Por
María Luisa Ramos Uzagaste
Instruir que la gente se
quede en casa para frenar al COVID-19, coloca a millones de latinoamericanos,
que sobreviven con unos escasos pesos ganados en la jornada, en la disyuntiva
de quedarse en casa y aguantar el hambre o salir a la calle y exponerse al
virus.
Según la
Organización Internacional del Trabajo, más del 60 % de la población activa a
nivel mundial, unos 2.000 millones de personas, tiene un empleo informal y la
mayor parte de esa economía sumergida, es decir, más del 93 %, se ubica en
los países emergentes y en desarrollo.
Son empleos
precarios, subempleos inestables, sin protección de salud alguna, que representan más
del 50% de la población activa en Sudamérica, América Central y el Caribe, pero
que en Honduras, Guatemala, Nicaragua y Bolivia llega a aproximadamente el 80%.
En cifras generales, esa es la población que se verá profundamente afectada en
su nivel de vida, desde ya precario, si es que los Gobiernos no asumen medidas
conexas para evitar mayor pauperización en el corto y mediano plazo.
Precisamente
por esta situación (de predominio del empleo informal), que es muy distinta a
la realidad china, coreana, o europea, es que no debiera copiarse mecánicamente
las medidas asumidas por esos países.
¿Y quién se ocupa de los pobres?
El
estribillo de "quedarse en casa", si no se acompaña de otras medidas,
resulta posible únicamente para quién puede llenar su despensa con productos
para dos o tres semanas, pero no es viable para al menos el 30% de la población
latinoamericana y caribeña.
Doscientos
millones de habitantes en nuestra región viven bajo la línea de pobreza, entre ellos vendedores ambulantes, choferes,
estibadores, amas de casa, etc., para quienes salir a la calle es cuestión de
tener, o no, el pan diario.
Son
millones de ciudadanos que no pueden trabajar a distancia o virtualmente.
Incluso la mayoría de las escuelas y universidades no cuentan con mecanismos
para adaptarse a la contingencia. Esto agravará aún más la brecha social y
económica. Esa realidad se suma a las pérdidas que sufriremos como sociedad en
conjunto, estos meses.
Muchas de
estas familias deben asumir pagos mensuales regulares, que no admiten demoras
pues los acreedores de los microcréditos, por ejemplo, no les van a perdonar
moras. El dueño de casa no les va a dispensar del pago del alquiler y deben
pagar servicios básicos como agua, gas y luz. Sumado a eso, deben garantizarse
el alimento diario.
Esos son
apenas algunos de los aspectos que el Estado debe ocuparse de prever y
solucionar. Si no se adoptan medidas ahora, la región sufrirá un retroceso
catastrófico de nivel de vida y con consecuencias políticas nada alentadoras.
Desconfianza genera caos
Esta crisis
mundial desnuda la verdadera situación de los sistemas de salud.
La
desconfianza en estos precarios e inadecuados sistemas ha llevado a la gente a
adoptar medidas desesperadas, como lo sucedido en Bolivia, donde ciudadanos
bloquearon centros de salud para evitar que enfermos de COVID-19 sean atendidos
en los mismos lugares donde sus seres queridos se encontraban internados por
otras enfermedades.
Se les
acusó de ser poco solidarios e insensibles, pero eso es apenas una parte de la
verdad, peor aún, esas conductas afloran la profunda desconfianza que tienen
los ciudadanos hacia el sistema sanitario boliviano.
Los
ciudadanos saben que están desamparados, nadie los va a proteger, tienen claro
que los hospitales y clínicas no están capacitados ni adaptados para enfrentar
al coronavirus.
El virus viajero
El
principal vector del virus somos los humanos y a la vez somos las víctimas.
Esto hace que las medidas que se adopten en cualquier tipo de acción de
transacción, compra, venta, manipulación y en el transporte aéreo, fluvial y
terrestre sean vitales para frenar al virus.
Mientras
que en países europeos el transporte terrestre es mayormente municipal,
regional o estatal y puede ser sometido a medidas sanitarias estrictas, en
nuestros países el transporte sobre todo es privado y caótico y se realiza en
buses, minibuses, taxis, donde a menudo el número de usuarios sobrepasa el
número de asientos.
Sumado a
eso, el pago del pasaje se hace en el sitio y en moneda corriente. Esta
realidad hace difícil el control y efectivización de las medidas sanitarias
requeridas.
Este mismo
escenario se replica en mercados, tiendas y venta callejera, lo que muestra que
hay un gran contraste entre nuestra realidad y la vivencia europea u otros
países asiáticos.
Por eso
mismo nuestros Gobiernos no debieran copiar a rajatabla las
recetas adoptadas en países como China, Corea del Sur,
Europa (que posiblemente son adecuadas para esas realidades), pero no
precisamente serán las que requieran y funcionen en nuestros países.
En el caso
de Bolivia, el Gobierno optó por una especie de 'cuarentena a medias', que
expone aún más a la gente, pues durante los horarios permitidos para
movilizarse hay más aglomeración y confusión. Peor aún, el Gobierno de Jeanine
Añez ha adoptado una decisión política inaudita al rechazar la
ayuda médica de Cuba.
En
realidades como las nuestras, no basta con prohibir la movilización de las
personas, pues coloca a millones ante el dilema de quedarse en casa y morir de
hambre o salir a la calle y exponerse al virus.
La gran
mayoría de nuestros ciudadanos no están en la capacidad económica de hacer
compras por internet y tampoco realizar pago mediante tarjeta. Solo una pequeña
minoría de ciudadanos cuenta con recursos para subsistir semanas en un régimen
de inmovilización y pueden hacer compras por internet evadiendo el contacto
directo entre personas.
Necesariamente
se deben adoptar otras medidas adicionales, poner todos los recursos y
creatividad a disposición para proteger a los más vulnerables.
Tal vez
algunos Gobiernos logren sostener una prohibición de movilización por algunas
semanas, mediante el uso de la fuerza con Policía y Ejército, pero la explosión
social puede ser grave por el hambre y las limitaciones.
Tentaciones antidemocráticas y militaristas
La región
latinoamericana estos dos últimos años vive una serie de protestas sociales,
requiriendo de los Gobiernos demandas de tipo socioeconómico y la actual crisis
podría ser un buen pretexto para algunos gobernantes que han perdido credibilidad,
para retomar el control y restringir las libertades democráticas.
Las duras
medidas que ya se implementan haciendo uso de la policía y de las Fuerzas Armadas, han elevado las alertas, pues algunos Gobiernos pueden
verse tentados a utilizar esta contingencia para sus fines e implementar
estados de sitio de hecho y perpetuarse en el Gobierno.
Queda claro
que el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos no solo del
virus, pero también de evitar que empobrezcan más de lo que ya están, preservar
sus vidas, su salud en general y darle medios de vida al menos en esta etapa en
que no pueden salir a trabajar.
No basta
con anunciar a la población que se avecina una fuerte crisis económica o estado de catástrofe. Es hora de que las instituciones internacionales y
regionales y busquen alternativas creativas y solidarias acordes a la realidad
latinoamericana y al grado de vulnerabilidad de nuestras poblaciones.
Ojalá que
las mascarillas que hoy buscamos desesperadamente para proteger la salud no nos
cubran los ojos ni el corazón, menos la razón y podamos construir el futuro con
esperanza y sin miedo.