La Organización Regional de Salud de Trabajadores Socialistas del Estado Vargas (ORESTSEVA) se suma a la declaración de Lucha de Clases sección venezolana de la Corriente Marxista Internacional contra la injerencia del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela
Por Corriente Marxista – Lucha de Clases
En
medio de la conmoción global desatada por la propagación de la pandemia del
virus Covid-19, el imperialismo estadounidense ha decidido escalar en los
niveles de agresión e injerencia contra el gobierno venezolano. Hace pocas
horas, el Departamento de Justicia de EEUU presentó cargos por narcotráfico,
corrupción y promoción al terrorismo contra Nicolás Maduro, Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, y 13 altos funcionarios estatales, buscando
legitimar futuras acciones intervencionistas y golpistas en Venezuela.
Asimismo, el día 25 de marzo, el Ministro de Comunicación, Jorge Rodriguez,
presentó pruebas al país de una nueva conspiración, gestada desde territorio
colombiano, dirigida a infiltrar armas a Venezuela, ejecutar operaciones
terroristas y concretar un posible magnicidio contra Maduro, de la cual tenían
conocimiento Juan Guaidó y asesores norteamericanos. Ambos casos guardan
estrecha relación.
Desde Lucha de Clases, sección venezolana
de la Corriente Marxista Internacional, rechazamos enérgicamente esta nueva
arremetida reaccionaria.
Las acusaciones del Departamento de
Justicia de EEUU también involucran, entre otros, a Diosdado Cabello,
Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Maikel Moreno, Presidente del
Tribunal Supremo de Justica, Vladimir Padrino López, Ministro de Defensa, y a
Tareck El Aissami, Ministro de Industrias y Vicepresidente para el Área
Económica, donde además se ofrecen recompensas de 15 millones de dólares para
quien ofrezca información que conduzca a la detención y enjuiciamiento de
Maduro, y 10 millones por los demás funcionarios. Cabe mencionar que en la
lista de señalados también destacan los nombres de Hugo Carvajal, quien está
siendo procesado por la justicia española por cargos de narcotráfico, y Cliver
Alacalá Cordones, ambos ex altos oficiales venezolanos, que, como es típico en
estas lides, pasaron del bando bolivariano a enemigos rabiosos del gobierno al
cual defendían hasta no hace mucho tiempo.
Ante el fracaso de las sucesivas
conspiraciones golpistas para deponer a Maduro del poder, la bancarrota
política de Juan Guaidó y su presidencia ficticia, la fragmentación de la
derecha venezolana y su imposibilidad patente para movilizar a sus bases, el
imperialismo estadounidense ha decidido crear condiciones de cobertura para
acrecentar su intervencionismo contra el gobierno venezolano, reviviendo los
fantasmas de las acciones juduciales contra Manuel Noriega por narcotráfico
-antiguo colaborador panameño de la CIA, quien luego decidió distanciarse de
sus antiguos amos-, que antecedieron a la posterior invasión del ejército
norteamericano a Panamá en 1989 para derrocar a este, no sin generar un
terrible baño de sangre. Sobre esto, el asesino Iván Simonovis, nombrado por
Guaidó como Coordinador Especial de Seguridad e Inteligencia de Venezuela ante
EEUU, señaló en su cuenta Twiter: «Desde hace algunos meses he dicho que no hay
forma que @NicolasMaduro ni sus más cercanos colaboradores escapen de la
justicia y que ésta será implacable. La excusa del Coronavirus no los salvará.
Tendremos pronto la plataforma legal y actuaremos» (https://twitter.com/Simonovis/status/1243169969287974920?s=19).
Más allá del entusiasmo opositor ante una futura incursión militar en
Venezuela, donde tropas estadounidenses harían la tarea que la ineptitud
derechista no pudo lograr por su cuenta, la amenaza, más que para el gobierno,
para el chavismo y el pueblo pobre en general; es clara y no puede ser
subestimada.
Si bien, desde Lucha de Clases hemos
sostenido en numerosas oportunidades que el imperialismo estadounidense no ha
estado en condiciones, más allá del discurso, de ejecutar una acción militar
contra Venezuela, debido fundamentalmente a la reticencia de la opinión pública
norteamericana a la posibilidad de nuevas guerras; procedimientos leguleyos
como el recién emprendido buscan generar antecedentes que dejen puertas
abiertas a futuro, ante posibles cambios favorables en las circunstancias y el
surgimiento de mejores oportunidades para intervenir directamente, solo si se
hace necesario. El pésimo manejo de la crisis desatada por la diseminación del
Covid-19 en EEUU, por parte de la administración Trump, tendrá un evidente
impacto político a poco más de un semestre para las elecciones presidenciales
en ese país. La OMS ha declarado que la nación de las barras y las estrellas
puede convertirse en el nuevo epicentro del brote pandémico, que ya ha cobrado
la vida de más de 1000 personas en sus fronteras. No sería extraño que la clase
dominante yankee esté tratando de escurrir sus problemas internos con la
reedición de sus hostilidades contra Irán y Venezuela, algo que no le resultará
si es esa la intención.
Recordemos que la actual pandemia por la
propagación del coronavirus ha sido el catalizador de una inevitable recesión
económica mundial en puerta, que se venía gestando con anterioridad. En los
días, semanas y meses venideros presenciaremos una verdadera debacle económica
global, que hundirá en impopularidad -y cuidado sino en levantamientos
revolucionarios- a todos los gobiernos capitalistas empecinados en redoblar sus
políticas de austeridad, para hacer pagar la crisis orgánica del capitalismo a
los trabajadores. La administración Trump no escapa a estos escenarios y la
clase dominante yankee lo sabe. El escenario electoral estadounidense es otro
factor a observar. Las puertas que se abran hoy, entendiendo las acciones
judiciales emprendidas contra el gobierno venezolano -y sus implicaciones-, y
la necesidad de ganar popularidad ante una crisis sanitaria que hará estragos y
una recesión posiblemente peor que la de 2008, pueden ser opciones aventureras
a la que el imperialismo, y un desesperado Donald Trump, pueden recurrir. No
decimos con esto que la invasión norteamerica ya viene, pero si vale señalar
que este escenario está en el campo de la posibilidad. Para que se torne
inevitable, deben conjugarse una serie de factores, como parte de los
señalados.
La hipocresía del imperialismo
estadounidense, que nuevamente intenta apelar al discurso contra las drogas
para apuntalar su política, no tiene límites. La facilitación de aviones de la
fuerza aérea norteamericana para operaciones de narcotráfico, que servían para
financiar a Vietnam del Sur durante la cruenta guerra de Vietnam; el incremento
exponencial de la exportación de cocaina de Colombia a EEUU, desde la implantación
del Plan Colombia; el crecimiento en la producción y exportación de amapola
(para la producción de opio) de Afganistán, desde la invasión al país asiático,
y la enorme circulación de dinero -manchado de sangre- proveniente del
narcotrafico que se lava en el sistema financiero yankee; son solo algunos
casos que evidencian la implicación imperialista en este sucio sub-mundo, que
genera miles de muertes al año en los países ruta y productores, mientras en
EEUU la demanda de estupefacientes no para de incrementarse. Por otro lado, el
enorne prontuario histórico que acumula la Casa Blanca en la promoción al
terrorismo es lo suficientemente vasto como para repasarlo. Vale recordar el
impulso a los escuadrones de la muerte en Centroamérica durante los 80 y el
apoyo en armamento y financiamiento a brazos de Al Qaeda, como el frente
Al-Nusra, durante la guerra civil en Siria, por solo mencionar dos casos. Las
acciones terroristas que oficiales desertores intentan desarrollar en Venezuela
para derrocar al gobierno de Maduro, cuentan con total auspicio del gobierno
norteamericano.
Las
declaraciones de Cliver Alcalá Cordones
Desde su casa en Barranquilla, Colombia,
el ex Mayor General Cliver Alcalá Cordones rindió declaraciones a una emisora
de radio neogranadina. En ella, asume el liderazgo de la conspiración
denunciada por el gobierno venezolano el 25 de marzo. Esta nueva conjura
golpista se develó a raiz de la incautación, en territorio colombiano, de un
vehículo con 26 fusiles, visores nocturnos y silenciadores, que tenían como
destino el territorio venezolano. Alcalá señaló contar con el apoyo de
aproximadamente 90 oficiales de las FANB (https://www.wradio.com.co/noticias/internacional/la-operacion-que-adelantaban-en-el-pais-contra-maduro-a-espaldas-del-gobierno-colombiano/20200326/nota/4025954.aspx).
Uno de los datos más relevantes apuntado
por Alcalà, destaca el acuerdo entre Juan Guaidó, asesores norteamericanos, JJ
Rendón y su persona para la ejecución de dicho plan. El ex oficial de la armada
venezolana comentó, notablemente nerviso, que su presencia en la lista
presentada por el Departamento de Justicia estadounidense obedece al fracaso de
la conspiración, con la incautación de dicho arsenal por la fuerza pública
neogranadina. Además, contradictoriamente refirió que «Ninguna autoridad
colombiano conocía de la operación que veníamos preparando contra Venezuela. Ni
el presidente Iván Duque y las fuerzas militares. Ellos solo se enteraron hasta
hace 48 horas». Claramente, Alcalá, viendo las implicaciones judiciales que
recaerán sobre él, decidió soltar prenda de todos los implicados, para no irse
solo hacia el barranco. Nada de lo dicho nos sorprende.
El que Alcalá haya sido señalado en la
lista presentada por el Departamento de Justicia estadounidense, a pesar de
haberse convertido en un enemigo declarado de Maduro y activo conspirador
contra el gobierno de este, es objeto de varias interpretaciones. A la versión
de este de que su presencia en dicha lista responde al fracaso del plan que
adelantaba, se contrapone otra que refiere a que el ex Mayor General puede
haber sido considerado por el gobierno norteamericano como un doble agente.
Hasta que se demuestre otra cosa, todo parece indicar que el ex oficial fue
desechado por EEUU luego de utilizarlo infructuosamente para sus fines
desestabilizadores. Una vieja frase popular ante casos como este dice: «así
paga el diablo a quienes le sirven». Independiente de cual sea la realidad
sobre el caso, es evidente que los constantes llamados a diálogo por parte del
gobierno de Maduro hacia Guaidó, el gobierno estadounidense y colombiano, han
caido, nuevamente, en saco roto. En lugar de apresar a Juan Guaidó y a todos
los implicados, Maduro de forma obstinada sigue instando a la derecha nacional
a lograr un acuerdo nacional, ahora para alcanzar soluciones en la contención
del coronavirus (http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/maduro-invita-a-la-derecha-a-unirse-a-una-mesa-de-dialogo-por-la-salud/).
Una
política contraproducente para combatir a la reacción
Nuestro repudio a esta nueva ofensiva
imperialista no es, en lo absoluto, un voto de confianza hacia el gobierno de
Maduro. Desde hace varios años hemos denunciado el marcado viraje gubernamental
hacia políticas antiobreras y antipopulares, selladas con un correlativo
progreso de las tendencias represivas contra dirigentes obreros, campesinos y
comunitarios, para imponer el brutal ajuste burgués que se le viene aplicando a
la economía nacional, que hace pagar las facturas de la crisis estructural del
capitalismo venezolano a las mayorías trabajadoras y pobres.
La política de contención salarial y la
supresión de las prestaciones y beneficios laborales, de la mano del memorandum
2792, han provocado deserciones masivas en la administración pública, muy
convenientes para el gobierno en su intento de achicar el tamaño del Estado y
reducir su déficit presupuestario. Las consecuencias se muestran en hambre y
miseria para millones de familias. Por otro lado, la orientación patronal del
Ministerio del Trabajo y las Inspectoras del Trabajo, se torna incuestionable
con los numerosos casos de despidos que cotidianamente se registran en los
sectores estatal y privado. La utilización de los cuerpos represivos estatales,
como el Dgcim y el Faes, para dirimir luchas obreras merecen también nuestro
más contundente rechazo. Aunado a lo anterior, la complicidad de los cuerpos de
seguridad del Estado, jueces y funcionarios, con los viejos y nuevos
terratenientes se han traducido en desalojos, violencia y muerte para cientos
de campesinos, quienes también deben soportar la persecusión de grupos
paramilitares.
La llegada del coronavirus a Venezuela ha
opacado la demanda de justicia para Orlando Chirinos y Aryenis Torrealba, presos
injustamente por enfrentar las mafias de corrupción en Pdvsa. Mientras
transcurren los días, los 9 comuneros del Eje Socialista de Barinas siguen
encarcelados por atreverse a contruir el «Estado Comunal». Asimismo, el
procesamiento judicial contra los 3 trabajadores de la gobernación de Sucre que
fueron apresados por exigir mejoras salariales, así como los dos obreros de El
Palito, sigue su curso. Todo lo descrito ocurre mientras avanza un franco
proceso de privatizaciones de enpresas estatales, en tanto la dolarización
informal de la economía progresa, bajo la mirada complaciente del Presidente de
la República y su tren ministerial.
Entre las medidas de emergencia tomadas
por el gobierno nacional para atender la actual coyuntura impuesta por el
coronavirus, destaca una solicitud de préstamo al FMI por 5 mil millones de
dólares mediante el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), que aunque no
plantea condicionamientos tan estrictos como en los préstamos convencionales de
este órgano, si comprende un conjunto de «consensos políticos» y parámetros de
sometimiento y de «asistencia técnica», tendientes a la aplicación de un «plan
de reformas», o en otras palabras, austeridad y más auteridad. Si bien, ya
sabemos que esta solicitud fue denegada, este hecho nos permitió notar la
disposición del gobierno a someterse ante las políticas económicas del FMI y
del imperialismo. Así pues, resulta bastante inconsistente que mientras se
denuncia el bloqueo económico imperialista, el cual también rechazamos, así
como las constantes agresiones desestabilizadoras y golpistas de la Casa
Blanca, se acuda a laa instancias financieras del mismo poder mostrando el
deseo de subordinarse a sus designios. Esta claro que el nuevo endeudamiento
que tratará de obtener el gobierno por otras vías -seguramente recurriendo a
los países aliados como China-, al final tendrá que ser pagado por los
trabajadores y el pueblo venezolano en general, ya sea en forma de más
políticas antiobreras, de más recortes a los fondos para la salud, la educación,
los servicios públicos, más privatizaciones, y apertura a la explotación de los
recursos nacionales a manos de diversos capitales, como garantías o condiciones
para facilitar los emprestitos.
La debacle de los precios del petróleo
venezolano por debajo de su costo de producción, debido a la caida de la
denanda de las potencias consumidoras ante la pandemia del Covid-19 y la guerra
comercial entre Rusia y Arabia Saudita, amenazan con pulverizar el ya mermado
presupuesto estatal. El cubrimiento de las cuentas en rojo, aunado a la
asunción estatal de todas las nóminas de las pequeñas y medianas industrias del
país, se hará mediante la emisión de dinero sin sustento en producción nacional
y en las reservas internacionales, lo que intensificará la hiperinflación que
vivimos desde 2017. Por si fuera poco, la destrucción definitiva de la
capacidad de compra de los salarios -por debajo de US$ 6 mensuales- no se hará
esperar, mientras los así llamados «empresarios patriotas» ven como se protegen
sus ganancias, y los comerciantes especulan campantes.
En suma, esta política no puede más que
erosionar las bases sociales del proceso revolucionario, las únicas que pueden
rescatarlo ante cualquier amenaza. Para los marxistas, no hay ninguna duda de
que el tozudo sostenimiento de la política de conciliación de clases nos trajo
hasta este punto. La ausencia de una conducción revolucionaria y
consecuentemente antiimperialista, amenaza con terminar de enterrar lo poco que
aun sobrevive de revolución, que no requiere de una eventual victoria de los
planes de la reacción, sino solo de la continuación de la orientación
pro-capitalista que ha adoptado el gobierno. «La verdad es revolucionaria».
Para reducir las posibilidades de una
victoria imperialista en el país, es necesario rescatar la revolución. Salvando
las enormes distancias, Trotsky, durante la guerra civil española, escribió lo
siguiente: “Tenéis razón al combatir contra Franco. Debemos exterminar a los
fascistas, no para tener la misma España que antes de la guerra civil, porque
Franco ha surgido de esa España. Debemos extirpar las bases de Franco, las
bases sociales de Franco, es decir, el sistema social del capitalismo” (España
1936-39. Citado en Lenin y Trotsky, qué defendieron realmente). Decimos pues
que derrotar a la derecha y el imperialismo pasa por extirpar el capitalismo en
Venezuela.
Cuanto antes, se deberían expropiar todas
las empresas multinacionales imperialistas, bajo estricto control obrero y
popular, en reciprocidad al bloqueo económico y a la congelación de activos de
la nación en bancos de EEUU y Europa. Es necesaria además la confiscación de
bienes a todos los corruptos -blancos y rojos-, la confiscación de bienes de
todos los agentes de desestabilización financiados por Whashintong, la creación
de un monopolio estatal de comercio exterior, la nacionalización sin
compensación de los monopolios industriales de la burguesía nacional parásita,
los latifundios y la banca privada, para poner todos estos recursos bajo un
programa económico de emergencia revolucionario, y planificar la producción con
plena participación y seguimiento de los consejos de trabajadores y comunas
campesinas, que estarían llamadas a crearse o activarse para hacer vigilancia y
control del origen y paradero de las riquezas sociales producidas. Obviamente,
el llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias no implicará el
desarrollo nacional de forma automática. Las dificultades derivadas del
atrasado capitalismo criollo y su crisis estructural legarán un conjunto de
problemas a superar en la transición socialista. Sin embargo, con estas medidas
se podrá garantizar que los recursos nacionales se queden en el país y se
destinen hacia la inversión en las fuerzas productivas nacionales. La
revolución venezolana debería servir de acicate a la revolución mundial. ¡No
habrá victoria final mientras el capitalismo perviva y aceche!
En lo inmediato, Juan Guaidó y todos los
políticos de derecha que reciben órdenes y financiamento desde la Casa Blanca,
deberían ser apresados. ¡Ya basta de impunidad! Los camaradas que arguyen que
la ejecusión de estas medidas supondría una inminente invasión de tropas
estadounidenses a nuestro país, deberían preguntarse ¿de qué han servido las
medias tintas para contener las amenazas de invasión? Y si se hiciera la
revolución de modo completo ¿No se estaría en mejores circuntancias, tanto de
control económico y político, con un pueblo organizado y dueño de su propio
destino, para repeler las amenazas intervencionistas o incluso para resistir
una eventual invasión? Hébert, el revolucionario francés, dijo: “Los moderados
han enterrado más víctimas que aquellas que cayeron ante el acero de nuestros
enemigos. Nada es más dañino en una revolución que las medias tintas».
Debemos decir que la perspectiva
revolucionaria se halla muy distante de las intenciones de la dirección del
PSUV, por lo que se hace necesaria la construcción de una alternativa orgánica,
que basada en el programa marxista y en los más genuinos intereses de la clase
trabajadora, guíe a las masas hacia su auto-organización y la conquista
efectiva del poder.