Por Whitney Webb
Al
tiempo que se desarrolla la crisis política en Venezuela, mucho se ha dicho
sobre los claros intereses de la Administración Trump en la privatización y
explotación de las reservas petroleras venezolanas, las más grandes del mundo,
por firmas gigantes como Chevron y ExxonMobil.
Pero la influencia de otra
notoria compañía estadounidense, Monsanto -ahora una subsidiaria de Bayer- no
ha sido mencionada.
Mientras numerosas naciones
latinoamericanas se han vuelto "sálvase quien pueda" para las
compañías biotecnológicas y sus afiliadas, Venezuela ha sido uno de los pocos
países en pelear con Monsanto y otros gigantes de la agroquímica internacional
y ganar. Sin embargo, desde esa victoria -que se ganó bajo el mandato chavista-
la oposición apoyada por los Estados Unidos han venido trabajando para
revertirla.
Ahora, con el gobierno
paralelo de Juan Guaidó tratando de tomar el poder con el respaldo de los
Estados Unidos, es revelador que los más altos contribuyentes políticos que
pujan por un cambio de régimen en Venezuela tienen estrechos vínculos con
Monsanto y grandes acciones financieras en Bayer.
En meses recientes, el
producto de Monsanto más controversial y notorio -el pesticida glifosato,
tildado Roundup, y vinculado al cáncer en recientes fallos en cortes
estadounidenses- ha amenazado el futuro financiero de Bayer como nunca antes,
como una letanía de nuevos casos jurídicos ladrando a las puertas de Bayer.
Parece que muchas de las fuerzas en los Estados Unidos que ahora buscan
derrocar al gobierno venezolano esperan por que un nuevo gobierno liderado por
Guaidó proveerá a Bayer un nuevo y mucho más necesario mercado para sus
agroquímicos y semillas transgénicas, particularmente aquellos productos que
ahora encaran vetos en países de todo el mundo, incluyendo el defoliado y aún
envenenado Vietnam.
EL ANTICHAVISMO BUSCA REVERTIR LA LEY DE SEMILLAS Y EL VETO A
LOS TRANSGÉNICOS
En 2004, el entonces
presidente Hugo Chávez sorprendió a muchos cuando anunció la
cancelación de los planes de Monsanto para plantar 500 mil acres con
semillas genéticamente modificadas (SGM) de soya en tierras venezolanas.
El cese del contrato llevó a lo que se tradujo en una proscripción ad
hoc de todas las SGM en el país, una jugada alabada por grupos
de agriculturos locales y activistas ambientales. En contraste con los
movimientos anti-transgénicos surgido en otros países, la resistencia de
Venezuela a los cultivos GM se basó más en las preocupaciones entorno a la
soberanía alimentaria del país y a la protección del modo de vida de los
agricultores.
Aunque el veto ha fallado de
mantener lejos los productos GM de Venezuela -en la medida en que ha importado
la mayoría de su comida, mucha de ella originada en países que están entre los
más grandes productores mundiales de alimentos GM-, un efecto prístino ha sido
el prevenir que compañías como Monsanto y otros grandes firmas agroquímicas y
semilleras de ganar terreno significativo en el mercado venezolano.
En
2013, una nueva ley de semillas casi fue aprobada que pudo haber permitido a las SGM
ser vendidas en Venezuela mediante un vacío legal. La ley, que fue autorizada
por un miembro del chavista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fue protestada por
agricultores, activistas indígenas, ambientalistas y grupos eco-socialistas,
que llevó a su tranformación en lo que se denominó la "Ley de Semillas del
Pueblo". Esa ley, aprobada en 2015, fue mucho más allá de la proscripción original de 2004, al vetar no sólo las
SGM sino también muchos agroquímicos tóxicos, mientras fortaleció las variadas
semillas nativas con la creación del Instituto Nacional de la Semilla.
Inmediatamente después de que
la nueva ley de semillas fue aprobada en 2015, la oposición pro-estadounidense
liderada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) -un grupo formado por
numerosos partidos financiados por los Estados Unidos, incluido Voluntad
Popular de Guaidó- tomó control de la Asamblea Nacional. Hasta que la Corte
Suprema de Venezuela disolviera el parlamento en 2017, la legislación de la MUD intentó derogar la ley de semillas en varias ocasiones. Quienes
estuvieron a favor de ello llamaron a la ley de "anti-científica" y
de dañar a la economía.
A pesar de la decisión de la
Corte Suprema de 2017, la Asamblea Nacional ha continuado sus reuniones, pero
el cuerpo no tiene poder real alguno bajo el actual gobierno venezolano. Sin
embargo, si éste es derrocado y Guaidó -el "presidente interino" que
también es presidente de la disuelta Asamblea Nacional- llega al poder, parece
casi una certeza la "Ley de Semillas del Pueblo" será una de las
primeras piezas legislativas en subir al patíbulo.
EL EJE AEI
Algunas de las figuras clave
y las voces más ruidosas que apoyan los esfuerzos de la Administración Trump
por derrocar al gobierno venezolano están bien conectadas con un tanque de
pensamiento en particular: el American Enterprise Institute (AEI). Por ejemplo,
John Bolton -ahora asesor de seguridad nacional de Trump y un actor importante
en la política agresiva contra Venezuela- fue un alto miembro (senior fellow)
del AEI hasta ocupar su actual cargo. En éste, Bolton asesora al presidente en
cuestiones de política exterior y seguridad nacional mientras hace lo mismo con
las Secretarías de Estado y de Defensa. Desde entonces, ha estado presionando
por una acción militar en Venezuela, de acuerdo a los reportes en medios.
Otra figura clave de la
política de Trump contra Venezuela -Elliott Abrams, el representante especial
del Departamento de Estado para Venezuela- ha sido regularmente incluido en las reuniones del AEI y como invitado en paneles y podcasts. De acuerdo al
secretario de Estado, Mike Pompeo, el rol actual de Abrams le da "la
responsabilidad de todas las cosas relacionadas a nuestros esfuerzos por
restaurar la democracia" en Venezuela. Otras figuras top en la
administración, incluidos el vicepresidente Mike Pence y el secretario de
Estado Mike Pompeo, fueron invitados al
cónclave "secreto" del AEI en pasado marzo. Como MintPress y otros
medios han reportado, Guaidó se autoproclamó "presidente interino" de
Venezuela a instancia de Pence. Pompeo también está íntimamente envuelto en la
dirección de la política de Trump sobre Venezuela, siendo el principal asesor
del presidente en asuntos externos.
Otras
conexiones de la Administración Trump incluyen a la secretaria de Educación
Betsy De Vos, quien estuvo previamente en el consejo directivo del AEI.
AEI ha sido por lago tiempo
parte del establishment "neoconservador" y emplea a neoconservadores
reconocidos como Fred Kagan -el arquitecto de las "tropas
insurgentes" de Irak- y Paul Wolfowitz, el arquitecto de la guerra de
Irak. Sus conexiones con la administración de George W. Bush son
particularmente notables y controversiales, al tiempo que 20 empleados del AEI
fueron puestos en altos cargos durante ese mandato. Muchos de ellos, como
Bolton, han disfrutado de una nueva prominencia en la Administración Trump.
Otros oficiales clave de Bush
se unieron al AEI pronto luego de que dejaran sus puestos en la administración.
Uno fue Roger Noriega, quien fue representante estadounidense ante la
Organización de Estados Americanos (OEA) durante el fallido golpe apoyado por
los Estados Unidos en 2002 contra Hugo Chávez y venía de ser el asistente de
las secretaría de Estado para los asuntos del Hemisferio Occidental de 2003 a
2005, donde fue extremadamente influyente en las políticas de la administración
respecto a Venezuela y Cuba.
Desde que se fuera de la
Administración Bush y se uniera prontamente al AEI, Noriega ha sido
instrumental en promover denuncias sin fundamentos pero con el objetivo de
pintar al gobierno del presidente Nicolás Maduro como un amenaza a la seguridad
nacional, por ejemplo afirmando que Venezuela ayuda a Irán a adquirir armas
nucleares y hospeda a soldados del Hezbolá libanés. También cabildeó en el
Congreso para apoyar al líder opositor Leopoldo López, el mentor político de
Guaidó y líder de su partido político, Voluntad Popular.
No sólo eso, también Noriega
se juntó con Martin Rodil,
un exiliado venezolano que trabajó para el FMI, y José Cardenas, quien sirvió
en la Administración Bush, para fundar Visión Américas, una firma privada de asesoría de riesgos y cabildeo que fue contratada para "apoyar en los esfuerzos del sector
privado hondureño y así ayudar a consolidar la transición democrática en su
país" luego del golpe de Estado de 2009 en Honduras. En los meses
recientes, Noriega y sus asociados han estado bien enfocados en Venezuela, con
Cardenas ofreciendo a Trump asesoría pública sobre cómo "precipitar la salida de Maduro",
mientras que Rodil le ha ofrecido públicamente "obtenerle un trato" si tiene activos
del gobierno venezolano.
Mientras el AEI es mejor
conocido por su línea dura, también es un promotor de grandes intereses en la
agricultura. Desde el año 2000, ha sido anfitrión de varias conferencias augurando la "biotecnología" y las SGM,
y ha promovido fuertemente el trabajo del lobbysta de Monsanto, Jon Entine,
quien fue profesor visitante del AEI durante muchos años. El AEI también tiene conexiones de larga data con Dow Chemical.
La más probable razón por la
que el AEI se interesa en promover la biotecnología, sin embargo, puede
encontrarse en sus vínculos con Monsanto. En 2013, The Nation adquirió un documento del AEI de 2009, obtenido por un trámite erróneo y que no tenía
intenciones de publicarse, que revelaba los mayores contribuyentes del tanque
de pensamiento. El formulario, conocido como el "programa de los
contribuyentes", reveló que los dos mayores donantes en simultáneo eran el
fondo Donors Capital y el mil millonario Paul Singer.
El fondo Donors Capital, que sigue siendo un
importante contribuyente del AEI, está vinculado a los intereses de Monsanto
mediante el vicepresidente de
su junta, Kimberly O. Dennis, quien es actualmente una miembro del
Consejo Nacional del AEI. De acuerdo al AEI, el Consejo Nacional está compuesto
por "líderes comunitarios y de negocios de todo el país que están
comprometidos al éxito del AEI y sirven como embajadores del AEI, proveyéndonos
de asesoramiento, perspectiva y orientación".
Dennis es la prolongada presidenta del Searle Freedom Trust, que fue fundada en
1988 por Daniel Searle luego de haber supervisado la venta de
la compañía farmacéutica de su familia -G.D. Searle and Company- a Monsanto en
1985 por 2.7 mil millones de dólares. El dinero que Searle hizo con la fusión
fue usado para financiar el fideicomiso que ahora financia al AEI y a otros
tanques de pensamiento de derecha. Searle también fue cercano a Donald
Rumsfeld, quien manejó G.D.
Searle and Co. durante años y fue secretario de Defensa con Gerald Ford y
George W. Bush. Searle también fue administrador del Instituto Hudson, que una
vez empleó a Elliott Abrams.
Antes de que la compañía
familiar -que ganó notoriedad por falsificar sus investigaciones sobre la inocuidad de sus edulcorantes,
aspartame o NutraSweet- fuera vendida a Monsanto, los ejecutivos de G.D.
Searle cercanos a Daniel Searle aumentaron su prominencia adentro de la
firma. Robert Shapiro, quien fue durante mucho tiempo el abogado de G.D.
Searle y jefe de la división NutraSweet, se convertiría en el
vicepresidente, presidente y luego director ejecutivo de Monsanto.
Notablemente, el nieto de Daniel Searle, D. Gideon Searle, fue un director del AEI hasta hace poco.
LA RELACIÓN RUBIO-SINGER-BAYER
Con todo, es el mayor
contribuyente individual del AEI según el accidentado "programa de
contribuyentes" el que dice más sobre los intereses biotecnológicos
privados que guían la política de la Administración Trump contra Venezuela.
Paul Singer, el controversial multimillonario y gestor de fondos financieros,
ha sido por mucho tiempo el mayor donante de las causas neoconservadoras y
sionistas, ayudando a financiar la Foreign Policy Initiative (FPI),
sucesora del Project for a New American Century (PNAC); y la neoconservadora e
islamofóbica Foundation for the Defense of Democracies (FDD), además del AEI.
Singer es uno de los más
notables e importantes contribuyentes políticos del senador Marco Rubio (republicano, de Florida) y
ha estado íntimamente envuelto en el caos reciente en Venezuela. Ha sido
llamado como uno de los arquitectos de la política de cambio de régimen de
la actual administración, y fue el mayor donante de la campaña presidencial de Rubio,
al tiempo que figura clave detrás del controversial "dossier" sobre
Donald Trump compilado por Fusion GPS. De hecho, Singer ha sido la primera persona en contratar a Fusion GPS para hacer una "opposition
research” sobre Trump. Sin embargo, Singer ha evadido desde entonces mucho
escrutinio por su rol en la creación del dossier probablemente porque se
convirtió en un contribuyente clave de Trump luego de su elección presidencial
en 2016, dando 1 millón de dólares al fondo de inauguración de su
administración.
Singer
tiene una variada historia en América del Sur, aunque ha estado relativamente
silencioso en torno a Venezuela. Sin embargo, un directivo de larga data del
fondo financiero de Singer, Jay Newman, recientemente dijo a Bloomberg que un gobierno de Guaidó reconocería que los
acreedores internacionales "no son el enemigo", e insinuó que el
mismo Newman estaba ponderando si unirse a la creciente "lista de bonos
veteranos que ya comenzaron a cotizarse, anticipando la reestructuración de una
deuda de 60 mil millones de dólares una vez que el apoyado por Washington,
Guaidó, derroque al presidente Nicolás Maduro y tome el control". Además,
el Washington Free Beacon, que está ampliamente financiado por Singer, ha
sido un defensor verbal del cambio de régimen en Venezuela por parte de la
Administración Trump.
Más allá de eso, la Elliott
Management Corporation de Singer dio a Roger Noriega 60 mil dólares en 2007 para cabildear en
los asuntos de deuda soberana y por "la promoción federal en nombre
de los inversionistas estadounidenses en América Latina". Durante el
tiempo en que Noriega estuvo bajo la nómina de Singer, escribió artículos
vinculando a Argentina y Venezuela en el inexistente programa nuclear de Irán.
En ese tiempo, Singer estuvo persiguiendo agresivamente al gobierno de
Argentina en un esfuerzo por obtener más dinero de ese país antes del impago de
la deuda soberana.
Mientras Singer ha estado
callado sobre Venezuela, ha estado haciendo decisiones de negocios que han
levantado cejas, ya que ha estado incrementando su participación en Bayer. Esta jugada parece rara por los
problemas financieros de Bayer, resultado directo del giro en casos jurídicos
respecto a su vinculación con el glifosato y el cáncer de Monsanto. La primera
decisión que significó un problema para Monsanto y su nueva compañía relacionada
Bayer tuvo lugar el pasado agosto, pero Singer incrementó su inversión en la
compañía desde diciembre, incluso ya era claro para ese momento que los problemas
financieros de Bayer relacionados a los casos de glifosato apenas estaban
empezando.
Desde que 2019 comenzó, los
problemas de Bayer con la fusión Monsanto solo han empeorado, con el director
ejecutivo de Bayer declarando recientemente que las demandas han "afectado gravemente"
los precios de las acciones y el rendimiento financiero de la compañía.
FORZANDO LA APERTURA DE UN NUEVO MERCADO PARA ROUNDUP
Parte de los intereses de
Singer en Bayer puede relacionarse con Venezuela, dado que el "Plan
País"de Juan Guaidó para "rescatar" a la economía venezolana
incluya un foco en
el sector agricultor del país. Notablemente, previo a y bajo el chavismo, la
productividad agricultora y la inversión en ese sector han tomado la
retaguardia ante la producción petrolera; como resultado, un 25% de
las tierras venezolanas están siendo usadas para propósitos agrarios a pesar
del hecho de que la nación tiene una rica tierra arable. Como consecuencia,
Venezuela necesita importar muchos
de sus alimentos de afuera, muchos de ellos originados en Colombia o los
Estados Unidos.
Bajo Chávez y su sucesor
Maduro, ha habido un nuevo enfoque de cultivo en pequeña escala, soberanía alimentaria y
agricultura orgánica. Sin embargo, si Maduro es derrocado y Guaidó se moviliza
para implementar su "Plan País", el acomodamiento de la oposición con
corporaciones extranjeras, los intereses de los arquitectos esadounidenses del
golpe en Bayer/Monsanto, y los esfuerzos pasados de la oposición de revertir el
veto a las SGM, sugiere que un nuevo mercado para los productos de Bayer/Monsanto
-particularmente el glifosato- se abrirá.
Suramérica ha sido durante
mucho tiempo un mercado clave para
Monsanto y -mientras los problemas de la compañía comenzaron a acumularse antes
de la fusión con Bayer- se volvió vital para la empresa debido a las pocas
regulaciones ambientales y de consumo con relación a muchos países
occidentales. En años recientes, cuando los gobiernos suramericanos habían abierto
sus países a políticas más "amigables con el mercado" en sus sectores
agrarios, Monsanto hizo millones.
Por ejemplo, cuando Brasil
buscó expandir la inversión en biotecnología en 2012, Monsanto vio incrementar
sus ventas nada más de SGM de maíz un 21%,
generando ganancias adicionales de 1 mil millones de dólares para la compañía.
Un escenario similar es necesario más que nunca para Bayer/Monsanto, mientras
que los problemas legales hicieron disminuir las ganancias de la compañía el año pasado.
Con países en el mundo que
sopesan proscripciones al glifosato como resultado de las crecidas litigaciones
sobre las vinculaciones químicas al cáncer, Bayer necesita un nuevo mercado
para evitar la ruina financiera. Como Singer ahora tiene una participación
significativa en la compañía, él -junto a los políticos y tanques de
pensamiento que financia- podría ver promisorio el final del veto a las SGM que
un gobierno de Guaidó brindaría.
Asimismo, dado que el máximo
asesor de Guaidó quiere que la Administración Trump tenga un rol directo en la
gobernanza de Venezuela si Maduro es derrocado, parece probable que Singer
apalancaría sus conexiones para mantener a Bayer/Monsanto a flote a pesar de la
creciente controversia que rodea al glifosato. Tal comportamiento de parte de
Singer no debería sorprender a la luz de que los medios financieros
internacionales lo han caracterizado como un "oportunista despiadado" y
"demasiado agresivo".
Tal desenlace sería para
mantener el crecimiento de los márgenes de ganancia de Monsanto y compañías
relacionadas que han seguido su expansión en países donde hubo golpes de Estado
apoyados por Estados Unidos. Por ejemplo, luego del golpe en Ucrania en 2014,
los préstamos dados a Ucrania por el FMI y el Banco Mundial forzaron al
país a abrir y expandir el uso de "biotecnología" y los cultivos GM
en su sector agrario, y Monsanto, en particular, hizo millones al tiempo que el
veto a las SGM y sus agroquímicos asociados fue revertido por el gobierno
respaldo por Estados Unidos. Si Maduro es derrocado, un escenario similar
probablemente se dará en Venezuela, pues la oposición dio a conocer sus
intenciones de borrar en gran medida sus instituciones justo unos días luego de que
Guaidó se autoproclamara "presidente interino".
Whitney Webb es una
periodista estadounidense de MintPress News, radicada en Chile. Ha
contribuido para varios medios independientes como Global Research, EcoWatch,
Instituto Ron Paul y 21st Century Wire, entre otros. En 2019 ganó el premio
Serena Shim por "su integridad inflexible como periodista".
Este artículo fue publicado
en inglés en MintPress el
6 de mayo de 2019, la traducción para Misión Verdad fue realizada por Ernesto Cazal.