Por
Ernesto Jaurena L.
Venezuela
acaba de entrar su segunda semana bajo cuarentena social preventiva, luego de
que el gobierno oficialmente diera a conocer la detección de los primeros casos
de coronavirus en el país, el pasado viernes 13 de marzo.
En dicho
anuncio oficial se explicó que dichos casos consistieron de personas que
ingresaron al país en los vuelos de la aerolínea Iberia, los días 5 y 8 de
marzo, provenientes de España, Italia y los EEUU.
Como respuesta
ante la posible propagación consecuente del virus, el 17 de marzo el presidente
Maduro ordenó la cuarentena social, primero en 5 estados del país, incluyendo
al Edo. Miranda y el Dto. Capital, y luego en todo el país, al igual que está
ocurriendo en otros países del mundo, como medida central para cortar la cadena
de contagio y evitar lo más posible que haya un incremento acelerado en los
casos. Hasta ése día, se contabilizaban 33 casos en todo el país.
Hasta el 23 de
marzo, se mantenían 77 casos confirmados.
La pandemia de coronavirus y las contradicciones del capitalismo hoy
En todo el
mundo la pandemia por coronavirus se está constituyendo en el elemento
accidental que está acelerando la crisis capitalista prevista desde meses atrás
incluso por economistas burgueses, a la vez que está poniendo al descubierto
las profundas y desgarradoras contradicciones de este sistema putrefacto, que
antepone las ganancias de los capitalistas antes que la vida de millones de
hombres y mujeres en todo el mundo.
En Italia por
ejemplo, el colapso generalizado del sistema de salud, no es sólo una
consecuencia directa de la pandemia, sino que había estado siendo preparado
desde hace más de una década, con los recortes que ha aplicado el Estado sobre
el sistema de salud, a fin de reducir el déficit fiscal para mantener las
ganancias de los capitalistas a flote, pero siempre a costa de los trabajadores
y pobres.
Desde el año
2009, en ése país han sido eliminados aproximadamente 46.500 puestos de trabajo
en el sistema público de salud, para poder cumplir con las políticas de
austeridad fiscal. De 10,6 camas de hospital por cada 1000 habitantes, que
había para el año 1975, en la actualidad hay apenas 2,6 camas de hospital por
cada 1000 habitantes. ¿Con recortes tan severos en el presupuesto de salud,
cómo no puede colapsar el sistema de salud italiano ante una pandemia como la
actual?
Hoy, el debate
en Italia es entre dar por desahuciados a los ancianos que han contraído el
virus para salvar a pacientes más jóvenes y con “mayores posibilidades de
sobrevivencia”, ante la incapacidad del sistema de salud público de atender la
enorme cantidad de pacientes que han ingresado en las últimas semanas debido a
la pandemia.
En Irán,
hombres y mujeres trabajadoras han fallecido como consecuencia de haberse
contagiado al asistir a sus puestos de trabajo. Estos pacientes debieron
haberse mantenido en casa para resguardar sus vidas, pero como ocurre con
cualquier obrero, se vieron en la obligación de ir a trabajar para proteger su
fuente de sustento.
En España ha
habido importantes protestas de trabajadores exigiendo medidas de seguridad
adecuadas, debido a que son obligados a trabajar bajo condiciones inseguras,
como han sido los casos de Mercedes Vitoria, IVECO Valladolid, Balay, Avernova
y otras empresas, un fenómeno que también está ocurriendo en otros países.
En Venezuela,
a pesar de la propaganda del gobierno, el fenómeno del coronavirus no está
aislado de la crisis económica que ha azotado al país durante los últimos años,
que por un lado ha sido expresión de la crisis mundial del capitalismo,
manifestada en la caída del precio de las materias primas, en la última década,
y por el otro es parte tanto de la propia crisis histórica del capitalismo
venezolano atrasado, como del reformismo que ha sido incapaz de llevar adelante
una política genuina y consecuentemente anticapitalista, expropiando a la
burguesía y planificando democráticamente a la economía, hecho que se ha
expresado en las políticas burguesas de austeridad que el gobierno ha aplicado
en el último año y medio contra los trabajadores, como medio para contener la
crisis a la vez que lograr mantenerse en el poder.
Por lo tanto,
si analizamos desde un punto de vista marxista la situación del sistema de
salud de Italia, España o los EEUU en el marco de la actual pandemia, y hacemos
una crítica desde el punto de vista e interés de los trabajadores y oprimidos,
de cómo los Estados y los gobiernos de turno, burgueses o socialdemócratas, han
privilegiado las ganancias e intereses de los capitalistas incluso por encima
de la vida de la gente, no podemos tampoco pretender hacer a un lado nuestra
mirada ante el colapso del sistema de salud venezolano acontecido en los
últimos años, y cómo la extensión del coronavirus en Venezuela tendría un
impacto de proporciones inimaginables sobre lo que aún queda en pie del sistema
público de salud. Veamos.
Los extraordinarios logros de Chávez en salud y los límites del
reformismo
Durante el
período de gobierno del presidente Chávez, se invirtieron cuantiosos recursos
para mejorar el sistema de salud público, que se encontraba en una situación
verdaderamente decadente en los años 90. La política estatal conocida como
Barrio Adentro, que se apoyó en la experiencia y personal de la Revolución
Cubana, permitió alcanzar niveles de atención primaria y secundaria de salud
nunca antes vistos en nuestra historia. Por primera vez los trabajadores
tuvieron acceso gratuito a un sistema de salud de calidad, en el cual realmente
se puso a la vida y la calidad de vida del paciente como una prioridad.
Para sólo
mencionar unas pocas cifras, la llamada Misión Milagro erradicó el padecimiento
de cataratas en el país, y ayudó de forma desinteresada a trabajadores de todo
el continente, operando de catarata a millón y medio de latinoamericanos y más
de 3 millones de venezolanos, de forma totalmente gratuita.
Por otro lado,
hasta el año 2012 habían sido construidos más de 500 centros de atención
primaria en salud en todo el país (CDI), y más de 500 centros de
rehabilitación. Mientras que apenas 1.444 centros de atención odontológica
fueron construidos durante 4 décadas en la llamada 4ta república –que aparente
es la época a la que ha retornado este país hoy por hoy-, casi 5000 fueron
construidos entre 1998 y 2011.
Asimismo, en
2010 se proveyó gratuitamente a pacientes odontológicos de más de 9000 coronas
y prótesis dentales. Hasta 2011, las cifras de mortalidad infantil lograron
reducirse en torno a los 15 niños por cada mil nacimientos. En general, se
alcanzaron conquistas sanitarias muy superiores al promedio de los países
semicoloniales, y latinoamericanos particularmente.
No obstante,
esta importante conquista social estuvo enmarcada dentro de los límites
impuestos por la propiedad privada capitalista y el Estado burgés, y sustentada
principalmente en los ingresos obtenidos a través de la exportación de
petróleo.
A pesar del
enorme logro social que significó Barrio Adentro, fue parte de un conjunto de
políticas reformistas progresivas, más no fue una política genuinamente
socialista, porque el marco económico burgués se mantuvo intacto.
De hecho, nunca
la salud privada ni las empresas aseguradoras fueron nacionalizadas, y durante
el período de 2004 a 2014 se vaciaron miles de millones de dólares de las arcas
públicas a los bolsillos de los dueños de las aseguradoras y clínicas privadas
del país, vinculadas a su vez al capital financiero nacional y trasnacional.
El colapso de la salud en Venezuela: Guerra económica, políticas
reformistas, hiperinflación y austeridad
En
consecuencia, cuando a inicios de 2013 los capitalistas arreciaron su política
de sabotaje de la producción, generando una escasez crónica de productos de
primera necesidad, y empujando tanto los precios de bienes de primera necesidad
como la inflación en general hacia arriba, el sistema de salud comenzó a verse
impactado negativamente.
Luego, la
caída del ingreso petrolero y su recuperación progresiva, entre los años 2014 y
2017 –llegando a un mínimo de 26,5 $ en 2016-, significó una fuerte reducción
del presupuesto estatal, y por ende del presupuesto del sistema de salud, a lo
que hay que sumarle el papel nefasto que ha jugado la corrupción, tanto legal
dentro del marco capitalista (desvío de divisas por parte de empresas privadas
de insumos médicos y medicinas para el Estado), como la corrupción tipificada
en la ley, que también han significado el drenado de cuantiosos recursos
estatales del presupuesto de salud.
Cuando en 2018
la inflación se tornó en hiperinflación, como consecuencia de la estrecha y
alocada respuesta del gobierno ante el sabotaje económico –a saber, el aumento
descontrolado de la liquidez-, ello significó en la práctica la pulverización
del sistema de salud.
En la
actualidad, la carencia de insumos en quirófanos y UCI se ha tornado una
pesadilla crónica, que ronda cifras estimadas entre el 35% y 50%, aunque por
razones obvias el gobierno no ofrece cifras oficiales al país.
Las cifras de
mortalidad infantil han vuelto a dispararse, y enfermedades que en el siglo XX
se habían controlado, como el dengue o la malaria, han vuelto a despuntar de
manera alarmante, pero tampoco en estos casos existen cifras oficiales
fidedignas.
Un sistema de
salud que dependía de un muy magro ingreso petrolero para la adquisición de
insumos, material quirúrgico, pago de salarios, medicinas y demás, que luego se
enfrentó a capitalistas proveedores de insumos a precios hiperinflacionarios,
que a su vez pagaba devaluados salarios en Bs. a sus médicos, enfermeras y
demás personal, no pudo más que colapsar trágicamente, como un castillo de
arena cuando las olas le golpean con fuerza.
Todo ello
nuevamente, fue la consecuencia de los límites del reformismo, es decir, de no
haber nacionalizado el conjunto de las palancas económicas del país, para luego
planificar la economía bajo el control democrático de los trabajadores, y no
como consecuencia del socialismo, como la derecha y el imperialismo repiten
todos los días.
Las sanciones de Trump, o el remate de la destrucción de la salud
pública
Como remate a
esta espeluznante sucesión de acontecimientos fatídicos, que han significado en
la práctica la destrucción casi total de nuestro sistema público de salud, y de
todas las conquistas sociales que en materia de salud fueron logradas durante
el período Chávez, se le sumaron luego las sanciones de la administración Trump
desde 2017, que han bloqueado la capacidad del país para acceder a medicinas e
insumos médicos en el extranjero, dando otro golpe mortal a nuestros ya
colapsados hospitales y centros de salud.
Por ejemplo,
en septiembre de 2017 el gobierno dio a conocer el caso de un cargamento de 300
mil dosis de insulina que debían llegar a nuestro país, pero estaban siendo
retenidas en un puerto internacional. En noviembre de ése mismo año, la
trasnacional BSN Medical bloqueó, por órdenes del gobierno colombiano, un
cargamento de Primaquina que debía ingresar a Venezuela, un medicamento
utilizado para el tratamiento de la Malaria o Fiebre Amarilla.
De la misma
forma, en 2018 instituciones financieras internacionales devolvieron al país 39
millones de dólares que iban a ser utilizados para la compra de medicinas y
alimentos en el extranjero. Peor aún fue célebre el caso de los aproximadamente
1700 millones de euros pertenecientes al Estado venezolano y retenidos por la
entidad financiera Novo Banco de Portugal, que pudieron haber utilizados
utilizados para la compra de medicinas, insumos hospitalarios y alimentos.
Finalmente,
según fuentes gubernamentales las consecuencias de estas acciones se han
traducido en cifras tales como 80.000 pacientes de VIH sin tratamiento
antirretroviral en 2017, 16.000 personas a la espera de diálisis y 16.000
pacientes de cáncer sin tratamiento. Ello sin contar los fallecidos que esta
misma política sanguinaria del imperialismo ha provocado.
Vemos pues,
que las sanciones han terminado de estrangular las pocas capacidades de
respuesta del sistema público de salud ante los problemas sanitarios cotidianos
de nuestra población, a la vez que han acelerado su colapso.
La respuesta del gobierno ante la llegada del coronavirus a Venezuela:
¿A quiénes golpeará esta crisis con más fuerza? ¿A los ricos o a los
trabajadores?
Las medidas de
cuarentena social tomadas por gobierno hace más de una semana en principio no
están en discusión, porque son absolutamente necesarias para frenar la
velocidad de contagio y de expansión del virus en el territorio nacional, sin
embargo, si está en discusión el hecho de que sobre bases capitalistas, y sobre
la base de medidas burguesas, como las que éste gobierno toma, la cuarentena
social significará aún más penurias y miserias para las masas trabajadoras del
país, ya golpeadas por cinco años de crisis.
En efecto, al
día de hoy Venezuela acumula aproximadamente una contracción de la actividad
económica de un 60%, lo que significa que la economía nacional se ha contraído
hasta dos tercios desde el año 2013, lo que se traduce inevitablemente en
desempleo, carestía de la vida y miseria para millones de hombres y mujeres
trabajadoras en todo el país, así como el crecimiento acelerado del hambre,
pobreza, mendicidad, criminalidad y prostitución, particularmente la infantil.
A menos que se
tomasen medidas socialistas –que este gobierno no tomará nunca-, como la
nacionalización de la salud privada, de las multimillonarias compañías
aseguradoras, o del comercio exterior, la cuarentena social va a golpear con
mucha fuerza a las familias trabajadoras, que antes del coronavirus ya se
encontraban en una situación de feroz lucha cotidiana para sobrevivir, saliendo
a la calle a recolectar agua para su higiene o para cocinar, haciendo largas
colas para comprar gas o gasolina, cocinando con leña, yendo de hospital en
hospital para lograr que atiendan a un familiar suyo, soportando el
racionamiento de luz o rebuscándose diariamente para poder comer.
No estamos
viviendo en la Venezuela de 2013, en la que un salario mínimo de más de 300$
mensuales, acompañado además de los beneficios en materia alimenticia
proporcionados por el Estado a través de la extinta Mercal, implicaba en la
práctica un salario integral aún mayor. En el marco de tales condiciones, y con
alrededor de un 60% de empleo formal, como existía para entonces, era más
factible, para una gran cantidad de familias, sobrevivir al duro latigazo
económico que significaría una cuarentena de 15, 21 o hasta 30 días, sobre todo
para los trabajadores por cuenta propia o para aquellos que forman parte del
sector informal.
Estamos
viviendo en un país muy distinto, donde la gran mayoría de las conquistas
sociales de la época Chávez han desaparecido, consecuencia tanto de los ataques
inclementes de la parásita burguesía nacional, como por las timoratas y
finalmente traidoras respuestas del reformismo socialdemócrata del gobierno,
hoy devenida incluso en reaccionario, que acaba de justificar la solicitud de
un préstamo al FMI, un tema que incluso para ésta socialdemocracia degenerada
en líneas burguesas, era lógicamente un tabú hasta hace semanas.
El salario
mínimo integral hoy por hoy ronda los 4$, ingreso que es “complementado” –a
veces, y no para todas las familias- con la caja CLAP, que apenas permite a
millones de familias sobrevivir bajo severas condiciones de austeridad,
privaciones y subnutrición. Bajo estas condiciones es que millones de familias
deben encarar la cuarentena que ha sido decretada en el país hace una semana.
Más aún, dicho
beneficio –el ingreso mínimo legal actual- lo obtienen en principio sólo los
trabajadores formales, pero, como ya hemos señalado, a causa de la progresiva
destrucción del aparato productivo nacional en los últimos cinco años, son cada
vez más los millones de trabajadores que no habiendo emigrado fuera del país,
han sido desplazados hacia el sector informal de la economía, y que dependen
del día a día en la calle: electricistas, albañiles y plomeros, vendedores de
café o cigarros, choferes de taxi o vendedores de caramelos en el metro de
Caracas, o cualquier otro que ejerza alguna actividad comercial particular para
poder sobrevivir. Son estos millones de hombres y mujeres y sus familias, los
que se verán más duramente golpeados por la cuarentena. Si estos trabajadores
no trabajan cada día, simplemente se quedarán sin ingresos para poder
subsistir.
Sí, es cierto
que el gobierno ha dictado el pago de bonos mensuales a los trabajadores
informales y por cuenta propia, ¿pero qué trabajador o trabajadora de este país
hoy por hoy, está devengando un ingreso mínimo que le permita cubrir sus
necesidades más básicas?
Reiteramos que
nuestro énfasis no consiste en señalar como desacertada la política de
cuarentena social. En efecto, es la única medida que de momento puede frenar
una veloz expansión del virus, y por ende una alta tasa de mortalidad, medida
que no fue tomada a tiempo en países como Italia, España o ahora los EEUU,
donde el virus se está expandiendo rápidamente en ciudades como Nueva York.
Nuestro
énfasis consiste en señalar cómo la pandemia, al igual que está ocurriendo en
otros países, ha terminado por castigar con mayor fuerza aún a aquellas capas
de trabajadores golpeadas ya de por sí severamente azotadas por la crisis
económica. Los efectos económicos del coronavirus, no los pagarán los grandes
banqueros, industriales y burócratas o políticos burgueses, sino el pueblo
trabajador, hasta que los trabajadores nos levantemos contra sistema de
opresión y miseria, y le demos la vuelta a la tortilla.
La lucha por
derrotar la pandemia, no debe verse de forma apolítica, sino vinculada a la
profunda crisis social que nuestro país atraviesa desde hace varios años. Esta
lucha debe estar vinculada a la lucha por nuestros derechos y reivindicaciones,
así como a la lucha estratégica por echar abajo todo el orden capitalista. El
coronavirus no ha venido sino a empeorar el agudo sufrimiento que las masas
trabajadoras hemos padecido en los últimos años. La pandemia es una emergencia
nacional, pero la verdadera catástrofe nacional son el capitalismo y el
reformismo, este último orgánicamente incapaz de superar a éste capitalismo
atrasado, decadente y parasitario. Un futuro verdaderamente próspero para las
masas trabajadoras pasa por destruir este podrido sistema, que enriquece a una
pequeña minoría, a costa del hambre y sufrimiento de millones.
Las últimas medidas del gobierno
En el marco de
la cuarentena social, el pasado 22 de marzo el presidente Maduro decretó
–nuevamente, porque ya la inamovilidad laboral se supone que estaba decretada-,
la inamovilidad laboral hasta el mes de diciembre, un plan especial de pago de
las nóminas de pequeñas y medianas empresas y la suspensión del pago de
alquileres tanto de viviendas como de locales comerciales por seis meses.
En primer
lugar, la inamovilidad laboral existe en el país sólo de palabra. Luego de la
reconversión monetaria, durante la reunión del último consejo de ministros de
2018 celebrado el 28 de diciembre el gobierno decretó la inamovilidad laboral
por dos años, es decir, que estaría vigente hasta diciembre de 2020, y no obstante,
durante el período de tiempo comprendido desde la reconversión monetaria hasta
hoy, hemos visto una serie de despidos en distintas empresas públicas y
privadas, así como en la administración pública, como parte de una política de
ataques contra el movimiento obrero.
Muchos de
estos despidos han sido arbitrarios, violando los procesos correspondientes por
ley, y en algunos casos se ha detenido y encarcelado a los compañeros o
compañeras en cuestión, sin cumplir en ningún momento con el debido proceso.
Ejemplos de ello hay muchos, pero podemos mencionar cierres de imprentas y
liquidaciones masivas de trabajadores en el sector gráfico en Caracas, como
ocurrió recientemente con la imprenta Fanarte, persecución, despido, detención
y enjuiciamiento de dirigentes obreros de Pdvsa como Marcos Savariego de El
Palito, dirigentes del sindicato de trabajadores de Fogade, o más recientemente
el célebre caso de los compañeros Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba.
En estos
momentos, cuando la persecución contra trabajadores que luchan por sus derechos
se ha incrementado gravemente, incluso haciendo uso de cuerpos represivos del
Estado como la DISIP, el FAES o el DGCIM, hablar de inamovilidad laboral es la
más demagogia más descarada, utilizada para calmar a los sectores de base del
chavismo que aún tienen fuertes lazos ideológicos y emocionales con el
gobierno.
Lo cierto es
que de facto, no existe ya más en el país la inamovilidad laboral, desde hace
más de un año.
Los marxistas,
los socialistas revolucionarios, reivindicamos una política de inamovilidad
laboral en la que realmente se respete el derecho de la clase obrera al
trabajo, y no sólo de palabra. Todas las empresas deben pagar los salarios de
los trabajadores, mientras dure toda la cuarentena, y sin que haya un solo
despedido. ¡La vida por encima de las ganancias capitalistas!
Igualmente,
los patronos deben garantizar todas las medidas de seguridad necesarias para
que los trabajadores puedan desempeñar sus labores reduciendo lo más posible
todo riesgo de contagio y propagación del virus. Las empresas deben proveer de
tapabocas, guantes y de toda indumentaria para evitar el contagio, así como de
los materiales necesarios para la limpieza regular de los espacios de trabajo,
a fin de mantener las áreas laborales esterilizadas.
La suspensión
del pago de deudas bancarias, de alquileres y de los servicios públicos, son
ciertamente paliativos importantes, pero que poco o nada van a mejorar las
condiciones de vida de los trabajadores venezolanos en el mediano o largo
plazo, sobre todo en un país donde el salario mínimo mensual ronda los 5$.
Por otra
parte, el pago de las nóminas de las pequeñas empresas por parte del Estado, no
hará sino profundizar el ya gigantesco déficit fiscal, que luego buscará ser
tapado utilizando más y más políticas de austeridad contra los bolsillos del
pueblo trabajador, como se hizo con la llamada reconversión monetaria.
Es cierto que
la pequeña burguesía, los propietarios de pequeños comercios y empresas, son
también en cierta forma dominados y oprimidos por el gran capital, y son más
susceptibles de irse a la quiebra en medio de crisis o de una paralización
comercial como la que está planteada en la actual cuarentena, no obstante,
¡debemos hacer pagar al gran capital por el sostenimiento de estas empresas! Si
el Estado quiere ayudar a las pequeñas empresas en el marco de la cuarentena,
¡que tome el capital de los grandes monopolios del país, para pagar los
salarios de los pequeños comercios! Los grandes monopolios deben ser además
nacionalizados bajo control obrero, para poner en marcha un plan democrático de
producción nacional, dirigido a satisfacer las enormes necesidades materiales
de las masas trabajadoras hoy.
Más aún, sobre
estos pequeños comercios y empresas, que también especulan contra el pueblo,
debería restablecerse una política de control de precios y de acceso controlado
a las divisas, bajo supervisión de comités obreros y populares, para que
tampoco expolien al pueblo.
La solicitud de préstamo al FMI
Otra de las
medidas anunciadas por el Presidente Maduro, fue, como ya comentamos de pasada,
la solicitud de un préstamo de 5000 millones de dólares al FMI. Sobre este
punto queremos hacer un análisis aparte, aunque sólo plantearemos algunas ideas
para no extender demasiado el presente artículo.
El gobierno ha
venido mostrando un marcado -aunque paulatino- viraje hacia la derecha desde
que Maduro ganó las elecciones de abril de 2013. La presión que ha ejercido la
burguesía a través del sabotaje de la producción y distribución de bienes, así
como las campañas del imperialismo para derrocar al gobierno, unidos a la
degeneración burocrática cada vez más patente de la dirección del chavismo, ha
implicado la toma de medidas cada vez más a favor de la burguesía y los
capitales imperialistas, y contra los intereses de los trabajadores, campesinos
y masas oprimidas.
El ejemplo más
obvio de esto ha sido la llamada reconversión monetaria, en la que el gobierno
aplicó una brutal política de austeridad, prohibiendo de facto las discusiones
de contratos colectivos, casi eliminando los aumentos salariales, borrando de
golpe las tablas salariales en la administración pública, todo ello para
contraer de forma agresiva la liquidez monetaria en el mercado, a la vez que
legalizó la circulación del dólar junto al bolívar, y eliminó el control de
cambio. El control de precios ya había sido eliminado de facto, sin que haya
mediado decreto o reforma legal alguna.
Pues bien, la
presente solicitud de préstamo al FMI, que ya fue rechazada, y a la que le
siguió una segunda solicitud de préstamo, por 1000 millones de dólares, no es
más que la continuidad de dicha política, que evidencia cómo la dirigencia del
chavismo se ha degenerado totalmente, pasando de haber sido una fuerza
progresiva en la lucha de clases, a una fuerza reaccionaria, que hoy forma
parte del bloque de la clase dominante en el país.
Dentro de la
izquierda, y aún entre los sectores menos avanzados de las masas bolivarianas,
está claro cuál ha sido históricamente el papel del FMI, un instrumento del
capital financiero imperialista para expoliación de los pueblos del llamado
tercer mundo. ¿Cómo es posible que pueda justificarse ahora que el FMI puede
jugar realmente un papel progresivo para enfrentar la alarma nacional por la
pandemia?
Nada más
recordemos que apenas en noviembre del año pasado, durante su discurso de
clausura, en el Tercer Congreso Antiimperialista contra el Neoliberalismo,
celebrado en Cuba, el presidente Maduro dijo:
“Fue Cuba la que convocó al mundo a debatir, a estudiar, a desenmascarar
las políticas de dominación financiera del Fondo Monetario
Internacional”, y luego, refiriéndose a los movimientos de
insurrección popular en Ecuador y Chile, señaló: «Hay una insurgencia
general del pueblo contra el modelo de exclusión, privatización,
empobrecimiento, individualismo del capitalismo salvaje y neoliberal del Fondo
Monetario Internacional».
El hecho de
que apenas cuatro meses después se pretenda torcer la realidad, tomando como
excusa la emergencia nacional por el coronavirus, y queriendo ahora hacer ver
al FMI como un posible aliado de un país semicolonial como Venezuela,
históricamente oprimido por el imperialismo europeo y norteamericano, es todas
luces, un hecho escandaloso, y un insulto al legado del camarada Chávez, y debe
servirnos a los revolucionarios honestos que provenimos de las filas del
movimiento bolivariano, para darnos cuenta claramente, cuál es la naturaleza de
clase del gobierno actual -aunque siga teniendo un importante apoyo de sectores
de las masas trabajadoras-, cuál es su política frente a los trabajadores y
frente a la burguesía, por qué no es éste un gobierno socialista, y por qué
desde las bases del chavismo combativo y honesto, y desde el movimiento obrero
y popular, debemos dar la batalla por reconstruir una alternativa
revolucionaria para Venezuela.
La lucha de
las organizaciones barriales, comunitarias y populares para organizar
adecuadamente la cuarentena en las comunidades, tratando de mantener el
funcionamiento de ciertos servicios sociales como la distribución de las cajas
de comida, o la producción autónoma de mascarillas para protegernos del virus,
o los sindicatos y organizaciones de trabajadores que hoy están en pie de
luchas por condiciones de trabajo adecuadas y seguras frente al riesgo de
contagio, no podemos desligarnos en ningún momento de la lucha de clases, y,
como explicaba Marx, la lucha de clases es sobre todo una lucha política.
Los
movimientos populares y de trabajadores revolucionarios, que hoy están al
frente de las comunidades en la lucha contra la pandemia, no podemos olvidar
que la construcción de una organización política revolucionaria, basada en un
programa socialista, que plantee al país una alternativa revolucionaria a la
actual dirigencia del movimiento bolivariano, que ha devenido en una fuerza
reaccionaria y burguesa, es una tarea urgente.
Una vez que
concluya el período de cuarentena, y la vida social del país regrese a la
“normalidad”, -por demás una normalidad bastante dura y anormal desde los
últimos años-, debemos reanudar los esfuerzos por construir una fuerza
revolucionaria autónoma del pueblo trabajador. No podemos olvidarnos por un
momento de este objetivo fundamental para las masas trabajadoras.