Por Jesús Uzkudun
Con ocasión, el pasado 4 de febrero, del
Día Mundial contra el Cáncer, la Agencia Europea de Seguridad y Salud Laboral
de Bilbao, señalaba que “el
cáncer de origen laboral, continúa constituyendo el principal problema de salud
laboral en Europa” y “la
exposición laboral a carcinógenos, provoca anualmente 120.000 casos nuevos de
cáncer”.
En mayo de 2016, la Comisaria de Empleo y Asuntos Sociales,
Marianne Thyssen, decía: “El
cáncer es la primera causa de mortalidad laboral en la Unión Europea, siendo
responsable del 53% de todas las muertes relacionadas con el trabajo”,
y añadía que “El cáncer tiene
repercusiones devastadoras en personas trabajadoras, familias, en la industria
y en la sociedad”. La Agencia de Seguridad y Salud Europea calcula
que un 10% de los cánceres pueden estar relacionados con el trabajo, otros como
Takala apuntan hacía un 20%, mientras Osakidetza los sitúa en el 5%.
Mientras tanto, la mayoría de las Autoridades e Instituciones
vascas acallan el problema. Ciertos portavoces sindicales ignoran el cáncer
profesional cuando levantan la voz contra las inaceptables cifras de muertes en
accidentes de trabajo. Igual sucede con las Asesorías a la hora de tramitar una
Incapacidad Permanente a un enfermo, olvidando que las muertes de cáncer de origen
laboral son diez veces superiores a las cifras de siniestros laborales y que su
prevención es posible y además una obligación empresarial. Aspecto en el que
urge un cambio radical de actitud.
Tampoco podemos olvidar que las cifras de personas expuestas en su
trabajo a dichas sustancias, en el Reino de España, son de las más elevadas de
la UE, en torno al 24% de
exposiciones a sustancias cancerígenas ya conocidas. Dada la implantación
industrial en Euskadi, es probable que el porcentaje aquí sea mayor.
Son numerosas las sustancias cancerígenas que han estado y están
presentes en los centros de trabajo vascos. Desde el amianto, el más mortífero
(causante de 88.000 muertes anuales en Europa, según el Consejo Económico y
Social Europeo), la sílice, el cromo, arsénico, polvo de madera, cloruro de
vinilo, níquel, cadmio, formaldehído, benceno, alquitrán, hidrocarburos
aromáticos, ácido cianhídrico, humos diesel, aminas aromáticas, procesos
productivos como la fundición, industria del caucho, fabricación de muebles,
etc. Por esta razón, siendo el hábito de fumar también causante de cáncer, no
debe ser utilizado como causa exclusiva, ignorando el efecto sinérgico de los
cancerígenos laborales o para ocultar el origen profesional con probada
exposición laboral de tumores en vías respiratorias.
Está práctica ocultadora responde, sin duda, a la nula importancia
sanitaria que se le da al origen laboral de la enfermedad y responde a un
consciente olvido o práctica ocultadora desde las diferentes instituciones y
empresas:
1.- El Ministerio de Trabajo ha registrado únicamente en el año
2019 en el CEPROSS 63 cánceres profesionales (11 en Euskadi y 1 en Navarra) 35
de estos derivados del amianto y no registrando los reconocidos por el INSS.
Tampoco se registró a ninguna mujer en Euskadi, pero el INSS concedió la
Incapacidad Absoluta a Josefa Ibarbia y Josefa Illerra, guipuzcoanas afectadas
de mesotelioma pleural por inhalar fibras de amianto, pero no figuran en dicho
registro. Mientras tanto, Alemania registró en 2016, 6.559 cánceres
profesionales, Francia 2.118, Italia 1.033, Noruega y Dinamarca reconocen 183 y
133 veces más cáncer profesional que el Reino de España. Expertos de la
Universidad de Granada, señalan que solo se reconoce entre el 0,1 o 0,2% del
cáncer de origen profesional existente.
2.- Osakidetza y la Sanidad Pública. Mayoritariamente los
profesionales sanitarios incumplen el Decreto 1299/2006 al no comunicar
sospecha tras diagnosticar una enfermedad incluida en dicho Decreto y que puede
generar sospecha por su relación con la actividad laboral desarrollada, pese a
que dicha práctica insumisa conlleva a la sanidad pública a la asunción de
cuantiosos costes sanitarios que corresponden a Mutuas y a la Contingencia
Profesional.
En el Plan Oncológico 2018-23 del Gobierno Vasco se señala que en
2012 se diagnosticaron 769 cánceres laborales (124 mujeres y 645 hombres) y que
en el periodo 2011/15 se diagnosticaron 196 mesoteliomas derivados del amianto.
La mayoría de ellas sin comunicación de sospecha, ¿por qué se incumplió la Ley?
¿Qué gestiones se realizaron ante la Tesorería de la Seguridad Social para
imputar los gastos sanitarios? Preguntas interesantes para plantear en el
Parlamento de Gasteiz a la Consejera de Sanidad.
El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra estima que en el
periodo 2008-2012 se registraron en la Comunidad Foral un total de 841 casos de
cáncer de posible origen laboral: 265 cánceres de pulmón, 60 mesoteliomas, 10
casos de cáncer de senos paranasales, 285 cáncer de piel, (no melanomas), 40 carcinomas
de vejiga. En ese mismo periodo, el registro del CEPROSS, gestionado por el
Ministerio solo recogía 7 cánceres profesionales
3.- Los Servicios de Prevención ignoran el riesgo de dichas
sustancias a la hora de evaluar los riesgos y la vigilancia sanitaria. Todavía
recuerdo las quejas de algunos profesionales sanitarios forzados a “comunicar
sospecha” de las hipoacusias, por haber sido amenazados de denuncia.
¿Alguien piensa que las empresas vayan a asumir costes en inversión
preventiva frente a los agentes cancerígenos mientras la gran mayoría de los
tumores se registren como comunes? Mi experiencia me demuestra que las
inversiones preventivas se producen cuando la persona enferma o sus familiares
reclaman indemnización por daños y recargos por falta de medidas de seguridad.
Por esta razón, ocultar o ignorar el origen profesional del cáncer, supone un
fraude inhumano e inaceptable.
Que todavía hoy algunos cargos políticos o técnicos sigan afirmando
que “la exposición tóxica no
es nociva en el corto plazo”, como nos decían hace 20 o 30 años en
el trabajo, es inaceptable, cuando se ha demostrado que el Valor Límite de
Seguridad de un cancerígeno es 0. Con el amianto y otros cancerígenos se
redujeron los valores Límite de Seguridad y finalmente tuvieron que ser
prohibidos. No producen daños inmediatos, pero condenan a muertes prematuras a
trabajadores y trabajadoras y ocultar el origen de esas muertes, resulta
criminal y un terrible fraude a la prevención de los riesgos.
Por ello, urge una reacción social, sindical y de Asociaciones de
Pensionistas ante la ocultación del cáncer profesional, especialmente cuando
afecta a las vías respiratorias, ya que está en juego, además de las
prestaciones económicas de la Seguridad Social, la adopción de medidas preventivas
en las empresas para reducir la epidemia de cáncer.