Los
trabajadores y las trabajadoras de América Latina sufren situaciones de acoso y
violencia laboral. Diferentes sectores del sindicalismo han decidido plantar
cara a este fenómeno, proponiendo una batería de acciones de lucha y de
políticas públicas. Sin embargo, el «giro a la derecha» en la región, ha
complejizado las posibilidades de alcanzar los resultados esperados. La
sindicalista Dina Feller, comprometida en la lucha contra la violencia laboral
en América Latina, explica el fenómeno y detalla las posibles soluciones en
esta entrevista exclusiva con Nueva Sociedad.
Por
Mario Schuster
Usted está trabajando arduamente para que en América Latina se
legisle sobre las situaciones de violencia en el trabajo. ¿A qué se considera
exactamente violencia laboral? ¿Qué tipo de presiones y coacciones sufren los
trabajadores y las trabajadoras en nuestra región?
La violencia
tiene muchas caras. Estamos más habituados a naturalizarla que a
desenmascararla. Este es el caso de la violencia laboral, especialmente en un
contexto latinoamericano en el que los gobiernos neoliberales avanzan hacia
modelos de negocios cada vez más agresivos que traen el impulso disciplinador
del desempleo. A nivel regional, las legislaciones sobre violencia laboral, mobbing, y
acoso, todavía son débiles puesto que donde existen (Argentina es un caso), su
implementación depende de los Ministerios de Trabajo y de la capacidad de
disminuir las prácticas laborales persecutorias. Asimismo, los sindicatos pocas
veces cuentan con la suficiente capacitación o la capacidad para implementar
los ya de por sí pobres mecanismos que los países de la región ofrecen para
poder denunciar, disminuir y finalmente acabar con la violencia en el mundo del
trabajo.
Si tuviéramos
que hacer una tipificación del tipo de presiones y coacciones que sufrimos los
trabajadores y las trabajadoras de la región, empezaría la lista con aquellas
que se producen para evitar o eludir su organización sindical y la negociación
colectiva. Sin embargo, también pueden destacarse una serie de situaciones que
han dejado de constituir casos aislados para convertirse en problemas comunes:
el acoso, la exclusión, la invisibilizacion y, como contracara, la violencia
física. En términos regionales existe un enorme desafío, ya que a estas
situaciones se suman las presiones que los trabajadores sufren (muchas veces
sin notarlo) para mantenerse en la informalidad y aceptarla como un hecho
normal y natural. Entre las naturalizaciones se destacan las brechas salariales
normalizadas en términos de género, edad, condiciones físicas y capacitación.
En la actualidad, ¿existe
algún tipo de mecanismo, con las leyes vigentes, que permita que los
trabajadores que sufren violencia en sus ámbitos laborales establezcan
denuncias o expresen su situación con la posibilidad de ser escuchados por el
Estado?
Existen
mecanismos que son poco conocidos o que directamente no tienen otro resultado
que el incremento de la persecución al denunciante. También hemos detectado que
las empresas con un nivel de organización mayor (por la cantidad de empleados y
el volumen de negocios) plantean mecanismos internos (canales de ética, códigos
de conducta, tribunales de arbitramento) que intentan sustituir y desplazar el
rol del Estado en la denuncia y la resolución de una controversia laboral.
Estos mecanismos perversos disfrazan a juez y parte en una misma figura dejando
en la más absoluta indefensión a los trabajadores que optan por no denunciar
para no quedar «marcados».
A su vez, los
mecanismos que ofrecen las leyes de nuestros países están atravesados por una
serie de protocolos burocráticos que son ajenos a la realidad de los
trabajadores y terminan en instancias judiciales que conllevan periodos largos
de desgaste y conclusiones generalmente poco satisfactorias para quien ha
iniciado la denuncia.
¿Cuáles
son los países de la región que más han avanzado en una legislación para frenar
el acoso y la violencia laboral? ¿Qué tipo de legislaciones han desarrollado y
cuánto han influido los sindicatos en la posibilidad de que se cuente con esas
leyes?
Los primeros
han sido Colombia y México, donde los gobiernos han tenido que tomar seriamente
cartas en el asunto del acoso laboral y la violencia tras años de denuncias.
Sin embargo, hoy en día también son países con altísimos niveles de
conflictividad y poca capacidad de organización sindical. Esto se verifica
especialmente en el caso de México con la proliferación de sindicatos de papel
y en Colombia con la violencia física y persecución a los dirigentes
sindicales. La ley 1010 de Colombia fue una guía para los demás países. Sin
embargo, su implementación está en discusión y los sindicatos del sector
privado son reacios a utilizar los mecanismos que habilitan la denuncia y la
solución de controversias.
En el año 2005
se sancionó en Argentina una ley de protección contra la violencia laboral en
el sector público. La misma se replicó en sectores públicos provinciales y
municipales. Sin embargo, el sector privado -que es donde los casos crecen cada
día y hay poco registro- sigue siendo un espacio desregulado. Algo similar
sucede en Brasil -con diferentes leyes estaduales- y en Chile.
¿En qué situación
considera que se encuentran hoy los trabajadores en América Latina? ¿Considera
que con el llamado «giro a la derecha» en la región se
verifica una situación de mayor vulnerabilidad para los derechos laborales?
Sin lugar a
duda, el «giro a la derecha» es un retroceso en materia de derechos laborales.
En muchos países, esos derechos han sido conquistados en el orden jurídico pero
hoy se producen nuevos fallos judiciales antiobreros que retrotraen las
condiciones de trabajo y la capacidad de sostener las conquistas.
Por otro lado,
la derecha llega al gobierno con promesas de abundancia y empleo pero lo
concreto es que en países como Brasil donde ha llegado con la violencia de un
golpe institucional, el índice de desempleo subió abruptamente a un 13%
duplicándose en menos de cinco años. El incremento del desempleo junto con las
reformas previsionales y laborales forman parte de una agenda que se repite en
los diferentes países que vivieron un «giro a la derecha». Los derechos
laborales que fueron adquiridos con la lucha política en los parlamentos son
amenazados por las reformas neoliberales, entre ellos la aplicación de una
serie de reformas laborales. Es, por ejemplo, el caso de Chile, en donde la
última ley laboral desarrollada por los socialistas está siendo invalidada por
la nueva administración de Sebastián Piñera. La derecha chilena está negando la
aplicación de los beneficios de esa normativa, especialmente en temas que
conciernen a la negociación colectiva y al derecho a huelga.
¿De qué forma se está
desarrollando un trabajo práctico desde los sindicatos para capacitar a los
trabajadores en asistencia y apoyo a las víctimas de violencia laboral?
Con la
Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, el departamento de
las mujeres está impulsando una metodología que empieza a aplicarse en Brasil y
Perú para capacitar a defensoras de mujeres en los puestos de trabajo. En el
mes de mayo tendrán lugar los primeros cursos de formación y los sindicatos del
transporte aéreo ya están concientizados y comprometidos con un rol activo en
la visibilizacion, denuncia y acompañamiento de las compañeras que sufren acoso
y violencia en el lugar de trabajo y en la casa. Los sindicatos siempre han
tenido un rol insustituible en la lucha contra la violencia. Sin embargo, ahora
que los gobiernos toman distancia o enfrían sus políticas defensoras de los
trabajadores, las organizaciones obreras son las únicas que van a poder
continuar denunciando y defendiendo a quienes sufren. En el caso de las
mujeres, la violencia y la persecución tiene consecuencias profundamente
devastadoras pues en nuestra región la discriminación y el acoso tienen género,
raza y clase.
Desde su lugar de
sindicalista, ¿qué tipo de políticas cree que deberían adoptarse para
desarrollar legislaciones que garanticen los derechos de los trabajadores en un
contexto internacional cambiante, en el que avanzan los fenómenos de
digitalización y en el que la flexibilidad del trabajo es cada vez mayor? ¿Cuál
sería una política realista para garantizar los derechos de los trabajadores en
este contexto?
Si bien en este
tiempo la tecnología constituye una herramienta que aparentemente facilitaría
la labor sindical en términos de la comunicación de las bases y la performance
de los dirigentes, está claro que necesitan desarrollarse contenidos que
impulsen políticas positivas de protección, campaña, denuncia y seguimiento de
los casos de lucha y defensa frente a las violencias. Impulsar, difundir y
aplicar las legislaciones existentes es un primer paso. Sin embargo, es
evidente que la correlación de fuerzas entre trabajo y capital, es central en
este asunto. Que los gobiernos puedan mantener dobles y triples estándares a la
hora de resolver conflictos depende de ese balance de poder. Los sindicatos
deben estar presentes en las discusiones parlamentarias con una política
definida, llevando la voz de los trabajadores organizados y su reclamo de
eliminación de la violencia laboral. Sin embargo, ese no puede constituir el
único espacio de lucha, ya que desde los propios instrumentos que manejan los
sindicatos como las negociaciones colectivas aún hay mucho por hacer en materia
de erradicación de la violencia laboral. Cuando los sindicatos son capaces de
desplegar creatividad y autonomía, pueden lograr en una negociación lo que las
leyes o los dictámenes judiciales tardan siglos.
Dina
Feller es la coordinadora internacional de la red
sindical LATAM ITF. En 2009 fue despedida por la compañía como tripulante de
cabina y contratada nuevamente durante la huelga de 2010. De 2010 a 2013
trabajó en la Comisión Directiva de su sindicato. Además de coordinar la red
sindical LATAM ITF (LATAM ITF Union Network), dirige los esfuerzos de la ITF
para organizarse en Qatar Airways y el trabajo en la red sindical Avianca ITF
(Avianca ITF Union Network).