Por Pablo Siris Seade
Caja de Respuestas
Miles de
vidas, miles de tratamientos que no se pueden brindar, miles de escuelas sin
construir.
Cuando
hablamos de la confiscación al Gobierno de Venezuela de miles de millones de
dólares o de euros, el común de los mortales no somos capaces de cuantificar o
dimensionar qué es lo que esto significa y cuáles son las consecuencias de este
tipo de sanciones contra el pueblo venezolano en su conjunto.
El pasado
3 de mayo fue publicado un nuevo informe del Centro de Investigación en
Economía y Política (CEPR, por su sigla en inglés), elaborado por los
economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs.
La
publicación (que puede descargar completa en http://cepr.net/images/stories/reports/venezuela-sanctions-2019-05-spn.pdf)
transforma el bloqueo y la guerra económica en vidas humanas y encuentra que
“las sanciones económicas implementadas por el Gobierno de Trump desde agosto
de 2017 han causado decenas de miles de muertes y están empeorando rápidamente
la crisis humanitaria”.
“Esto es
ilegal de acuerdo al derecho estadounidense, al derecho internacional, y a los
tratados que Estados Unidos ha firmado. El Congreso debería hacer algo para
detenerlo”, dijo Mark Weisbrot, codirector de CEPR y coautor del informe.
“Habitualmente
se culpa al Gobierno de Venezuela de la totalidad de la crisis económica del
país (…) Pero es mucho más que eso. Las sanciones estadounidenses apuntan
deliberadamente a destruir la economía venezolana y, por lo tanto, conducir a
un cambio de régimen. Es una política infructuosa, despiadada, ilegal y
fracasada que causa graves daños al pueblo venezolano”, dijo Jeffrey Sachs,
coautor del documento.
Las
consecuencias en vidas perdidas por culpa directa del bloqueo fueron estimadas
por el CEPR en más de 40.000 personas muertas entre 2017 y 2018 y se estima que
la situación podría empeorar de mantenerse la situación en 2019.
El informe del CEPR sustenta este dato en que “hay aproximadamente 80.000 personas con VIH que no han recibido tratamiento antirretroviral desde 2017, 16.000 personas que necesitan diálisis, 16.000 personas con cáncer y 4 millones con diabetes e hipertensión (muchas de las cuales no pueden obtener insulina o medicinas para el tratamiento cardiovascular)”.
El informe del CEPR sustenta este dato en que “hay aproximadamente 80.000 personas con VIH que no han recibido tratamiento antirretroviral desde 2017, 16.000 personas que necesitan diálisis, 16.000 personas con cáncer y 4 millones con diabetes e hipertensión (muchas de las cuales no pueden obtener insulina o medicinas para el tratamiento cardiovascular)”.
Entre
diciembre de 2014 y abril de 2019, el Gobierno de Estados Unidos ha dictado una
ley y siete decretos ejecutivos que castigan y penalizan la economía venezolana
aplicando el bloqueo y confiscación de activos financieros, la prohibición de
negociación de la deuda de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), aumento de
Riesgo País y costos financieros, prohibición de operaciones con oro,
confiscación de activos (CITGO y activos de PDVSA), sanciones al comercio de
petróleo venezolano, sanciones al Banco Central de Venezuela, así como multas y
penalizaciones administrativas a las operaciones de comercio exterior.
En
nuestra columna de la semana pasada (https://cajaderespuestas.blogspot.com/2019/05/eeuu-reconoce-responsabilidad-sobre.html)
señalábamos que el gobierno norteamericano se ufanaba y presentaba como logros
de la gestión de su Departamento de Estado tanto la aplicación de estas
sanciones como sus consecuencias.
Nadie
puede alegar que se desconocen las consecuencias del bloqueo sobre el pueblo
venezolano, ya que Estados Unidos, y el sector identificado como los “halcones”
de Washington, no solamente es efectivamente consciente de los efectos de estos
actos, sino que han buscado concretamente esos resultados para forzar al
presidente Nicolás Maduro a abandonar el cargo para el que fue electo el 20 de
mayo de 2018 y rendir por hambre y privaciones al pueblo venezolano.
En
diversos bancos se encuentran “represados” -eufemismo para decir que se robaron
la plata- ingentes sumas de dinero que en realidad es propiedad del pueblo
bolivariano.
Al 30 de abril de 2019, el Novo Banco de Portugal se había apropiado de manera indebida de 1.547.322.175,89 dólares; el Banco de Inglaterra robó oro por valor 1.323.228.162,57 dólares y el Clearstream (también de Inglaterra) se quedó con títulos de deuda pública por 517.088.580,00 dólares.
Al 30 de abril de 2019, el Novo Banco de Portugal se había apropiado de manera indebida de 1.547.322.175,89 dólares; el Banco de Inglaterra robó oro por valor 1.323.228.162,57 dólares y el Clearstream (también de Inglaterra) se quedó con títulos de deuda pública por 517.088.580,00 dólares.
Por su
parte, los bancos estadounidenses Sumitomo, Citibank y Unión Bank se adueñaron
de 507.506.853,37, 458.415.178,49 y 230.024.462,00 respectivamente; Euroclear y
Banque Eni (ambos de Bélgica) también “represaron” 140.519.752,26 de dólares en
títulos de deuda y 53.084.499,92 de dólares en efectivo.
El
francés Delubanc le puso también represa a 38.698.931,70 de dólares y otros 41
bancos e instituciones financieras de 17 países se quedaron con otros
654.142.049,10 de dólares.
El total
de recursos que estas prestigiosas instituciones financieras le han tumbado a
Venezuela son USD 5.470.030.645,30. Ni usted ni yo tenemos nuestra confianza
puesta en esos bancos, pero ya sabe a quién no confiarle su dinero. No vaya a
ser que lo “represen”.
Sin
embargo, no solamente estos ladrones de traje y corbata se han adueñado de
recursos venezolanos siguiendo indicaciones del gobierno norteamericano, las
pérdidas totales y costos para la economía venezolana provocada por el bloqueo
económico impuesto por Estados Unidos entre 2015 y 2018 se estiman en más de
130.000 millones de dólares.
Estas
medidas coercitivas unilaterales (denominadas eufemísticamente sanciones)
conforman una estrategia sistemática y consciente de masiva violación de los
derechos humanos del pueblo venezolano y han sido catalogadas por la ONU como
delitos de lesa humanidad
Ya usted
está mareado -y yo también- con tantos ceros, pero le puedo asegurar que estos
datos están verificados, ya que las fuentes son varias y coincidentes: la
organización de derechos humanos Sures, el equipo de investigación de Misión
Verdad, la profesora Pascualina Curcio, el ministerio de Relaciones Exteriores
de Venezuela y el ministerio de Finanzas de Venezuela.
Es una
barbaridad de dinero. No sé usted, pero yo después del primer millón ya no pude
sacar la cuenta de “con eso yo lo que haría es...”.
Pero
podemos hacer algunas comparaciones para ilustrarnos.
Según
diversas fuentes disponibles en la web, la construcción de un hospital
incorpora un costo por cama y todos sus servicios anexos de entre 1.300.000 y
1.500.000 dólares. Asumiendo la cifra más barata, con la cifra que Estados
Unidos le ha secuestrado a Venezuela, se podrían haber construido dos mil
hospitales de 50 camas con la última tecnología.
Los
costos de construcción de una escuela se pueden verificar en https://webspm.com/Articles/2015/07/01/School-Costs.aspx,
donde se indica que una escuela para aproximadamente 600 alumnos cuesta en el
entorno de 16 millones de dólares. Con la deuda que Estados Unidos y sus
aliados tienen con Venezuela se podrían haber edificado 8.125 escuelas de más
de 600 alumnos.
La
página http://www.globalemergencyvehicles.com/company/blog/ambulance-for-sale-that-will-work-for-your-budget indica
que una ambulancia puede estar entre USD 100.000 y USD 200.000. Asumamos un
precio promedio de 150.000 y obtenemos que con el dinero hurtado a Venezuela se
podrían haber comprado 866.667 ambulancias completamente equipadas.
Según
diversas fuentes consultadas, el costo de una patrulla policial con el
equipamiento correspondiente ronda los USD 30.000, de forma que se hubieran
podido comprar 4.333.333 patrullas.
Ni hablar
de que con 130 mil millones de dólares se pueden pagar casi 380.000
tratamientos de por vida para pacientes con VIH, se pueden comprar casi 644
millones de toneladas de carne bovina, casi 38 millones de toneladas de leche
en polvo o más de 320 millones de toneladas de arroz.
La
próxima vez que alguien nos hable de la crisis de Venezuela, traduzcamos esas
cifras que para ninguno de nosotros -gente común y silvestre- quiere decir
nada.
Hablemos
de gente fallecida porque el bloqueo no permitió atenderla, de hospitales y
escuelas no construidas, de patrullas y ambulancias que no circulan por las
calles, de comida y medicamentos que no pudieron ser comprados. Que no nos
cuenten figurines.