Por
Claudio Katz
La
pandemia ha trastocado todas las prioridades de un gobierno que recién
arrancaba. Fernández enfrenta ahora dos emergencias simultáneas: el tsunami
sanitario y el agravamiento de la recesión.
Como el coronavirus llega más tarde al hemisferio sur, Argentina puede
asimilar lo ocurrido en el norte. Pero esa ventaja sólo brinda un poco más de
tiempo para emparchar un sistema sanitario destruido. El gobierno aceleró el
inicio del aislamiento social, frente al gravísimo peligro que se avecina por
la carencia de respiradores y hospitales. Todos temen las consecuencias de un
salto exponencial de los contagiados y se intenta aplanar la curva de los
afectados, para distribuir su impacto en la estructura sanitaria.
La experiencia internacional pareciera indicar que el brote puede ser
contenido con distanciamiento social y testeo. Los resultados de la cuarentena
comienzan a verificarse en China y las pruebas masivas han sido efectivas en
Corea del Sur. Pero como la intensidad del aislamiento es proporcional al desplome
de la economía, en todo el mundo se intentó posponer el encierro. Las
desgarradoras consecuencias de esa demora han conducido a la posterior
generalización de la cuarentena.
En Argentina se decidió un drástico resguardo en los hogares con un
número comparativamente bajo de contagiados. En esa resolución influyó la
tragedia de fallecidos en Italia y España. Las adversas condiciones de alta
circulación de turistas, significativa población adulta e incumplimiento de la
cuarentana habrán desencadenado el drama que afrontan ambos países. Pero
también el recorte en los presupuestos de salud y la falta de cobertura de los
sistemas privados explicarían los contrastes con Alemania. En cualquier caso,
la distancia de Argentina con la estructura sanitaria de Europa es monumental.
El gobierno de Fernández adelantó también la cuarentena, conociendo las
dificultades para inducir su rápida aceptación social en Argentina. Actuó en
forma opuesta a Trump o Johnson, que burlándose de la pandemia exhibieron una
irresponsabilidad mayúscula. Bolsonaro mantiene la misma insensatez. Despliega
boberías con el uso del barbijo y presenta la enfermedad como un complot de los
medios, mientras crece el número de contagiados en su propio gabinete.
ECLIPSE NEOLIBERAL
En muchos casos, las afinidades o disidencias con el neoliberalismo han
moldeado la reacción frente a la pandemia. Los gobiernos que santifican el
mercado suelen eludir el giro hacia la regulación estatal. El terrible recuerdo
reciente de Macri ha facilitado ese viraje en Argentina.
Frente a un peligro de catástrofe sanitaria se observó en el país la
misma reacción inicial que en Europa o Estados Unidos. Primero afloró el miedo
y una psicosis de acaparamiento en los supermercados. En Argentina ya existe
cierto acostumbramiento a los temblores de la economía y a los cataclismos
sociales, pero se desconoce la dinámica de una convulsión tan emparentada con
situaciones de guerra.
Ese desconcierto explica el incumplimiento inicial de la cuarentena
requerida para frenar la transmisión del virus. Posteriormente se ha verificado
la aceptación del aislamiento, junto a una oleada de críticas a los sectores
acomodados que priorizan sus distracciones al cuidado de la salud pública.
Más significativo es el giro político. Se ha masificado la reivindicación
de Aerolíneas Argentinas, frente a la constatación que Fly bondy no acudiría al
rescate de ningún ciudadano varado en el exterior. La población se enorgullece
del Malbrán, sepultando los elogios neoliberales a la medicina prepaga. Los
aplausos nocturnos de homenaje a los médicos y enfermeras ilustran el nuevo
clima.
Los fanáticos del libre-mercado guardan silenciado. En un escenario de
insustituible intervención estatal, no hay cabida para exaltar los recortes del
gasto público. Frente a la urgente necesidad de garantizar la provisión de
alimentos y remedios han decaído todos los mitos de la libertad de precios.
Tampoco hay espacio para despotricar contra la protección del empleo y el
otorgamiento de subsidios a los sectores más paralizados de la economía. La
inutilidad del ideario liberal salta a la vista y para eludir esa constatación,
Espert y Milei son sigilosamente marginados de la pantalla.
El eclipse neoliberal también se corrobora en la generalizada impresión,
que un comando de Macri de la actual emergencia conduciría al país al abismo.
No sólo recortó el 23% del presupuesto de salud. Su reacción habitual frente a
cualquier crisis era la distracción, el entretenimiento y las vacaciones. No
cabe duda que habría privilegiados nuevamente los negocios de sus amigos, al
resguardo de la salud pública.
OTRA ESCENARIO FRENTE A LA DEUDA
La pandemia empuja al gobierno a modificar su plan de alcanzar primero
un acuerdo con los acreedores, para reactivar luego la economía. La posibilidad
de una gran depresión obliga a invertir esa secuencia. La deuda ha pasado a un
segundo plano, frente a la urgente necesidad de contener la recesión.
El programa anterior promovía un gran ahorro fiscal para facilitar los
pagos a los bonistas. Por eso se suspendió la movilidad previsional y se
incrementaron todos los gravámenes. Esta estrategia ha quedado sepultada con un
significativo aumento del gasto público (2% del PBI), que sintoniza con el
rumbo seguido en todos los países. Pero la fragilidad del sistema sanitario
obliga a prender todas las alarmas. En comparación a los montos asignados a la
emergencia en los países desarrollados, el auxilio real dispuesto en el país es
muy modesto.
Un problema clave es la financiación de ese gasto. La recaudación
sigue en picada y la canilla de préstamos extremos está cerrada. Además, el
reperfilamiento de la deuda interna obstruye cualquier captación de crédito
local. En un escenario de renovación forzosa de todos los títulos en danza, hay
poco espacio para colocar nuevos bonos.
La emergencia sanitaria será solventada en lo inmediato con emisión.
Pero la exclusiva utilización de ese recurso podría impactar sobre la tasa de
inflación. Por esa razón la suspensión del pago de la deuda externa se ha
tornado insoslayable. Es la única forma de sostener el programa contra la
pandemia. El gobierno y los acreedores conocen ese dato y ya avizoran un
arreglo ajeno al libreto precedente o un default inexorable.
La propuesta inicial de negociar un canje de bonos con quita, reducción de
intereses y posposición de pagos ha perdido viabilidad. Todas las medidas
adoptadas para transitar por ese rumbo (ley de solidaridad en el Congreso, aval
del FMI) son recuerdos del pasado.
Antes de la pandemia, los principales tenedores de los bonos argentinos
rechazaban cualquier recorte de sus acreencias. Por eso sabotearon la
renegociación de los vencimientos de un bono provincial (Buenos Aires) y otro
nacional (Dual). Con esa postura incentivaron el desborde de los indicadores
del riesgo país y del costo de los seguros de la deuda (CDS). Pero ahora todos
afrontan la novedad de un derrumbe fulminante de las emisiones argentinas. La
cotización de esos títulos se ha situado por debajo del 35%.
La sofisticada reestructuración de la deuda que preparaba el ministro
Guzmán ha quedado en el limbo. Por ahora mantiene la oferta de canjear todos
los pasivos sujetos a la legislación extranjera, pero demandaría una quita más
significativa (55%) y una contundente postergación de los pagos por varios
años. Se avecina por una vía acordada o compulsiva, la total imposibilidad de
transferir fondos a los acreedores. Es el único camino para financiar la
emergencia sanitaria y la contención de la recesión.
EL SUICIDO DE CUALQUIER PAGO
Habrá que ver cómo reaccionan los acreedores en mayo y junio frente a
los grandes vencimientos de la deuda. Si no hay arreglo se oficializará el
default. Los consultores financieros -que reemplazan en las pantallas a los
desprestigiados economistas del macrismo- han realzado la conveniencia de una
“oferta amigable” a los bonistas. Afirman que es el momento de implementar un
canje, con acreedores dispuestos a aceptar cualquier cobro. Pero hasta ahora no
existe ningún indicio de esa predisposición. Es tan sólo una posibilidad, que
implicaría una infame erogación en plena emergencia sanitaria.
También se resalta la utilidad de un arreglo, antes que los buitres
adquieran los bonos e impongan la cobranza total de los títulos. Bajo el macrismo
esa cancelación implicó un desembolso de 15 mil millones de dólares, pero no
existe ninguna razón para repetir esa estafa. Basta imaginar cuántos hospitales
se hubieran podido construir con el dinero girado a los financistas.
Los augurios neoliberales de un gran desastre con el default han perdido
sentido. En el vendaval actual el fantasma de un cierre de los mercados
crediticios ya no afecta sólo a la Argentina. Impacta sobre muchas economías de
la periferia. En medio de semejante crack es ridículo alarmarse por la incierta
captación futura de préstamos. Más desubicado es el temor a juicios o embargos
de bienes del Estado en el exterior. En el tsunami que afronta Wall Street esas
prevenciones son irrelevantes.
Si antes de la pandemia el pago de la deuda imposibilitaba el
crecimiento de la economía, en la coyuntura actual conduciría a la catástrofe.
Ya no está en juego qué tipo de obstáculos impone el corsé fiscal a la
reactivación. El único cálculo importante es cuánto debe aumentar la cobertura de
los contagiados. El riesgo-país perdió su impronta financiera y ahora alude a
la magnitud de afectados por el coronavirus.
La suspensión de pagos de la deuda es imprescindible para salvar vidas.
Todos los cuestionamientos a un giro de divisas que recrea la dependencia,
eternizan el sometimiento a los tribunales extranjeros y convalida las estafas
han pasado a segundo plano. Ahora resulta inconcebible destinar a los
especuladores los fondos requeridos para adquirir reactivos y medicamentos.
REPLANTEOS DEL COMERCIO Y VACA MUERTA
El default parcial que comenzó el año pasado facilita la protección de
la economía frente al vendaval internacional. Contiene la transmisión de ese
impacto mediante los controles al movimiento de divisas y limita la hemorragia
que sufren otros países (Chile, Colombia).
Como el porcentaje total del intercambio comercial sobre el PBI se ubica
en la mitad de promedio mundial, resulta posible administrar la inminente
contracción del sector externo. Ya es un hecho la reducción de compras de
China, la fulminante caída del turismo y la fuerte retracción de la economía
brasileña.
Ha comenzado además la revisión de las importaciones para priorizar el
uso de las divisas. La vieja obsesión por la “competitividad” del tipo de
cambio ha perdido sentido. Si el país “acompaña” la devaluación del real
brasileño afectará el intento de reducir la inflación, en un momento crítico
para los precios de los bienes esenciales.
También en el terreno de la energía se impone un cambio radical. El derrumbe
del precio internacional del petróleo está sepultando el proyecto de Vaca
Muerta. Si con el barril a 50-60 dólares esa explotación era inviable, por
debajo de los 40 dólares queda archivada.
El mismo replanteo que afecta a la deuda se extiende a los combustibles.
Habrá que retomar la inversión en petróleo convencional, cajoneando todas las
fantasías de “una segunda pampa húmeda” localizada en Neuquén. La exaltación de
Vaca Muerta para pagar la deuda no es sólo inmoral (devastación de los recursos
naturales para premiar a los usureros). Ahora se ha tornado ilusoria.
La necesidad de frenar la inflación obliga también a amoldar el precio
local del combustible a su nueva cotización internacional. No existe ninguna
razón para mantener un nivel de tarifas tan elevado. Es el momento de revertir
la influencia del lobby petrolero, que impone remarcaciones cuando se valoriza
el petróleo en el mundo e impide reducciones en las secuencias inversas.
REPATRIACIÓN, AUDITORIA, SOBERANÍA
Es indudable que el país necesita divisas para adquirir los insumos de
la emergencia. Esos fondos están disponibles en las cuantiosas sumas de
capitales argentinos localizados en el exterior. Al cabo de sucesivas
hemorragias -con un gran pico de 88.000 millones de dólares durante el
macrismo- el total de esos fondos supera el PBI. La crema de la clase
capitalista ha depositado su patrimonio en los bancos foráneos y en los
paraísos fiscales.
En un momento de exhortaciones a la solidaridad y convocatorias a
“cuidarnos entre todos”, la repatriación de esos capitales debería ser una
prioridad. Se podrían adoptar varias medidas para inducir el regreso de
recursos generados dentro del país. Sus propietarios están identificados y mantienen
gran parte de sus activos en Argentina. Existen distintos instrumentos
impositivos para implementar esa repatriación.
La auditoría de la deuda haría más factible esa acción. Es sabido que
los pasivos contraídos por el estado financiaron la fuga de capital, mediante
estafas semejantes a las consumadas por la cerealera Vicentín con los créditos
del Banco Nación. Ese tipo de fraude concretaron también los proveedores de
Vialidad Nacional y las empresas energéticas, que dolarizaron las tarifas locales
para transferir sus ingresos al exterior.
Después de muchos años de cajoneo de la auditoría, el gobierno anunció
una investigación del Banco Central y reactivó la comisión bicameral de
seguimiento de la deuda. Prometió identificar las operaciones de fuga
realizadas con la cobertura del préstamo que el FMI otorgó al macrismo. Habrá
que ver si esa iniciativa persiste en la nueva coyuntura. Sería necesario
extenderla a todas las transacciones de los últimos años, para contar con un
padrón completo de los capitales a repatriar en la actual emergencia.
Este tipo de iniciativas exige la recuperación plena de la soberanía. En
todas las latitudes, los estados tienden a suspender los compromisos
internacionales que obstruyen el socorro sanitario. En Argentina el ejercicio
efectivo de esa soberanía está limitado por la tutela del FMI.
Ese control es archiconocido, pero ha sido relativizado por el gobierno,
que presenta al Fondo como un nuevo aliado del país. Se afirma con gran
ingenuidad que “nos dio la razón”, que se ha vuelto sensible y contribuirá a
lidiar con la codicia de los bonistas.
Pero basta observar cómo el FMI rechazó la solicitud venezolana de un
crédito de emergencia ante la pandemia, para corroborar que esa institución no
cambió. Simplemente se ubica en la primera fila de los futuros cobradores y
exige el reembolso prioritario de su acreencia. Por esa razón se auto-exceptúa
de la fuerte quita que propone para los fondos de inversión. El FMI arrastra
una gran crisis interna por el crédito que otorgó a la Argentina violando su
carta orgánica y teme sufrir en carne propia los efectos del default.
Repitiendo lo ocurrido en el 2008, el FMI propone ahora una fuerte
expansión internacional del gasto público. Por esa vía convoca a socorrer a los
capitalistas amenazados por el inminente quebranto. Esa política es presentada
como otro ejemplo de sintonía con Argentina, cuando el Fondo desestima
cualquier quita de sus acreencias con su deudor del Cono Sur. En los hechos,
ubica a la Argentina en el pelotón de las economías periféricas, que deberían
aumentar sus transferencias a los centros metropolitanos del capitalismo.
PRECIOS, RECESIÓN, INFORMALIDAD
Las medidas del gobierno sintonizan con el nuevo clima internacional de
economía de guerra. El propio tono de Fernández es más severo, cuando anticipa
penalidades al encarecimiento o al desabastecimiento de productos esenciales.
En los precios de esos bienes se verificará el grado de cumplimiento de
las advertencias oficiales. Es totalmente inadmisible lo ocurrido con el
alcohol (que desapareció de los comercios) o con el alcohol-gel (que alcanzó
cotizaciones delirantes).
Los precios máximos son disposiciones muy distintas a la ley de góndolas
o a los índices de referencia, que hasta ahora promovía la Secretaría de
Comercio. Ya se mencionan reiteradamente las viejas penalidades que habilita la
ley de abastecimiento. Si por esa vía se logra atenuar la carestía, quedarán
definitivamente desmentidas todas las tonterías neoliberales sobre la
ineficacia de la regulación y el imprescindible reinado del mercado.
Como la retracción de la economía no debuta en Argentina con la
pandemia, la contención de la recesión es otra prioridad. El tercer año
consecutivo de caída del PBI generará serios efectos acumulativos. Durante el
primer trimestre, la reactivación estuvo tan ausente como la promesa de “poner
plata en los bolsillos de la gente”. Por un lado, las mejoras otorgadas a los
sectores más humildes tuvieron poco impacto sobre la demanda y quedaron
parcialmente licuadas por la inflación. Por otra parte, el recorte de las
jubilaciones, la ausencia de mejoras salariales y la continuidad de altos
impuestos a los trabajadores impidió la reanimación del consumo.
El nuevo escenario disipa todas las expectativas en el esperado repunte.
Ya no se discute cuándo arrancará la economía, sino cómo evitar un mayor
declive. Las primeras estimaciones auguran un retroceso adicional del 1% del
PBI y un incremento de dos o tres puntos de la pobreza.
El gobierno ha buscado transitar un camino intermedio entre el ajuste y
la redistribución. Por eso osciló entre las mejoras y el torniquete. Otorgó
alivios sociales (aumentos de la asignación universal y las jubilaciones
mínimas, reducción de tasas de interés, congelamiento de tarifas, limitaciones
al despido, tarjeta alimentaria). Pero también avasalló derechos, como la
suspensión de la movilidad de las jubilaciones y el intento de eliminar la
cláusula gatillo de incremento de los salarios por la inflación.
Habrá que ver si esa línea -igualmente distanciada del ajuste y la
redistribución- se mantiene en el nuevo escenario. Por ahora se anunció otro
incremento de la AUH y de los fondos para el programa contra el hambre. Se
dispusieron sumas de emergencia para los jubilados que perciben ingresos bajos
y se otorgaron licencias a los trabajadores con hijos escolarizados.
También se prohibió el corte de todos los servicios y se impuso la
postergación forzada del pago de las facturas. Pero al mismo tiempo, las
exenciones a las contribuciones patronales y a los gravámenes de las empresas,
no fueron extendidas al impuesto a las ganancias que tributan los trabajadores.
Los problemas más urgentes se localizan en la masa de trabajadores
precarizados y cuentapropistas, que necesitan comer durante la cuarentena.
Dependen de un sustento diario obtenido en las calles y en las actividades
informales. Los anuncios de un auxilio adicional apuntan a ese tercio de la
población, diferenciado tanto de los trabajadores formales como de los
asistidos por el estado. Allí se concentran las mayores necesidades del
momento.
RECONVERSIONES CON HISTORIA
Las medidas en curso mantienen cierto hilo conductor con el programa
económico inicial, pero alterando su contenido. Ahora predomina un propósito
keynesiano de utilizar gasto público, para impedir que la recesión se
transforme en depresión. Con ese propósito se reintroducen los mecanismos de
subsidio a las empresas implementados durante la crisis del 2008-09 (Repro). En
ese momento se sostuvo la demanda interna con los recursos del Fondo de
Garantía del sistema previsional. Ahora esos resguardos son mínimos y las
necesidades de inversión en salud pública son gigantescas.
Aún se desconoce cómo distribuirá el gobierno las erogaciones entre
compensaciones a los empresarios y auxilios a los trabajadores. Seguramente
intentará mantener cierto equilibrio entre las subvenciones a los capitalistas,
el sostén de los ingresos populares y el mantenimiento de la obra pública.
Pero su diseño social previo perdió vigencia. En el debut del primer
trimestre Fernández intentó acordar con los acreedores, incrementar la presión
impositiva sobre clase dominante y conceder mejoras al sector popular más
postergado. Pretendió afianzar una alianza con el FMI, en desmedro de los
fondos de inversión y aumentar el cobro de impuestos a la cúpula agro-sojera,
favoreciendo a la industria y los bancos. También intentó apuntalar a los más
empobrecidos, sin mejorar el salario y sin aliviar la situación de la clase
media. Ese complejo armazón ahora trastabilla.
El torbellino en curso impactará también sobre una estructura
industrial, que ha quedado segmentada entre un sector paralizado y otro que
debe operar a pleno. Los shoppings, el turismo y los restaurantes han quedado
inmovilizados, pero el abastecimiento de alimentos, remedios y energía deben
multiplicarse. Esa remodelación trastoca el proyecto precedente. El esquema
neodesarrollista que ambicionaba Kulfas, para resucitar el actual modelo industrial
con mayores exportaciones de soja y petróleo, ha quedado muy afectado.
Las drásticas reestructuraciones que se estudian en otros países podrían
resultar aleccionadoras. En Inglaterra se evalúa la reconversión de la
industria automotriz para fabricar respiradores. Es la típica mutación de las
situaciones de emergencia que debería considerar el país. Todo indica que será
muy difícil volver a producir y vender un millón de vehículos.
Algunos cataclismos internacionales brindaron en el pasado cierto respiro
a los países que bordean la economía mundial. Esas adversidades indujeron en
nuestro país procesos de industrialización y ampliación del mercado interno.
Facilitaron la sustitución de importaciones que definió el modelo industrial
vigente durante varias décadas. La percepción que “Argentina se agranda en las
malas” proviene de esas experiencias. Habrá que ver si el temblor en curso
precipita transformaciones del mismo alcance.
GOBIERNO, CONDUCTAS Y VALORES
La presidencia efectiva de Fernández comienza con la crisis actual. Es
muy probable que su manejo de esta conmoción, defina la tónica conservadora o
progresista del quinto peronismo. Alberto proviene del primer sector, pero se
amoldó al segundo por el preeminente liderazgo de Cristina durante la sucesión
de Macri. La redefinición en curso hace tambalear el proyecto inicial de
repetir el equilibrio de Néstor, incorporando ingredientes de institucionalidad
alfonsinista a la coalición gobernante.
Fernández ha logrado afianzar la hegemonía que introdujo al inicio de su
gestión. Ya consiguió el acompañamiento de la oposición, la tregua de los
medios de comunicación y el continuado sostén del electorado que apostó a
superar la pesadilla del macrismo. Cuenta además con la aprobación de los
científicos y sanitaristas, que ejercen una influencia mayúscula en la
coyuntura actual.
La derecha ha perdido gravitación. Sus exponentes están callados o
subordinados a las decisiones del gobierno. Nadie se acuerda de Carrió o
Michetti y los medios conservadores prefieren esconder las delirantes
declaraciones de Macri (“el populismo es peor que el coronavirus”). El fracaso
del lock out de la patronal agraria confirma ese declive.
Pero este escenario puede cambiar abruptamente si las respuestas a la
crisis son inadecuadas. La población evalúa con enorme atención la gestión
oficial del vendaval económico y sanitario. El cumplimiento de la cuarentena
será el primer test. No funciona por simple obligatoriedad y supone una gran
disposición solidaria para proteger a los grupos de mayor riesgo.
El uso de la fuerza pública para garantizar el aislamiento social es muy
problemático. Entraña peligros de militarización y utilización reaccionaria de
la emergencia. Basta observar cómo Piñera utiliza el pretexto del coronavirus
para aplastar la rebelión popular en Chile. También en Bolivia la dictadura
aprovecha la pandemia para eternizar su usurpación.
Para los movimientos populares el nuevo escenario es muy contradictorio.
Por una vía impensada ha sido desactivada la movilización callejera, en plena
preparación manifestaciones feministas y marchas del 24 de marzo. Nadie imaginó
semejante desarme de la protesta por el impacto de un virus. Es un efecto muy
chocante para un país que procesa su vida política en la calle.
Pero también emergen elementos positivos en un escenario que despierta
la conciencia colectiva. Ya se percibe cómo la población premia la solidaridad,
la hermandad o el auxilio de los semejantes y de qué forma condena el egoísmo y
el individualismo. El ejemplo de solidaridad internacionalista de los médicos
cubanos recobra significado y se ensancha el auditorio para las críticas al
capitalismo. Hay nuevas coordenadas para actuar en un contexto inédito.