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EE.UU. y México: La migración más allá del muro


El tema migratorio es y será uno de los grandes temas de la agenda bilateral entre EE. UU. y México que puede derivar en importantes tensiones entre ambos países

Por Aníbal García Fernández

La cuestión migratoria es uno de los tantos temas que Estados Unidos (EE. UU.) comparte con México[1] y Centroamérica, principalmente. Pero en tiempos electorales en EE. UU., el tema va más allá de la política exterior y se vuelve un asunto de campaña. La migración y lo que ocurre en la frontera sur de México se define como un tema de seguridad nacional para EE. UU. Recientemente, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionó que buscará la reorientación de los recursos de la Iniciativa Mérida “porque eso no ha funcionado. No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo”.[2]

La Frontera del siglo XXI en disputa

Como hemos mencionado en artículos anteriores,[3] la Frontera del siglo XXI planteada por el Departamento del Suelo Patrio (Departament of Homeland Security) incluye territorio mexicano, lo que implica ampliar la frontera política-económica y militar. En consecuencia, en los últimos sexenios México implementó una serie de políticas en materia de seguridad, migración y política económica vinculadas a los intereses estadounidenses. La agenda sobre la cuestión migratoria de los últimos años colocó a México como un primer filtro que impide a migrantes llegar a territorio estadounidense. Ejemplo concreto de ello es la reforma migratoria impulsada por Enrique Peña Nieto, por la que México asume una “responsabilidad compartida”. Así, el Programa Frontera Sur (Southern Border Plan) fue creado en 2015 como parte del programa La Frontera del Siglo XXI, con recursos provenientes de la Iniciativa Mérida, e incluye medidas como: instalación de brigadas de seguridad privada, drones, sistemas de geolocalización y cámaras de vigilancia en los trenes. El impacto del programa se pude percibir en un impresionante aumento del 85% en el total de detenciones de migrantes durante los primeros dos años de vigencia.[4]

Sin embargo, la llegada del Gobierno de AMLO está cambiando la forma de entender la migración, a pesar de más de una década de política antimigrante militarizada y sin protección de los derechos humanos. Las últimas caravanas migrantes han supuesto un enorme reto para el Gobierno mexicano y expresan una serie de condiciones estructurales en el Triángulo Norte de Centroamérica[5] que, entre otras cosas, derivan en la migración y ponen a EE. UU. ante un contexto migratorio distinto. Si hace años comenzaron a viajar más niños con sus padres, hoy ya es más común ver a familias enteras migrar.

El Gobierno de AMLO ha expresado su intención de frenar el flujo migratorio con políticas de desarrollo social y con un programa hacia Centroamérica en el cual EE. UU. también participará. Hasta el 11 de febrero de 2019, México otorgó 13.270 permisos humanitarios para migrantes bajo la modalidad de Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH).[6] En abril, el programa se volvió a activar y se dieron 2.500 visas, con prioridad para niños, niñas y personas mayores de 65 años.[7]

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 destaca, en la sección de migración, que el Poder Ejecutivo Federal “atacará las causas profundas de la migración mediante la creación de empleos dignos, el desarrollo regional, la edificación de un Estado de bienestar y el impulso a los procesos de construcción de paz”. El propósito principal es que ningún mexicano se vea obligado a abandonar su lugar de residencia por razones económicas, falta de perspectivas de realización personal o inseguridad.[8] En cuanto a las políticas de desarrollo regional se están proponiendo megaproyectos como el Tren Maya en el sur-sureste y el Corredor Transístmico en el Istmo de Tehuantepec, dos proyectos que, si bien pretenden desarrollar una de las regiones más olvidadas por el Estado, provocan también reticencia de las comunidades, indígenas o no indígenas, que se verán afectadas. Se suma la creación de la Zona Libre de la Frontera Norte, que pretende generar empleos y condiciones de vida digna.

Trump, migración y elecciones 2020

Como vimos en 2016, el uso político de la migración funcionó como aglutinante al interior de EE. UU. y Donald Trump logró capitalizar en votos un contexto social antimigrante y nacionalista. En ese sentido, prometió endurecer las políticas migratorias y construir un muro fronterizo con México. En 2018, durante las midterms (elecciones intermedias), volvió a recurrir a ese mismo discurso refiriéndose a que las caravanas suponían un problema de seguridad nacional,[9] y que por la frontera sur estaban entrando drogas y delincuentes provenientes de diferentes países.[10]

En este contexto de exaltación de la defensa a la seguridad nacional, desde octubre de 2018 se han desplegado más de 5.000 efectivos militares estadounidenses a lo largo de la franja fronteriza para ejecutar tareas de asistencia y apoyo a la Border Patrol. Hay que aclarar que, a menos que se emita una exención especial, los soldados no pueden hacer cumplir las leyes migratorias ya que eso contraviene la Ley Posse Comitatus de 1878. La última ocasión en que soldados en servicio activo fueron desplegados en la frontera con México fue en la década de 1980 para ayudar a combatir el narcotráfico. Desde entonces, los consecutivos gobiernos han confiado la tarea a la Guardia Nacional.

A fines de 2018 y lo que va de 2019 el tema migratorio y la probable construcción del muro fronterizo volvieron a la agenda. Comenzó con las declaraciones de Trump en contra del Gobierno mexicano que “no estaba haciendo nada para contener la migración”, retractándose días después. Siguió con la amenaza de cortar la asistencia a Centroamérica en un contexto electoral en El Salvador y Guatemala,[11] pero también perfilando la campaña electoral del 2020 en EE. UU. El siguiente punto álgido en lo que va del 2019 fue la amenaza de cerrar la frontera con México de no detener la migración y entrada de drogas a EE. UU. Ante esta amenaza, varios think tanks, como Cato Institute,[12] Wilson Center,[13]Brookings Institution[14] y el Inter American Dialogue[15], mencionaron que era un error cerrar la frontera pues implicaría pérdidas económicas enormes para el sector automotriz[16] y también para el sector agropecuario, sobre todo la producción de los Estados de Iowa, Nebraska, Minessota, Illinois e Indiana.[17] A inicios de abril, Trump dio un año al Gobierno de México para detener la ola migratoria y desistió de cerrar la frontera. Es necesario destacar que este tipo de medidas han sido moneda de cambio para la imposición de ciertas directrices comerciales en beneficio de EE. UU. En este caso, de no frenar la migración, Trump mencionó que podría poner aranceles a las importaciones de automóviles provenientes de México.[18]

Fue en este contexto que Kirstjen Nielsen dejó el cargo en el Homeland Security. En medios trascendió que la presionaron para dejar el cargo y había diferencias al interior del Departamento en cuanto a las medidas en torno a la migración.[19] Tan solo en marzo, 92.607 migrantes fueron detenidos al cruzar la frontera hacia EE. UU., siendo la cifra más alta desde 2007. Kevin McAleenan, quien era comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), asumió el cargo provisionalmente en el Homeland Security.

En marzo, Trump emitió una declaratoria de emergencia nacional con la finalidad de buscar recursos para comenzar la construcción del muro fronterizo sin obtenerlo. En este contexto de emergencia nacional, el Departamento de Defensa avanzó en su plan de transferir mil millones de dólares de sus cuentas para ayudar a construir el muro fronterizo. El dinero fue transferido al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Estos recursos provienen de los fondos antidrogas y serán destinados para construir 57 millas de cercas peatonales de 18 pies de altura.[20] Por su parte, la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la la Cámara de Representantes, anunció a inicios de abril que su bancada está presentando una demanda legal contra Trump con la finalidad de evitar que se transfieran fondos de otros rubros.[21]

El tema migratorio es y será uno de los grandes temas de la agenda bilateral entre EE. UU. y México que puede derivar en momentos de tensión entre ambos países. México, con el Gobierno de AMLO, intenta modificar una política antimigrante militarizada por programas de desarrollo social, trabajos y el otorgamiento de visas para que los migrantes puedan viajar seguros. Ahora bien, pese a la voluntad política, hay que considerar los vínculos estructurales de México con la política de seguridad hemisférica estadounidense, muy ligada a la política antinarcóticos.

El uso político de las medidas antimigrantes por parte de Trump han tenido un tono amenazante para México y un uso electoral, pero también expresa un nuevo contexto en las migraciones centroamericanas hacia EE. UU., pues viajan familias completas y en caravanas. Están pidiendo asilo en un país con leyes cada vez más duras, que los dejan en un limbo migratorio en la frontera de EE. UU. y México.