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El sindicalismo latinoamericano contra la violencia laboral

Los trabajadores y las trabajadoras de América Latina sufren situaciones de acoso y violencia laboral. Diferentes sectores del sindicalismo han decidido plantar cara a este fenómeno, proponiendo una batería de acciones de lucha y de políticas públicas. Sin embargo, el «giro a la derecha» en la región, ha complejizado las posibilidades de alcanzar los resultados esperados. La sindicalista Dina Feller, comprometida en la lucha contra la violencia laboral en América Latina, explica el fenómeno y detalla las posibles soluciones en esta entrevista exclusiva con Nueva Sociedad.

Por Mario Schuster
Usted está trabajando arduamente para que en América Latina se legisle sobre las situaciones de violencia en el trabajo. ¿A qué se considera exactamente violencia laboral? ¿Qué tipo de presiones y coacciones sufren los trabajadores y las trabajadoras en nuestra región?

La violencia tiene muchas caras. Estamos más habituados a naturalizarla que a desenmascararla. Este es el caso de la violencia laboral, especialmente en un contexto latinoamericano en el que los gobiernos neoliberales avanzan hacia modelos de negocios cada vez más agresivos que traen el impulso disciplinador del desempleo. A nivel regional, las legislaciones sobre violencia laboral, mobbing, y acoso, todavía son débiles puesto que donde existen (Argentina es un caso), su implementación depende de los Ministerios de Trabajo y de la capacidad de disminuir las prácticas laborales persecutorias. Asimismo, los sindicatos pocas veces cuentan con la suficiente capacitación o la capacidad para implementar los ya de por sí pobres mecanismos que los países de la región ofrecen para poder denunciar, disminuir y finalmente acabar con la violencia en el mundo del trabajo.

Si tuviéramos que hacer una tipificación del tipo de presiones y coacciones que sufrimos los trabajadores y las trabajadoras de la región, empezaría la lista con aquellas que se producen para evitar o eludir su organización sindical y la negociación colectiva. Sin embargo, también pueden destacarse una serie de situaciones que han dejado de constituir casos aislados para convertirse en problemas comunes: el acoso, la exclusión, la invisibilizacion y, como contracara, la violencia física. En términos regionales existe un enorme desafío, ya que a estas situaciones se suman las presiones que los trabajadores sufren (muchas veces sin notarlo) para mantenerse en la informalidad y aceptarla como un hecho normal y natural. Entre las naturalizaciones se destacan las brechas salariales normalizadas en términos de género, edad, condiciones físicas y capacitación.

En la actualidad, ¿existe algún tipo de mecanismo, con las leyes vigentes, que permita que los trabajadores que sufren violencia en sus ámbitos laborales establezcan denuncias o expresen su situación con la posibilidad de ser escuchados por el Estado?

Existen mecanismos que son poco conocidos o que directamente no tienen otro resultado que el incremento de la persecución al denunciante. También hemos detectado que las empresas con un nivel de organización mayor (por la cantidad de empleados y el volumen de negocios) plantean mecanismos internos (canales de ética, códigos de conducta, tribunales de arbitramento) que intentan sustituir y desplazar el rol del Estado en la denuncia y la resolución de una controversia laboral. Estos mecanismos perversos disfrazan a juez y parte en una misma figura dejando en la más absoluta indefensión a los trabajadores que optan por no denunciar para no quedar «marcados».

A su vez, los mecanismos que ofrecen las leyes de nuestros países están atravesados por una serie de protocolos burocráticos que son ajenos a la realidad de los trabajadores y terminan en instancias judiciales que conllevan periodos largos de desgaste y conclusiones generalmente poco satisfactorias para quien ha iniciado la denuncia.

¿Cuáles son los países de la región que más han avanzado en una legislación para frenar el acoso y la violencia laboral? ¿Qué tipo de legislaciones han desarrollado y cuánto han influido los sindicatos en la posibilidad de que se cuente con esas leyes?

Los primeros han sido Colombia y México, donde los gobiernos han tenido que tomar seriamente cartas en el asunto del acoso laboral y la violencia tras años de denuncias. Sin embargo, hoy en día también son países con altísimos niveles de conflictividad y poca capacidad de organización sindical. Esto se verifica especialmente en el caso de México con la proliferación de sindicatos de papel y en Colombia con la violencia física y persecución a los dirigentes sindicales. La ley 1010 de Colombia fue una guía para los demás países. Sin embargo, su implementación está en discusión y los sindicatos del sector privado son reacios a utilizar los mecanismos que habilitan la denuncia y la solución de controversias.

En el año 2005 se sancionó en Argentina una ley de protección contra la violencia laboral en el sector público. La misma se replicó en sectores públicos provinciales y municipales. Sin embargo, el sector privado -que es donde los casos crecen cada día y hay poco registro- sigue siendo un espacio desregulado. Algo similar sucede en Brasil -con diferentes leyes estaduales- y en Chile.

¿En qué situación considera que se encuentran hoy los trabajadores en América Latina? ¿Considera que con el llamado «giro a la derecha» en la región se verifica una situación de mayor vulnerabilidad para los derechos laborales?

Sin lugar a duda, el «giro a la derecha» es un retroceso en materia de derechos laborales. En muchos países, esos derechos han sido conquistados en el orden jurídico pero hoy se producen nuevos fallos judiciales antiobreros que retrotraen las condiciones de trabajo y la capacidad de sostener las conquistas.

Por otro lado, la derecha llega al gobierno con promesas de abundancia y empleo pero lo concreto es que en países como Brasil donde ha llegado con la violencia de un golpe institucional, el índice de desempleo subió abruptamente a un 13% duplicándose en menos de cinco años. El incremento del desempleo junto con las reformas previsionales y laborales forman parte de una agenda que se repite en los diferentes países que vivieron un «giro a la derecha». Los derechos laborales que fueron adquiridos con la lucha política en los parlamentos son amenazados por las reformas neoliberales, entre ellos la aplicación de una serie de reformas laborales. Es, por ejemplo, el caso de Chile, en donde la última ley laboral desarrollada por los socialistas está siendo invalidada por la nueva administración de Sebastián Piñera. La derecha chilena está negando la aplicación de los beneficios de esa normativa, especialmente en temas que conciernen a la negociación colectiva y al derecho a huelga.

¿De qué forma se está desarrollando un trabajo práctico desde los sindicatos para capacitar a los trabajadores en asistencia y apoyo a las víctimas de violencia laboral?

Con la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, el departamento de las mujeres está impulsando una metodología que empieza a aplicarse en Brasil y Perú para capacitar a defensoras de mujeres en los puestos de trabajo. En el mes de mayo tendrán lugar los primeros cursos de formación y los sindicatos del transporte aéreo ya están concientizados y comprometidos con un rol activo en la visibilizacion, denuncia y acompañamiento de las compañeras que sufren acoso y violencia en el lugar de trabajo y en la casa. Los sindicatos siempre han tenido un rol insustituible en la lucha contra la violencia. Sin embargo, ahora que los gobiernos toman distancia o enfrían sus políticas defensoras de los trabajadores, las organizaciones obreras son las únicas que van a poder continuar denunciando y defendiendo a quienes sufren. En el caso de las mujeres, la violencia y la persecución tiene consecuencias profundamente devastadoras pues en nuestra región la discriminación y el acoso tienen género, raza y clase.

Desde su lugar de sindicalista, ¿qué tipo de políticas cree que deberían adoptarse para desarrollar legislaciones que garanticen los derechos de los trabajadores en un contexto internacional cambiante, en el que avanzan los fenómenos de digitalización y en el que la flexibilidad del trabajo es cada vez mayor? ¿Cuál sería una política realista para garantizar los derechos de los trabajadores en este contexto?

Si bien en este tiempo la tecnología constituye una herramienta que aparentemente facilitaría la labor sindical en términos de la comunicación de las bases y la performance de los dirigentes, está claro que necesitan desarrollarse contenidos que impulsen políticas positivas de protección, campaña, denuncia y seguimiento de los casos de lucha y defensa frente a las violencias. Impulsar, difundir y aplicar las legislaciones existentes es un primer paso. Sin embargo, es evidente que la correlación de fuerzas entre trabajo y capital, es central en este asunto. Que los gobiernos puedan mantener dobles y triples estándares a la hora de resolver conflictos depende de ese balance de poder. Los sindicatos deben estar presentes en las discusiones parlamentarias con una política definida, llevando la voz de los trabajadores organizados y su reclamo de eliminación de la violencia laboral. Sin embargo, ese no puede constituir el único espacio de lucha, ya que desde los propios instrumentos que manejan los sindicatos como las negociaciones colectivas aún hay mucho por hacer en materia de erradicación de la violencia laboral. Cuando los sindicatos son capaces de desplegar creatividad y autonomía, pueden lograr en una negociación lo que las leyes o los dictámenes judiciales tardan siglos.

Dina Feller es la coordinadora internacional de la red sindical LATAM ITF. En 2009 fue despedida por la compañía como tripulante de cabina y contratada nuevamente durante la huelga de 2010. De 2010 a 2013 trabajó en la Comisión Directiva de su sindicato. Además de coordinar la red sindical LATAM ITF (LATAM ITF Union Network), dirige los esfuerzos de la ITF para organizarse en Qatar Airways y el trabajo en la red sindical Avianca ITF (Avianca ITF Union Network).