Por
Robert Stevens
La
segunda siderúrgica más grande del Reino Unido, British Steel, ha sido puesta
bajo administración judicial hoy, desechando casi 5.000 empleos, principalmente
en su planta de Scunthorpe, pero también en su sede en Teesside. Otros 20.000
puestos de trabajo podrían desparecer por pertenecer a la misma cadena de
suministro. El cierre tendrá un impacto devastador en el área.
Las
negociaciones con el Gobierno de ayer sobre la obtención de apoyo financiero
fracasaron.
Aunque la
compañía se llama British Steel, una referencia histórica a la antigua entidad
nacionalizada, es propiedad del capital del fondo buitre Greybull, el cual
compró la planta Scunthorpe en crisis por £1 en 2016 a Tata Steel Europe.
Utilizó la marca British Steel para sus operaciones, centradas en lo que era la
división de Long Products de Tata en el Reino Unido.
Hace solo
unas semanas, Greybull recibió un préstamo de £120 millones del Gobierno que se
pagará en términos comerciales favorables para ayudarlo a cumplir con una ley
ambiental de la Unión Europea (UE) sobre las emisiones de carbono. Los pagos
fueron necesarios debido a la demora en la salida del Reino Unido de la UE,
originalmente fijada para el 29 de marzo. Los £120 millones significaron que
British Steel no enfrentaría multas por incumplimiento de las normas de la UE,
además de otras multas existentes, lo que habrían igualado unos £600 millones.
Greybull inicialmente exigió un préstamo de £75
millones más al Gobierno como un requisito previo para permanecer en el negocio
debido al impacto adverso de las "cuestiones relacionadas con el brexit ",
una caída en los pedidos y un mercado global de acero ultracompetitivo, pero lo
ha reducido a £30 millones.
El
parasitismo involucrado es asombroso. Greybull está exigiendo un rescate a
pesar de armar un paquete de £400 millones, principalmente de préstamos
bancarios, supuestamente para invertir en British Steel, cuando se hizo cargo
de la compañía. El año pasado obtuvo otro préstamo de £90 millones.
El Financial Times informó esta
semana: "La contribución inicial de Greybull a British Steel de sus
propios fondos fue de menos de £20 millones, según varias personas que hablaron
bajo condición de anonimato". Sin embargo, en los dos años posteriores,
"Greybull tomó £6 millones por cargos de gestión de British Steel. También
cobró £17 millones al año en intereses por los préstamos que otorgó a través de
una empresa matriz con sede en Jersey, Olympus Steel, a una tasa del 9 por
ciento...".
Los
registros contables muestran que los socios de Greybull Capital, Marc Meyohas,
Nathaniel Meyohas y Richard Perlhagen, cobraron a British Steel £3 millones al
año durante 2017 y 2018.
El
Partido Laborista y los sindicatos no harán nada para defender los intereses
los trabajadores de British Steel que enfrentan despidos.
El
secretario general del sindicato Community, Roy Rickhuss, calificó la formación
de British Steel como un "nuevo capítulo en el curso de la industria
siderúrgica del Reino Unido".
La compañía pudo reportar una ganancia un año
después de que Greybull asumiera el control. Pero esto solo se debió a
una reestructuración acordada entre
los sindicatos y la gerencia en la que el personal se vio obligado a reducir su
salario y pensiones. A cambio, a los trabajadores se les dio una mísera
participación del cinco por ciento en la empresa, una participación que ahora
no tiene ningún valor.
Greybull
también formó parte del respaldo financiero para la empresa minorista de
electrodomésticos Comet en 2012, solo para que la cadena colapsara meses
después con la pérdida de 7.000 empleos. En 2014, compró Monarch Airlines e
impuso la eliminación de 700 empleos y otras reestructuraciones. Los sindicatos
acordaron recortes salariales de hasta el 30 por ciento y cambios en los
términos y condiciones para pilotos, tripulantes de cabina e ingenieros. En
2017, Monarch fue a la quiebra. El Gobierno intervino para organizar el regreso
al Reino Unido de 110.000 turistas varados a un costo de £60 millones en lo que
se describió como "la repatriación más grande desde la Segunda Guerra
Mundial".
En
respuesta a la noticia de que British Steel se acercaba a la bancarrota, los
sindicatos exigieron que el Gobierno y la empresa actuaran juntos en el
"interés nacional".
El
sindicato Unite pidió a los "ministros que tomen British Steel para el
control público si no se puede llegar a un acuerdo entre los propietarios de
Greybull, sus prestamistas y el Gobierno para evitar que la acerera se hunda en
la insolvencia".
El
Partido Laborista aceptó la demanda y escribió que había "dicho al
Gobierno que si no se puede llegar a un acuerdo, debe prepararse para que
British Steel sea propiedad pública y proteger miles de empleos".
En
términos reales, todo esto no fue más que una llamada para que el Gobierno le
entregue más dinero a Greybull, que está utilizando cínicamente la amenaza a
los empleos como moneda de cambio.
Nunca
hubo ninguna posibilidad de que los conservadores aceptaran algún consejo con
respecto a la nacionalización. Sin embargo, cualquier
"nacionalización" de un Estado capitalista no estaría destinada a
defender los empleos y los medios de vida de los trabajadores, sino a
salvaguardar los intereses del imperialismo británico contra sus rivales
mientras impondría recortes masivos a los trabajadores.
La
ministra del sector siderúrgico de la oposición laborista, Gill Furniss, se
quejó de que el Gobierno "simplemente no tomó las medidas necesarias para
garantizar que el acero del Reino Unido siga siendo competitivo".
El
secretario general adjunto del sindicato Unite, Steve Turner, declaró que
"el éxito de British Steel es clave para cualquier futura estrategia
industrial del Reino Unido ... Es un activo nacional que respalda el PLC
británico que no se puede dejar simplemente al mercado".
Continuando
con su diatriba nacionalista, Turner se quejó de que "muchos trabajadores
siderúrgicos cuestionarán cómo Greybull pudo encontrar la financiación para
financiar la adquisición de una fábrica siderúrgica francesa la semana pasada
[Ascoval] mientras empuja a British Steel al borde del colapso".
El Financial Times señaló que lo
que está impulsando la oposición del sindicato a la compra de Ascoval por valor
de 42 millones de libras fue que “podría equiparse con equipos que le permitan
suministrar material básico a la fábrica de ferrocarriles de British Steel en
Francia, mientras desplaza el metal que suministra actualmente la planta
gigante de Scunthorpe en Lincolnshire que constituye el núcleo del
negocio".
El lunes,
Unite encabezó la ofensiva a través de una nueva carta que está promoviendo UK
Steel, el organismo de los empleadores. Esto se basará en la insistencia de que
el Gobierno y las empresas en el Reino Unido operen una política de
"compra británica". Unite declaró: "Instaríamos al Gobierno del
Reino Unido a respaldar este estatuto y utilizar su poder de compra para
colocar al acero del Reino Unido en el corazón de los principales proyectos de
infraestructura y asegurar que proyectos como los nuevos Fleet Solid Ships de
la Royal Navy (Flota de Barcos solidos de la Marina Real) se construyan en el
Reino Unido utilizando acero del Reino Unido”.
Dicha
demagogia nacionalista tiene como objetivo principal prevenir una lucha
unificada de los trabajadores del acero contra la pérdida de empleos, los
recortes salariales y las aceleraciones que unen a los trabajadores del acero
británicos con los trabajadores del acero en Francia, en toda Europa e
internacionalmente.
Una planta de fundición cerrada en Chatanooga, Tennessee apunta al posible futuro para las instalaciones de British Steel |
En
cambio, los sindicatos están tratando de convencer a los trabajadores para que
se alineen con el capitalismo británico en su intento de imponer ataques cada
vez más profundos a los trabajadores en nombre de la competitividad global.
Significa una lucha fratricida entre trabajadores de diferentes países que solo
pueden beneficiar a las corporaciones. La lógica reaccionaria de este programa
nacionalista fue subrayada por la insistencia de Unite en que los 2.500 millones
de libras de acero necesario en el Reino Unido "durante los próximos cinco
años" incluía la construcción de "buques de guerra".
Los
trabajadores de British Steel deberían rechazar esta perspectiva. Una lucha
genuina por defender los empleos y oponerse al cierre requiere la movilización
de trabajadores a través de la formación de comités de base independientes del
Partido Laborista y los sindicatos que vincularían la lucha de los trabajadores
del acero con todos los trabajadores en Reino Unido e internacionalmente. Esta
lucha requiere una perspectiva socialista dirigida a reorganizar la vida
económica sobre la base de la producción para la necesidad humana, no las
ganancias privadas de los fondos de inversión y los multimillonarios.