La compañía de cruceros Carnival Cruise
Lines es el primer blanco de demandas tras la activación en Estados Unidos del
Título III de la controvertida Ley Helms-Burton contra Cuba.
Varios medios reportaron que este
jueves, en un tribunal federal de la ciudad de Miami, se interpusieron dos
acciones legales contra la compañía con sede en el sureño estado norteamericano
de Florida, luego de que la administración de Donald Trump autorizó la realización
de tales procedimientos.
La Helms-Burton, que fue aprobada por el Congreso
estadounidense en 1996, codifica el bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por Washington hace casi 60 años contra la isla.
Pese a su entrada en vigor en ese momento, todas
las administraciones desde entonces suspendieron la aplicación del Título III
de esa ley, el cual permite a nacionales estadounidenses demandar a quienes
‘trafiquen’ con ‘propiedades norteamericanas’ en Cuba.
A través de tal mecanismo se da la posibilidad de
promover una acción en las cortes norteamericanas contra personas y entidades,
incluso de terceros países, que inviertan en el territorio cubano en
propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución el 1 de enero de
1959.
Según indican los textos de las reclamaciones de
esta jornada, uno de los demandantes es Javier García Bengochea, quien es
identificado en el documento como propietario del puerto de la oriental
provincia de Santiago de Cuba.
La otra demanda está presentada a nombre de Havana
Docks Corporation, una compañía que dice ser ‘propietaria legítima de ciertos
bienes inmuebles comerciales’ en el Puerto de La Habana, la cual pertenece a
Mickael Behn.
Esta mañana por primera vez el gobierno norteamericano
le ha dado la oportunidad a estas personas de presentar una demanda en una
corte de Estados Unidos, expresó Bob Martínez, abogado de ambos reclamantes, a
periodistas en la entrada del tribunal, según citó la agencia AFP.
Varios expertos legales sostienen que el alcance de
la aplicación del Título III, el cual ha sido rechazado por numerosos sectores
estadounidenses y por muchas naciones, dado su carácter extraterritorial,
dependerá de la interpretación que hagan los tribunales del lenguaje de la
normativa.
Robert Muse, abogado experto en leyes relacionadas
con la isla, manifestó en una reciente entrevista con Prensa Latina la
posibilidad de que aerolíneas o empresas estadounidenses de cruceros que tienen
ya una amplia actividad en el territorio vecino no corran el peligro de tener
que cumplir con una demanda.
Ello se debe a una provisión del título mediante la
cual se establece que no constituyen ‘tráfico’ las transacciones relacionadas
con viajes legales a Cuba, lo cual podría ser el caso de las actividades de
esas firmas que cuentan con licencias de la Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Departamento del Tesoro.
La activación del mencionado acápite de la Ley
Helms-Burton forma parte de la agresiva política asumida por la administración
Trump contra el territorio antillano, y tiene como objetivo fundamental
desestimular la inversión extranjera en la isla, cuyo Gobierno ha reiterado que
la legislación es inaplicable.