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Privatizar es traicionar

Por Leander Pérez
En días pasados, se abrió un debate con motivo a la denuncia hecha por el ex ministro Elías Jaua, sobre la detención de diez comuneros que habrían ocupado y reclamado la propiedad social de la Estatal Arroz del Alba, ubicada en el estado Portuguesa, y cuyos activos habían sido entregados a la compañía privada Agroinlaca para su administración.

El portal La Tabla, señaló a través de su cuenta twitter que además de la entrega de la Planta en Portuguesa, en 2015 ya se había entregado la planta de alimentos balanceados ABA, perteneciente a la Corporación Venezolana de Alimentos S.A (CVAL), a ésta misma compañía privada, cuyos propietarios habrían obtenido suficientes beneficios como para “construir o adquirir inmuebles como una sede de lujo en la Zona Industrial II de Barquisimeto y un condominio de más de 1 millón de dólares en Miami”.
Volviendo sobre la detención de los comuneros, Elías Jaua señaló en su denuncia las razones para la ocupación de la empresa por parte de la Comuna Agua de Dios:
“¿Qué demanda la Comuna Agua de Dios, en ejercicio de sus competencias legales en el ámbito comunal?: Que se respete la propiedad social, que se expliquen las condiciones legales bajo las cuales se entregaron activos nacionales a un privado, que se garantice la estabilidad y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, que se reciba la producción de arroz de la zona, que un porcentaje de la distribución sea vendido en la comunidad. Nada de lo cual cumple en este momento el operador capitalista”[1].
Como vemos, los ocupantes sólo estaban respondiendo ante el saqueo por parte de los capitalistas, que desvían la producción para la exportación, amasan fortunas, adquieren propiedades y todo esto sobre las espaldas de los trabajadores y campesinos, que son quienes realmente están produciendo.
Solamente después de que el caso provocó un escándalo entre la izquierda chavista y cuando ya los comuneros llevaban 70 días detenidos, estos fueron liberados.
¿Caso aislado o política de Estado?
Lamentablemente, el caso al que acabamos de referirnos no está aislado, sino que es parte de una política cada vez más evidente, que bajo el argumento de la “participación del sector privado”, avanza hacia la privatización, parcial o total, de empresas que fueron nacionalizadas o inauguradas en revolución. Además, este proceso de reversión de las conquistas no sólo se da en el sector industrial, sino que abarca desde la tierra hasta el turismo, desde la recolección de la basura hasta el cambio de composición accionaria de empresas estratégicas de hidrocarburos…
Uno de los mayores escenarios de conflicto por la propiedad desde el comienzo de la revolución bolivariana ha sido el de la tenencia de la tierra. El propio golpe de Estado de abril de 2002, tuvo entre sus motivaciones el revertir la Ley de Tierras, promulgada vía habilitante en 2001 por el presidente Chávez, y que permitiría un proceso de socialización y entrega de tierras no productivas a campesinos[2]. Hoy, se está efectuando un proceso inverso, despojando de las tierras a los campesinos y comuneros para entregarla en manos de los latifundistas.
Estas acciones terrófagas se dan bajo la sombra protectora del flamante ministro que acuñó la célebre categoría de “burguesía revolucionaria” y que todos conocemos. El despojo de los campesinos se hace en favor de antiguos “propietarios” que puedan pagar, pero también a favor de burócratas, civiles y militares, cercanos al “zar” de la tierra, por esta razón, se usan todos los medios para expulsar a los campesinos, desde la presión y cerco institucional, hasta el amedrentamiento por parte de efectivos militares, paramilitares y sicarios.
Todo esto, motivó a un grupo de campesinos del estado Portuguesa a emprender lo que se denominaría la “Marcha Campesina”, una travesía a pie desde dicho estado hasta Caracas con el fin de reunirse con el presidente y plantear sus problemas. Esta marcha generó una gran movilización de solidaridad de toda la izquierda en el país y, sin embargo, fueron recibidos por los cuerpos de seguridad. Días después de su estancia en Caracas, los campesinos lograron reunirse con el presidente, que en cadena nacional les escuchó e hizo todo tipo de promesas.  Pero desde entonces, los avances han sido pocos y las muertes se han seguido sucediendo, llegando al número de 19 dirigentes campesinos asesinados hasta la fecha[3].
A la par de los asesinatos, también se han dado detenciones arbitrarias y los intentos de desalojo, en los que se han llegado a quemar casas y escuelas de las comunidades campesinas. En Mérida, por ejemplo, se detuvieron a 32 campesinos (entre ellos 11 mujeres, una de ellas lactante) por la supuesta invasión de la finca La Magdalena, donde según el portal La Tabla, venían sembrado con permiso del Instituto Nacional de Tierras (INTI)[4]. Otro caso de detención arbitraria sería el caso de Wiston Olivero, vocero del rescate de tierras en hato Gavilán-La Chaqueta en Portuguesa junto a otros nueve campesinos, a quienes se les habrían “sembrado” escopetas y uniformes militares para hacerlos pasar por paramilitares[5]. Mientras que, en el mismo estado, pero esta vez en El Consejo Campesino Guasimal Los Caribes, del municipio Papelón, bandas armadas quemaron varias viviendas, un tractor y destruyeron los cultivos de la comunidad.
También en el sector industrial se ha venido avanzando en esta política de privatización acompañada de la persecución de trabajadores. Un caso emblemático fue la detención por parte del CICPC de tres dirigentes sindicales de la empresa Lácteos los Andes en febrero del año pasado. Los trabajadores de esta empresa, que fue nacionalizada por Chávez en 2008, denunciaban que más del 80% de la planta en Cabudare estaría paralizada producto de la corrupción y la falta de inversión en materia prima, lo que, según ellos, se corresponde al desvío de recursos destinados a la empresa para posteriormente justificar su entrega en manos privadas[6].
En Café Fama de América, la historia no es muy diferente, nacionalizada en 2009 como parte de una lucha contra los monopolios (Fama de América y Café Madrid contaban con el 80% del mercado), permanecería poco tiempo bajo control de sus trabajadores. Ahora, controlada por la burocracia, la empresa pasa la mayor parte del tiempo sin materia prima. Los trabajadores en este caso también denuncian en proceso de quiebra, pues mientras en ellos anaqueles se observan productos “gourmet”, a la empresa no entra “café verde”, siendo que el encargado de formar las guías de transporte es el coronel José Alfredo Mora, presidente de la Corporación Venezolana del Café[7].
La comuna también ha sido blanco de los ataques de la burocracia, y en este particular, se han superado en cuanto a su cinismo. La Comuna El Maizal es un ejemplo claro de cómo entre mayor es el éxito de la organización popular, mayor es el ensañamiento de la burocracia, veamos a que nos referimos.
Recientemente el presidente Nicolás Maduro anunció a través de su cuenta en Twitter la “reactivación”, en conjunto con la empresa privada, de la Granja Porcina “José Leonardo Chirinos”, ubicada en el municipio Iribarren del estado Lara, y que era una de las cuatro plantas de la empresa mixta Porcinos del Alba.
Para nadie es un secreto que dicha empresa mixta jamás pudo producir en manos de la burocracia. Sin importar el tamaño de las inversiones hechas para levantar la producción, sus instalaciones se convirtieron en cementerios de cerdos hasta que una de sus plantas (también del estado Lara) fuese ocupada por los comuneros del Maizal en conjunto con los trabajadores, para levantar la producción bajo un régimen de propiedad social.  El éxito de la comuna quedó demostrado cuando en enero de 2018, mientras en distintos rincones del país se exigían los perniles prometidos por Maduro (y que nunca llegaron), las comunidades aledañas podían adquirirlo a precios solidarios.
Como señalamos antes, los éxitos de la comuna son para la burocracia inaceptables, pues no sólo demuestran su incapacidad, sino que además dejan en evidencia las mentiras que son usadas para la privatización. Por esta razón, la burocracia emprendería el asedio de la experiencia, negando los alimentos necesarios para mantener a los cerdos, tal como sería denunciado por uno de los dirigentes de la Comuna Ángel Prado cuando se anunciaba la venta de los cerdos a los campesinos para evitar que muriesen de hambre.
«No vamos a entregar nuestra granja que fue quebrada por la mala gerencia de Porcinos del Alba dejando un cementerio de animales como se conoce el caso y peor aún en tiempos de crisis. Con los trabajadores y las comunidades organizadas tomamos la empresa, con ellos la venimos levantando y con ellos saldremos adelante, pero claudicar jamás.»[8]
Este sería apenas uno de los tantos ataques que sufre la comuna, pero deja ver con claridad el cinismo con el que se habla de “recuperar” una empresa cuando en realidad éstas han sido quebrada por la burocracia, asfixiando toda experiencia exitosa de control obrero con el fin de entregarlas en manos de los capitalistas.
Las alianzas “estratégicas” con la burguesía no se quedan sólo en la entrega de empresas nacionalizadas a los nuevos capitalistas amigos del gobierno, sino que también incluye a multinacionales de todo el mundo, desde la Gold Reserve, a quién Chávez expulsó del país, hasta empresas turcas y chinas vinculadas con casos de corrupción en sus respectivos países.
En la mayoría de los casos, el gobierno ha intentado guardar las apariencias. Sabiendo que por años el discurso de Chávez fue contra las privatizaciones en la cuarta república, los burócratas tratan de ir levantando todos aquellos decretos que durante el gobierno de Chávez ponían un margen de máximo 40% de participación de capitales extranjeros en la composición accionaria de las empresas mixtas. En este sentido, la Ley de Inversión Extranjera, sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente, ha sido un duro golpe a la soberanía nacional ya que no sólo nos pone a merced de los buitres y multinacionales, sino que además permite el saqueo a través de las regalías. Esto sin mencionar los convenios contra la doble tributación ya suscritos por el gobierno y que eximen del pago de impuestos al país a compañías extranjeras.
En el caso de la Gold Reserve, el gobierno de Maduro ha pactado el pago de indemnizaciones por un monto de 1.032 millones de dólares para disculparse por la expropiación que hiciera Chávez[9]. Con ello, Maduro lograría que la empresa invirtiese en la construcción de dos plantas para extraer oro y cobre, una de ellas por valor de 295 millones de dólares (mucho menos de lo que estamos pagando), a través de la creación de una empresa mixta en la que el 45% pertenecería a esta empresa canadiense[10].
En un artículo pasado, Los socios del presidente: Sobre las alianzas estratégicas de Maduro con Turquía y China, además de señalar las razones políticas de los acuerdos y el verdadero carácter de los gobiernos “aliados”, dimos algunas cifras que ilustran este proceso de apertura y privatización.
“En el caso turco, por ejemplo, el intercambio comercial ha crecido aceleradamente, pasando de los 803,6 millones de dólares en el periodo 2013-2017, a 892,4 millones de dólares en los primeros 5 meses de 2018, monto que se divide en 52,2 millones de importaciones venezolanas en harina, trigo, arroz, pasta, jabón, mármol y materiales de construcción, y exportaciones por un monto de 834,2 millones en diamantes, metales preciosos, hierro, acero y perlas
[…]
Respecto a China, destacan entre los últimos acuerdos el de convertir la Ferrominera del Orinoco en una empresa mixta, otorgar 9,9% de las acciones de Petrosinovensa (empresa mixta del área petrolera) a China, lo que elevaría la parte accionaria asiática a 49,9% (violando leyes introducidas por el presidente Chávez); convenios en materia de extracción de gas con la Corporación Nacional de Explotación del Gas de China (CNODC), de extracción aurífera con la Yankuang Group y de hierro con la Railway Engineering Corporation, además de convenios para la extracción y procesamiento de coltán”[11].
El problema para el gobierno, es que esta nueva “apertura” no ha logrado atraer grandes inversiones para el desarrollo de las fuerzas productivas, sino que se ha concentrado en la industria extractivista, por lo que en realidad representan una entrega de recursos naturales para salvar el moribundo modelo rentista.
El discurso de la derecha en la boca de la burocracia
Para tratar de justificar esta política, no es raro escuchar de boca de la derecha que el control obrero no funciona, que la industria en manos del Estado fracasa y que la misma debe estar en manos privadas para que el mercado trabaje equilibradamente.
En vida de Chávez, muchos burócratas (que todavía ocupan puestos), pensaban de esta manera, pero, frente al auge de masas y las luchas de los trabajadores, se callaban (lo que no les impedía torpedear todos los intentos de organización y gestión obrera). Ya en 2012, y aprovechando el tratamiento del presidente Chávez en Cuba, la burocracia destruyó el control obrero en las empresas de la CVG, destituyendo a los presidentes obreros de SIDOR y Alcasa. Ahora, estos cobardes que pasaron años actuando como una quinta columna dentro del proceso revolucionario, aprovechan una situación de crisis que los fortalece para poder cacarear sus argumentos. Hablan de “recuperar” empresas improductivas o paralizadas de la mano con el sector privado, mientras abiertamente señalan que el control obrero fue un fracaso.
Sin embargo, a cualquier persona cuya conciencia no esté adormecida por la propaganda de estos charlatanes le vendría a la cabeza una pregunta bastante lógica… ¿por qué estas empresas que estaban produciendo cuando fueron nacionalizadas ahora están paralizadas? Seguramente se nos dirá que la culpa fue de los trabajadores, o peor aún, se aludirá a una supuesta cultura del venezolano que lo hace flojo por naturaleza, sin embargo, ninguno de estos mitos “culturales” se corresponde con un análisis de los hechos.
Estos prejuicios esgrimidos como argumentos no resisten el más mínimo escrutinio. ¿Es que acaso los trabajadores antes de la nacionalización no son los mismos que después? ¿y no son los mismos que antes de ser nuevamente privatizada? En efecto lo son, pues si algo se mantiene prácticamente invariable en cada transición es precisamente la fuerza de trabajo, que es la que realmente produce valor. Por otro lado, como vimos en el caso de Lácteos los Andes o de Fama de América, no se puede culpar de la debacle de esas empresas a los trabajadores cuando estos no sólo están fuera de la administración de la empresa, sino que además son quienes están denunciando los dudosos manejos de los burócratas a cargo.
Es más, se puede demostrar con datos y cifras que todas aquellas empresas que fueron nacionalizadas y en las que se implantó el control obrero, producían más que bajo control privado y pasaron rápidamente a tener dificultades en la medida en que la burocracia aplastó el control obrero y pasaron a ser gestionadas por burócratas (en su mayoría militares).
Durante dos días, varias organizaciones sociales promovimos las etiquetas en Twitter de #PrivatizarEsTraicionar y #LibertadParaLosComuneros que lograron ser tendencia por varias horas. Aquí, pudimos constatar la mentalidad de los burócratas, quienes, en muchos casos escudados por el anonimato de las redes sociales, aprovecharon para mostrar de qué lado están en la lucha de clases que vive el país. El golpe fue tal que los “Bots” del gobierno se activaron con otra etiqueta: #EmpresasMixtasConChinaYRusia, lo que demuestra lo sensible que es la burocracia con la crítica y los débiles que son en el campo del debate de ideas, por lo que una táctica acertada sería impulsar la primera para lograr traerlos a nuestro terreno, en el que expondrán sus verdaderas ideas y no el discurso panfletario que los caracteriza y que tanto daño hace al socialismo.
La razón fundamental para privatizar es bastante obvia, no tiene que ver con las necesidades del pueblo, pues como vimos en el caso que abre este artículo, los alimentos (para ellos mercancía) no van al consumo interno; tampoco tiene que ver con una necesidad de Estado, porque la riqueza generada no va al gobierno. El verdadero motivo detrás de las privatizaciones es el interés personal, el propio lucro de la venta o concesión de la propiedad del Estado.
Saludamos la intervención clara y valiente de Elías Jaua en el caso de Arroz del Alba. Lo que es increíble es que de no ser porque el le dio publicidad al caso, dos meses después de producirse, nadie hubiera tenido conocimiento del mismo. La burocracia actúa con nocturnidad y alevosía pues sabe que sus acciones serían rechazadas ampliamente si fueran conocidas.  Sin embargo, Elías Jaua no saca todas las conclusiones necesarias. Su propuesta de una “economía mixta”, un arroz con mango entre capitalismo y socialismo, no funciona ni puede funcionar. Como respondimos al propio Elías en el artículo El reformismo contra las cuerdas de la historia,
“Un modelo de economía mixta, en el marco del desarrollo del capitalismo en Venezuela, no es más que otra forma de transferencia estatal de renta petrolera por distintos medios (corrupción, subsidios, importaciones, sobrevaluación monetaria, etc.) en favor de las clases dominantes, claramente atadas al atraso y subdesarrollo de nuestro país”[12].
Lo que vemos es precisamente la consecuencia de no llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias, de no expropiar a la burguesía y de no haber destruido el Estado burgués. Volver a un pasado “progresista” no sólo es imposible en las condiciones de crisis capitalista actual, sino que significa, como señalamos en dicho artículo, ponerse contra las cuerdas de la historia para recibir un nocaut.
¿De burócratas a burgueses?, una transición basada en el despojo
Estamos ante una total degeneración burocrática de la dirección política del proceso bolivariano, algo que no se puede describir de ninguna otra manera sino como una traición a la revolución bolivariana. Esto, no es producto de plan maligno de algún dirigente ni nada parecido, es producto de las condiciones objetivas y de los intereses de clase de quienes ostentan el poder ante el estancamiento de la revolución. Una paráfrasis bastante extendida de Spinoza y usada por Trotsky reza: “Ni reír ni llorar, sino comprender” comprendamos entonces cómo hemos llegado a este punto.El propio Chávez, denunció en varias oportunidades que incluso durante la constituyente del ´99, había diputados que alteraban la redacción que se había debatido en la cámara para favorecer a los intereses de los capitalistas. La ley del trabajo actual, que contempla ciertamente progresos para la clase trabajadora (al igual que la constitución), también deja ver cómo la burocracia iba creando un marco legal para servirse de él con una mentalidad patronal al restringir el derecho a huelga, interponiendo para su ejercicio la solicitud de un permiso -como si para ejercer un derecho se deba tener una autorización-.
Los ejemplos legales sirven para ilustrar la cuestión, sin embargo, la mayor demostración de este vínculo entre la burocracia y la burguesía, no es otro que el flagelo de la corrupción que carcome nuestra sociedad y que se agrava producto del asqueroso modelo rentista que el gobierno insiste en salvaguardar. Las coimas que se pagan por un buen contrato, caen en los bolsillos de la burocracia, eso es cierto, pero salen de las carteras de compañías como Odebrecht, una relación ganar-ganar en la que perdemos nosotros.
Hasta ahora, hemos visto la esencia de la burocracia, también las condiciones materiales en la que ésta se fortalece, pero ¿qué pasa cuando las coimas ya no caben en sus bolsillos?
Debido a la oscuridad que cubre al proceso de privatización, y la imposibilidad en muchos casos de rastrear (por ahora) a los personajes que están detrás de un gran número de empresas de maletín, medir la cantidad de acciones, empresas y tierras en manos directamente de la burocracia es una tarea bastante difícil. Sin embargo, la historia nos demuestra que, dadas las condiciones de estancamiento revolucionario y fortalecimiento burocrático, la tendencia es a que la burocracia y sus allegados intenten hacerse con la propiedad los medios de producción que gestionan.
En nuestro país, aunque no se expropió a la burguesía en su totalidad, como sí se hizo en Rusia o Cuba, sí hubo un proceso de nacionalizaciones (en el que para colmo se indemnizó a la burguesía) empujado por el auge de masas. Esto da a la burocracia características bastante particulares, ya que el Estado siguió conservando su carácter eminentemente burgués, pero a su vez, la burocracia contaba con un poder económico bastante grande -recordemos que estaba al frente de empresas del Estado en diversos sectores de la economía, monopolizando algunos (hidrocarburos), o siendo competidor en otros (banca, seguros, agroindustria, servicios, etc).
Así, se puede constatar un desarrollo de la burocracia, del simple parasitismo  en el que favorecía los intereses de la burguesía y se apropiaba mediante coimas y sobornos de la renta, a una etapa de fortalecimiento y expropiación del poder político producto de la crisis y del reflujo del movimiento de masas, hasta el punto en el que nos encontramos, en el que avanza hacia una abierta política de privatización, que es a todas luces contrarrevolucionaria, y de la que posiblemente se esté beneficiando directamente (aunque por ahora sea en áreas marginales de la economía).
La debilidad de la burocracia venezolana, y las características particulares de nuestro capitalismo rentista, ha moldeado el proceso de privatizaciones. De esta forma, observamos como en los sectores estratégicos de la industria extractivista, la burocracia no ha podido hacer frente al capital extranjero, por lo que las privatizaciones se hacen a favor de sus “aliados estratégicos”, mientas que, en sectores de la mediana industria, se favorece a los pequeños capitalistas nacionales agrupados en Fedeindustria. Sin embargo, es en la repartición de la tierra donde la burocracia (civil y militar) ha sido un actor protagonista de este proceso de apropiación.
Debemos recordar que una política del gobierno, incluso desde Chávez, ha sido la de tratar de crear una “burguesía patriota” a través del apoyo financiero a sectores de la mediana industria, con el fin de desarrollar las fuerzas productivas. Esto sólo serviría para engordar a sectores de la burguesía afines a la burocracia, pero también a burócratas que decidieron “emprender” por su cuenta y aprovechar su poder político. Presenciamos como se paraliza el proceso de expropiaciones -sustituyéndose por un procedimiento de ocupación en el que la propiedad sigue siendo del capitalista, pero es administrada por la burocracia, cuando los primeros deciden cerrar[13]– para proteger la propiedad burguesa, pero se avanza sobre la propiedad y los derechos colectivos, es decir, sobre la tierra de los campesinos y comuneros, sobre las empresas de producción social o las empresas del Estado, y sobre la entrega de nuestros recursos naturales.
Defender nuestras conquistas y luchar por el socialismo
En muchas oportunidades, Chávez alertó sobre el papel contrarrevolucionario de sectores de la burocracia y de su actuación como una quinta columna dentro de la revolución bolivariana. Sin embargo, hoy esta burocracia ha perdido el miedo a las masas, aunque en algunos casos sigue usando verborrea seudo-socialista, y que avanza decididamente contra nuestras conquistas, aplicando, aunque gradualmente, un programa burgués.
Hace algún tiempo, en nuestra polémica con Elías Jaua, plateamos tres preguntas que creemos conveniente reproducir aquí, ¿cuál es la tendencia general del gobierno que observan?, ¿existe aún la posibilidad de que la dirección gobernante pueda dar un giro a la izquierda?, y en caso contrario, ¿qué esperamos para conformar una gran corriente de izquierda que plantee el socialismo como horizonte estratégico, y la genuina defensa de los intereses de los trabajadores y oprimidos en general?
Sobre la tendencia general del gobierno, ya vemos cuál es, es una tendencia a acabar con las conquistas de la revolución, haciendo concesiones crecientes a la burguesía, para sostenerse en el poder. Por otro lado, sobre la posibilidad de que sea el propio gobierno quien dé un giro hacia la izquierda, cabe señalar las palabras de propio Jaua, que señaló que sectores de la burocracia son ahora sectores burgueses y que esos sectores tienen un gran poder político y “pretenden comportarse como la vieja burguesía” negando cualquier avance (siquiera lento) hacia el socialismo, por lo que esperar una revolución encabezada por contrarrevolucionarios sería como esperar peras del olmo. Todo esto, nos lleva a responder a la tercera pregunta: Es momento de avanzar hacia la construcción de una alternativa revolucionaria.
Ciertamente, no estamos en las mejores condiciones. La burocracia se ha hecho con un gran poder sobre la vida de las masas, ha atado por mil y un nudos clientelistas los sectores más oprimidos y explotados de la sociedad, a la vez que ha debilitado económicamente a la vanguardia de la clase trabajadora, sea a través de la reducción en los hechos del poder adquisitivo, como a través del desvío de recursos y el boicot de experiencias comunales. Sin embargo, aún con todos estos golpes, vemos que el movimiento popular está lejos de sufrir una derrota definitiva y por el contrario insiste en luchar.
En el momento actual, urge trabajo de construcción de una alternativa revolucionaria, que denuncie la deriva contrarrevolucionaria del gobierno y luche contra el proceso actual de privatizaciones y por el control obrero de todas las empresas nacionalizadas, pero que, a su vez, sea capaz de articular estas luchas con las demandas de los oprimidos y explotados, salario digno, servicios de calidad y seguridad, para avanzar hacia un programa socialista.
Ante la situación actual de agresión imperialista observamos una cierta tendencia a cerrar filas incluso por parte de sectores críticos con el gobierno o algunas de sus políticas. Nuestra postura es clara: rechazamos y combatimos el intento de golpe de Trump-Guaidó pero sin por eso suspender nuestra crítica al gobierno. Esto es necesario puesto que las políticas del gobierno, de concesiones a la burguesía y de desmantelamiento de conquistas de la revolución, no sirven para enfrentar al imperialismo sino al contrario: al minar la revolución y vaciarla de contenido, preparan el terreno para la victoria de la contrarrevolución imperialista.
Algunos llegan a decir que cualquiera que critique al gobierno es un “quinta columna”, tratando de acallar así el creciente clamor contra políticas entreguistas como las privatizaciones y los ataques a las comunas campesinas. Nosotros respondemos, en una fortaleza sitiada ¿quién es “quinta columna”? ¿el que critica a los generales que abren boquetes en la muralla y entregan torretas al enemigo o aquellos que denuncian estas actividades traidoras?
Hoy es más necesario que nunca empezar el proceso de construcción de una alternativa revolucionaria. Esto pasa en primer lugar por entender que al imperialismo solo se le puede enfrentar con medidas revolucionaria: cárcel para Guaidó, disolución de la asamblea nacional golpista, armamento de las milicias, expropiación de las propiedades y activos de los golpistas bajo control obrero. En segundo lugar, hay que levantar un frente común de todos los revolucionarios en defensa de las conquistas, contra las privatizaciones, en defensa de la tierra y las comunas, por el salario. Pero en última instancia, hay que pasar de una lucha defensiva a una lucha ofensiva, recuperar el legado de Chávez que en sus últimos discursos planteó la necesidad de avanzar a una economía socialista y pulverizar el estado burgués. La Corriente Marxista Lucha de Clases estamos comprometidos con esta lucha, decididos a impulsarla y dentro de este frente común defenderemos nuestras posturas de que solo con la expropiación de la burguesía y con un plan democrático de producción bajo control de la clase trabajadora podemos empezar a resolver los acuciantes problemas que enfrentamos.
¡Defendamos nuestras conquistas, luchemos por el socialismo!
¡Abajo la burocracia y el reformismo, construyamos una alternativa revolucionaria!
¡Privatizar el traicionar, recuperemos y defendamos el legado de Chávez!

2 Este proceso se llevó a cabo a través de varias modalidades, otorgando tierra directamente a campesinos, a cooperativas, y más recientemente, a empresas de producción social vinculadas a las comunas.
13 Al respecto, recomendamos el apartado, El control burocrático o la violación del artículo 149, del artículo Elementos legales del cierre y ocupación de fábricas, disponible en https://luchadeclases.org.ve/?p=6567