Por Luis Britto

Nos cuenta Ana Lidia que en
México “huachicoleros” conectaron tomas clandestinas en los ductos de la
estatal Pemex, vendieron los hidrocarburos adulterados a una red de 12.000
gasolineras poseídas por alcaldes corruptos, desaparecieron los activos de los
almacenes e incluso construyeron oleoductos propios que los llevaban fuera de
las fronteras, al punto de que los carteles entraron de lleno al nuevo negocio,
más productivo que la droga.
Así, desde 2011 “el robo de
combustible es otra batalla perdida por Felipe Calderón, una batalla donde lo
que está en juego es gran parte del gasto público del país, un 40% del PIB”. No
lo reseñamos por demeritar a México, cuyos reveses nos duelen como propios,
sino por plantear la posible afinidad con lo que nos ocurre. Afirma el
Presidente Maduro que 40% de lo que Venezuela produce o importa desaparece por
nuestras fronteras ¿Cuál porcentaje de gasolina nuestra motoriza el parque
automotriz y la refinación de cocaína de países vecinos hostiles?
¿Quién permite que tales
magnitudes salgan sin registro de los depósitos de PDVSA? ¿Quién posibilita que
buques completos entreguen cargamentos que no figuran en su contabilidad?
¿Cuántos contratos celebró la estatal con empresas de maletín, con sobreprecios
o precios indebidamente reducidos; en cuántos se remuneran prestaciones o
bienes ficticios? ¿Por qué ha disminuido la producción de cerca de tres
millones de barriles diarios a menos de millón y medio? ¿Cómo estuvo conducida
tanto tiempo por funcionarios que cometieron o ignoraron irregularidades
semejantes?
¿Es posible que institución
de tal importancia económica y estratégica funcione sin actualizados sistemas
de control previo, concomitante y posterior de gastos e ingresos y del
cumplimiento de las metas y objetivos en función de los cuales se realizan?
PDVSA es de todos: todos tenemos derecho a saber.