“Es inmoral. No es ético. Es tortura”
Por
Meenakshi Jagadeesan
Un
informe publicado el mes pasado por el Consorcio Internacional de Periodistas
Investigativos (ICIJ, todas las siglas en inglés) documenta el uso generalizado
del aislamiento por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
(ICE) de Estados Unidos contra los inmigrantes detenidos. El informe muestra
que, lejos de ser un último recurso para proteger a los detenidos en
situaciones especialmente violentas, los centros de detención de ICE utilizan
el régimen de aislamiento para aterrorizar, disciplinar y castigar a los
trabajadores y jóvenes atrapados en la guerra contra migrantes de Trump.
El
relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura ha argumentado que el
confinamiento solitario debe ser prohibido, excepto en "circunstancias muy
excepcionales", que el aislamiento por más de 15 días constituye un
"trato inhumano y degradante", y que las personas con enfermedades
mentales nunca deben ser aisladas. El informe de ICIJ encontró que, en el
transcurso de las Administraciones tanto de Obama como de Trump, ICE ha violado
seguida y sistemáticamente todos estos principios.
Sobre la base de una revisión sin
precedentes de más de 8.400 informes presentados durante cinco años
(2012-2017), la investigación “Voces Solitarias” se llevó a cabo como un esfuerzo
multinacional, realizado por el ICIJ en conjunto con Grupo SIn (Guatemala),
Mexicanos contra la corrupción (México), NBC News, Intercept y Univision
(Estados Unidos).
En el transcurso de cinco
meses, los periodistas involucrados en el proyecto realizaron entrevistas con
docenas de exdetenidos y analizaron innumerables auditorías, memorandos e
informes de incidentes obtenidos a través de una solicitud de registros
públicos. También les ayudó Ellen Gallagher, una denunciante del Departamento
de Seguridad Nacional (DHS), que se hizo pública por primera vez después de
pasar años tratando de hacer sonar la alarma sobre el abuso del aislamiento
solitario por parte de ICE.
Hablando con las noticias de
NBC, Gallagher dijo que había decidido hacerlo público después de lo que fueron
esencialmente cinco años infructuosos de intentar reformar el sistema desde
dentro. Todo lo que sus esfuerzos rindieron fueron varias auditorías internas
que criticaban al ICE y una carta no informada previamente en junio de 2015 del
Comité Judicial del Senado a Jeh Johnson (secretario del DHS bajo Obama), que
cuestionó el uso del aislamiento por parte de ICE. Mientras tanto, como señaló
Gallagher, "la gente estaba siendo brutalizada".
Decidió compartir su historia
ampliamente porque creía que sin una acción pública "este mismo conjunto
de circunstancias no se detendrá". Por el contrario, dijo: "Creo que
en realidad empeorará".
El uso generalizado por parte
del Gobierno del régimen de aislamiento como arma contra los inmigrantes subraya
las condiciones horribles y peligrosas que enfrentan los refugiados detenidos
en Estados Unidos. De acuerdo con los registros obtenidos por el ICIJ, se
informó que apenas la mitad de los confinados en aislamiento violaron alguna
regla. Una gran parte de la población "segregada" parecía haber sido
puesta en régimen de aislamiento por razones que variaban desde besos
consensuales hasta denuncias de abuso por parte de guardias u otros detenidos,
siendo identificados como homosexuales o transexuales, discapacitados o con
enfermedades mentales.
Un hombre guatemalteco fue
recluido en régimen de aislamiento durante dos meses en una cárcel del condado
de Maryland porque tenía una pierna protésica. Un hombre ucraniano con
enfermedad mental fue aislado durante 15 días en una instalación en Arizona por
el delito de haber puesto medio pimiento verde dentro de su calcetín. Un
residente de muchos años en EUA pero proveniente de Afganistán pasó casi cuatro
meses en régimen de aislamiento por entrar a una ducha sin permiso. Una de las
detenidas fue segregada por hacer cortes de pelo. Otro detenido, que ya había
sido diagnosticado con una enfermedad mental, fue recluido en régimen de
aislamiento durante 41 días por alentar a otros inmigrantes a hacer una huelga
de hambre.
Hubo al menos 373 casos de
reclusión en aislamiento porque eran potencialmente suicidas, y más de 200
casos adicionales de personas que ya estaban segregadas fueron trasladadas a
"vigilancia de suicidio" y más aislamiento. Hubo 187 casos en los que
un detenido estuvo en aislamiento durante más de seis meses. En 32 de esos
casos, el detenido fue segregado por más de un año.
Aquellos
que sufren de enfermedades mentales son particularmente vulnerables a los
efectos nocivos del aislamiento. Como Kenneth Applebaum, un profesor emérito de
psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts, dijo
al Intercept:
"Este es el equivalente a echar gasolina en un incendio". Applebaum,
que había investigado la práctica de segregación de ICE como consultor del DHS,
fue particularmente crítico del uso como una forma de controlar a los pacientes
suicidas: "Esta es una práctica que expone a los detenidos a un daño
psicológico y fisiológico real", dijo. Las historias detalladas en el
informe del ICIJ lo demuestran claramente.
Dulce Rivera, una mujer
transgénero de 36 años originaria de Honduras y residente permanente desde hace
mucho tiempo en los EUA fue detenida por ICE en 2017 y recluida en régimen de
aislamiento en mayo de 2018 por supuestamente hostigar a otros presos. Durante
aproximadamente un mes, se le permitió una hora al día en el "patio",
un cuadro de cemento encerrado con cercas de metal, donde podía pasear sola.
A fines de junio, luego de
que sus guardias le dijeron que ya no se le permitiría entrar al patio, Rivera
trató de ahorcarse. Luego de una breve estadía en el hospital, fue devuelta a
las instalaciones donde la cerraron en otra celda de aislamiento, está llamada
"SEGURA CONTRA SUICIDIOS" en letras mayúsculas. Ella permanecería
allí durante casi un año. Ahora liberada de la detención, Rivera tiene
pesadillas recurrentes, desorientación y problemas para dormir.
Las experiencias de Rivera,
desafortunadamente, no son únicas. Karandeep Singh, un inmigrante sij de la
India, que fue puesto en régimen de aislamiento después de intentar una huelga
de hambre, también intentó suicidarse. Después de su intento fallido, Singh fue
devuelto a otra celda solitaria, lo que provocó una nueva crisis mental. Ahora
en la India, Singh le dijo al ICIJ que tiene recuerdos que provocan el temor
que sentía en aislamiento en Texas. "Estás cambiado; no puedes sentirte
seguro", dijo.
Jeancarlo Jimenez-Joseph, un
detenido de 27 años, fue inicialmente recluido en régimen de aislamiento a
mediados de abril de 2017 por presuntamente iniciar una pelea en el centro de
detención de Stewart en Lumpkin, Georgia. Las imágenes de video luego
demostraron que en realidad fue la víctima del ataque. Varios días después de
ser liberado del aislamiento, Jiménez-Joseph fue enviado de regreso, esta vez
por saltar desde un balcón del segundo piso. Como le dijo a los funcionarios en
ese momento, era una acción que no pretendía lastimar a nadie más que a sí mismo.
Después de 18 días de segregación, Jiménez-Joseph logró colgarse atando una
sábana a un pequeño rociador en su celda.
En una declaración a NBC
News, un portavoz de ICE respondió al informe afirmando que la agencia está
"firmemente comprometida con la seguridad y el bienestar de todos los que
se encuentran bajo su custodia", y que el "uso de hospedajes
restrictivos en los centros de detención de ICE es extremadamente raro, pero a
veces necesario, para garantizar la seguridad del personal y de las personas en
una instalación”. El portavoz agregó que ICE usa tales prácticas para
garantizar que los detenidos “residan en entornos seguros, humanos y en
condiciones adecuadas de confinamiento”.
La afirmación daría risa si
las consecuencias humanas que se han expuesto no fueran tan graves.
Los horrores que enfrentan
los inmigrantes en los diversos centros de detención son el producto de una red
de estos centros que se ha ido construyendo gradualmente durante tres décadas y
un sistema impulsado en gran parte por el afán de lucro. Fue Bill Clinton, en
la década de 1990, quien promulgó por primera vez nuevos requisitos que
obligaban a la detención de inmigrantes que habían cumplido condena en prisión.
En el momento de la
Presidencia de Obama, la detención civil de los no ciudadanos se había
convertido en la política principal, con contratistas privados compitiendo por
subsidios federales multimillonarios, creando una economía política de
encarcelamiento que se ha convertido en la herramienta predominante de la clase
dominante estadounidense para lidiar con el “problema de la inmigración”.
En
un informe publicado el pasado octubre, el Intercept detalló la forma en que el Grupo
GEO, el contratista privado que administra el centro de detención de Adelanto,
por todas las cuentas "una de las peores prisiones de inmigración en el
país", ha ganado millones de dólares a través de subvenciones y acuerdos
federales con funcionarios locales. El Intercept describió
a Adelanto como una "instalación rural polvorienta en el desierto Mojave,
a dos horas al este de Los Ángeles", con aproximadamente una cuarta parte
de sus 42.000 residentes que consisten de personas encarceladas
"distribuidas entre el centro de detención de inmigrantes, una cárcel del
condado, una prisión estatal y una prisión federal cercana".
Enfrentando la bancarrota en
2015, la ciudad hizo un trato con el Grupo GEO garantizando contractualmente un
mínimo de 975 ocupantes en el centro de detención. A una tasa de $111 por día
por ocupante, esto significaba que a la compañía se le garantizaba un ingreso
anual de $40 millones. La ciudad también obtendría parte de la subvención, pero
no es más de $100,487 por año.
Mientras tanto, el centro de
detención de Adelanto ha sido citado por condiciones intolerables e inhumanas,
falta de atención médica, segregación disciplinaria inadecuada, tratos crueles
y degradantes por parte de los guardias, abuso sexual de los detenidos e
indiferencia generalizada a los intentos de suicidio. Esto no ha resultado en
ninguna denuncia oficial por parte de ICE contra la compañía ni en acciones
para poner fin a la administración de la compañía del centro de detención.
En una entrevista con Spencer
Woodman del ICIJ, Rick Raemish, el exjefe del Departamento de Correcciones de
Colorado, quien encabezó el esfuerzo para limitar el aislamiento en su estado,
declaró: "Es inmoral. No es ético. Es tortura ... Esta es una práctica que
tiene que parar".