Por Comité Central – Lucha de Clases
Horas de máxima tensión se viven
actualmente en nuestro país. Desde antes de la autoproclamación de Guiadó como
presidente encargado de Venezuela, el ambiente de conflictividad institucional
–que envuelve al Ejecutivo y a la AN– había comenzado a extenderse a los
cuarteles y a las calles del país. Desde el exterior, todas las fuerzas
reaccionarias aumentaban las presiones sobre Maduro; mientras a lo interno un
alzamiento militar y la reaparición de las gurimbas (piquetes violentos), daban
cuenta del alto grado de inestabilidad que estaba alcanzado la situación. Sobre
esto último, el establecimiento de barricadas callejeras había iniciado esta
vez no en las comunidades de clase media-alta –como históricamente ha ocurrido,
sino fundamentalmente en los barrios y sectores populares. Sin duda, hemos
entrado en un estado crítico de cambios, saltos y giros bruscos, donde la inusitada
rapidez con la que se presentan los hechos no da espacio para el respiro.
En
la madrugada (2:50 am) del 21 de enero, cerca de 40 insurrectos pertenecientes
al comando de zona Nro. 43 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) hurtaron un
importante lote de armas de guerra (51) y secuestraron a dos oficiales y dos
efectivos del destacamento de Seguridad Urbana ubicado en Petare –Miranda.
Posteriormente, el grupo se dirigió hacia la sede de la unidad especial de
seguridad Waraira Repano, en Cotiza –Caracas, donde sostuvieron una escaramuza
con las tropas de dicha instalación hasta que finalmente fueron rendidos y 25
de ellos capturados en el lugar del enfrentamiento. Según un comunicado emitido
por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), buena parte del armamento
robado fue recuperado y los detenidos estarían brindando información de interés
a los organismos de inteligencia y al sistema de justicia militar.
A
través de las redes sociales se filtró un video donde los efectivos insurrectos
desconocieron la autoridad presidencial de Nicolás Maduro y llamaron al pueblo
venezolano a salir a las calles del país. En días pasados (17 de mayo), desde
Perú un grupo de militares desertores, desconociendo a su comandante en jefe,
se pusieron disposición de Juan Guaidó, a quien reconocieron como presidente
interino de Venezuela. Acciones de esta naturaleza surgen como efecto de los
innumerables llamamientos reaccionarios emitidos por voceros del imperialismo
estadounidense, organismos regionales e innumerables gobiernos de derecha,
dirigidos a los cuerpos militares venezolanos para que “restablezcan el orden
constitucional” y colaboren con la “transición a la democracia”.
Si
partimos del hecho de que las únicas formas de intervención política decisivas
para cualquier fuerza armada en el mundo, en favor de las clases dominantes,
son la violencia represiva, para “poner orden” –cuando los mecanismos de
consenso social burgueses se agotan; los golpes de estado y las dictaduras
militares –en palabras de Marx: “el dominio de la espada sobre la sociedad”;
resulta groseramente eufemístico que se llame a la actuación de las FANB con
cánticos por la “democracia” y la “libertad”. Lenin decía que, en última
instancia, el Estado se compone de grupos de hombres armados. Lo que salta a la
vista es que todos los mensajes dirigidos a los cuerpos castrenses tienen como
única finalidad aupar a éstos para que ejecuten un golpe militar. Para
facilitar las cosas, la AN (en manos derechistas) aprobó el pasado 15 de enero
un “Acuerdo sobre la necesidad de una Ley de Amnistía para civiles y militares”
que decidan colaborar con la “restitución del hilo constitucional” y la tan
cacareada “transición”.
El
mencionado asalto al destacamento de la populosa zona de Catiza, permitió
desatar un factor inédito que marcó un cambio potencialmente decisivo en el
caótico estado de cosas: durante y tras la refriega, se pudieron escuchar
cacerolazos y se presentaron focos de disturbios protagonizados por la
población, que se extendieron hacia la avenida Baralt y la avenida Fuerzas
Armadas de Caracas. Como un encendedor que se acciona, el alzamiento fallido
desató varias fuerzas hasta ese momento ocultas. Durante todo el día 21 de
enero, especialmente en la noche, los toques de cacerolas y varios piquetes
callejeros se hicieron evidentes en barrios importantes del Distrito Capital.
Sectores como El Valle, Catia, Antímano, Propatria, El Limón, Lídice, San
Martín, Coche, Cementerio, Caricuao, entre otros; fueron escenarios de diversas
formas de protesta (incluida la vandálica), que comienzaron a denotar tanto el
hartazgo de la población de los barrios ante la situación de crisis
generalizada, el eco que los llamados reaccionarios están produciendo en
algunos sectores pobres, o bien, la entrada en escena de grupos hamponiles
pagados por la derecha.
Aquí
es necesario separar las protestas populares por la precariedad de los
servicios públicos –que desde finales del 2017 han recrudecido, de los actos de
vandalismo financiados por la derecha para desatar y capitalizar actos de
saqueos o un estallido social, a partir del descontento en los barrios. No es
lo mismo una manifestación en reclamo por las fallas en el suministro de agua
potable –por poner un ejemplo, que una irrupción en una licorería por parte de
pocos delincuentes muy bien armados. Casos como el segundo son repudiables en
todo sentido, pues tratan de desvirtuar la legítima lucha de los pobres y
excluidos de siempre por su dignidad, y el intento de la burguesía de
canalizarlas en favor de sus nefastos intereses. En algunas localidades, las
comunes protestas por la carencias en los servicios públicos se extendieron
desde la tarde del 21 de enero, dando paso a focos de disturbios de variado
carácter que perduraron hasta la madrugada del 22. Diversos choques violentos se
presentaron en zonas como Puerta Caracas, El Valle, nuevamente Cotiza y la
avenida Fuerzas Armadas. En La Pastora, la manifestación escaló a tal punto en
el que la casa del dirigente bolivariano Robert Serra (asesinado en octubre del
2014) fue incendiada.
El
mismo día del alzamiento, el magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), Juan Mendoza Moreno, declaró la nulidad de las
actuaciones de las juntas directivas de la AN de los años 2017, 2018 y 2019, al
encontrarse el órgano parlamentario en situación de inconstitucionalidad desde
hace dos años. Amparado en los artículos 130, 131 y 132 de la Constitución, el
funcionario afirmó que “La AN no puede erigirse en Tribunal Supremo de Justicia
para declarar una pretendida usurpación”.
En
horas de la noche del 21 de enero, un grupo de supuestos militares desertores
publicó un video en el canal colombiano NTN24 donde afirmaron que acompañarán
los esfuerzos de la AN para “restituir el orden constitucional” y devolver al
pueblo su “carácter soberano”, con la celebración de nuevas elecciones
presidenciales. Los uniformados, que mencionaron la presencia de dos tenientes
procedentes de Perú, llamaron a los militares en Venezuela a que se subleven a
la usurpación de poder de Maduro y anunciaron que se reunirían con sus
compañeros de armas en el país el 23 de enero.
La
mañana del 22 de enero marcó un relativo respiro en los diversos focos de
disturbios capitalinos. Sin embargo, la tensión política no paraba de aumentar.
La AN aprobó un acuerdo de permanencia de Venezuela en la OEA (organismo al
cual el gobierno ha pedido su desafiliación), nombrando a Gustavo Tarre Briceño
como representante especial. En paralelo, el Vicepresidente estadounidense,
Mike Pence, quien ya había conversado con Juan Guaidó –Presidente de la AN– por
teléfono la semana anterior; envió un mensaje a través de su cuenta en twitter
manifestando todo el apoyo de la Casa Blanca a las acciones que ya preparaba la
oposición en vísperas al gran día. En un twit señaló: “Mientras el pueblo
venezolano hace oír sus voces mañana, en nombre del pueblo estadounidense
decimos ¡Estamos con ustedes! Los apoyamos, y los seguiremos apoyando hasta que
la democracia en Venezuela sea restaurada, y su derecho de libertad que les
pertenece sea reivindicado”. Sin dudas, esta comunicación representa un llamado
encubierto a un golpe de estado. Más tarde, Nicolás Maduro hizo saber que
revisaría las relaciones diplomáticas con EEUU, en lo que puede considerarse
como una reacción bastante blanda y tardía, dado el talante de las amenazas y
acciones desestabilizadoras del gobierno estadounidense.
El
Vicepresidente de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, informó sobre las primeras
investigaciones del alzamiento militar en la madrugada del día anterior, donde
las armas hurtadas no recuperadas (11) habrían sido entregada a civilies para
generar actos de violencia durante las manifestaciones convocadas para el 23.
Posteriormente, el gobernador bolivariano del Estado Zulia, Omar Prieto,
declaró que los cuerpos de seguridad de la región desarticularon un plan para
asesinar a manifestantes en las movilizaciones previstas para el 23 de enero,
en una operación que involucró un enfrentamiento donde un individuo habría
fallecido y otro había escapado. El representante de la entidad remarcó que se
incautaron granadas, subametralladoras, silenciadores y uniformes militares.
Como
la experiencia ha podido demostrar en varias ocasiones (2002, 2014 y 2017), la
derecha y el imperialismo sienten preferencia por la generación de masacres
contra sus própios seguidores en manifestaciones masivas. El objetivo de esta
miserable estrategia es la de producir conmoción suficiente en la opinión
pública nacional e internacional, que, de rebote, condicione escenarios como un
golpe militar. En abril del 2002 esta jugada funcionó, al menos por 48 horas,
antes de que los barrios bajaran y la movilización espontánea de las masas
hiciera naufragar el golpe reaccionario. Otra variante, es la posibilidad de
armar a grupos de choque –preferentemente mercenarios reclutados del lumpen
hamponil, capacez de generar fuertes enfrentamientos contra las fuerzas de
seguridad, muertes en ambos lados y escenas de una guerra civil para la
mediática, tal y como ocurrió en 2014 y 2017. Sobre ésto, llama la atención la
amenaza proferida por Marco Rubio, senador por Florida del Congreso
estadounidense, hacia el SEBIN. En ella señaló a los funcionarios del
organismo: “… deberían reconsiderar el plan que tienen para mañana antes de que
sea demasiado tarde”. Por otro lado, Juan Guaidó divulgó un video el lunes 21
donde pedía a los militares que no dispararan contra los manifestantes. Cabe
preguntarse ¿Cómo Rubio y Guaidó pudieron anticiparse de modo tan preciso al
acontecer del 23 de enero? ¿Qué sabían qué el común no?. Los acontecimientos
que se presentaron el día 23 nos dieron parte de las respuestas.
Entre
tanto, con el arribo de la noche, las protestas en las zonas populares de
Caracas retomaron vigor. Los disturbios en Catia dejaron un hombre fallecido.
También, el interior del país comenzó a activarse. En la carretera Panamericana
que comunica a las entidades: Zulia, Trujillo y Mérida, nos reportaron varios
conatos de saqueos. En la ciudad de San Félix –Estado Bolívar– manifestantes
quemaron una estatua del fallecido presidente Hugo Chávez. Como vemos, el
ambiente nacional previo al 23 de enero se mostró altamente covulsionado. Estos
hechos fueron solo preparativos de lo que estaba por venir.
El agitado 23 de enero
En
días anteriores, la derecha había convocado a la marcha de Caracas en al menos
10 puntos –algunos partían desde varias zonas populares que ya venían siendo
objeto de protestas y disturbios. Finalmente, se conoció que el punto de
llegada sería la Plaza Juan Pablo Segundo de Chacao. Por su parte, el gobierno convocó
a una movilización cuyo punto de llegada sería la plaza O’Leary. La actividad
opositora mostró que, después de más de un año de sequía, sus fuerzas de calle
se habían recompuesto. Mientras tanto, desde el bando bolivariano se pudo
evidenciar cierto ambiente militante entre quienes se dieron cita, motivado por
la clara amenaza reaccionaria en puerta, aunque ciertamente menos nutrida y
numerosa que en oportunidades de otrora.
Conforme
avanzaban las marchas la tensión crecía. La movilización bolivariana llegó a su
destino, para luego ser desplazada hasta el palacio presidencial, donde Maduro
se dirigiría a los asistentes. Superado el medio día no llegaban noticias de la
manifestación opositora. Después de las 2:00 pm, se conoció que Juan Guaidó,
ante la multitud derechista, se juramentaba como presidente encargado para
lograr “el cese de la usurpación [de maduro]”, un “gobierno de transición” y
convocar a nuevas elecciones presidenciales. Basado en el artículo 233 de la
Constitución (que por cierto, no habla de usurpaciones de poder sino de faltas
absolutas), se puso en marcha un mega fraude, curiosamente, en una modesta
plaza del este caraqueño.
En
cuestión de minutos Donald Ttrump reconoció al autonombrado presidente,
secundado por Luis Almagro de la OEA, y por los gobiernos de Canadá, Brasil,
Colombia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica, entre otros. Acto
seguido, Maduro anunció que el gobierno venezolano rompía relaciones
diplomáticas y políticas con Estados Unidos, al tiempo que concedía 72 horas al
personal de la embajada de esa nación para que se retiraran del país.
Seguidamente, Guaidó emitió un comunicado exhortando al personal diplomático de
todas las embajadas a quedarse. En un bochornoso acto de prepotencia
imperialista, Mike Pompeo, secretario de estado norteamericano, dio a conocer
una declaración donde señaló que el “ex-presidente” Maduro carece de autoridad
legal para romper relaciones diplomáticas con EEUU y amenazó al gobierno de
éste sobre posibles represalias de tomarse acciones contra el personal de la
embajada estadounidense en Caracas.
Las
tradicionales zonas de clase media, algunos barrios capitalinos y varios focos
en el interior de Venezuela, se convirtieron en verdaderos campos de batalla a
partír de los acontecimientos antes descritos. Solo hasta lo noche de este día,
la cifra de muertos en todo el país superaba la quincena. La violencia había
sido desatada y los sangrientas anticipaciones de quienes días antes la
vaticinaban, se materializaron. Un ejemplo bastante elocuente de lo acontecido
hasta hoy se viene suscitando en Petare, donde grupos fuertemente armados han
enfrentado a efectivos de la GNB de manera muy bien organizada. El módulo de
dicho cuerpo de seguridad en la localidad fue sacudido por las detonaciones de
dos granadas “democráticas” y “libertarias”, pocas horas después de la
autoproclamación de Guaidó.
Aunque
Guaidó no había mencionado detalles sobre un posible gabinete, y asumió la
encargaduría de la presidencia de la República en un acto que dejaba más dudas
que certezas; se puso la puesta en escena para montar un gobierno paralelo,
elegido por un parlamento en desacato y bajo un marco de inédito fraude. El
mismo arlequín que no pudo ganar la gobernación de Vargas en septiembre del
2017, ahora, de repente, pasó a convertirse en la máxima autoridad del país,
según el imperialismo yankee. Cubierto de cierto reconocimiento internacional
–por parte de la derecha regional bajo el mando de Washington, el personaje en
cuestión prosigue con su papel en un guión escrito en inglés y que lo tiene
como el ahora investido desafiante de la autoridad presidencial de Maduro y
agente de máxima desestabilización interna.
Tanto
el candente tema de la embajada estadounidense, como las acciones que en
adelante emprenda el gobierno paralelo –montado a control remoto desde la Casa
Blanca, significarán desafíos de poder para Maduro, quien sino desea perder
autoridad, y por tanto, gobernabilidad, debe hacer cumplir sus órdenes. La
apuesta imperialista se centra en que Maduro se vea reducido a una figura
despojada de mando y rodeada por todas partes, situación que lo puede llevar a
negociar una entrega pactada, o si se resiste, a que las FANB lo desalojen de
Miraflores. En este sentido, entendiendo que todo gobierno estriba sobre el monopolio
de la violencia organizada, la orientación que tomen las fuerzas armadas en el
futuro próximo será determinante. Hasta ahora, las FANB, a través del ministro
de la defensa Vladímir Padrino Lopez, se ha pronunciado en favor de Maduro de
forma contundente. Pero hay que decir que sobran los ejemplos históricos de
como las lealtades castrenses pueden cambiar súbitamente bajo condiciones
excepcionales. Y la situación política, económica y social de Venezuela desde
hace mucho rato es excepcional.
Reacción internacional
El
24 de enero, la Unión Europea (UE) emitió una declaración ambigua, en la que si
bien manifestaba total apoyo a la AN, se abstuvo de reconocer a Guaidó como
presidente encargado de Venezuela. El organismo multilateral, a través de
Federica Mogherini, también instó a que se celebren “elecciones libres” y
enfatizó el apoyo del bloque a la restauración de la democracia y el estado de
derecho, en “un proceso político creible y pacífico en línea con la
Constitución venezolana”. De esta manera, la llamada “comunidad europea” deja
entrever su promoción de una salida negociada de Maduro de la presidencia de la
República. Sin embargo, el primer ministro español, Pedro Sánchez, el 26 de
enero planteó un ultimátum de 8 días a Maduro para que convoque a “elecciones
libres” o procederá a brindar reconocimiento a Guaidó.
Como
era de esperarse, los entrañables aliados internacionales de Maduro no tardaron
en pronunciarse. Putin expresó su apoyo a Maduro en una conversación telefónica
donde calificó de “destructiva injerencia extranjera” la ofensiva del
imperialismo estadounidense. Disfrazado de una defensa hacia el derecho de
autodeterminación del pueblo de Venezuela, el mensaje del jefe del Kremlin se
orienta a marcar terreno sobre los intereses geo estratégicos de Rusia frente
EEUU en la región, así como también a amparar las jugosas concesiones
petroleras que el gobierno venezolano ha concedido a varias empresas de ese
país. Por otro lado, desde Turquía Erdogan manifestó que “hay que respetar a
quienes salieron de las urnas…”, pues en caso contrario no habría democracia
sino una “mentalidad totalitaria”. Ésto lo dice el mismo personaje que en su
país ha promovido brutales ataques contra la minoría kurda, perseguido
salvajemente a los líderes del partido de izquierda de esta nacionalidad (HDP),
que ordenó brutales bombardeos contra la población de Afrín, entre otras
perlas. Detrás de estas palabras se esconde la preocupación de burgueses turcos
por la estabilidad de los fabulosos contratos mineros –en especial los
referidos a la explotación de oro, que su gobierno logró en Venezuela gracias a
la desesperación entreguista de Maduro.
Por
su parte, el gobierno chino repudió de forma enérgica cualquier tipo de
injerencinsmo en los asuntos internos de Venezuela, y apoyó los esfuerzos del
gobierno nacional para “mantener la estabilidad, defender la soberanía e
independencia del país”. Estas últimas palabras llaman poderosamente la
atención si se toma en cuenta el proceso de esclavización financiera con el que
el gigante asiático ha sometido a Venezuela –no sin la complicidad
irresponsable del gobierno bolivariano, los contratos que ostentan capitales
chinos sobre enormes reservas de petróleo y minerales, y las enormes
participaciones accionarias en empresas mixtas otorgadas a varias
multinacionales de la superpotencia.
Como
vemos, en las relaciones internacionales no existen amistades sino intereses.
De todos modos, para Maduro explotar estas alianzas es de vital importancia
para mantener el poder, a costa de empeñar las enormes riquezas del país y
contradecir su própio discurso antiimperialista. El 26 de enero, Rusia y China
vetaron una resolución en contra de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la
ONU.
La derecha y los barrios
Desde
la declaratoria de la “usurpación de poder” de Maduro, la derecha, empleando a
la AN como su principal arma y escudo, se había embarcado en un ciclo de
cabildos abiertos en todo el país para ir calentando el ambiente con miras al
23 de enero. A nivel internacional, se realizaron también varios cabildos
abiertos para aglutinar las fuerzas de base opositoras que aspiran luchar por
un cambio político en Venezuela, pero desde el exterior. Un elemento sustancial
a considerar es la convergencia que las diferentes fracciones del oposicionismo
han venido alcanzando en las últimas semanas. Aunque no sin diferencias, la
derecha parece estar superando viejos episódios de riñas y peleas intestinas,
que en su momento fueron atizadas y aprovechadas por la dirigencia bolivariana
para hacerse de la mayoría de gobernaciones, alcaldías y concejalías de la nación.
Por
lo visto los últimos días, la reacción pareciera estar capitalizando el enorme
descontento que hierve en las profundidades de la sociedad venezolana. Ante la
bancarrota manifiesta de la dirección bolivariana y la inexistencia de una
alternativa revolucionaria de masas, la situación no podía tornarse de otra
manera. Históricamente el discurso opositor no ha podido conectar con el estado
de ánimo del sentir popular. Sus repetitivas apelaciones a la democracia y la
libertad, en términos institucionales, cayeron en saco roto cuando de atraer
para sí a los barrios y sectores vulnerables se trataba. En un primer momento,
cuando las masas trabajadoras comenzaron a adquirir enormes conquistas durante
la primera década del siglo, para éstas la oposición política venezolana no
pasaba de ser lo que fue, es y seguirá siendo: una cofradía reaccionaria
representante de los intereses de burgueses, banqueros y terratenientes, que
con alusiones leguleyas siempre han tratado de encubrir sus pretensiones de
austeridad, miseria y desposesión a la mayoría. La imposibilidad de la derecha
de desmarcarse, por lo menos en apariencia, de Venancham Fedecamaras,
Consecomercio, Fedenaga y demás asociaciones oligárquicas, marcó su ignominioso
camino de los últimos 20 años.
Pero
¿acaso varias de las recientes manifestaciónes populares que se han presentado
en los barrios representan la aspiración de las masas por conquistar mayor
libertad y democracia? Para nada. No existen dudas de que el móvil de tales
manifestaciones en los barrios no es otro que el hartazgo popular por la
carestía de la vida, el hambre, el colapso generalizado de los servicios
públicos, la desidia institucional, la corrupción imperante y la demagogia de
un gobierno de espaldas a sus bases sociales. Tratar de emparentar todo lo
anterior con las demandas de restitución de competencias de la AN, la ambición
de poder de la burguesía o la excarcelación de corruptos o matones denominados
“presos políticos”, no es más que una patraña.
Podemos
decir que el discuro de la derecha todavía sigue divorciado de los intereses de
los trabajadores y pobres, como no puede ser de otra manera. Lo que observamos
en algunas manifestaciones de los barrios no es una muestra de respaldo popular
automático hacia la reacción, sino la búsqueda desesperada por una parte de los
oprimidos de una salida a la degradante situación de extrema miseria y
desesperanza, al cual los ha sumergido la agotada política del gobierno.
Conforme avanzan las horas, la burguesía y el imperialismo se frotan las manos
ante lo que sucede en las calles del país. Mientras tanto, la dirección
bolivariana persiste en su agenda conciliadora –y en los hechos antipopular, la
misma que, pateando la pelota hacia delante –acumulando contradicciones y sin
solucionar nada en el fondo, nos trajo al presente estado de caos.
Las FANB y los cuerpos de seguridad
Luego
del episódio de abril del 2002, la lealtad de los altos mandos militares hacia
el gobierno bolivariano se ha sellado hasta ahora producto de una combinación
de factores. En primer lugar, los numerosos planes y conspiraciones golpistas
desarticulados a tiempo en el seno de las FANB, fueron sucedidos por
significativas purgas y depuraciones para preservar la línea de mando. Por otro
lado, los cuerpos castrenses han sido objeto de un proceso de politización sin
precedentes, vinculado estrechamente al ideario bolivariano que Chávez impulsó
en todo momento. Aunque la influencia de los condicionantes antes señalados han
tenido relativo peso, la siguiente ha presentado una mayor importancia, sobre
todo en los últimos cinco años: nos referimos a la infinidad de concesiones
económicas y políticas que desde el gobierno se le ha otorgado a las fuerzas
armadas.
Desde
el principio, el gobierno bolivariano ha designado a militares para dirigir
empresas e instituciones estatales –incluidos numerosos ministerios, y en caso
de oficiales retirados, para disputar puestos de elección popular
(gobernaciones y alcaldías). En los años críticos recientes, Maduro cedió a las
FANB buena parte del control de la distribución alimentaria a través de la
misión Abastecimiento Soberano, y más importante aún, el control sobre PDVSA.
Este última concesión es de suma trascendencia puesto que la estatal petrolera
genera el 96% de las divisas que ingresan al país. Tal otorgamiento surgió como
resultado de una feroz lucha entre ciertas fracciones burocráticas por el
control de la jugosa renta petrolera, y que fue disfrazada como una cruzada
anticorrupción. Por si fuera poco, una cierta tajada de riqueza nacional fue
concedida a las fuerzas armadas mediante la creación de la CAMIMPEG (Compañía
Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y Gasíferas).
Tamaños
privilegios han sido fuentes incomparables de corrupción corporativa como el
pueblo trabajador lo palpa cotidianamente. Para toda clase o casta, la
conquista de toda prerrogativa presupone su defensa intransigente. Por esta
razón, debemos decir con total franqueza que entre las valoraciones de la
cúpula militar posiblemente se encuentra el cuidar primero son intereses, de la
mano de quien pueda ser el mejor garante de los mismos. La derecha, desde el
inicio de la revolución bolivariana se ha esforzado enormemente por mostrarse
dispuesta a otorgarles todo tipo de garantías a cambio del poder. La Ley de
Amnistía promovida por la AN es solo la versión más reciente de estos
esfuerzos. Aunque Maduro no ha dejado de consentir las apetencias de la
oficialidad militar, ésta podría cambiar de lealtades si la presencia de éste
en Miraflores colgara de un hilo. El reto de la reacción es lograr hacer que
Maduro pierda el control absoluto de la situación del país, hecho que movería a
la cúpula de las FANB a negociar una transición de poder, posicionando sus
condiciones por delante.
Otro
factor a considerar tiene que ver con la posible vulnerabilidad de la capacidad
de represión estatal, dadas las pésimas condiciones de los cuarteles y los
efectos de la crisis económica y social sobre las tropas de base. Procedentes
de los barrios obreros o zonas campesinas, los soldados también padecen los
estrágos de la catastrófica situación nacional. En los últimos años, efectivos
castrenses han reportado como la escasez de alimentos se ha hecho sentir en los
destacamentos. La deserción y emigración de elementos en la mayoría de componentes
de las FANB, es otra muestra de este drama. Por tanto, la moral para enfrentrar
manifestaciones y entrar en batallas callejeras, no es precisamente uno de los
puntos fuertes para los órganos armados del Estado, como el Ejercito y la GNB
en la actualidad. Por todo lo anterior, no son descartables casos de grupos de
agentes que se nieguen a cumplir con las órdenes de arriba, se incorporen a las
manifestaciones de la derecha, o incluso se alcen contra sus oficiales. Altos
niveles en las movilizaciones de calle en el futuro, ya sean populares o
abiertamente de derecha, pueden propiciar eventos de este tipo.
Vale
considerar que buena parte de las operaciones más importantes para el Estado no
las han venido llevando a cabo la GNB sino las divisiones de seguridad más
represivas, como el FAES y el CONAS. Lo anterior puede ser una muestra de
desconfianza hacia la guardia, que en el pasado asumía un mayor peso en la
contención de los focos de violencia. A ésto hay que añadir el conocido y poco
difundido caso de un intento de detención al presidente de la República por
parte de agentes del SEBIN (órgano de inteligencia) en una supuesta caravana
presidencial, donde al parecer Maduro no se encontraba. Èsto, sumado al
incidente de la breve detención de Juan Guaidó el pasado 13 de enero –por
efectivos de este mismo organismo– y el posterior rechazo de Maduro a esta
acción –ordenada por un comisario presuntamente investigado por conspiraciones
previas, han permitido conocer las grietas en el control gubernamental sobre
este cuerpo. Hechos de este tenor clarifican la tensa situación al interior de
los cuerpos de seguridad estatales, que, ante las coyuntura actual, pudiera
anidar en nuevas sublevaciones.
Una estrategia de defensa que apunta al
fracaso
La
feroz arremetida golpista ha encontrado desde la dirección bolivariana nuevos
llamados a diálogo, la proyección de confianza hacia la supuesta “unidad
monolítica de las fuerzas armadas”, toda vez que se prescinde de la
intervención activa y consciente de sus bases sociales. Negado a emprender una
salida por la izquierda, sobre la base de la organización obrera y popular
–para solucionar la crisis en favor de las masas y remoralizarlas en el
proceso; Maduro concibe que puede tratar de pactar acuerdos satisfactorios con
los mismos que le han instalado un gobierno paralelo y prometen derrocarlo en
muy poco tiempo. Ésto mientras confía la defensa de su poder únicamente en los
órganos represivos estatales, los cuales –como dijimos– pueden cambiar sus
lealtades en cualquier momento a cambio de la preservación de sus privilegios.
Tal política equivale a la acción de un hombre que serrucha las patas de la
silla donde se encuentra sentado.
Entre
las capas activistas del movimiento chavista de base –honesto y siempre
combativo; se puede palpar cierta insatisfacción ante la ausencia de medidas
contundentes para defender la revolución. Muchos asistentes a la concentración
en Miraflores el 23 de enero, se quedaron esperando una orden de aprehensión
contra Guaidó y toda su corte golpista que nunca llegó. En lugar de retirarse a
sus casas llenos de confianza, la sensación que se imponía en el ambiente era
de vulnerabilidad absoluta. A la tardía pero necesaria respuesta de expulsión
del personal diplomático estadounidense –bien recibida por las masas chavistas
desde el primer momento, vino la blanda exigencia de extensión a 30 días para
el establecimiento de una oficina de intereses norteamericana, que da un claro
mensaje de recule ante el imperialismo. En la Casa Blanca se ha ordenado
mantener el personal màs indispensable de su embajada en Caracas, desestimando
la orden de rompimiento de relaciones políticas y diplomáticas del gobierno
venezolano y para dirigir la desestabilización desde allí.
Desde
Washington se anunció que se entregarían 20 millones de dólares al gobierno
paralelo de Guaidó, bajo la cortina de una supuesta “ayuda humanitaria”. Ante
los ojos del mundo el imperialismo ha dejado saber que financiará la
desestabilización opositora en general, y la violencia reaccionaria en
particular; pero esta vez de forma abierta y descarada. El domingo 27 de enero,
Marco Rubio confirmó que el gobierno estadounidense le había tranferido el
manejo de las cuentas que el Estado venezolano y el Banco Central de Venezuela
tienen en EEUU a Guaidó. De esta manera, la Casa Blanca muestra su disposición
de desatar, si el caso lo amerita, una guerra civil; mientras Maduro responde
con llamamientos al diálogo, a la reconciliación y a la paz. Los
revolucionarios no hacemos apología de la guerra, pero la violencia que las
clases dominantes están dispuestas a desatar para defender sus intereses nos
obliga a estar preparados para ella. Una orden mínimamente coherente por parte
de la dirección bolivariana hubiese sido el fortalecimiento de las milicias
bolivarianas y su despliegue armado para garantizar el dominio de las calles
por parte del pueblo organizado y no de las bandas armadas al servicio de la
burguesía y el imperialismo. En su lugar, la dirección del PSUV ha convocado a
simples vigilias en Miraflores, con globos, castillos inflables, ambiente
festivo y demás, como si el golpe o una eventual confrontación civil se pudiera
combatir con tarimas, música y baile, y no con armas y organización del pueblo.
Esta actitud está pavimentado el camino a una derrota definitiva.
El
desarrollo de las milicias bolivarianas siempre ha encontrado una fuerte
resistencia por parte de los mandos militares tradicionales. En una muestra de
máxima desconfianza hacia la combatividad del pueblo en armas organizado, la
dirigencia bolivariana y la oficialidad de las FANB han condenado a las
milicias a un papel menos que auxiliar, desprovisto del armamento necesario, de
roles operacionales más decisivos y de la capacidad para desarrollarse y
extenderse. De este y otros modos, la dirección del proceso ha dejado claras
sus intenciones de obstaculizar la organización popular en todas sus formas,
para evitar el surgimiento de un nuevo poder capaz de desarrollarse a un nivel
en que pueda disputarlo por completo en el futuro. A ratos da la impresión de
que en los hechos la cúpula bolivariana le teme mucho más a la organización de
las masas que a la reacción burguesa en si. Mientras a la primera se le obliga
a resistir pasivamente, renunciando a su derecho a defenderse; a la segunda se
le llama a negociar con la disposición de seguir enterrando la revolución “por
la paz y el entendimiento” entre clases sociales con intereses
irremediablemente opuestos.
El
talante de las amenazas de la derecha obliga a los revolucionarios de base a
emprender una importante lucha para fortalecer las milicias bolivarianas, así
como el establecimiento y proliferación de órganos de autodefensa armados de
obreros y campesinos a través de ellas. Los trabajadores y pobres en general no
podemos confiar la defensa de la revolución al corrupto aparato represivo del
Estado burgués. A esta altura, debe ser claro que la dirección bolivariana
representa a un grupo de generales que preparan el terreno para la derrota
definitiva del ejercito revolucionario a manos de la furia de las clases
dominantes. Solo la confianza en nuestras propias fuerzas y la disputa sin
cuartel por hacer surgir nuevos oficiales de las capas activas del movimiento
de masas, pueden conducirnos a mejores perspectivas para combatir a la reacción
y rescatar a la revolución de sus enterradores internos.
El
24 de enero, mientras ofrecía detalles sobre la reunión entre Diosdado Cabello
y Freddy Bernal con Juan Guaidó, Maduro sostuvo que se le había comunicado al
autonombrado presidente que el gobierno estaba dispuesto a acuerdos parciales
que permitieran avanzar, y un “acuerdo global”. Entendiendo que todo acuerdo
supone que cada parte debe ceder en algunos puntos, estas palabras nos dicen
mucho. La verdad es revolucionaria. Aunque en los político, la dirección
bolivariana en este momento trata de emplear el diálogo como pinza para
introducir divisiones en las filas opositoras y desprestigiar a sus líderes
ante sus bases más radicalizadas, los revolucionarios tenemos el deber de
entender que dialécticamente este diálogo puede convertirse en el comodín que
le quedaría a Maduro para negociar una salida o entrega con garantías para la
cúpula burocrática, en caso de perder el control de la situación. Todo ésto se
haría en detrimento de los intereses de los trabajadores y pobres del país
quienes están llamados a ser los máximos perdedores en un eventual ascenso al
poder de la derecha. El asesinato selectivo de dirigentes de base, la más cruda
represión al movimiento de masas, la vulneración de derechos civiles y el más
violento revanchismo de los sectores más hacia la derecha, serían los precios a
pagar por los trabajadores y pobres de llegar a triunfar la oligarquía. Todo lo
anterior sería llevado a cabo como el acto político necesario de cara a la
aplicación de un plan de austeridad económico, que diferiría del que aplica el
gobierno actualmente por una menor ambiguedad, y por ende, de una mayor
celeridad en la destrucción de las conquistas históricas de la clase obrera y
demás sectores oprimidos.
El
23 de enero en la ciudad de Mérida, fue asesinado un joven con varios impactos
de bala y posterior quema cuando pasaba por las cercanías de una barricada
reaccionaria. Aunque existen varias versiones del hecho, todo parece indicar
que sus victimarios lo atacaron por considerar que éste tenía algún nexo con el
chavismo. Este hecho pudiera simplificar el enorme peligro que corren las capas
activas de la clase obrera y del campesinado sino organizamos nuestra própia
defensa por unas milicias bolivarianas verdaderamente revolucionarias. Lamentablemente,
en estos momentos no tenemos tiempo de improvizar. La situación demanda una
lucha de clases en el seno de los órganos armados –y potencialmente
revolucionarios– ya existentes: las milicias bolivarianas.
Escenarios
Al
momento de escribir estas líneas, desde EEUU se anuncian nuevas sanciones
contra PDVSA, que contemplan el congelamiento de cerca de 7.000 millones de
dólares en activos y un embargo a las exportaciones petroleras venezolanas,
aunque con excepciones. Estas medidas pudieran producir pérdidas de al rededor
de los 11.000 millones de dólares en el año en curso, según el vocero de la
Casa Blanca John Bolton. Asi mismo, en una clara muestra de provocación, este
funcionario dejó ver en la misma rueda de prensa un escrito en su blog de notas
que decía: “5.000 tropas a Colombia”, mientras casi simultáneamente Radio
Caracol reporta el envió desde Estados Unidos del general Mark Stammer,
comandante del comando sur a Bogotá. Antes Guaidó pidió a los militares que
dejaran ingresar “ayuda humanitaria” que él había solicitado ingresar al país.
Toda
esta vorágine de eventos solo muestran una cosa: el imperialismo ha decidido
pisar el acelerador para hacer caer Maduro, terminando de ahorcar
económicamente a su gobierno y agudizando las provocaciones militares y
diplomáticas para precipitar un pronto desenlace. Con el grado de inestabilidad
que está alcanzando la situación, la posibilidad de que se produzca un quiebre
en la cúpula militar y en el Estado a nivel general crece a cada paso. Otro
posible desarrollo que no podemos descartar pudiera expresarse en una
negociación que derive en una salida pactada de Maduro. Una provocación en las
fronteras venezolanas donde una fuerza foránea intente ingresar al territorio
nacional –alegando traer ayuda humanitaria, desatando enfrentamientos o
respuestas contundentes de las FANB; podría servir como excusa para justificar
una incursión militar extranjera. Sobre ésto último, restaría conocer las
reacciones de potencias como Rusia y China, las cuales tienen grandes intereses
en juego y que no estarían dispuestas a renunciar a ellos de forma sencilla.
Por otro lado, un escenario de guerra civil pudiera desatarse: 1) producto de
enfrentamientos militares entre grupos de insurrectos versus leales al
gobierno, que pueden saltar de los comandos a las calles con la intervención de
organizaciones civiles armadas de ambos bandos; o 2) por diversos choques entre
las agrupaciones de mercenarios pagados por la derecha y colectivos y
organizaciones de izquierda dispuestos a responder. Varios de estos
acontecimientos se pudieran presentar de manera simultánea, en condiciones de
una retroalimentación de incidencias convulsivas muy dinámicas.
Los
posibles acontecimientos descritos están en el ambiente y pueden ser desatados
por cualquier incidente. Hegel decía que la necesidad se expresa en el azar, y
por tanto, dada la acumulación de crcunstancias en la actualidad, hasta el más
pequeño accidente histórico puede detonar cambios de cualidad explosivos y
trascendentales.
¿Qué resta por hacer?
Debemos
ser efáticos en lo siguiente: desde el punto de vista de los intereses de la
clase trabajadora y el pueblo, no existen salidas a esta crisis que no
contemplen soluciones radicales y definitivas a todos los problemas que
atravesamos. Aquí no cabe ninguna clase de etapismo o excusa gubernamental que
se base en la idea de subordinar la lucha de los trabajadores por mejores
condiciones de vida a la defensa abstracta de la soberanía nacional, que no
distingue entre las legítimas aspiraciones de las masas con las de la
burguesía. Una lucha antiimperialista consecuente entiende la confluencia entre
el combate sin cuartel contra la injerencia extranjera y los intereses de la
revolución.
El
crimen más grande que ha cometido la dirección bolivariana ha sido el socavar
sistemáticamente la moral revolucionaria de un pueblo aguerrido probado en mil
batallas. Mientras la burocracia incita a defender la revolución, a la vez
destruye las instancias de organización popular para agrupar las fuerzas y la
combatividad de los oprimidos. Mientras la burocracia llama a hacer sacrificios
dada la excepcionalidad del momento presente, las masas perciben como este se
traduce en hambre, miseria y desposesión de su lado y corrupción, privilegios y
opulencia obscena de quienes las liderizan. Mientras la burocracia invita al
pueblo a resistir, por debajo de la mesa negocia con el enemigo sin tomar en
cuenta los intereses de su base social y en muchos casos traficando con ellos.
Desde
Lucha de Clases – Corriente Marxista Internacional, nos oponemos rotundamente
al golpe de Estado promovido por la derecha y el imperialismo, y llamamos a
todos los sectores combativos del pueblo a batallar contra las pretenciones de
las clases dominantes de hacerse del poder. Así mismo, repudiamos la política
conciliadora, ambivalente y pasiva de la dirección bolivariana, que no
contempla la intervención de las masas, la misma que nos trajo hasta el
precipicio histórico presente y que nos dirige hacia la derrota definitiva de
la revolución, si las capas avanzadas de la clase obrera y el pueblo no
intervienen.
Por
todo lo anteriormente expuesto, debemos tener la mayor desconfianza posible
hacia la dirección bolivariana. Los explotados debemos asumir la lucha contra
la burguesía y el imperialismo no para mantener a una casta de dirigentes
mediocres al mando, sino para salvar a la revolución de la bancarrota histórica
de éstos y de las amenazas de las clases dominantes. Nuestra batalla no
consiste en mantener el actual estado de cosas, sino para construir una nueva
sociedad donde valga la pena vivir. Enfrentar las fuerzas de la reacción pasa
por la necesidad de destruir las fuentes de su poder y control social: las
relaciones de propiedad burguesas y el Estado capitalista. En este sentido,
proponemos:
Defender
la revolución con la organización revolucionaria de la clase trabajadora y el
pueblo:
Fortalecimiento
de las milicias bolivarianas y que las mismas estén bajo el control directo de
la clase trabajadora y el pueblo organizado.
Organización
de unidades de la milicia bolivariana en cada fábrica, lugar de trabajo y
barrio, para asegurar la defensa de edificios, territorio y personas contra
posibles ataques reaccionarios.
Creación
de comités de soldados y suboficiales revolucionarios dentro de la FANB, para
ejercer la vigilancia revolucionaria e impedir cualquier intento golpista entre
la oficialidad.
Por
una economía en manos de la mayoría trabajadora y en beneficio del pueblo, no
de una minoría de parásitos:
Ante
el embargo petrolero y congelación de activos de PDVSA, expropiación inmediata
de las multinacionales imperialistas bajo control obrero.
Expropiación
inmediata de los capitalistas locales implicados en el golpe, el sabotaje
económico y el bachaqueo, bajo control obrero.
Nacionalización
de la red de producción, distribución y venta de alimentos, medicamentos y
otros productos básicos, bajo control obrero y de las comunidades organizadas
para impedir la corrupción y el despilfarro.
Nacionalización
sin compensación de la banca y las aseguradoras bajo control obrero, para poner
sus recursos a disposición de un plan económico de emergencia revolucionario,
que permita reactivar las industrias paralizadas e invertir en el desarrollo de
una industria agroalimentaria.
Monopolio
estatal del comercio exterior para frenar la corrupta sangría de divisas y
ahorrar recursos para el plan económico de emergencia revolucionario.
Auditoría
obrera y popular de los dólares preferenciales entregados. Confiscación de las
propiedades de aquellos que los hayan usado de manera impropia. Cárcel para los
corruptos.
Cese
definitivo a los pagos de la deuda externa, para disponer de más recursos para
el plan económico de emergencia revolucionario y recuperar la producción
petrolera.
Ante
la carestía de la vida, escala movil de salarios. Los trabajadores deben
devengar un salario correlativo y equiparado al aumento de los precios.
Expropiación
de todos los latifundios bajo control de los campesinos organizados y comunas
rurales.
Todo
el poder a la clase trabajadora y el pueblo organizado. Abajo la burocracia:
Creación
de consejos de trabajadores socialistas en todas las empresas del Estado y en
todas las instituciones públicas, para ejercer el control obrero.
Elegibilidad
y revocación de todos los cargos públicos.
Que
ningún cargo público ni funcionario del Estado gane un salario superior al de un
trabajador cualificado.
Llamamiento
internacionalista a la clase obrera mundial para que intercedan en favor de la
revolución bolivariana en sus respectivas latitudes.
Para
la clase obrera y el pueblo no hay otra salida más que organizarse para
combatir a la reacción, tomar el poder y completar la revolución.
¡Combatir el golpe con organización
popular desde abajo!
¡Armamento para las milicias
bolivarianas y su despliegue!
¡Todo el poder a la clase obrera!
¡El único camino es completar la
revolución!
¡No pasarán!