El presidente de la comisión
de asuntos jurídicos de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, se hizo
eco de Pelosi. “Estamos en [una crisis constitucional]. Este es el momento de
probar si podemos mantener este tipo de república o si esta república estaba
destinada a transformarse en una forma diferente y más tiránica de gobierno”.
No hay precedentes en la historia
del país para el arrogamiento de facultades presidenciales sin control por
parte de la Casa Blanca de Trump. Está buscando crear un régimen personalista
respaldado por las apelaciones antiinmigrantes a la extrema derecha. Por su
parte, los demócratas, aún cuando advierten sobre una dictadura, rechazan
oponerse seriamente al reclamo de poderes autoritarios de Trump y arraigan su
oposición en el punto de vista derechista de que el mandatario es
insuficientemente belicista hacia los “enemigos” del imperialismo
estadounidense en el exterior.
Trump afirma que el poder de
la rama ejecutiva es inmune a cualquier supervisión del Congreso. Aplicó el
poder de privilegio ejecutivo respecto a todo el texto del reporte del fiscal
especial Mueller, así como en todos sus documentos de soporte, consistiendo en
millones de páginas que cubren toda la campaña electoral de 2016, cuando Trump
todavía no era presidente y consecuentemente no tenía la autorización para tal
privilegio. La comisión de asuntos jurídicos de la Cámara de Representantes
acusó al fiscal general William Barr de desacato al Congreso por rehusarse a
entregar los documentos, mientras que Barr también ha desafiado un citatorio
con la comisión.
Desde que los demócratas
asumieron el control de la cámara baja en enero, el Gobierno se ha negado a
aceptar citatorios para presentar documentos y testigos en una amplia gama de
temas, incluyendo políticas de inmigración y las declaraciones de impuestos de
Trump. Efectivamente, la Casa Blanca se está rehusando a reconocer el resultado
de las elecciones de noviembre de 2018 en las que los demócratas obtuvieron su
mayoría en la Cámara de Representantes y el poder constitucional de investigar
al ejecutivo.
El decreto ejecutivo de Trump
en febrero es aún más amenazante, al declarar un estado de excepción en la
frontera con México y autorizando al Pentágono a transferir fondos del ejército
a la construcción de un muro fronterizo en desafío directo al “poder sobre el
Tesoro” que la Constitución reserva a la rama legislativa del Gobierno, no a la
ejecutiva.
El viernes, el secretario de
Defensa en funciones, Patrick Shanahan, anunció que asignaría $1,5 mil millones
de fondos de las operaciones militares del Pentágono en Afganistán a la
construcción de 130 km de muro fronterizo, además de los $1 mil millones ya
transferidos del presupuesto del Pentágono en marzo.
La semana pasada, Trump
compartió un tuit de un simpatizante ultraderechista que sugería añadir dos
años más a su término en el cargo, cancelando las elecciones de 2020. Los
demócratas y los medios corporativos buscaron restarle importancia
calificándolo de broma, pero es mortalmente serio. Trump lo siguió con la
sugerencia de que podría controla la Casa Blanca por “diez o catorce años”, lo
que requeriría varias reelecciones inconstitucionales o la cancelación misma de
las elecciones.
En un mitin en Florida la
semana pasada, Trump se rio y su audiencia clamó de emoción cuando un
partidario sugirió al Gobierno “dispararles” a los inmigrantes cruzando la
frontera.
Trump dirige sus llamados
fascistizantes a los millones de oficiales policiales, guardias fronterizos y
miembros activos de las fuerzas armadas que conforman una poderosa fuerza en
determinar el balance de poder en Washington.
Intentó por dos años realizar
un desfile encabezado por tanques en Washington DC para celebrar el poderío
militar estadounidense. Regularmente aplaude la violencia y represión
antiinmigrante perpetradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
(ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza. Se refirió
recientemente a convertir los fuegos artificiales del Día de la Independencia
(4 de julio) en el National Mall, los cuales han sido tradicionalmente
apolíticos, en un pronunciamiento presidencial desde el monumento a Lincoln, involucrando
elementos patrióticos y militaristas.
Más allá que “delitos y
faltas graves”, las acciones de Trump constituyen la evisceración de la
Constitución en su conjunto. Sin embargo, cuando le preguntaron la semana
pasada si el Partido Demócrata apoyaría un juicio político contra Trump, Pelosi
dijo “No”. Explicó: “Nosotros [Estados Unidos] somos uno. Cuando tomamos
decisiones y priorizamos acciones y consideramos opciones, esa unidad que nos
mantiene juntos como una nación es una imperativa atractiva para mí y la
conducción de los diputados demócratas. Un juicio político es un curso de
acción demasiado divisivo para seguir”.
El miedo de los demócratas a
la “división” subraya las verdaderas causas de que se centren en acusaciones de
“colusión” con Rusia y de obstrucción a la justicia derivadas de su campaña
antirrusa. Los demócratas temen que, si desafiaren la captura de poder de
Trump, él convocará un movimiento extraparlamentario de sus partidarios
ultraderechistas que desatará contraprotestas generalizadas de trabajadores y
jóvenes, huelgas, cierres de universidades y violencia.
Esto abriría la puerta para
que la oposición masiva de la clase obrera contra la desigualdad social, la
guerra y los ataques contra los derechos democráticos se libere del control del
sistema político capitalista y bipartidista y encuentre una expresión política
y anticapitalista independiente.
Tal
ruptura de unidad interna sería un impedimento para las incontables aventuras
de política exterior del imperialismo estadounidense, como en Irán, el mar de
China Meridional, Venezuela y Corea del Norte. Como lo señaló preocupado David
Sanger en el New York
Times ayer, los adversarios de EUA están “apostando a que el
Sr. Trump no sea ni un negociador tan sabio ni que esté listo para emplear la
fuerza militar según dice”. Los demócratas también han expresado inquietudes
sobre el daño que Trump ha hecho a la imagen de estabilidad del imperialismo
estadounidense, particularmente ante sus aliados de Europa occidental.
La
respuesta de los demócratas a Trump repite, a un nivel más avanzado, la
respuesta del partido a la elección presidencial robada de 2000. Cuando la
mayoría derechista en la Corte Suprema intervino para cancelar el conteo de
votos en Florida y entregarle los votos electorales del estado y la Presidencia
a George W. Bush, quien había perdido el voto popular, el Partido Demócrata y
su candidato, Al Gore, se doblegaron ante este golpe de Estado derechista. Este
evento histórico, como lo declaró el World
Socialist Web Site en ese entonces, demostró que ya no existía
una base de apoyo para la democracia en la élite gobernante estadounidense.
El Partido Demócrata fue
incapaz de movilizar a sus partidarios por temor de que esto desencadenara un
movimiento de masas en defensa de los derechos democráticos, el cual podía
salirse de su control. Frente a la decisión de movilizar a la oposición desde
abajo o aceptar el golpe, los demócratas escogieron lo último.
La respuesta demócrata a
Trump continúa esta misma lógica reaccionaria.
La democracia estadounidense
se está desintegrando. Un presidente criminal que busca agitar a una base de
apoyo fascistizante se enfrenta a una endeble oposición que, en caso de un
resquebrajamiento total, apelaría al ejército para que intervenga y “salve” el
orden constitucional.
En el escenario altamente
improbable de que Trump sea destituido constitucionalmente a través de un
juicio político en la Cámara de Representantes y por sentencia del Senado, el
resultado sería un Gobierno encabezado por su vicepresidente Mike Pence, quien
no es menos reaccionario. Si los demócratas lideraran tal transición, se
basaría en una política exterior más beligerante, particularmente contra Rusia,
y no cambiaría nada en términos de la distribución de la riqueza o el futuro de
los derechos democráticos de la población.
La clase obrera debe trazar
su propio derrotero independiente para tumbar el Gobierno de Trump. La
respuesta reside en el desarrollo de la lucha de clases.
En cada centro de trabajo y
barrio obrero, los trabajadores necesitan formar comités independientes y
democráticos de base que defiendan los intereses de la clase obrera. La
construcción de tales comités y las luchas que encabecen necesitan estar
guiadas por una perspectiva política nueva: la movilización política
independiente de la clase obrera en lucha por un Gobierno obrero y un programa
socialista y contra la guerra.
El enfrentamiento entre la Casa Blanca
de Trump y la Cámara de Representantes bajo control demócrata llegó al punto en
que la presidenta de la cámara baja declaró una “crisis constitucional” la
semana pasada. Señaló que Donald Trump se rehúsa a reconocer la separación de
poderes consagrada en la Constitución estadounidense.
