El
“caso Santrich” ha revelado la profundidad de la injerencia de EE. UU. sobre la
Justicia colombiana y la intención del uribismo por anular los Acuerdos de Paz.
Por
Javier Calderón Castillo
Los hechos del “caso Santrich”
El 9 de abril de 2018, el exguerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido como “Jesús Santrich”, fue detenido por la Fiscalía General de la Nación por un pedido de extradición de la Corte de Distrito de EE. UU. (para el Distrito Sur de Nueva York), que lo acusa de conspirar para enviar diez mil kilos de cocaína a ese país. Santrich fue vocero de las FARC en el proceso de paz y luego designado como uno de sus representantes para ejercer en el Congreso de la República, en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz firmados el 24 de noviembre de 2016. El proceso judicial en su contra resulta muy polémico y se enmarca en la profunda disputa de sectores políticos del país, en especial el uribismo, para desconocer dichos acuerdos, sobre todo los referidos al tribunal de Justicia Especial para la Paz (JEP). Este tribunal fue definido para que comparezcan la guerrilla y los agentes del Estado para declarar la verdad sobre las violaciones al Derecho Internacional Humanitario durante el largo conflicto armado interno, y generar medidas de justicia restaurativa a favor de las víctimas.
El pasado 15 de mayo la Sección de Revisión de la JEP, por medio de una decisión mayoritaria (3 votos a favor, 2 en contra) resolvió aplicar la garantía de no extradición a favor de Jesús Santrich. La decisión se fundamentó en que la Sección no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de la realización del delito endilgado al exguerrillero, y se basó en dos argumentos principales: 1) el Departamento de Justicia de los EE. UU. no remitió las evidencias solicitadas por la JEP y, 2) las interceptaciones telefónicas enviadas como evidencia a la JEP por parte de la Fiscalía no revelaron la conducta atribuida a Santrich. De esta forma, y atendiendo al objetivo central de garantizar la consolidación de una paz estable y duradera, la Sección de Revisión de la JEP le ordenó al Fiscal General de la Nación disponer la libertad inmediata de Jesús Santrich.
La decisión de la JEP desató la renuncia del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien calificó la decisión del tribunal de justicia transicional como “un desafío al orden jurídico” mostrando, de esta forma, su negativa a dar curso a la decisión tomada por el alto tribunal. El exfiscal Martínez, sobre quien recaen sospechas de participación en la trama de Odebrecht en Colombia, fue más allá y arengó a los ciudadanos a “movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz”, mostrándose como hombre fuerte, aliado de los EE. UU., cercano al uribismo y al empresariado conservador. Claramente entró con ello a la arena política de cara al 2022. Mientras, la Embajada de EE. UU. se expidió manifestando la “lamentable decisión” de la JEP, señalando que EE. UU. habría cumplido los requisitos de extradición establecidos con Colombia, que son formales, pues de acuerdo al tratado de extradición vigente, el Gobierno colombiano renuncia a validar el acervo probatorio que justifique el pedido de extradición. Básicamente, Colombia tiene cedida una parte de su soberanía judicial y niega el derecho a la defensa de sus connacionales cuando son pedidos en extradición por parte de EE. UU.[i].
Cuando todo indicaba que Santrich iba a ser liberado -a pesar de dos días de intensas presiones del uribismo y de los EE. UU. en contra de esa decisión-, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le otorgó un habeas corpus que obligaba su liberación, y después de haberse autolesionado en horas de la mañana -ante la negativa de las autoridades para liberarlo (y quizá a sabiendas de la trama en su contra)[ii]-, el exguerrillero fue capturado por agentes de la Fiscalía, que le leyeron una nueva orden de captura por los mismos delitos ya mencionados, pero para ser procesado por la Justicia colombiana. Fue conducido a las instalaciones de la Fiscalía General con graves lesiones, que obligaron a las autoridades, en la madrugada del sábado, a trasladarlo a un centro hospitalario con un cuadro “somnoliento, confuso, desorientado en tiempo y espacio”; es decir, estaba bajo los efectos de algún calmante al momento de la recaptura.
La Justicia en el centro de la disputa
Resulta evidente que la extradición del vocero y congresista del Partido FARC es un pulso de “honor” del uribismo y de sectores del Gobierno de los EE. UU. Es la medida dirigida a generar la indignación de las y los integrantes de dicho Partido para que desconozcan la institucionalidad y se declaren de nuevo en rebelión. Es la fórmula uribista para destrozar los acuerdos de paz, poniendo la tensión en la cancha de la exguerrilla. El presidente Iván Duque y el exfiscal Martínez encontraron la excusa perfecta para detonar la paz.
El Gobierno del presidente Duque es débil, no cuenta con mayorías parlamentarias y su imagen está por el suelo. Pretende, por tanto, construir gobernabilidad con el respaldo de los EE. UU. Este camino se inició con el compromiso del Gobierno para desarrollar la estrategia del país del norte en la instalación de un Gobierno afín en Venezuela, y contra el proceso de Paz en dos dimensiones: con la extradición de excomandantes de la exguerrilla y con el incumplimiento del pacto sobre sustitución de cultivos de uso ilícito, con el consecuente regreso al punitivismo contra el campesinado. La disputa es contra el Acuerdo de Paz en su conjunto, el desarrollo de la política de EE. UU. contra las drogas, y el establecimiento de una plataforma antiprogresista en el continente.
La disputa actual que se presenta en Colombia, y que lleva a límites insospechados la dimensión de soberanía nacional del Gobierno de Iván Duque, obedece a una estrategia coordinada desde los EE. UU. que consiste en utilizar todas las herramientas legales e ilegales -incluso violatorias de las propias normas establecidas de forma bilateral- para mantener el statu quo:
·
Condicionando los
procesos decisorios y la soberanía de judicial por medio de acuerdos ad-hoc
para judicializar y perseguir los liderazgos. Se puede decir
que, en este caso, la extradición se convierte en una herramienta represiva y
de chantaje político para quienes en su momento se rebelaron contra el poder establecido.
Jesús Santrich estuvo trece meses preso sin tener proceso abierto en Colombia.
Además, la solicitud de habeas corpus fue
rechazada en cinco ocasiones después de haberse vencido el plazo de 120 días
para resolver una solicitud de extradición (hecha por EE. UU.). El compromiso
estatal de apertura democrática y de respeto por la oposición, incluido en el
Acuerdo de Paz, queda en entredicho, mucho más cuando coinciden estos hechos
con la destitución de otros congresistas opositores.
·
Presionando de forma
indebida a la Justicia. En el marco del debate por la legalidad de la
Justicia Especial para la Paz promovida en el Congreso por el Gobierno, los EE.
UU. acudieron a herramientas de fuerza para presionar a algunos senadores en
reuniones de su embajador con los senadores ponentes y de apremios contra
algunos magistrados de la Corte Constitucional. La intención de esas presiones
estaba orientadas a favorecer la aprobación de las seis objeciones
(modificaciones) a la JEP propuestas por el presidente Duque, que dejaban sin
garantías judiciales a la exguerrilla. El Departamento de Estado decidió
quitarle el visado al senador John Jairo Cárdenas, del Partido de la U, quien
filtró las reuniones del embajador de los EE. UU. con congresistas para
presionarlos, y le retiró las visas a cuatro magistrados de la Corte
Constitucional[iii].
El hecho fue aplaudido por funcionarios del Gobierno, que dejaron entrever su
complacencia con la acción de chantaje proferida por los EE. UU. contra los
altos funcionarios judiciales.
·
Violando las normas de
cooperación internacional en materia de extradición. La Sección de
Revisión advirtió que las autoridades norteamericanas pudieron violar las
normas de cooperación internacional y asistencia judicial en el recaudo de
pruebas en Colombia. Ello debido a que en la declaración jurada del agente de
la DEA Brian Witek (incluida en la instrucción) se identificaron serias
irregularidades, por cuanto la Fiscalía General no aportó la solicitud de
asistencia judicial que debía tramitar la autoridad extranjera. Cuando
respondió a la JEP sobre ese requerimiento, justificó la ausencia de la
asistencia judicial y del control judicial de las actuaciones de los testigos
cooperantes, señalando que éstos intervinieron como particulares. En
definitiva, con su accionar, los servidores de la Fiscalía General de la Nación
omitieron sus deberes de velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales
de los ciudadanos y afectación de la soberanía nacional[iv].
·
Pasando por encima de
las normas jurídicas que condicionan el procesamiento de representantes
políticos. En
tanto el Consejo Nacional Electoral declaró a Santrich como congresista electo,
el juez penal es la Corte Suprema de Justicia. Ello supone que las solicitudes
siempre deben pasar por dicha corte para que ésta determine y revise si cumplen
con los requisitos, como definir que se vaya a extraditar a la persona
correcta, que haya un tratado que ampare la solicitud o que el hecho sea delito
en Colombia. Es decir, cualquier decisión para extraditar a Santrich ha de
pasar por la Corte Suprema[v].
·
Generando climas de tensión de seguridad
para instaurar estados de excepción como ultima alternativa de control social. En recientes declaraciones, el senador
Álvaro Uribe advirtió públicamente sobre la “crisis de orden público que
demuestra una profunda crisis institucional, quizás sin antecedentes en los
últimos 60 años. Crisis de destrucción institucional que debe resolverse de
fondo”[vi].
Palabras mayores si entendemos que refieren a la definición constitucional de
la Conmoción Interior, que el presidente puede convocar con apoyo de todos los
ministros “En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera
inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la
convivencia ciudadana”[vii].
·
Forjando presión
mediática. Horas
después de su renuncia, el ahora exfiscal reveló nuevas pruebas que no fueron
enviadas a la JEP para su valoración en el expediente que cursaba en esa
jurisdicción. Este ocultamiento de pruebas, posteriormente viralizadas en redes
sociales para arengar aun más los ya caldeados ánimos, refleja una nueva
avanzada en la presión sin precedentes que se lleva a cabo por todas las vías
ilegales y legales para combatir la soberanía judicial de los altos tribunales
en Colombia, ejecutando y motivando así juicios públicos, y alentado a la opinión
pública para promover la deslegitimación de las propias instituciones.