CONDICIONES DE RIESGO
Por La Izquierda Diario
Tanto en
Caracas como en Aragua se reportan centros donde escasean mascarillas, guantes,
batas estériles e, incluso, no disponen de agua, alcohol o jabón. La respuesta
de las autoridades es desestimar la petición de condiciones mínimas y amenazar
con despidos. Con esa irresponsabilidad y autoritarismo, exponen a las/os
trabajadoras/es, a sus familias y los convierten en un muy probable canal de
transmisión del contagio al resto de la población. Aquí relatamos algunos de
estos casos
Al día de ayer el número de casos del actual coronavirus confirmados
oficialmente en el país asciende a 17. Es de esperarse que en los próximos días
sean muchos más, el aumento viene siendo claramente exponencial y rápido: 2 el
primer día, sumando 8 el segundo día y 17 el tercero. Para nadie es un secreto
el estado calamitoso del sistema de salud en el país, y como señalan varios
comentarios en redes sociales, cuando hoy en Venezuela decimos ruina del
sistema público de salud no nos referimos a la ruina promedio de la salud
pública en América Latina, acá la situación es realmente catastrófica.
En estas condiciones, es previsible que el sistema de salud venezolano
esté mucho menos preparado que otros para atender la magnitud del problema que
se puede presentar, pero se agravará más si, como ya está ocurriendo, se obliga
a quienes están en primera fila de la atención a la contingencia, a trabajar
sin las condiciones mínimas requeridas. Es lo que sabemos, tanto por las
denuncias que han trascendido como por información directa aportada por
colaboradores de La Izquierda Diario. Una situación a la que hay que salirle al
paso de forma inmediata.
Los primeros en tomar la palabra fueron los trabajadores del hospital Dr. José Ignacio
Baldó, “El Algodonal” (Dtto. Capital). El pasado 11 de
marzo, luego del anuncio del Gobierno nacional sobre que ese sería uno de los
centros asignados para la atención de los casos de coronavirus, se manifestaron
explicando que por lo general trabajan sin electricidad durante muchas horas
del día, habiendo áreas que tienen más de un año sin ese servicio, así mismo,
no hay productos de limpieza e higiene, debiendo los trabajadores llevar ellos
mismos los productos para poder limpiar sus áreas de trabajo y hacerse el aseo.
No contaban siquiera con tapabocas y guantes suficientes, además de no tener
epidemiólogo, rayos X ni capacidad del laboratorio para hacer hematologías
completas. Tampoco cuentan con agua corriente durante las 24 horas del día.
“No nos estamos negando a
trabajar ni negándole el derecho que tiene el paciente a ser atendido ante una
situación –dicen–, pero nosotros también tenemos derecho a la salud y a tener
protección mínima”. Otra especialista señala: “El paciente tiene derecho a la
salud, y cuando viene y aquí no hay cómo atenderlo le están violando su derecho
a la salud. Cuando una de las cuestiones fundamentales ante este virus es la
buena alimentación para un sistema de defensa fortalecido, y aquí de comida la
dan solo una pasta blanca”.
Ya confirmados los primeros casos, una situación de tensión se vive en
varios ambulatorios y centros de atención primaria en Maracay (Aragua),
porque la dirección regional de salud estableció un cronograma en el que los
médicos y enfermeras deben prestar servicios en consultorios populares que no
cuentan con las condiciones mínimas.
Estos trabajadores piden que no los envíen a esos centros que no cuentan
con bioseguridad, se manifiestan totalmente dispuestos a sumarse a las labores
de contingencia necesarias, pero solicitan ser dotados de cuestiones básicas
como: tapabocas, batas estériles, gorros, agua y alcohol.
Solicitan insumos de primera necesidad al lidiar con un virus tan
contagioso, con los que no cuentan, a pesar de que los envían a atender
pacientes posiblemente infectados.
Estas solicitudes se las hicieron a sus superiores inmediatos, sin
recibir por respuesta más que la indiferencia. Buscaron la manera de
comunicarse entonces con la presidenta de Corposalud e, incluso, con el propio gobernador,
Marco Torres. De parte del gobernador recibieron poco más que la misma
indiferencia, con respuestas genéricas como “tengan calma”, “estamos trabajando
duro”. La respuesta de Corposalud fue más drástica: mandarlos a trabajar en
esas condiciones de precariedad absoluta, ordenándoles hacer tapabocas de tela
y re-utilizarlos, además de amenazarlos con despidos si no acatan esas órdenes.
Hay centros de salud que “así no haya agua van a abrir y atender
pacientes”, sentenció la funcionaria regional, a la par que les advirtió que
“esas son las condiciones, lo toman o lo dejan, acatan o renuncian
voluntariamente”. Caso contrario, serán pasados a la orden de recursos humanos
para su despido por faltas.
Una completa irracionalidad, pues si médicos y demás personal sanitario
se contagia, no solo se ponen en peligro ellos y sus familias, sino al resto de
la población que pueda entrar en contacto con ellos, propagando aún más el
virus que deben contener. Una irresponsabilidad enorme, más aún cuando lo que
se necesita es justamente la mayor cantidad de trabajadores de la salud, ¡no
renuncias ni despidos!
De vuelta en Caracas, en el hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, por
donde ya han pasado dos pacientes con sospechas del virus –uno de los cuales
sigue internado allí–, hay personal que no cuenta con agua, alcohol ni jabón.
Solamente les distribuyeron un poco de jabón líquido a cada trabajador cuando
llegó el primer caso sospechoso la semana pasada, lo que les alcanzó para poco
más de un día, luego de lo cual no les han proveído nuevamente de jabón, no hay
agua corriente y no les han suministrado por lo menos alcohol.
Violentando disposiciones elementales de la OMS y derechos básicos
establecidos en la ley
Además de las cuestiones básicas que recomienda la Organización Mundial
de la Salud (OMS), y de la lógica elemental, el gobierno está en estos casos
pasando por encima de sus propias leyes. El artículo 53 de la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), en su numeral
5, establece el derecho del trabajador o trabajadora a no desempeñar una labor
que manifiestamente represente un riesgo para su salud y su vida. Señala que el
trabajador tiene derecho a:
“5. Rehusarse a trabajar, a alejarse de una condición insegura o a
interrumpir una tarea o actividad de trabajo cuando, basándose en su formación
y experiencia, tenga motivos razonables para creer que existe un peligro
inminente para su salud o para su vida sin que esto pueda ser considerado como
abandono de trabajo”.
La OMS recomienda el uso de las mascarillas, prioritariamente, para el
personal de salud y personas enfermas, sin embargo, el Gobierno no está
garantizando seriamente eso a los trabajadores y las trabajadoras de la salud,
así como otros implementos básicos, tal como venimos mostrando.
¿"Combatir la pandemia" sin garantizar
suministros masivos al pueblo ni condiciones mínimas a los trabajadores de la
salud?
El Gobierno ha declarado obligatorio el uso del tapabocas en el
transporte público, pero ha dejado su suministro, al igual que el de los demás
insumos básicos, a merced de las cadenas de farmacias privadas y comerciantes
que, de manera oportunista, han respondido especulando con los precios,
aumentado hasta en más de un 200% en algunos casos.
Estos insumos básicos para prevenir el contagio y combatir la pandemia,
deberá costearlos el pueblo trabajador de su destruido bolsillo, y por lo
visto, incluye también a los trabajadores de la salud, ya que no se los
suministran, y quienes, al igual que resto de la clase trabajadora, tienen
salarios totalmente míseros.
Mientras el salario mínimo de todo un mes, sumando el ticket de
alimentación, representa unos 6 dólares, una sola mascarilla la venden en 4
dólares –Farmatodo anunció que ofrecerán pronto otras “más accesibles”–, un
alcohol mediano sale en 1 dólar, y un frasquito pequeño (100 ml) de
antibacterial con alcohol ronda los 3 dólares.
El gobierno no ha tomado la medida fundamental de traspasar de forma
planificada las existencias actuales en el mercado privado a la red de atención
sanitaria pública que requiere urgentemente de insumos, para garantizar la
distribución masiva a la población y, con particular énfasis, a las/os
trabajadoras/es de la salud y personas con mayor riesgo (mayores de 60 años,
diabéticos, pacientes con HIV, etc.). En medio de la emergencia, se limita a
“acordar” con los fabricantes privados que pongan “precios solidarios”, lo que
mantiene el circuito de ganancias exorbitantes del capital comercial, que lucra
con las compras inusitadas, mientras que a los trabajadores les exige salir a
exponerse totalmente, poniendo en riesgo sus vidas, y pudiendo contribuir a la
catástrofe social con nuevos contagios completamente evitables.
En los hechos, como en estos largos años de crisis, siguen primando el
lucro privado y el autoritarismo gubernamental por sobre las necesidades
sociales urgentes. ¡Con un gobierno que se llena la boca hablando de
“socialismo”!
Cuarentenas forzosas con presencia militar y
mayor control burocrático-policial no son la respuesta que la sociedad
necesita. El aislamiento por sí solo es insuficiente con un virus que ya está
propagándose, si el sistema sanitario encargado de atender los casos se
encuentra en debilidad crítica y expone a sus propios trabajadores al contagio.
El pueblo en general, y los trabajadores de la salud en particular, tienen el
derecho de exigir y pelear por que se garanticen las condiciones mínimas para
proteger la salud y la vida.