las zonas rurales en Honduras
también están hirviendo de oposición social. El 2 de abril, campesinos de
distintos puntos del país fueron acompañados en protestas por grupos indígenas
lencas del departamento occidental de Intibucá, quienes marcharon a Tegucigalpa
para exigir la condonación de sus deudas y oponerse a posibles remates de sus
propiedades debido a la casi quiebra del estatal Banco Nacional de Desarrollo
Agrícola (Banadesa). Cientos realizaron marchas pacíficas y colocaron bloqueos
en los departamentos más rurales del norte (Colón), sur (Valle) y este
(Olancho) del país.
La continua concentración de
la tierra, la construcción de represas, la deforestación y una sequía severa
han empujado a miles de las familias campesinas más empobrecidas al borde de la
inanición, obligando a muchos a migrar al norte.
El Gobierno de Trump, sin
embargo, está intensificando sus ataques contra los inmigrantes para cultivar
su base de apoyo fascistizante, incluyendo por medio de la militarización de la
frontera, la erosión ilegal del derecho al asilo, las amenazas para poner fin
al permiso de residencia TPS para 57.000 hondureños y deportaciones masivas.
Cientos de miles que buscan escapar de las condiciones desesperadas y mortales
en el campo y las ciudades hondureñas, con la fuerte presencia de pandillas y
la represión estatal brutal, están siendo enviados de vuelta.
Las más recientes
manifestaciones son señal de levantamientos sociales que se avecinan e
involucrarán a los sectores más amplios de trabajadores y oprimidos. El
imperialismo estadounidense y la élite clientelar hondureña han estado
preparándose por medio del fortalecimiento del aparato represivo y utilizando
fraudes electorales y al ejército para mantener a sus representantes políticos
preferidos en el poder. Esto vio el asesinato de 32 manifestantes en las
protestas contra el fraude electoral en noviembre de 2017.
Desde el golpe de Estado de
2009, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo
(SIPRI, por sus siglas en inglés), el presupuesto militar de Honduras se ha
triplicado, a una proporción del producto interno bruto no vista desde 1990.
Pero, esto no incluye los cientos de millones de dólares de ayuda militar del
Pentágono, el cual utiliza sus bases militares en Honduras como una plataforma
de lanzamiento para sus intervenciones en la región.