Por Roberto Montoya
Al término de su insólito “ultimátum” de ocho días
dado por Pedro Sánchez el 26 de enero pasado a su homólogo venezolano, Nicolás
Maduro, para que convocara inmediatamente elecciones generales, España
reconoció a Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela.
La mayoría de países miembros de la Unión Europea
había esperado que España, el segundo gran inversor en Venezuela, diera ese
paso para pronunciarse acto seguido en el mismo sentido.
En Venezuela y otros países latinoamericanos
confiaban en que Sánchez no se sometiera a las presiones de Estados Unidos y
que se distanciara de los gobiernos más reaccionarios ofreciendo a España como
mediadora de negociaciones entre el Gobierno de Maduro y la oposición.
Pero no fue así. Es más, el reconocimiento de Guaidó
por parte de Sánchez tuvo lugar días después de que se conocieran las
declaraciones del super halcón Consejero de Seguridad de Donald Trump, John
Bolton, reconociendo los verdaderos intereses que movían a Estados Unidos para
sustituir a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores por un líder de la
oposición afin con sus objetivos.
Objetivo: el petróleo venezolano
“Haría una gran diferencia para los Estados Unidos
económicamente”, declaraba Bolton en una entrevista con Fox Business, “si
pudiéramos tener a las empresas petroleras estadounidenses invirtiendo y
produciendo petróleo en Venezuela. Tenemos mucho en juego haciendo que esto
salga de la manera correcta”.
Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo
reconocidas del mundo, y exportaba a EEUU 500.000 barriles de crudo diarios.
Algún día antes de esas declaraciones a la Fox,
Bolton había anunciado un nuevo paquete de sanciones contra la gran empresa
estatal venezolana (PDVSA). El influyente asesor de Trump se jactó en ese
momento que las nuevas sanciones afectarían a 7.000 millones de dólares en
activos de la PDVSA, y que provocarían 11.000 millones de dólares en pérdidas
para Venezuela en 2020.
Se trata de los activos de la empresa CITGO, filial
de PDVSA con sede en Texas, y encargada de refinar el petróleo venezolano
exportado a EEUU, empresa que cuenta también con más de 6.000 estaciones de
servicio en territorio estadounidense.
El Gobierno Trump ofreció a Guaidó traspasarle esos
activos cuando asuma el poder.
Esta medida y el anuncio de sanciones para aquellas
empresas y países que se atrevan a comprar y/o transportar el petróleo
venezolano, es parte del estrangulamiento llevado a cabo por EEUU para
impedirle al Gobierno ingresos con los que comprar productos de primera
necesidad y medicinas para la población.
Sigue el mismo modus operandi que ya hizo EEUU a
inicios de los años ’70 con el Gobierno de Salvador Allende antes del golpe de
Estado de Pinochet, asfixiar económicamente al Gobierno, provocar el malestar
social y la desesperación y con ello el colapso del sistema.
La medida de EEUU obliga a los compradores de
petróleo venezolano a pagar al contado por él antes de que sus barcos abandonen
los puertos venezolanos, dado que de lo contrario los pagos que se hagan en el
exterior serán inmediatamente congelados por EEUU, y Venezuela no los podrá
cobrar.
Esto ha hecho ya que la mayor petrolera india,
Reliance Industries, un gran cliente de Venezuela, disminuyera drásticamente la
compra de crudo a PDVSA.
Las empresas indias compraban una media de entre
500.000 y 600.000 de barriles de petróleo diarios a la petrolera venezolana.
El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo,
reconocía tras un encuentro con el ministro de Exteriores indio, Vijay Gokhale,
un mes atrás: “Le estamos pidiendo a India lo mismo que a todos los países, que
no sean la cuerda salvavidas económica del régimen de Maduro”.
Después de esa reunión, Reliance Industries decidió
no seguir vendiendo a PDVSA el diluyente que necesita para poder comercializar
el crudo extra pesado.
Pero Nicolás Maduro siguió resistiendo el bloqueo.
Pasaron más de tres meses desde que Guaidó se autoproclamó durante una protesta
callejera “presidente encargado” en una operación coordinada con EEUU y los
países conservadores de América Latina, que lo reconocieron minutos después,
pero el régimen venezolano no sucumbió como esperaban.
Estados Unidos y los sectores más duros de la
oposición venezolana, hoy representada por Voluntad Popular, el partido de
López y Guaidó, habrían intentado durante estos tres meses negociaciones
secretas con sectores críticos de las Fuerzas Armadas y del gubernamental
Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) a fin de encontrar apoyos que
permitieran forzar la caída de Maduro.
El desliz de Bolton
A pesar de que Donald Trump amenazó con que “todas
las opciones” estaban abiertas, parecía intentar evitar una intervención
militar, al menos directa. Rusia advirtió que no permitiría una operación
militar en Venezuela, mientras EEUU advertía a su vez a Moscú que no toleraría
que siguiera vendiendo armas a Maduro y entrenara militarmente a sus oficiales.
Jair Bolsonaro descartó públicamente por su parte
que Brasil fuera a participar en una acción militar contra su vecina Venezuela,
aunque Colombia sí demostró tener mayor disposición. De hecho grupos
paramilitares ultraderechistas colombianos vienen operando desde hace años
tanto en zonas fronterizas como en el interior de Venezuela con la venia del
gobierno colombiano, antes con Uribe y ahora con Duque.
En la rueda de prensa en la que Bolton anunció la
congelación de los activos de la petrolera venezolana en EEUU, accidentalmente
dejó a la vista de los medios de comunicación presentes un bloc de notas con
hojas rayadas que en bolígrafo de tinta negra decía: “5.000 militares a
Colombia” junto con una anotación sobre las negociaciones de paz con los
talibán. Jim Young, fotógrafo de la agencia Reuters, tomó una foto del bloc que
se difundió a los abonados por su servicio.
Cuando distintos medios preguntaron posteriormente
tanto al Pentágono como al Gobierno de Colombia sobre el tema, ambos negaron
que hubiera algún plan en ese sentido.
La misma agencia Reuters, poco sospechosa de apoyar
la causa bolivariana, publicaba por su parte el pasado lunes 30 de abril otra
información inquietante, que podría estar relacionada con esa nota manuscrita
de Bolton. Erik Prince, el fundador de Blackwater, la poderosa y polémica
empresa militar privada que proporcionó miles de mercenarios a la
Administración Bush para operaciones de alto riesgo en Irak y Afganistán y se
vio envuelta en varias sonadas matanzas de civiles, organizó un plan para
enviar 5.000 hombres en apoyo a Juan Guaidó.
Citando cuatro fuentes distintas, la poderosa
agencia de noticias británica, sostuvo que el ejército de mercenarios sería
reclutado en Colombia y otros países latinoamericanos.
“Él (Prince) tiene una solución para Venezuela, al
igual que tiene una solución para muchos otros lugares”, es lo único que
Reuters consiguió que le reconociese Lital Leshem, director de relaciones con
inversionistas de la firma Frontier Resource Group, la nueva empresa de Erik
Prince, de similares características que Blackwater.
Este vendió Blackwater a un fondo de inversión en
2010 y ahora se llama Academi.
Según la agencia Reuters, el plan, para el que
Prince buscaría 40 millones de dólares de inversionistas privados, comprendería
tanto labores de Inteligencia, como operaciones comando y de combate, como
posteriores de “estabilización” una vez Guaidó asumiera la presidencia.
Prince donó 250.000 dólares para la campaña
electoral de Trump -y este nombró a su hermana, Betsy DeVos, como secretaria de
Educación- y, según publicaba The Washington Post en 2017, habría jugado un
papel clave de intermediación entre colaboradores de Putin y de Trump.
En esta nueva aventura golpista Guaidó y López no
parecen haber logrado arrastrar ni al conjunto de la oposición, ni al grueso de
la gran patronal ni a aquellos amplios sectores de la población que han venido
acudiendo en los últimos meses a sus mítines callejeros.
Una injerencia externa
inadmisible
En esta nueva intentona golpista, apoyada
públicamente de forma inédita no solo por la Administración Trump, sino también
por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y por los gobiernos de
Colombia, Brasil, Argentina, Chile y otros países latinoamericanos, no estaba
en juego solo la supervivencia del régimen de Nicolás Maduro, sino la soberanía
de un país. Y muchas ciudadanas y ciudadanos de a pie habrán visto claramente
para qué se buscaba su complicidad, y no secundaron el desesperado llamamiento
de Guaidó para que salieran masivamente a la calle.
Pocas veces se ha visto fuera de las contiendas
bélicas internacionales una injerencia tan directa en los asuntos internos de
un país por parte de los máximos mandatarios de un grupo numeroso de países y
de dirigentes políticos.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha cometido graves
errores políticos en los últimos cuatro años, especialmente desde que la
oposición obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones legislativas.
Ha hecho una mala gestión de la crisis económica y
no enfrentó con firmeza gravísimos casos de corrupción en la Administración
pública.
La revolución bolivariana ha perdido fuelle no sólo
por las consecuencias de la crisis internacional y la innegable agresión
externa de la que fue y sigue siendo víctima, sino también por sus propias
incoherencias y errores, lo que hizo que el proceso se estancara, se perdieran
muchas de las conquistas logradas, y se perdiera el apoyo de una parte
considerable de su base social.
Sin embargo, ninguna de esas críticas que cierta
izquierda hace mal en intentar ocultar pueden servir a nadie para justificar ni
la guerra económica que soporta Venezuela desde hace veinte años, ni la
sistemática e histórica política golpista del sector más ultra de la oposición
que ahora ha encabezado esta nueva intentona golpista con un nada oculto apoyo
externo.
Al igual que hicieron en enero tras la
autoproclamación de Guaidó como “presidente encargado”, prácticamente al
unísono mostraron su apoyo con el golpe los presidentes de EEUU, Colombia,
Brasil, Argentina, Chile, Panamá y otros países latinoamericanos, mientras Cuba
y Bolivia mantuvieron en todo momento su respaldo a Nicolás Maduro, y México y
Uruguay defendieron su postura de no injerencia en otros países.
La Unión Europea optó esta vez por una postura
expectante, abogando por una salida pacífica, pero el italiano Antonio Tajani,
presidente del Parlamento Europeo, se sumaba a los llamamientos a los militares
venezolanos para sumarse al golpe de Guaidó.
Por su parte, el ministro de Exteriores español,
Josep Borrell, pareció sorprendido por el intento golpista de Guaidó, al que
tres meses atrás España reconoció como “presidente encargado”, pero no fue
hasta ahora más tarde que el Gobierno de Sánchez rechazó claramente cualquier
acción militar. Ya en ese momento se conocía que Leopoldo López y su familia
habían ingresado en la embajada de Chile en Caracas. Luego se trasladaron a la
de España.
Era la evidencia de que el golpe había fracasado.
Aún así, la ministra portavoz española, Isabel Celaá, sostuvo que Guaidó seguía
siendo “la persona legitimada para llevar adelante una transformación
democrática” en Venezuela, por lo que contaba con el apoyo de España.
¿No sabía el Gobierno español hace tres meses las
consecuencias que podía tener el reconocimiento de Guaidó como presidente
“encargado”, siendo dirigente de Voluntad Popular, el partido más violento de
la oposición y siendo Leopoldo López -miembro de una de las más conocidas
familias de la oligarquía venezolana- uno de los 400 firmantes del golpe de
2002?
¿No recordaba el Gobierno Sánchez que la apuesta
tanto de Felipe González como de José María Aznar contra Hugo Chávez desde el
inicio de su mandato en 1999, sirvió para arropar el golpe de Estado de abril
de 2002?
Es previsible -y deseable- que Pedro Sánchez forme
gobierno nuevamente a corto plazo. Tendrá la patata caliente de López en su
embajada en Caracas.
¿Se convertirá López en un nuevo Assange pero en
este caso para peregrinaje de los Albert Rivera -que inmediatamente se
solidarizó con el golpe de Guaidó-, González, Aznar, los enviados de Trump, Bolsonaro
y reaccionarios de todo el mundo?
¿O el nuevo Gobierno que se constituya próximamente
dotará por fin a España de una política exterior independiente, soberana,
progresista?
Roberto Montoya. Periodista y escritor. Forma parte
del Consejo Asesor de viento sur