Por Jesús A. Rondón
Las empresas de comunicación a
nivel mundial coinciden en las narrativas que abordan las medidas que desde los
Estados se están tomando (o no) para contener la propagación del virus, al igual
que en el impacto económico (presente y futuro) y en la cantidad de vidas que
se están comprometiendo diariamente. Sobre estos dos últimos aspectos hay
alternancia, unos días es más importante la economía que la vida y viceversa.
Igual de importante en la
narrativa mediática, es la situación de los trabajadores y las trabajadoras
esenciales. Fundamentalmente se reconoce la labor de los trabajadores
sanitarios y se exponen las condiciones de exigencia en las cuales se
encuentran. Pero como ya lo he apuntado en otras notas, también son esenciales otros
trabajadores, también de primera línea; pero que son menos visibilizados.
Dicho esto, dejamos claras las
narrativas predominantes y procedo a contribuir con el análisis del impacto que
está teniendo esta pandemia a nivel global. En esta oportunidad abordo lo
relacionado con los trabajadores y las trabajadoras migrantes, que como vemos
no están en el foco comunicacional; y lo hago porque nuestro país (Venezuela) tiene
en este momento a millones de personas en otras latitudes y la inmensa mayoría
son trabajadores y trabajadoras migrantes.
Abordaré este tema desde la perspectiva global, pues poca información
disponible tenemos sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes
venezolanas en este momento y es poco oportuno ahora ver esta situación por
parcelas.
De acuerdo a la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), en un informe titulado “Estimaciones mundiales de la OIT sobre los trabajadores y las trabajadoras
migrantes”, que tiene como año de referencia el 2017; “en el mundo hay 277 millones de migrantes internacionales, 234
millones de migrantes en edad de trabajar (de 15 años o más) y 164 millones de
trabajadores migrantes”, de los cuales el 41,6 % son mujeres. Para la OIT la definición de trabajador
o trabajadora migrante “alude a las
personas migrantes internacionales en edad de trabajar o mayores que están
empleadas o desempleadas en el país de residencia en que se encuentran”.
Este informe de la OIT nos indica,
además, que el 87% son adultos jóvenes que se encuentran entre los 25 y los 64
años de edad. Así mismo estima que el 67,9% o lo que es lo mismo 111,2 millones
se encuentran en países que considera de ingreso alto, y detalla que estos
trabajadores y trabajadoras constituyen el 18,5% de la población trabajadora de
dichos países. Cierro este sucinto panorama citando que “El 60,8 por ciento de todos los trabajadores migrantes se encuentran
en tres subregiones: América del Norte (23,0 por ciento), Europa Septentrional,
Meridional y Occidental (23,9 por ciento) y los Estados Árabes (13,9 por
ciento)”, es decir donde están las locomotoras de la económica mundial.
Los trabajadores y las trabajadoras
migrantes son un colectivo muy vulnerable, dado que mayoritariamente tiene una
condición migratoria irregular a los países a donde ha llegado, lo que los
coloca al margen de los sistemas de protección social que tienen dispuestos los
Estados, mas no del aparato productivo, que los absorbe en condiciones que violan
sus derechos humanos y laborales.
La OIT afirma que trabaja en
temas que abordan problemas de los trabajadores y las trabajadoras migrantes,
como “trabajo forzoso, la discriminación
laboral, la explotación de mujeres y niños en sectores no regulados o trabajos
ilegales”, entre otros. Ante esta realidad el organismo reconoce que poco
son los avances que se ha desarrollado en este organismo, puesto que a pesar
que se ha promovido el tema y un par de convenios internacionales, el apoyo de
los gobiernos de la mayoría de los países no ha sido congruente con las
expectativas previstas, lo que no significa que no se haya avanzado a nivel
regional y en algunos nacionales.
En un escenario de pandemia global
como el que estamos experimentando, no nos debe sorprender que por un lado las
trabajadoras y los trabajadores migrantes sean aquellos que primero despiden,
sin que sea beneficiarios de las protecciones legales que ofrecen los Estados
de los países donde se encuentran. Por otro lado, no es de extrañar que, de
seguir laborando además de las condiciones laborales degradadas, lo hagan en un
ambiente que favorezca la trasmisión del coronavirus. Son colectivos con pocas capacidades de denuncia
de sus situaciones de precariedad.
Los economistas y voceros políticos
hablan del comienzo de un periodo de recesión, de la cual obviamente dicen que
habrá una recuperación con pronóstico reservado. Afirman que la pandemia está
afectando por un lado la producción mundial y que por tanto están comprometidas
las estimaciones de crecimiento económico nacionales y globales, especialmente
de los países de renta alta; por lo tanto es inevitable la reducción del empleo
disponible. La Organización Internacional del Trabajo habla de una pérdida de hasta veinticinco millones de empleos. Adivinen ¿Quiénes
serán los primeros despedidos?, ¿Quiénes serán los últimos en tener un empleo
en condiciones dignas?, ¿Quiénes tendrán un motivo adicional para sacrificar
las condiciones dignas? Desde los Estados se anuncian protecciones para los
trabajadores y las trabajadoras, pero se ignora a aquellos que no son
reconocidos o reconocidas como tales, pero que en los hechos lo son.
El impacto de la reducción de
los empleos a nivel mundial aumentará las condiciones precarias en las cuales
se encuentran los trabajadores y las trabajadoras migrantes, además quitará
incentivos para una política de regularización de su condición migratoria y en
consecuencia el reconocimiento del derecho como ciudadanos y personas que
laboran. Además habrá consecuencias para los países de origen, puesto que ellos
y ellas envían parte su salario a las familias, de tal manera que estas verán
reducidos su ingreso y con esto la precarización de las condiciones de vida.
Me gustaría creer que desde
los Estados nacionales habrá una política para este sector vulnerado, pero soy escéptico
al respecto (en coincidencia con el análisis de la OIT). Los gobiernos en
situaciones de emergencia priorizarán en capitalizar la gestión de la crisis a
su máxima expresión y en este futuro los trabajadores y las trabajadoras
migrantes son invisibles (como lo han sido hasta ahora). Y si se llegaran a
nombrar es muy posible que se haga en una línea discursiva xenófoba, como viene
ocurriendo, por ejemplo en los Estados Unidos de América o por voceros de la
ultraderecha en Europa.
Lo más sombrío es la previsión
que tarde o temprano se comenzará a salir de la recesión y paulatinamente se
volverá a incorporar de manera irregular a los trabajadores y las trabajadoras
migrantes, como si nada hubiese pasado. Las locomotoras de la economía mundial,
seguirán usando la mano de obra extranjera, con su condición de descartables,
con total impunidad.
La única esperanza que tienen
los trabajadores y las trabajadoras migrantes son las organizaciones
sindicales, las cuales si tienen un enfoque de solidaridad de clase, los reconocerán
en sus discursos y demandarán medidas para su protección por parte de los
Estados en sus países, como cualquier trabajador o trabajadora nacional.