Por Ana Cristina Bracho
Un grupo
de expertos, bajo el emblema de una universidad autónoma y con frases
rimbombantes anuncian que se producirá un Apocalipsis sin precedentes el 10 de
enero en Venezuela.
Así, se suman a las maniobras
ya conocidas para nosotros que intentan reescribir las categorías jurídicas
nacionales para hacer titulares de prensa y frases que convienen a las carpetas
sobre Venezuela en los organismos internacionales.
Esta vez afirman que se
producirá la disolución de la República y sugieren a la Asamblea Nacional que
declare que el Gobierno liderado por Nicolás Maduro se transformará en un
Gobierno de facto.
Dos
matrices, dos comentarios.
La palabra disolución sólo
está contemplada en la Constitución en relación con el Parlamento. Puede el
Presidente, en el marco de los contrapesos, disolver la Asamblea Nacional
cuando está ha entrado en supuestos previstos en la Carta, que tienen como
consecuencia limitar la facultad del Presidente para gobernar.
La República
constitucionalmente no se puede disolver. Por el contrario, la refundación y la
preservación de la República es un valor fundamental de nuestra Carta Magna y
nuestro principal deber como venezolanos.
Una República es una forma de
Gobierno que es distinta a la monarquía y solemos, en Venezuela relacionarlo
con nuestra libertad y democracia. En nuestro sistema las sucesiones de las
Repúblicas han estado en relación a los cambios mayores de las Cartas Mangnas,
lo que ocurre igual por ejemplo en Francia.
¿Un error? Puede que esto
amerite que lo tildemos de horror pero antes de escandalizarnos debemos
recordar que no somos un sistema político ni jurídico plenamente independiente
sino que estamos conectados con sistemas que tienen sus propias categorías.
Entonces ¿Hablarán desde un
nuevo carmonazo? ¿Pretenderán que el 10 de enero se acaba la era constitucional
que se marcó el 15 de diciembre de 1999? Quizás a lo interno pero a lo externo
recordemos que la visión del Estado fallido o forajido que es la justificación
actual de las sanciones colectivas y la intervención requiere de esos voceros
que digan que el país se encuentra en una situación de anomia que significa un
riesgo para la población local y una amenaza para el resto de la sociedad
internacional.
El supuesto de la
declaratoria que recomiendan a la Asamblea Nacional opera del mismo modo y
sobre una lógica que jurídicamente no puede sostenerse. Una vez que Nicolás
Maduro fue electo y proclamado Presidente, solicitar o exigir que no asuma el
Gobierno el 10 de enero, se desplaza entre pedirle al Mandatario que acompañe a
la Asamblea Nacional a desconocer la fuerza creadora del resto de los poderes
del Estado o pedirle, simplemente, como han hecho desde que inició su rol de
Presidente que renuncie en tanto ellos manifiestan su inconformidad -por medios
dado que se niegan a votar- con su Gobierno.
Sobre lo que ocurre, cuáles
son los sujetos y las causas, en el marco de llegar otra cita constitucional en
el marco del continuado desacato ya hemos escrito y pueden consultarlo en este
mismo espacio