Por Janette
Habel
América Latina está viviendo un
cambio geopolítico. La hegemonía de Estados Unidos está en declive relativo,
mientras que se está profundizando la penetración económica china. La caída de
precios de los productos básicos ha llevado a una desaceleración económica que
reduce la base social de apoyo a los gobiernos nacional-populares. El gobierno
de Donald Trump y sus aliados de la derecha radical latinoamericana han
utilizado los escándalos de corrupción que han afectado a algunos políticos de
la ola de izquierda de la década de los años 2000 para desacreditarlos, tomar
el poder y pasar a la ofensiva, poniendo en marcha una contrarreforma social
reaccionaria.
¿Cómo y por qué gobiernos
provenientes de movilizaciones populares anti-liberales, elegidos democráticamente
en la primera década del siglo XXI, han podido ser acusados de incumplir sus
promesas, ser atacados por corrupción o complicidad con la corrupción y, en
última instancia, ser expulsados por los depredadores neoliberales? Destacando
las incertidumbres que rodean el futuro de América Latina, el muy liberal Financial
Times[1] cuestiona
la "ironía del destino que golpea a un subcontinente después de que se
haya celebrado una década latinoamericana", durante la cual, “desde el Río
Grande hasta la Patagonia, América Latina vivió una era democrática, se
benefició de la estabilidad macroeconómica, de un período floreciente gracias
al auge de las materias primas y de la demanda china. Cada año, millones de
personas llegaron a engrosar las filas de una nueva clase media, el
subcontinente fue desnuclearizado (por la firma generalizada del tratado de no
proliferación) y los derechos de las comunidades indígenas empezaron a ser
reconocidos. En un continente siempre marcado por el machismo, el movimiento de
mujeres por su emancipación estaba despegando. La pobreza y la desigualdad
estaban disminuyendo. Las multinacionales se apresuraban a tomar posiciones”.
Pero con el fin del auge económico y
la crisis, los escándalos de corrupción explotaron, provocando la ira de los
ciudadanos exasperados por las camarillas y las mafias presentes en las
administraciones y los aparatos estatales. Transmitidos eficazmente por los
medios de comunicación, según el Financial Times estos
escándalos financieros explicarían los éxitos electorales de la derecha en
Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. La constatación
es precisa pero un poco limitada.
La revelación de casos de corrupción
financiera por parte de grandes empresas, especialmente brasileñas, en relación
con los líderes políticos de primer nivel, desempeñó un papel en el giro a la
derecha de los electorados latinoamericanos. Pero estas prácticas no son nuevas
en el continente, aunque si han adquirido una mayor dimensión con la
liberalización del comercio y la globalización. De hecho, han sido
instrumentalizados al servicio de una estrategia de desestabilización
implementada por la administración estadounidense, cuya dominación se vio
amenazada en su patio trasero. Ante el desafío hegemónico que le opone a China,
Washington ha emprendido una prueba de fuerza contra la creciente penetración
económica de Pekín en el subcontinente.
Si la crisis venezolana es la más
dramática, otros gobiernos que han encarnado una esperanza para los pueblos de
la región se han derrumbado. Brasil y Argentina, por mencionar solo los más
importantes, han experimentado crisis políticas e institucionales internas muy
graves. Algunos de los países agrupados en la Alianza Bolivariana para las
Américas[2](ALBA)
también están experimentando tensiones muy significativas. Rompiendo con las
políticas del ex presidente Rafael Correa y rechazando los compromisos de su
campaña electoral, su sucesor, Lenin Moreno, abandonó el ALBA. En Nicaragua,
los movimientos populares hacen vacilar el despotismo familiar de la
presidencia de Daniel Ortega. Bolivia parece ser una excepción. El presidente
boliviano firmó en Pekín en 2018 un pacto que convierte a su país en "un
socio estratégico" de China. Pero la política económica de Evo Morales es
cuestionada por algunos movimientos indígenas. El presidente de Bolivia tiene a
su favor la modernización económica del país y el reconocimiento del
indigenismo, pero, en contra suya el desgaste del poder personal. A pesar de un
referéndum en 2016, en el que los bolivianos dijeron "no" a un cambio
en la Constitución que permitiese a Evo Morales postularse para un cuarto
mandato, este último será candidato a la elección presidencial en octubre de
2019. La elección tendrá pues el valor de un test. Para Cuba, que se había
beneficiado de un entorno regional muy favorable, las consecuencias de los
reveses y las derrotas de sus aliados son tanto más graves por cuanto que la
isla está involucrada en un cambio generacional de liderazgo y en una
transición económica y social repleta de peligros, mientras que D. Trump ha
reforzado las sanciones económicas ya incluidas en la Ley Helms Burton. Por
primera vez desde el "período especial" tras el colapso de la Unión
Soviética, la isla conoce penurias económicas y de medicamentos que amenazan la
salud de la población y pueden resquebrajar el régimen.
Si bien la creciente penetración de China,
que se ha convertido en el principal consumidor mundial de materias primas,
facilitadora de préstamos y créditos, se ha utilizado para modernizar las
economías, la caída de los precios de las materias primas ha provocado una
desaceleración e incluso una interrupción del crecimiento en la mayoría de los
Estados de la región. La re-primarización de las economías, vinculada al auge
de los precios de las materias primas, ha tenido consecuencias ambientales
significativas. La sobreexplotación de los recursos naturales y las políticas
extractivistas han llevado a movilizaciones indígenas significativas en
Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Chile, entre otros. Las políticas
sociales implementadas en la primera década del siglo XXI -transferencias sociales
condicionadas, programas asistencialistas- han sido cuestionadas, fragilizadas
por una concepción política cortoplacista.
2. La
contraofensiva americana
Pekín es ahora designada por
Washington como "un adversario estratégico"[3].
La administración estadounidense ha preparado su respuesta para preservar su
hegemonía declinante dentro de su perímetro de seguridad. En una entrevista
publicada el 9 de abril de 2019, periodistas de Reuters informaban sobre los
comentarios de dos altos funcionarios de la Administración Trump respecto a la
estrategia del presidente de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela. A la
pregunta de los periodistas que cuestionaban la efectividad de la política
implementada con respecto a estos dos países, la respuesta de los dos altos
funcionarios fue inequívoca: "Hay que tomar en serio nuestras
declaraciones respecto a Cuba y Venezuela. Algunas personas piensan, o tal vez
esperan, que el presidente Trump esté mintiendo y que no tenemos una
estrategia. Tenemos una estrategia integral. Este es nuestro patio trasero,
esto es muy serio”. Una afirmación confirmada desde el 2 de mayo por el
Secretario de Estado Mikel Pompeo, “Todas las opciones están sobre la mesa”, ha
afirmado.
Al explotar la crisis venezolana, la
Casa Blanca ha podido establecer un nuevo mecanismo regional en el
subcontinente, "para ayudar a la oposición a liberar al país de la tiranía
de Maduro". Con PROSUR, Trump ha creado en marzo de 2019 su propio bloque
sudamericano contra Venezuela, Bolivia, la Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)[4],
y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), procesos de
integración en los que Estados Unidos estaban ausentes. Todos los miembros de
PROSUR son parte del Grupo de Lima[5],
un bloque que formado para repudiar a Nicolás Maduro. El vicepresidente de
Estados Unidos, Mike Pence, estuvo presente en su última reunión, así como Juan
Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela.
La administración Trump también ha
reorganizado su dominación en el Caribe, sacudida por las redes diplomáticas
construidas por Hugo Chávez alrededor de Petro Caribe, un acuerdo de suministro
de petróleo en condiciones preferenciales, muy beneficioso para las pequeñas
islas del Caribe. Las nuevas iniciativas de los Estados Unidos, la Iniciativa
de Seguridad Energética del Caribe y la Estrategia del Caribe 2020-, están
destinadas a ser un contrapeso de Petro Caribe. De manera similar, las nuevas
inversiones prometidas por los EE.UU pretenden contrarrestar los efectos de la
creciente presencia de China en ciertos estados del Caribe (Trinidad y Tobago,
Granada, Dominica, Antigua y Barbuda y la República Dominicana) que se han
unido al proyecto Rutas de la seda.
Con la elección de Hugo Chávez se
lograron progresos significativos en términos de integración regional, pareció
haberse materializado la esperanza de un acercamiento latinoamericano
independiente con su gran vecino del norte, gracias en particular al el acuerdo
alcanzado entre el presidente brasileño Lula y el presidente venezolano en Mar
del Plata en 2005, que había frustrado la propuesta del Área de Libre Comercio
de las Américas (ZLEA o ALCA) impulsado por Washington. Pero el proyecto
bolivariano de emancipación de la tutela del gran vecino del norte se ha
desvanecido. El fracaso del ALCA fue una derrota para la administración
estadounidense de importancia estratégica. Esta zona de libre comercio se
extendería desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Con casi mil millones de
habitantes, este proyecto geopolítico habría cambiado las relaciones de fuerza
internacionales. Deseada por Washington, su capital, Miami, habría santificado
la preponderancia americana.
3. La
internacionalización de la cuestión venezolana: ¿hacia una nueva guerra fría?
La catastrófica situación venezolana
va mucho más allá del continente latinoamericano. Para el investigador
Jean-Jacques Kourliandsky[6],
"está surgiendo en Venezuela un punto de tensión que revela lo que sucede
en las relaciones internacionales, con el riesgo de volverse a plantear, de
otra manera, el conflicto que tuvo lugar entre los Estados Unidos y la Unión
Soviética en el siglo XX. Se vuelve a las rivalidades entre las potencias
mundiales. Este caso de Venezuela ofrece un terreno oportuno para esta
oposición". Alain Frachon, editorialista de Le Monde[7] se
pregunta, él también: "¿Habríamos regresado a una forma de guerra fría
entre Occidente y el bloque chino-ruso? No, porque la globalización económica
ha tejido entre ellos una red de relaciones económicas sin precedentes".
"Todavía no, porque Occidente está desunido", dice Frachon. Sin
embargo, la Unión Europea (UE) se ha alineado con las posiciones de Donald
Trump al apoyar de manera inmediata y sin reservas al autoproclamado presidente
interino Juan Guaidó. Para el investigador venezolano Edgardo Lander, "el
proyecto del Sr. Pompeo y D. Trump se basa principalmente en la interferencia externa de los países del llamado grupo de Lima y Estados Unidos, que buscan provocar un cambio de régimen,
una operación en la que Guaidó es solo un peón. Ha surgido casi de la nada, no
era muy conocido fuera de su partido, Voluntad Popular", un
partido de extrema derecha que representa el sector más violento de la
oposición. "Muchos políticos de los partidos de la oposición se
sorprendieron por la autoproclamación de Guaidó, mientras que Trump, que estaba
al corriente, lo reconoció después de solo diez minutos. Le siguieron más de 50
países", comenta Lander, incluidos muchos gobiernos latinoamericanos. N.
Maduro cuenta con apoyo externo, especialmente de China y Rusia. El secretario
de Estado estadounidense, M. Pompeo, acusó a Rusia y Cuba de ser responsables
de la crisis política venezolana. Moscú ha expresado su intención de asumir el
desafío lanzado por Washington. Rusia tiene importantes intereses financieros
en el país, a través de la presencia del gigante petrolero estatal Rosneft, que
ha concedido préstamos a Caracas. El Tesoro americano ha acusado a Rosneft de
comprar petróleo a su homóloga, la compañía petrolera de Estado PDVSA (Petróleos
de Venezuela SA) y ha impuesto ilegalmente sanciones al banco ruso
Evrofinance Mosnarbank, acusándolo de complicidad en estas operaciones.
"Rosneft no está involucrado en política y lleva a actividades puramente
comerciales en Venezuela", dijo la empresa estatal. La oficina de la
compañía petrolera venezolana PVDSA en Portugal cerró y se trasladó a Moscú. En
marzo, la presencia de dos aviones militares rusos que transportaban cien
soldados y 35 toneladas de equipo en el aeropuerto de Caracas aumentó la
tensión. El presidente Donald Trump ordenó a Rusia abandonar el territorio venezolano[8] mientras
que el vicepresidente Mike Pence denunció una "provocación" por parte
del Kremlin y el secretario de Estado Mike Pompeo una "intrusión
persistente del personal militar ruso" destinada a "apoyar el régimen
ilegítimo de Nicolás Maduro". Los rusos han relanzado un programa de
aviación nuclear de largo alcance, que habían interrumpido desde el colapso de
la URSS. "Se encuentran nuevamente en posesión de aviones que tienen la
capacidad estratégica de recorrer el mundo, volar a todas partes equipados y
lanzar bombas nucleares. Caracas permite a estos aviones hacer una parada
técnica"[9].
Continuando su ofensiva
internacional, Mike Pompeo instó vivamente al gobierno indio a no comprar
petróleo venezolano. El mercado indio es de hecho muy importante para la
economía venezolana, dado el embargo de petróleo de los Estados Unidos.
"Le estamos pidiendo a la India, así como a otros países, que no sean un
salvavidas para el régimen de Maduro. Confío en India, que ha sido un
partidario muy activo de nuestros esfuerzos en Irán y creo que será lo mismo
ahora y que entenderá la amenaza para el pueblo venezolano"[10].
La administración de los Estados
Unidos ha reactivado el Título III de la Ley Helms Burton (que lleva el nombre
de sus autores, el senador republicano Jesse Helms y el representante demócrata
Dan Burton). Esta ley federal de los Estados Unidos, titulada Cuban
Liberty and Democracy Solidarity (Libertadi), permite emprender
acciones legales contra compañías extranjeras, especialmente europeas,
presentes en Cuba. Esta ley cuyo alcance es extraterritorial fue
promulgada en 1996 bajo la presidencia de Bill Clinton. Especialmente trata de
impedir la "competencia desleal" de la inversión directa de compañías
extranjeras en Cuba, mientras que las compañías estadounidenses no pueden
invertir debido al embargo, de imponer la extraterritorialidad del derecho
estadounidense en el terreno internacional (como en Irán), y de asfixiar
económicamente a la isla, ya estrangulada por las consecuencias de la crisis
venezolana.
John Bolton, Consejero de seguridad
nacional de Donald Trump, ha revelado los objetivos reales de la ofensiva
actual: "Si las compañías petroleras estadounidenses pudieran invertir en
Venezuela y producir petróleo, eso haría una gran diferencia. Sería bueno para
el pueblo venezolano. Sería bueno para el pueblo estadounidense. Este es un
problema para nuestros dos países, debemos asegurarnos de que el resultado de
esta situación nos sea favorable".
4. La implosión de
un proyecto nacional popular
Es en este contexto geopolítico que
entienden los fracasos de los gobiernos progresistas en la primera década del
siglo XXI. Tras sus victorias electorales se enfrentaron a un triple desafío:
económico, social, institucional. El presente texto no puede analizar las
causas políticas particulares de las crisis actuales en los diversos Estados
latinoamericanos, de los cuales la catástrofe venezolana es la más
significativa. Se han acumulado los errores, sobre todo bajo la dirección de N.
Maduro, pero la revolución bolivariana se ha enfrentado desde sus inicios a
dificultades considerables, compartidas en diversos grados, más allá de sus
diferencias, por otros países de América Latina. Criticando las políticas
económicas neoliberales inspiradas en el Consenso de Washington y sus fracasos
con consecuencias sociales desastrosas, los nuevos gobiernos nacional-populares
han aprovechado un entorno favorable para implementar políticas
redistributivas. Apoyándose en la potencia pública[11],
han financiado importantes programas sociales, mediante el impulso de políticas
de salud, de educación, destinadas a reducir las enormes desigualdades sociales
de todo el continente, cuyos efectos de arrastre permitirían tasas de
crecimiento duraderas. Pero esta estrategia desarrollista, basada en la
explotación y la exportación de materias primas, minerales y productos
agrícolas, ha sido sacudida por la caída de los precios de materias primas
desde los años 2012-2013. Hugo Chávez muere en 2013. Cuando su sucesor
designado, Nicolás Maduro, accede a la presidencia, la crisis está ahí.
A principios de la década de 2000,
Caracas podía contar con un maná considerable de petróleo: el precio del barril
de petróleo oscilaba en torno a los 130 dólares, y Chávez había sabido cómo
usar esta renta para implementar medidas sociales e impulsar una política de
solidaridad internacional. Pero los efectos de la caída en el precio del barril
de petróleo a 40 dólares en el período 2013-2014 serán dramáticos, como en
otros países, por ejemplo, Argelia. Si Venezuela tiene las reservas de
hidrocarburos más grandes del mundo, su soberanía alimentaria no está
asegurada. La economía venezolana depende en el 80-90% de sus exportaciones
petroleras; sin embargo, a pesar de la volatilidad conocida de los precios, no
se ha iniciado una diversificación económica importante para reducir esta
dependencia. En una economía basada en la exportación de hidrocarburos, la
alimentación y muchos bienes esenciales dependen de las importaciones. Con una
moneda en colapso, la escasez de alimentos y medicinas se está multiplicando y
los precios se disparan. Según el FMI, la tasa de inflación debería alcanzar el
10 000 000% en 2019[12].
A lo que se suman las sanciones americanas. Para Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs[13],
estas penas son un castigo colectivo: "Más de 300.000 personas están en
riesgo de falta de medicamentos o de tratamiento. 80.000 personas con VIH no
han recibido tratamiento desde 2017, 16.000 personas se encuentran en espera
para diálisis, 4 millones de diabéticos e hipertensos carecen de insulina y de
medicamentos cardiovasculares”.
La caída de los precios de las
materias primas también ha tenido graves consecuencias sociales y políticas
para el resto del subcontinente: el retorno de la pobreza y la miseria, la
inflación galopante, el crecimiento de los flujos migratorios, la explosión de
la violencia social y la delincuencia relacionada con la expansión del
narcotráfico. Han seguido las rupturas institucionales, alimentadas por los
casos de corrupción que afectaron a los gobiernos. La crisis de la
representación política es general, como lo demuestra la elección de Jair
Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colombia y Mauricio Macri en Argentina.
Todos estos elementos han provocado una crisis democrática tanto más seria que
anula las esperanzas generadas por el surgimiento de gobiernos de movimientos
populares, cuya legitimidad inicial ha colapsado, facilitando el surgimiento de
líderes de derecha y de extrema derecha. Como señaló el ex ministro brasileño,
Celso Amorim, "este aumento fue a través de las urnas: el poder económico
y los medios de comunicación desempeñaron un papel muy importante, a veces
decisivo en estas elecciones, ya sea a través de golpes de estado
parlamentarios -las destituciones sin un delito de responsabilidad- como en
Brasil"[14].
De hecho, la destitución de Dilma Rousseff por insinceridad presupuestaria se
llevó a cabo a favor de un sucesor ultra-corrupto, Michel Temer, ahora
encarcelado. Pero Amorim también recuerda que el gobierno de Lula nunca ha
podido contar con una mayoría en el Congreso y que "siempre se ha visto
obligado a formar alianzas con ciertos sectores de la élite conservadora. Nos
enfrentamos al mismo problema con los medios. Éramos conscientes que era
necesaria una reforma de la legislación sobre los medios de comunicación e
información para prevenir los monopolios y garantizar un mínimo de pluralismo.
Pero realmente no teníamos el poder para hacerlo". Ello requeriría una
revisión completa del sistema electoral e institucional. Una confesión que resalta
los límites de la "ocupación" del poder.
El paralelismo entre la crisis
venezolana bajo la presidencia de Maduro y la expulsión del poder de Lula en
Brasil es obviamente limitado. El punto común es la contraofensiva
estadounidense. La judicialización de los políticos acusados de corrupción ha
sido explotada para permitir el recurso a los dirigentes de extrema derecha.
¿Pero las manipulaciones obvias de la diplomacia estadounidense son suficientes
para explicar los desplomes y las derrotas? Muchos críticos cuestionan las
estrategias económicas y las concepciones políticas adoptadas.
5. De Chávez a
Maduro: continuidad y crítica
¿Se debe incriminar la política de
Hugo Chávez? Hay que recordar las principales contradicciones a las que se
enfrentó. Cualquier análisis de la situación venezolana actual debe comenzar
por un recordatorio de la situación geopolítica, económica y social del país
antes de su elección. Venezuela era un país en crisis, como constataban en el
2009 Olivier Compagnon, Julien Rebotier y Sandrine Revet: "la crisis es la
de una economía petrolera que no había salido salir de las lógicas rentistas
heredadas del pasado y que en 1983 había sufrido de pleno la contracción del
mercado petrolero y la caída de los precios del petróleo. Crisis económica a la
que se sumó una "crisis social durante el Caracazo de
febrero de 1989 y su sangrienta represión"[15].
Emprender un proceso de
diversificación económica y desarrollar la industria agroalimentaria requiere
tiempo y dinero. Sin embargo, el horizonte temporal disponible para Hugo Chávez
estuvo limitado por el respeto al calendario, las restricciones electorales y
por la necesidad de enfrentar una oposición que nunca aceptó su victoria y
buscó en 2002 derrocarlo con un golpe de Estado. Además, la reconstrucción de
un modelo de desarrollo basado hasta entonces en los ingresos del petróleo se
enfrenta a los intereses de los grupos económicos y los sectores del aparato
estatal que están vinculados a ellos. Al beneficiarse de mayorías electorales
muy amplias y de una coyuntura favorable, basadas en una inmensa popularidad,
Chávez buscó eludir el antiguo aparato estatal mediante la creación de Consejos
Comunales populares, instrumentos de una democracia más participativa. En su
tercera reelección hizo del "Estado comunal" el
curso "irreversible" del país, con el objetivo
declarado de cubrir a toda Venezuela de los Consejos Comunales antes de 2019,
en lugar de los ayuntamientos, mientras se mantenía dentro del marco de las
instituciones parlamentarias[16].
Pero con el tiempo, se multiplicaron las tensiones entre las instituciones
estatales y los consejos comunales, demasiado dependientes del poder
presidencial.
Después del golpe de estado de 2002,
el Estado Mayor y los oficiales superiores del ejército habían sufrieron
cambios significativos. Miles de ejecutivos de PVDSA también fueron destituidos
después de participar en una huelga general para derrocar al gobierno. Chávez
instituyó un modo de gobierno popular validado por las elecciones, pero
paternalista y autoritario. Un liderazgo carismático basado en una legitimidad
política que N. Maduro no heredará. La muerte de Chávez en 2013 coincidió con
la crisis. Su sucesor designado fue elegido con un pequeño margen. Se
enfrentará de inmediato a las consecuencias del colapso de los precios del
petróleo. Muy rápidamente, la oposición, ayudada por la administración de
Trump, intensificará su ofensiva contra un poder debilitado. El débil consenso
de que disfrutaba inicialmente el nuevo presidente se desmoronó. Entonces, el
desastre cayó sobre la población. ¿Cuáles son las causas? Las opiniones
divergen. El ex asesor de Chávez, Temir Porras, cree que "debe tenerse en
cuenta que antes del colapso, el país había alcanzado los más altos estándares
de vida de su historia. Fue hace cinco años. Si ese descenso a los infiernos es
tan importante, también es porque comenzamos desde lo alto. Muchas personas
habían salido de la pobreza, una clase media estaba empezando a crecer, el
salario mínimo había sobrepasado los 300 dólares. También debe tenerse en
cuenta que Venezuela ha estado profundamente dividida desde 1999 entre dos
polos sociales: el chavismo y el anti-chavismo. Estas dos fuerzas existieron
antes de la crisis, y eso explica por qué la oposición presenta la situación
actual como un producto directo de las medidas de justicia social adoptadas
hace 12 o 13 años. En mi opinión, debemos buscar las fuentes de esta crisis más
en el corto plazo, en lo que ha hecho la administración de Maduro en los últimos
cinco años".
El investigador Thomas Posado[17] critica
las decisiones de N. Maduro. "Encerró a Venezuela en este paradigma
extractivista, al promulgar, en 2016, un decreto conocido como el Arco Minero
del Orinoco, que confía 112.000 km2 (equivalente a la superficie de Portugal) a
multinacionales extranjeras para la explotación de oro, de diamantes, de
hierro, de cobalto, de bauxita y de otros minerales". El economista venezolano
Simón Andrés Zúñiga discute las decisiones tomadas: "El bloqueo y la
piratería de los fondos del gobierno imponen una moratoria al pago de la deuda". Un juicio compartido por Eric Toussaint,
quien denuncia "la continuación del pago de la deuda externa
en lugar de declarar una moratoria" y utilizar los recursos
financieros ahorrados para enfrentar mejor la crisis humanitaria que está
afectando al pueblo venezolano. A partir de 2016[18],
el Comité para la Abolición de Deudas Ilegítimas (CADTM) instó al gobierno
venezolano a realizar una auditoría de la deuda con la participación de los
ciudadanos". Una proposición teóricamente correcta, pero difícil de
aplicar dado el equilibrio de poder. Éric Toussaint tiene otras reservas: "la
ausencia de una lucha contra la fuga de capitales, organizada con la
complicidad de las más altas autoridades de la administración y el gobierno, la
continuación del modelo exportador extractivista que favorece el agotamiento de
los recursos naturales del país, la represión contra los delegados sindicales y
otros activistas, el desarrollo de políticas clientelistas". Juicios
rigurosos retomados por Ángel Arias[19],
para quien "una de las razones de la ruina económica del país es la
transferencia de los ingresos estatales, provenientes de la renta petrolera, a
las manos de actores privados, tantos ingresos que se fueron al extranjero y
que nunca se han invertido" mientras que "los diferentes grupos de la
burguesía nacional (antiguos y nuevos) nunca han dejado de tener a su
disposición dólares de la renta petrolera. ¿Cómo explicar sino la fuga de
capitales, de hasta 500 mil millones de dólares, en los últimos años? ".
Agreguemos un gran error político: en
diciembre de 2015, la oposición gana las elecciones parlamentarias, una derrota
reconocida por primera vez por Nicolás Maduro, pero que acabará por no
reconocer. En julio de 2017, elude al Parlamento al elegir una Asamblea
Nacional Constituyente, una elección boicoteada por la oposición que denuncia
una maniobra política. El gobierno se debilita, Washington intensifica su
ofensiva, refuerza las sanciones económicas. Minada por la crisis, la base
social del gobierno se fractura, los chavistas se refugian en gran parte en la
abstención sin llegar a unirse a la oposición. El precio a pagar por estos
errores es alto, errores políticos que Chávez no había cometido. Derrotado en
2007, en un referéndum que proponía una reforma constitucional que aseguraría
"la transición del país al socialismo", reconoció su derrota. A
partir de entonces, Maduro queda aislado internacionalmente, y puede comenzar
la operación de Guaidó, preparada desde hace mucho tiempo. Frente a la
desmovilización popular, el apoyo de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FANB) se
ha vuelto decisivo. Muy insertadas en la economía, disfrutan de muchos
privilegios y algunos de sus oficiales están acusados de corrupción. Columna
vertebral del estado, son esenciales para la supervivencia del régimen. Las
deserciones tan esperadas han sido muy limitadas.
La gravedad de la crisis es tal que
es difícil prever el resultado. Sin embargo, ¿cómo se puede explicar que Maduro
logre mantenerse en el poder a pesar de una crisis económica y social tan
profunda? ¿Qué apoyos populares tiene todavía? Su creciente autoritarismo es
fuertemente cuestionado. Pero el respeto de la autonomía de los movimientos
sociales y del movimiento sindical nunca ha sido el punto fuerte del chavismo[20].
Las divisiones entre la autonomía o la dependencia del gobierno, la prioridad
dada a la defensa de la revolución sobre la defensa de los derechos de los
asalariados/as, han causado muchas rupturas en los sindicatos. Sin embargo, el
gobierno continúa beneficiándose del apoyo de una parte de la gente, señala un
académico. "Con Chávez, se han producido cambios
político-culturales, con una transferencia de poder a la población.
Ésta tenía un sentido de dignidad. Se sentía facultada para influir en su
propio futuro y como parte de un proceso de transformación y ya no como un
grupo marginado que anteriormente ni siquiera estaba presente en el discurso
político. Ello ha ayudado a construir esta fuerte lealtad que todavía está
presente, a pesar de que la gente vive hoy en peores condiciones que antes de
Chávez. Existe todo un sistema de clientelismo y control político: muchas
familias dependen principalmente de los programas gubernamentales. Pero debemos
tener en cuenta la dimensión político-cultural del chavismo. Sin esta gran
lealtad, que se alimenta de los primeros años del proceso bolivariano, el
control clientelista no funcionaría en absoluto. Pero hay otro elemento de
estabilidad: El miedo a perder todos los derechos adquiridos en caso de
victoria de la oposición". Rafael Uzcategui, coordinador de Provea,
una ONG que defiende los derechos humanos, confirma: "la oposición no ha
podido proponer un proyecto de país creíble".
El fracaso de los gobiernos
progresistas latino-americanos, apoyados sobre movimientos populares de masas,
vuelve a plantear cuestiones fundamentales. ¿Cómo desarrollar una política
económica de "proteccionismo solidario", como la llevada a cabo por
Chávez, en el marco de la globalización y las sanciones estadounidenses? ¿Cómo
diversificar los recursos económicos y garantizar la soberanía alimentaria en
el contexto de un desarrollo sostenible que respete el medio ambiente? El
aparato de Estado, sus instituciones, se mantuvo sin cambios en Brasil con el
resultado que conocemos. Los cambios institucionales impulsados por Chávez no
han permitido profundizar el proceso revolucionario bolivariano. Finalmente,
¿cómo confrontar a las oligarquías nacionales, cómo lidiar con la violencia
imperial?, en fin ¿cuál es la posible legitimidad democrática en un país en
guerra? Cuarenta años después de la caída de las dictaduras, estas cuestiones
estratégicas siguen sin respuesta.
Janette Habel es profesora titular en
el Instituto de Estudios Superiores de América Latina y miembro del Consejo
Científico de Attac-Francia.
Traducción: viento sur
[2] Creada en 2004 a initiaciva de Venezuela y de
Cuba, el Alba comprende a once países: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba,
República Dominicana, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía,
San Vicente y las Granadinas, le Surinam y Venezuela.
[3] El comercio total entre China y América
Latina ha pasado de 12 mil millone en 2000 a 280 mil millones de dólares en
2017. Alexander Main, “Is Latin America still the United
States backyard ?”, RIS, N°117, 2018.
[4] UNASUR nació en 2008 a iniciativa del
presidente Hugo Chávez. Reunía a las 12 repúblicas de América del Sur.
[5] Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa
Rica, Chile, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Panamá, Perú, Paraguay,
Santa Lucía.
[10] Reuters.12 de marzo de 2019, “Pompeo
rejette la responsabilité de la crise vénézuélienne sur la Russie et Cuba”.
[11] G.Flexor, R.Dias, Da Silva, Jenifer Pinto,
“Le nouveau développementalisme, propositions et limites”, Cahiers des
Amériques Latines N° 85, 2017.
[12] Center for Economic and policy research (CEPR), “Economic
sanctions as collective punishment : the case of Venezuela”, abril de 2019.
[13] Center for Economic and policy research (CEPR), “Economic
sanctions as collective punishment : the case of Venezuela”, abril de 2019.
[14] Celso Amorim, “La crise systémique
brésilienne et le miroir latino américain”, La revue internationale et
stratégique, RIS, N° 111, 2018.
[15] Olivier Compagnon, Julien Rebotier et
Sandrine Revet, Le Venezuela au delà du mythe, Éditions de
l’Atelier, París, 2009.
[16] Cf. la tesis de Anne-Florence Louzé : “Peuple
et pouvoir dans le Vénézuéla de Hugo Chàvez, une voie d’avenir pour la
démocratie ?”, Universidad París 8, 2009.
[17] Thomas Posado, “Tournant à gauche en Amérique
latine : fin de cycle ?”, Recherches Internationales, N° 107, 2016.
[18] “CADTM / AYNA exhorta y ofrece apoyo al
gobierno venezolano para Auditoría Ciudadana de la Deuda”, 9/5/2016.