Por Bill Van Auken
Washington
anunció el lunes por la noche que retirará a todo el personal de su embajada de
Caracas en lo que podría ser una señal de preparativos para una intervención
militar directa de los Estados Unidos para consumar la prolongada operación de
cambio de régimen desatada contra Venezuela.
"Esta
decisión refleja el deterioro de la situación en Venezuela, así como la
conclusión de que la presencia del personal diplomático de los Estados Unidos
en la embajada se ha convertido en una restricción para la política de los
Estados Unidos", dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un
comunicado.
Bajo
presión para responder en una conferencia de prensa del Departamento de Estado
el martes acerca de lo que Pompeo quería decir por "restricción",
Elliott Abrams, enviado especial del Gobierno de Trump para el cambio de
régimen en Venezuela, dijo que era "prudente sacar a esta gente"
porque su presencia hace "más difícil para los Estados Unidos tomar las
acciones que tenía que realizar para apoyar al pueblo venezolano".
Abrams
también advirtió que se estaban preparando nuevas y más severas sanciones
económicas contra Venezuela y que las sanciones secundarias, incluso contra
China, eran otra opción que seguía "sobre la mesa".
Cuando se
le preguntó si se estaba preparando una intervención militar y si el Gobierno
de Maduro debería ver la declaración de Pompeo como una amenaza, Abrams, un
exfuncionario del Departamento de Estado durante la Administración de Reagan
que supervisó los crímenes de guerra en Centroamérica en la década de 1980 y
fue condenado por mentir al Congreso sobre la operación ilegal para financiar
la guerra terrorista de las “Contras" en Nicaragua, respondió que
"seguiré diciendo, porque es verdad, todas las opciones están sobre la
mesa".
Se negó a
responder a una pregunta sobre cuáles opciones militares había elaborado el
Pentágono para una intervención en Venezuela y dijo que sería "una
tontería para mí ir más a fondo" explicando la naturaleza de la amenaza
del Gobierno de Trump.
El
Departamento de Estado de EUA también emitió una advertencia de viaje
extraordinaria, instando a los ciudadanos estadounidenses a no visitar el país
y ordenándoles a los que están de visita o residen allí que se vayan.
Venezuela
rompió las relaciones diplomáticas con EUA después de que Washington instigara
y luego reconociera la autoinvestidura el 23 de enero de Juan Guaidó como
"presidente interino”. Guaidó es un legislador de derecha y un
"activo" político desde hace mucho de EUA. Poco tiempo antes, fue
instalado como presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición
del país.
En
respuesta, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ordenó la retirada de todo
el personal diplomático de los Estados Unidos. EUA sacó a todos los
dependientes y funcionarios "no esenciales" de los EUA, dejando atrás
un equipo mínimo.
El Gobierno venezolano respondió con enojo al
anuncio de Pompeo e insistió en que había emitido una orden el lunes para que
todo el personal restante de Estados Unidos abandone el país, dando un plazo de
72 horas desde que fracasaron las negociaciones entre los dos países sobre el
establecimiento de oficinas de intereses —embajadas de facto que
operan bajo la protección de un tercer país— para continuar relaciones
diplomáticas mínimas.
El
anuncio de Pompeo sobre el retiro del personal de Estados Unidos se produjo
pocas horas después de que despotricara acaloradamente contra Venezuela y el
“socialismo” durante una conferencia de prensa del Departamento, pero no dijo
nada sobre el desalojo de la embajada de Estados Unidos.
En sus
comentarios preparados, Pompeo describió a Cuba como el "verdadero poder
imperialista" en el país y condenó a Rusia por los acuerdos conseguidos
por su empresa petrolera estatal Rosneft en Venezuela y su suministro de equipo
militar al Gobierno de Maduro, incluidos sistemas portátiles de defensa aérea.
La
diatriba de Pompeo, un excongresista republicano de Kansas, expresó el objetivo
primordial del imperialismo estadounidense de obtener un control irrestricto en
manos de los conglomerados energéticos con sede en EUA sobre los yacimientos
petroleros de Venezuela, los más grandes del planeta, así como su preocupación
de que el costo de una intervención militar directa sea significativo.
La
intensificación de las amenazas estadounidenses se produce en el contexto del
evidente estancamiento de la operación de cambio de régimen en torno al intento
de imponerle la instalación de Guaidó al pueblo venezolano como el presidente
"legítimo" del país.
Un intento de desencadenar la caída de Maduro por medio
de una falsa intervención de "ayuda humanitaria" en la frontera
colombiana terminó en un fiasco el 23 de febrero después de que la oposición no
movilizara ningún apoyo popular significativo. Al mismo tiempo, la acusación de los medios
occidentales de que el Gobierno venezolano había prendido en llamas camiones
repletos de dudosa "ayuda" fue expuesta como un acto realizado por
pandillas organizadas por la oposición de derecha cuando lanzaban cócteles
molotov a las fuerzas de seguridad venezolanas.
La
operación de cambio de régimen orquestada por Estados Unidos ha intentado
aprovechar el prolongado apagón que ha dejado sin energía eléctrica a al menos
el 70 por ciento del país desde el jueves pasado. Los funcionarios del Gobierno
declararon que el martes se había restablecido la electricidad en la mayor
parte del país, las clases y el trabajo seguían suspendidos por cuarto día
consecutivo el miércoles.
Pompeo,
Abrams y el senador Marco Rubio, el republicano de derecha de Florida que ha
desempeñado un papel importante en el establecimiento de la política
latinoamericana del Gobierno de Trump, se han regocijado por el sufrimiento
infligido al pueblo venezolano con el corte de luz y agua para millones de
personas en 18 de los 23 estados del país.
El
Gobierno de Maduro ha atribuido el apagón a un ataque cibernético organizado
por el imperialismo estadounidense, que según afirma se dirigió al sistema
computarizado de la presa Guri, que apagó sus turbinas. Si bien los
funcionarios del Gobierno aún no han presentado pruebas concluyentes de un
ataque, Caracas se ha comprometido a presentar tales pruebas a las Naciones
Unidas.
Otros en
Venezuela han declarado que la interrupción del suministro eléctrico en todo el
país no fue el resultado de una intervención externa, sino de la falta de
inversión y mantenimiento en el sistema eléctrico del país por parte del
Gobierno, así como la pérdida de personal técnico clave que abandonó el país.
El
secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Industria
Eléctrica, Ali Briceño, dijo a los medios de comunicación que una sobrecarga de
energía provocó un incendio que destruyó tres líneas de alto voltaje que
provocaron el cierre de la presa de Guri, y que el personal capacitado para
enfrentar una crisis de este tipo ya no estaba allí.
En un artículo publicado por Forbes,
Kalve Leetaru, miembro principal del Centro de Seguridad Cibernética de la
Universidad George Washington y ex becario e instructor de la Escuela de
Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, escribe que la posibilidad
de un sabotaje de la red eléctrica de Venezuela por parte de Estados Unidos
"es en realidad bastante realista".
Las
operaciones cibernéticas remotas rara vez requieren una presencia en el terreno
significativa, lo que las convierte en la operación de influencia negable
ideal", afirma Leetaru. "Dada la prolongada preocupación del Gobierno
estadounidense con el Gobierno de Venezuela, es probable que EUA ya tenga una
presencia profunda dentro de la red de infraestructura nacional del país, lo
que hace que sea relativamente sencillo interferir con las operaciones de la
red".
Continúa:
“Los apagones generalizados de electricidad y conexión como el que Venezuela
experimentó la semana pasada también son parte del libro moderno de jugadas
cibernéticas. El cortar el suministro a la hora de máximo uso, asegurando un
impacto máximo en la sociedad civil y un montón de imágenes mediáticas
postapocalípticas, encaja perfectamente en el molde de una operación de
influencia tradicional".
El
artículo agregó que el envejecimiento del sistema de energía de Venezuela
ofrecía un objetivo perfecto para tales operaciones "ya que la culpa de
las fallas en la red generalmente recae en los funcionarios del Gobierno por no
supervisar adecuadamente la infraestructura".
Mientras
tanto, el presupuesto propuesto por la Administración de Trump para el año
fiscal 2020 incluye $500 millones para ayudar a la "transición
democrática" en Venezuela, bajo las condiciones en las que se espera que
la financiación del Departamento de Estado para toda América Latina se reduzca
en un 27 por ciento a solo $116 millones.