El pasado viernes 5 de abril el gobierno
de los Estados Unidos aplicó medidas coercitivas a embarcaciones y
empresas que trabajan para PDVSA por «exportar petróleo a Cuba», según
informó su vicepresidente Mike Pence.
«Estados Unidos sanciona a 34
embarcaciones más que están operando para Pvdsa transportando el crudo a Cuba»,
dijo en una rueda de prensa a la vez que resaltaba que Cuba tiene un
«sistema de imperio en el hemisferio y por ello se debe generar un cambio
político en Venezuela».
LA «VÍA CUBA» PARA
ACELERAR LA INTERVENCIÓN Y EL GOLPE
Las sanciones afectarían a 34
buques con los cuales Estados Unidos bloquearía toda transacción y a dos
empresas navieras, Ballito Bay Shipping Incorporated, con base en Grecia, y
ProPer In Management Incorporated con sede en Liberia, por su vinculación con
el barco Despina Andrianna que, según las autoridades estadounidenses, entregó
petróleo venezolano a Cuba durante febrero y marzo de 2019.
Pence exclamó «¡El petróleo
de Venezuela pertenece al pueblo venezolano!», en medio de aplausos de algunos
miembros de la comunidad venezolana que apoyan el golpe contra el presidente
Nicolás Maduro y que fueron reunidos en el Instituto Baker de la Universidad
Rice, en Houston (Texas).
Allí agregó: «Como ha dejado
claro el presidente Trump: todas las opciones están sobre la mesa. Y Nicolás
Maduro haría bien en no poner a prueba la determinación de Estados Unidos».
A su vez Steven Mnuchin,
secretario del Departamento del Tesoro, indicaba mediante en un comunicado que
«Cuba ha sido una fuerza de fondo alimentando el descenso de Venezuela hacia la
crisis” y que «El Departamento del Tesoro está tomando acciones contra barcos y
entidades que transportan petróleo y ofrecen una ayuda vital para mantener el
régimen ilegítimo de Maduro».
También recalcó que «Cuba
continúa aprovechándose y respaldando al régimen a través de mecanismos de
petróleo a cambio de (ayuda para la) represión para mantener a Maduro en el
poder»,
De esta manera Washington
acusaba a La Habana de beneficiarse del crudo venezolano a cambio de enviar a
Caracas asesores políticos, agentes de inteligencia, militares y médicos
ampliando su injerencia en ambos países y amenazaba con tomar más medidas. El
señalamiento de «injerencia cubana» a lo interno de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) ha sido reiterado por voceros del antichavismo al
tiempo que desde el gobierno se ha manifestado que dicho discurso es una
táctica para dividir al sector militar y estimular un golpe de Estado.
MÁS SANCIONES EN MEDIO DEL
INTENTO DE ABLANDAMIENTO MILITAR
La siguiente semana, el 12 de
abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionaba a 4 compañías
con sedes en Liberia e Italia y a 9 barcos cargueros de petróleo con banderas
de Italia, Malta, Grecia y Panamá.
El pasado viernes 10 de mayo
la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés)
del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a otras dos empresas
navieras.
Las navieras sancionadas más
recientemente son Monsoon Navigation Corporation y Serenity Maritime Limited.
La primera, con sede en
Majuro, Islas Marshall, es la propietaria de la embarcación Ocean Elegance, que
entregó crudo desde Venezuela a Cuba desde fines de 2018 hasta marzo de 2019 y
la segunda, con sede en Monrovia, Liberia, es dueña del buque Leon Dias,
también utilizado entre finales del año pasado y marzo de este año para llevar
crudo venezolano a la isla caribeña.
En el comunicado del pasado
viernes, la OFAC detalla que, como resultado de la penalización impuesta, «en
adelante todos los bienes e intereses propiedad de las empresas sancionadas, y
de cualquier otra que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 % o más
de las mismas, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de
personas estadounidenses quedan ”bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC».
Además, la OFAC amenazó con
nuevas medidas punitivas en el sector de defensa y seguridad de Venezuela
mientras precisaba que las sanciones son una respuesta directa al «arresto
ilegal» de miembros de la Asamblea Nacional (AN) por parte del Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en referencia a la detención del
primer vicepresidente del Parlamento en desacato, Edgar Zambrano, ocurrido el 8
de mayo.
Zambrano cursa juicio por
haber participado abiertamente en el fracasado golpe de Estado que organizó la
Administración Trump el pasado 30 de marzo, los logros de la intentona fueron
la evasión del líder antichavista Leopoldo López de la medida de casa por
cárcel que le otorgó el Estado a partir del diálogo político y el
descubrimiento de un militar infiltrado por la CIA en la inteligencia
venezolana.
En este sentido Mnunchin, en
un intento de ablandamiento al alto mando militar, subrayó a «los servicios
militares y de inteligencia de Venezuela, así como a aquellos que los apoyan»,
que «su continuo respaldo del régimen ilegítimo de Maduro tendrá graves
consecuencias» recordando que las sanciones de Estados Unidos no tienen por qué
ser permanentes, y poniendo como ejemplo el levantamiento de las medidas
tomadas contra el exjefe del SEBIN, Christopher Figuera, luego de que este
apoyara el fracasado intento de rebelión militar.
«Estados Unidos sigue dejando
en claro que la cancelación de las sanciones está disponible para (…) quienes
toman acciones concretas y significativas para restablecer el orden
democrático, se niegan a participar en abusos contra los derechos humanos, se
pronuncian contra los abusos cometidos por el régimen ilegítimo de Maduro, o
combaten la corrupción en Venezuela», señaló.
REACCIONES E IMPLICACIONES
Las medidas suponen la congelación
de los activos financieros que las empresas puedan tener bajo jurisdicción
estadounidense y prohíben la realización de transacciones financieras con
ellas.
Además de afectar el derecho
internacional y la soberanía de ambas naciones intentan fragmentar la alianza
entre ambos países caribeños por razones ideológicas, sumando así otro renglón
en la lista de bloqueos, sabotajes económicos e intentos de golpes de
Estado que aplica Washington contra Venezuela.
Al respecto el canciller
venezolano, Jorge Arreaza, manifestó que los embargos antivenezolanos de
Estados Unidos violan tanto el derecho internacional como los principios
económicos y comerciales que dice defender el propio Gobierno de Trump.
Respecto a la cooperación energética con Cuba dijo que «Siempre nosotros
haremos cumplir los compromisos venezolanos y, por supuesto, los compromisos
con los pueblos hermanos como Cuba y con el pueblo venezolano».
Al ser preguntado sobre las
sanciones Arreaza agregó que no puede revelar la estrategia y apuntó que
«nosotros somos expertos en guerrilla» y que «aún cuando el poder convencional
del capitalismo te ataca, tú tienes que saber responder por las vías no
convencionales, respetando la ley internacional siempre. Somos expertos».
El presidente de los Consejos
de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel expresó que las medidas son
«un acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia». Mientras que
el canciller cubano agregó que el «Ataque contra PDVSA y sus buques es un acto
de piratería».
Por su parte Rusia calificó
de «ilegales» las referidas sanciones y recalcó su apoyo a estos dos
países, que son sus aliados estratégicos, en palabras del viceministro de
Exteriores, Serguéi Riabkov. «El objetivo de EE.UU. es lograr el cambio del rumbo
político de dichos Estados en la dirección que necesita», manifestó el
funcionario quien recalcó que Moscú está «alerta» ante las políticas de
Washington y hará todo lo posible para ayudar a sus aliados en la región de
América Latina.
OBJETIVO: ROMPER LA
ALIANZA CUBA-VENEZUELA
Ante la imposibilidad de
desalojar al chavismo del poder en Venezuela por la vía del cerco económico, la
administración Trump busca afectar más aun la economía cubana para deshacer «la
troika», como denominara Bolton en Miami durante el noviembre pasado al
Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela-Nicaragua.
Ciertamente el fracaso
experimentado el 30 de marzo ha enfurecido y descolocado al grupo que hoy
dirige la Casa Blanca, las consecuencias de las medidas contra Caracas y La
Habana no se harán esperar, comprometen mucho más las economías de ambas
naciones y buscan generar miedo e incertidumbre entre las empresas y países que
comercian o se relacionan con Venezuela, de la misma manera que actúa la ley
Helms-Burton contra Cuba desde 1996, la misma que se pretende ahora fortalecer
con las amenazas de activación plena de su Título III.
Los líderes Fidel Castro y
Hugo Chávez firmaron el 30 de octubre del año 2000 dicho Convenio, este abrió
la posibilidad de que decenas de miles de profesionales cubanos prestaran
servicios en Venezuela en sectores claves como la educación y la salud mientras
el país suramericano, por su parte, ofreció garantías a Cuba para el suministro
de combustible que antes se debía importar de destinos más lejanos y costosos.
Cortocircuitar esta alianza
afectaría la Misión Barrio Adentro en la que médicos cubanos han llevado a cabo
más de 1.300 millones de consultas a pacientes venezolanos, salvando
potencialmente millones de vidas.
De igual manera perjudicaría
a más de 60 mil pacientes venezolanos con padecimientos oftalmológicos como los
que resultaron beneficiados en el 2017 con intervenciones quirúrgicas para la
atención de su afección como parte del programa social Misión Milagro.
En 21 de los 24 estados del
país se aplica en la actualidad el novedoso producto médico cubano contra la
úlcera del pie diabético, Heberprot-P, que ha mejorado la vida de unos 300 mil
pacientes en el mundo.
Las sanciones afectarían a
otros sectores como el deporte, la cultura y la educación que también han
resultado beneficiados mediante el método educativo «Yo sí puedo» y la Misión
Robinson a través de la cual Venezuela fue declarada país libre de
analfabetismo.