Por Jesús A. Rondón
Vivimos
nuevamente en tiempos donde es común observar en lo social y lo político hechos
al margen de la ley y de los mínimos preceptos morales y éticos. En la
administración de lo público desde el más humilde de lo que deberían ser
servidores públicos, hasta los más altos cargos están en alguna “vuelta”
para “resolver”
su situación, mientras que la tarea que tienen encomendada se posterga
indefinidamente. ¿Y qué decir de los privados?, siempre buscando la manera de
evadir hasta la más mínima regla para aumentar la utilidad.
Tiempos
donde la denuncia en el mejor de los casos es un grito enmudecido y en el peor
le cuesta la vida a quien ose promoverla obstinadamente, en un sistema judicial
convertido en un pantano donde cualquier causa queda sumergida, salvo que
existan socios o como dicen por ahí “padrinos mágicos” que la
impulsen. Tiempos en que el poder ciudadano, conformado por el Ministerio
Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República; es
un órgano en los hechos castrado, así que nos queda un pueblo que
constantemente, a pesar de su grado de conciencia, está forzado por las
circunstancias a optar por convertirse en cómplice, que es lo que termina
pagando para sobrevivir un día, una semana más.
En
este escenario el presidente Maduro convocó al pueblo a participar en unas
jornadas que le propusieran medidas, a ser consideradas en una estrategia de
rectificación del gobierno bolivariano. En consecuencia, la burocracia
partidista instaló estos espacios, en medio de una sensación generalizada de
escepticismo, en parte porque de los organizadores se perciben como
responsables algunas de las situaciones denunciadas una y otra vez, además que
se considera que la dirección de la revolución paulatinamente está perdiendo la
capacidad de escucha. Previa declaración de “leales siempre, traidores nunca”, para
estar libre se sospechas, la militancia chavista fundamentalmente participó de
una larga letanía de deseos, denuncias y propuestas, que se encuentran en momento
poco claro, en tanto esta iniciativa como noticia se enfrió; pero que se supone
se le harán llegar al presidente en su debido momento.
Los
actores que se oponen al chavismo ni siquiera se plantean una revisión, estimo
que consideran que un escrutinio de sus acciones y escuetas propuestas serían
sometidas a una demoledora critica que no están dispuestos a escuchar y mucho
menos a asumir, además que sería un nuevo momento para ajustar cuentas entre
quienes hacen vida en este sector de la vida política del país. En una
perspectiva más amplia, qué sentido tiene revisarse, si la política la deciden
gobiernos e intereses foráneos.
Siempre
es oportuno que el liderazgo de la revolución bolivariana demande la exposición
de medidas para mejorar, ahora ¿Qué tan viables son las propuestas para mejorar
con los elevados niveles de impunidad reinantes? Uno de los aspectos
postergados en los últimos veinte años ha sido justamente una estrategia
sistemática y coherente para adecentar el sistema de administración de justicia,
a pesar de los cambios legislativos existentes.
Hoy
es imperativo para rectificar construir una correlación de fuerzas necesarias
para neutralizar las conductas lesivas al interés colectivo y establecer
responsabilidades ajustadas a derecho. Si se quiere rectificar con
determinación, es clave comenzar a trabajar por un sistema de justicia al
servicio de los intereses del pueblo trabajador y un poder ciudadano que tenga
carácter vinculante. Con impunidad no es posible rectificar. Combatir la impunidad
sigue siendo una tarea pendiente del pueblo venezolano y de los actores
políticos que esgrimen representar los intereses de su ciudadanía.