Estado español
Por Raúl Navas
Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), 317 millones de personas sufren accidentes de trabajo cada año, y 2,3
millones mueren a causa de accidentes laborales o enfermedades profesionales.
La seguridad y salud en el trabajo, pese a ser un problema grave y creciente
que afecta a millones de personas, es un asunto ignorado por los medios de
comunicación y continúa ausente en el debate público. En las recientes campañas
electorales apenas hemos escuchado propuestas o abordar problemáticas relacionada
con los riesgos laborales. Pablo Iglesias defendió reconocer las enfermedades
profesionales a las camareras de piso, denominadas Kellys, y que estas puedan
jubilarse anticipadamente sin penalización, lo cual es una reivindicación más
que justa. Pero poco más hemos escuchado sobre cuestiones relacionadas con
salud laboral durante las campañas electorales, pese a que el día de las
elecciones generales fue el 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y
Salud en el Trabajo. Ahora bien, que no se aborde públicamente el problema no
significa que este no exista.
La vida es un derecho. La
tragedia e injusticia de accidentarse
y morir trabajando
En los últimos meses se han producido accidentes
laborales dramáticos. El pasado 6 de mayo moría en Cáceres un trabajador de 59
años a causa de un accidente laboral cuando realizaba tareas de asfaltado. Dos
días después un trabajador de 61 años en Denia sufrió la amputación de un brazo
a causa de un accidente laboral. El 9 de mayo un trabajador de 29 años murió al
ser engullido por una maquina en Alicante. Dos días después moría un trabajador
agrícola de 42 años en Jaén. El 20 de mayo murieron dos trabajadores por
accidentes laborales en Zestoa y Zarautz (Guipuzkoa), y un trabajador de 51
moría en Paracuellos del Jarama (Madrid) al caerle encima un muro mientras
trabajaba. El 22 de mayo murió un trabajador de 46 años de una subcontrata en
Loiu (Bizkaia) por atrapamiento. El 25 de mayo moría un trabajador en Teruel al
caerse de un tejado, en donde se encontraba instalando placas solares.
Apenas se publican noticias sobre accidentes
laborales mortales, y en todo caso la información suele ser telegráfica. Pero existen
algunos casos de accidentes laborales extremadamente escandalosos, en los que
la negligencia empresarial es indescriptible.
En 2008, en Alicante, un trabajador de una
carnicería, sin contrato de trabajo, sufrió amputaciones debido a un accidente
laboral. El empresario reaccionó abandonando al trabajador a las puertas del
hospital, conducta por la que fue condenado seis años después. En 2009, otro
trabajador sin contrato sufrió un accidente laboral en una empresa situada en
el Polígono Real de Gandía, en Valencia. A causa del accidente sufrió la
amputación de un brazo y los jefes reaccionaron tirando el brazo amputado a la
basura y abandonando al trabajador a una distancia considerable de las puertas
del hospital. La conducta de los empresarios fue deplorable y solo se
preocuparon de no dejar rastro del siniestro, provocando entre otras cosas que
el reimplante del brazo fuera imposible.
En 2011, otro empresario fue detenido por haber
abandonado a un trabajador herido y sin contrato en el hospital de Mataró con
una mano amputada a causa de un accidente laboral, indicándole que no dijera
que se accidentó en el trabajo. Existe otro caso más dramático y bochornoso
ocurrido el año pasado por el que el pasado mes de marzo cuatro empresarios
fueron detenidos por la Guardia Civil, quedando en libertad con cargos
posteriormente.
El 17 de julio de 2018 un trabajador de Chiclana
sufrió un accidente laboral mortal; no tenía contrato de trabajo, no estaba
dado de alta en la seguridad social y carecía de formación para la realización
de tareas de manejo de las máquinas que utilizaba. El trabajador no disponía de
equipos de protección individual, pero sí de uniforme de trabajo, mientras
realizaba tareas con una carretilla elevadora. Cuando sufrió el accidente, y
según las noticias aparecidas en la prensa, sus jefes optaron por quitarle el
uniforme mientras estaba moribundo camino al hospital. De esta forma los jefes
querían ocultar un accidente laboral, e incluso llegaron a mentir
descaradamente a los médicos del hospital sobre los hechos ocurridos para
evitar responsabilidades. En un principio, oficialmente la muerte de este
trabajador de 42 años no fue un accidente laboral, por lo que la mujer y sus
dos hijos no pudieron contar con la pensión correspondiente por accidente de
trabajo. La empresa se dedicaba al montaje de escenarios en ferias y fiestas,
un sector que se caracteriza por el trabajo rápido y a destajo y por su elevada
precariedad, en un entorno laboral de descoordinación entre empresas,
subcontratas y empresas de trabajo temporal (ETT), en las que el único factor
laboral predominante es que se trabaja a toda prisa y sin unas condiciones de
seguridad mínimamente aceptables, sin equipos de protección y en numerosas
ocasiones sin contrato.
En estos lugares de trabajo no suelen haber vías de
evacuación adecuadas, ni para actuar en caso de evacuación de emergencia, ni
para poder acceder de forma rápida para socorrer a algún herido. En junio de
2006, el trabajador David Marín Puras, de 22 años murió a causa de un accidente
laboral, realizando tareas de desmontaje del concierto por el 40 aniversario de
los 40 principales, celebrado en el estadio Vicente Calderón. No tenía
contrato, ni casco de protección y algunos jefes solo repartieron cascos al
resto de trabajadores inmediatamente después del accidente. Uno de tantos
casos, en los que no se previene y solo se actúa después del accidente. Ejemplo
dramático de que los accidentes laborales se pueden evitar, pero para lo cual
hace falta interés y voluntad empresarial.
En 2007, también en el Vicente Calderón, durante un
desmontaje del escenario en el que actuaron los Rolling Stones, se produjeron
varios accidentes laborales, dos de ellos mortales. En 2017 murió un trabajador
en el montaje de los conciertos Viveros de Valencia. Ante esta grave y
dramática problemática nos preguntamos ¿Qué calidad democrática tiene un
sistema que naturaliza y/o silencia y no se toma en serio esta lacra
socio-laboral?.
Los accidentes laborales
aumentan. Siniestralidad y precariedad:
En 2018 la siniestralidad laboral en España
aumentó. Se registraron 152 accidentes de trabajo cada hora en todo el Estado
español y 652 trabajadores murieron a causa de accidentes laborales. Son los
peores datos desde 2011, año en el que murieron 716 trabajadores. Durante los
tres primeros meses de 2019 han muerto 140 trabajadores en accidentes
laborales. Se han registrado 320.973 accidentes, lo que significa un 2,6% más
que durante el mismo periodo de 2018. Los accidentes laborales con baja también
han aumentado un 5,9%. En este trimestre también han aumentado los accidentes
graves, registrándose un total de 991, lo que supone un aumento del 8,9%. Una
vez más, asistimos a estadísticas dramáticas y escalofriantes, pero los poderes
públicos continúan sin reaccionar ante esta emergencia que tanto daño y dolor
causa entre victimas y familiares.
La siniestralidad laboral crece desde los últimos
seis años, y tiene mayor incidencia en los trabajadores más precarios. El
vínculo entre precariedad, malas condiciones de trabajo y accidente laboral es
evidente. A peores condiciones laborales, mas accidentes. De hecho, la
siniestralidad laboral en las empresas suele ser mayor entre trabajadores
temporales que indefinidos, aun habiendo menos precarios que indefinidos. No
olvidemos que un trabajador temporal suele asumir más riesgos por miedo a
perder el empleo. Por tanto, si la precariedad laboral es un factor de riesgo
negativo para la salud, razón de mas para combatirla. Para ello urgen políticas
que aumenten derechos laborales y mejoren las condiciones de trabajo. El tipo
de trabajo y sus características guardan una estrecha relación con la
siniestralidad laboral. No es casualidad que la profesión de directivo o
gerente registre tasas considerablemente bajas de siniestralidad, y que los
accidentes en estos trabajos hayan incluso haya disminuido en los últimos años.
Recientemente se ha publicado un estudio de
perspectivas laborales en la OCDE, según el cual los salarios de los
trabajadores jóvenes en España son los más bajos de todos los países de la
OCDE, siendo inferiores al 66% del sueldo medio. Pero la precariedad laboral
sufrida en España no solo se caracteriza por salarios bajos, sino por escasos
derechos laborales, temporalidad abusiva y unas condiciones de trabajo
inadecuadas. La accidentabilidad laboral entre gente de16 y 24 años es
exponencialmente superior a la media, y estamos a la cabeza en Europa en cuanto
a población joven asalariada en temporalidad laboral.
Datos de la EPA referentes al año 2018 han indicado
que un tercio del total de la población asalariada, 4.290.100 personas,
trabajaron al menos un domingo en 2018, la cifra más alta desde que se tienen
datos, lo que supone un aumento del 30% respecto a 2006. Estos datos demuestran
que se multiplican los horarios y jornadas toxicas que impiden la conciliación
de la vida laboral y personal. No menos importante es que en buena parte de
trabajos y profesiones se esta atacando el derecho al descanso. Hablamos de
unos factores que aumentan el riesgo de sufrir accidentes. En primer lugar
porque un trabajador o trabajadora cansada a causa de horarios tóxicos y falta
de descanso, tiene mas probabilidades de sufrir un accidente laboral. Una
sentencia de 1996 del Tribunal de Justicia de la UE establecía que la
ordenación del tiempo de trabajo es una cuestión de seguridad y salud en el
trabajo.
El poder y fraude de las mutuas
Las cifras oficiales son dramáticas, pese a que las
reales son aun peores, dado que las mutuas consiguen denegar y ocultar
numerosos accidentes, enfermedades y bajas laborales. Según las mutuas, entre
el año 2000 y 2004, en España no hubo ningún muerto debido a una enfermedad
laboral, siendo el único país de la OCDE en presentar estos datos tan poco
creíbles, contradichos por otros estudios. Estos datos oficiales demuestran que
numerosas muertes a causa de enfermedades profesionales son ocultadas
fraudulentamente. De esta forma las mutuas se ahorran el pago de diversos
tratamientos e indemnizaciones. A su vez, la negativa a no reconocer
enfermedades profesionales, supone que es la sanidad pública quien se hace
cargo de su tratamiento.
Esta práctica habitual supone un doble perjuicio
para el trabajador o trabajadora y sus familias, dado que aparte del daño
sufrido, no pueden acceder a una serie prestaciones y derechos. Pese a que las
mutuas disponen de su ejército de abogados, de gran poder y que disponen de
unas leyes y un entramado jurídico y político favorable, hay numerosas
sentencias condenatorias contra determinadas prácticas y conductas de las
mutuas. En 2004, Fremap fue condenada por negligencia al declarar apto a un
trabajador que murió cuatro días después. Cantidad de bajas, enfermedades y
accidentes solo han podido ser reconocidos como tales cuando la persona afectad
y/o sus familias han pleiteado contra la mutua. Pero sabemos que muchos casos
no son reclamados.
Los estudios y análisis serios, críticos y
rigurosos sobre el poder y las prácticas de las mutuas son escasos. El
catedrático Vicenç Navarro ha alertado del excesivo poder de las Mutuas
Patronales de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 1/.
Hablamos de que las empresas a través de las mutuas pueden decidir a priori si
una baja, accidente o enfermedad son o no son de carácter laboral. Lo cual es
una anomalía respecto al resto de Europa. Incluso desde la última reforma
promovida por el gobierno de Rajoy, las mutuas tienen potestad para proponer el
alta médica a un trabajador, aun en casos de enfermedad común. Pese a las
quejas de trabajadores y numerosas sentencias contra determinadas practicas de
las mutuas, estas siguen recibiendo fondos públicos y actuando al dictado de
las empresas; y gestionando miles de millones de euros cada año. El poder y
entramado de funcionamiento de las mutuas (gestionadas por directivos de
grandes empresas) son hechos ampliamente desconocidos entre la población y se
trabaja para que siga siendo así.
En 2017 aparecieron discretamente algunas noticias
que pasaron desapercibidas. Hablamos de que la Seguridad Social reclamó a las
mutuas 142,4 millones de euros 2/ recibidos
de fondos públicos, gastados irregularmente en dietas, retribuciones excesivas,
coches de lujo, viajes y gastos de todo tipo sin justificar (marisco incluido).
En 2012 el Ministerio de Empleo requirió a la mutua Fremap la devolución de
10,7 millones de gastos irregulares. Esta reclamación fue pleiteada sin éxito
por la mutua hasta el Tribunal Supremo. En 2017, se conoció que todos los
gerentes de las mutuas ganaban más que el entonces presidente del gobierno
Mariano Rajoy. Los datos arrojaban retribuciones de entre 200 y 300 mil euros;
el gerente con menor retribución cobraba 96.426 euros 3/.
Lo que, cuanto menos, resulta curioso, dado ue se supone que no deben tener
sueldo, ni animo de lucro. El Tribunal de Cuentas ha reprochado la falta de
control a las mutuas 4/ y
presentó un informe en el Senado alertando de gastos irregulares y
retribuciones abusivas y millonarios en las mutuas. Resultan escandalosos los
numerosos casos de gastos indebidos por parte de los gerentes de las mutuas en
restaurantes, pago de favores, facturas duplicadas, colocación de familiares,
indemnizaciones infladas, sobresueldos, etc. Recientemente la fiscalía ha
abierto diligencias contra Activa Mutua 5/ por
gastos irregulares de todo tipo. Es preocupante, que se continúa sin cuestionar
seriamente el papel de las mutuas y que sigan recibiendo dinero público pese al
uso fraudulento que se hace del mismo.
Por una política eficaz hacia la
seguridad y salud en el trabajo
La salud laboral se enfrenta a una multitud de
crecientes problemas, tanto viejos como nuevos. Se multiplican nuevas formas de
explotación, con terribles consecuencias. Por solo poner un ejemplo, el auge
del comercio on line, esta disparando los accidentes de tráfico entre
trabajadores del precario sector de reparto a domicilio que realizan sus tareas
bajo ritmos de trabajo drásticamente intensos y exigentes. Por otro lado, los
efectos del cambio climático constituyen una amenaza medioambiental
dramáticamente incalculable para el presente y futuro de la humanidad, con sus
consiguientes efectos tremendamente negativos en el mundo del trabajo, debido
entre otros factores a mayor exposición a la contaminación y agentes tóxicos y cancerígenos,
y mayor exposición al sol y radiaciones ultravioletas en trabajos al aire
libre. A mas calor y mayor temperatura, más muertes en el trabajo. Desde hace
años se leen breves noticias indicando muertes de trabajadores por golpes de
calor en verano. Y no olvidemos que la OMS relaciona la exposición al sol con
cánceres malignos como los melanomas.
Estamos ante una situación de emergencia. Urge la
necesidad de adoptar cambios profundos en la legislación y en la política
relacionada con la prevención de riesgos laborales. Hay que erradicar la
tragedia de morir trabajando, y se debe garantizar el derecho a trabajar sin
riesgos laborales. Resulta urgente disponer de un nuevo marco legal que combata
la siniestralidad laboral y reforzar los medios y competencias de la Inspección
de Trabajo y del Instituto de Seguridad y Salud en el trabajo. Hacen falta
masivas campañas de concienciación, información y sensibilización sobre 0
accidentes de trabajo.
Pero no olvidemos uno de los factores más
importantes. Las peores condiciones en seguridad ocurren en empresas sin
representación sindical, sin delegados de prevención y comité de seguridad y
salud. Por tanto, es imperiosamente necesario potenciar secciones sindicales
fuertes, que asuman como prioridades la lucha por la mejora de las condiciones
de seguridad y salud de los trabajadores, y que consigan frenar cualquier tipo
de abuso empresarial y ganar conflictos a la patronal.
Raúl Navas, es delegado sindical de CGT y
de prevención de riesgos laborales.
Notas:
2/ Gómez, Manuel V. y Sevillano,
Elena “Empleo exigió a las mutuas 142 millones por gastos
irregulares de 2006 a 2011”. El País. 22/05/2017
5/ Gómez, Manuel V. y Sevillano,
Elena. “Despidos de oro y cenas con dinero público: así gastó
1,3 millones la mutua activa”. El País. 090/04/2019.