Por
Marcos Salgado
Clae
El 10 de enero es un día que
la prensa hegemónica internacional ha llenado de expectativas y especulaciones
como la de que la Asamblea Nacional venezolana, en manos de la oposición,
elegirá un gobierno provisional. Pero la realidad es que se juramentará Nicolás
Maduro como presidente constitucional para un segundo período. ¿Qué se puede
esperar el diez de enero en Venezuela?
Aún cuando el nuevo
presidente de la opositora Asamblea Nacional exigiera al Ejército una
intervención militar contra Maduro, al presentar una hoja de ruta para
expulsarlo de la Presidencia, formar un gobierno provisional y convocar
“elecciones libres”.
¿Qué harán los opositores en
el exterior?, pregunta el director del diario Últimas Noticias Eleazar Díaz
Rangel. “No pregunto qué harán en el país, porque las oposiciones carecen de
fuerza para hacer nada. En cambio los cancilleres del Grupo de Lima resolverán
si retiran a los embajadores o si van más allá y rompen relaciones. Tampoco se
sabe qué hará Washington, determinante porque incidirá en lo que van a hacer
los limeños, no darán un paso sin oír la voz del amo”, añade.
El 10 de enero de 2019 finaliza el
período presidencial iniciado en 2013, y comienza uno nuevo de seis años, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 y 231 de la Constitución. Nicolás
Maduro fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como presidente
electo para el período 2013-2019 –tras las elecciones del 20 de mayo de 2018- y
deberá asumir la presidencia mediante juramento, prestado ante la Asamblea
Nacional o ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Ya se anunció en Caracas que
el 10 de enero Maduro se realizará la juramentación ante el TSJ, y el 11 se
presentará ante la Asamblea Nacional Constituyente, el supra poder vigente
desde 2017 que autorizó los comicios presidenciales del año pasado.
La oposición –y la Asamblea
Nacional donde es mayoría- señala que los comicios violaron todas las
condiciones de integridad electoral aplicables desde el Derecho Internacional y
el Derecho Constitucional, con lo cual no pueden ser considerados como
elecciones legítimas. Gobiernos europeos, algunos latinoamericanos y sobre todo
EEUU, desconocieron los resultados de las elecciones, auditadas
internacionalmente como normales.
Desde 1999, la oposición
viene amenazando al gobierno bolivariano. Después de un ultimátum, no hay mas
nada, todo se ha agotado: diálogo, mediación, puentes. Pero en Venezuela no es
así, gracias a una oposición que no cree ni en la etimología, señala el
intelectual y constituyente Earle Herrera. Desde 1999 viene poniéndole fecha de
salida al gobierno. El 10 de enero ejecutará sin apelación el primer ultimátum
del nuevo año, aunque se lanzó desde el año viejo.
El secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, llamó el último viernes
a desconocer el segundo periodo presidencial de Maduro, en una jornada en la
que el Grupo de Lima, a excepción de México, llamó al mandatario a ceder el
gobierno a la Asamblea Nacional para que convoque a nuevas elecciones. La excepción
de México dejó sin mucho aliento a Almagro y al Grupo de Lima.
“Urgimos a Comunidad
Internacional desconocer a Nicolás Maduro, abstenerse de proveer ayuda
financiera y militar”, tuiteó el secretario general de la OEA, quien convocó
para el 10 de enero una sesión extraordinaria para abordar la situación.
El 10 de enero de 2019 finaliza el
período presidencial iniciado en 2013, y comienza uno nuevo de seis años, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 y 231 de la Constitución. Nicolás
Maduro fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como presidente
electo para el período 2013-2019 –tras las elecciones del 20 de mayo de 2018- y
deberá asumir la presidencia mediante juramento, prestado ante la Asamblea
Nacional o ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Ya se anunció en Caracas que
el 10 de enero Maduro se realizará la juramentación ante el TSJ, y el 11 se
presentará ante la Asamblea Nacional Constituyente, el supra poder vigente
desde 2017 que autorizó los comicios presidenciales del año pasado.
La oposición –y la Asamblea
Nacional donde es mayoría- señala que los comicios violaron todas las
condiciones de integridad electoral aplicables desde el Derecho Internacional y
el Derecho Constitucional, con lo cual no pueden ser considerados como
elecciones legítimas. Gobiernos europeos, algunos latinoamericanos y sobre todo
EEUU, desconocieron los resultados de las elecciones, auditadas
internacionalmente como normales.
Desde 1999, la oposición
viene amenazando al gobierno bolivariano. Después de un ultimátum, no hay mas
nada, todo se ha agotado: diálogo, mediación, puentes. Pero en Venezuela no es
así, gracias a una oposición que no cree ni en la etimología, señala el
intelectual y constituyente Earle Herrera. Desde 1999 viene poniéndole fecha de
salida al gobierno. El 10 de enero ejecutará sin apelación el primer ultimátum
del nuevo año, aunque se lanzó desde el año viejo.
El secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, llamó el último viernes
a desconocer el segundo periodo presidencial de Maduro, en una jornada en la
que el Grupo de Lima, a excepción de México, llamó al mandatario a ceder el
gobierno a la Asamblea Nacional para que convoque a nuevas elecciones. La
excepción de México dejó sin mucho aliento a Almagro y al Grupo de Lima.
“Urgimos a Comunidad
Internacional desconocer a Nicolás Maduro, abstenerse de proveer ayuda
financiera y militar”, tuiteó el secretario general de la OEA, quien convocó
para el 10 de enero una sesión extraordinaria para abordar la situación.
Es
la política, estúpido
Pero la asfixiante situación
económica no repercute directamente en la estabilidad del gobierno, ni en el
ejercicio de la hegemonía política.
El nuevo presidente de la
Asamblea Nacional para el periodo 2019, Juan Guaidó, dio su primer discurso
oficial, lleno de críticas al gobierno de Maduro, donde lo llamó dictador
y usurpador de la presidencia. Guaidó planteó que hay que respetar la ley, lo
que indica que la pauta principal de la nueva AN es la negociación
(aunque habló sólo de “transición”) y que debe convocarse a todos los sectores
para “restablecer” la democracia. Parece haber puesto paños fríos así a los
ánimos más calenturientos de sectores de la oposición, que quieren que la AN
asuma una suerte de gobierno paralelo a partir del 10. Sueños lejanos.
El nuevo presidente de la
Asamblea Nacional para el periodo 2019, Juan Guaidó, dio su primer discurso
oficial, lleno de críticas al gobierno de Maduro, donde lo llamó
dictadura y usurpador de la presidencia. Guaidó, del partido Voluntad Popular
(de Leopoldo López), exigió al Ejército una intervención militar contra Maduro.
“Hoy está rota la cadena de
mando, al no tener un legítimo comandante en jefe que derive de la soberanía
popular”, argumentó Guaidó, quien exigió al Ejército “actuar para restituir el
orden constitucional”. Dijo que los militares padecen los mismos problemas que
cualquier venezolano.
“Llegan a sus casas y la
nevera está vacía por falta de comida. Tienen a un familiar enfermo y no pueden
curarlo por falta de medicinas. Ustedes mismos han enterrado a sus compañeros
que han sido víctimas del hampa, de la guerrilla o grupos irregulares a quienes
se les ha entregado nuestra soberanía, pisoteando el uniforme que ustedes
representan”, afirmó.
Guaidó habló de cuatro patas
en la mesa para la salida de Maduro: la Asamblea Nacional, la presión
internacional, la movilización popular y las Fuerzas Armadas. Tienen las dos
primeras, pero no las otras dos. No pueden movilizar a los propios y deberían enfrentar
además un movilización opuesta, del chavismo, que aun atribulado por la crisis
económica saldría, en números no desdeñables, a defenderse del golpismo, como
ya lo hizo durante 2014 y 2017.
José Ignacio Hernández señala
en Prodavinci que “debe tenerse muy presente que la fecha del 10 de enero, en
sí misma, no puede producir cambio alguno en Venezuela, pues nuestra crisis no
es de aquellas que se solucionan con actos jurídicos”.
Sorpresivamente, la estatal
petrolera PDVSA firmó contratos de servicios a largo plazo de yacimientos
petrolíferos y contratos de compra de crudos con dos compañías de
responsabilidad limitada registradas en Delaware, EEUU, una ruptura
significativa de su modelo de negocio típico que utiliza más de 40 empresas
conjuntas aguas arriba existentes en el negocio petrolero en Venezuela.
Tradicionalmente, PDVSA ha
insistido en controlar la comercialización de todo el crudo producido por sus
empresas conjuntas ascendentes. Lo inusual es que la nueva administración de la
estatal petrolera entrega las operaciones propias a través de Contratos de
Servicios, algo que el presidente Hugo Chávez había eliminado.
Rafael Ramírez, el exministro
de Energía y expresidente de la estatal petrolera PDVSA con Hugo Chávez, hoy
acérrimo opositor a Maduro, señala que este 10 de enero se consumará un acto
más en el camino de la deslegitimación del sistema político venezolano, y la
entrega de las riquezas fundamentales del país.
“Se aprovecharon de la
tragedia de su muerte (la del expresidente Chávez) para hacerse del poder,
utilizando su nombre, usurparon el poder originario del pueblo y descargaron
contra nuestro país lo peor de sí mismos: la ética del pranato se ha impuesto
como conducta política y con ella, el atropello, la violación de los derechos
humanos, de los derechos fundamentales del ciudadano, la pérdida del Estado de
Derecho y de cualquier atisbo de decencia y escrúpulos, en el manejo de los
asuntos del Estado”, escribió Ramírez.
La socióloga Maryclén
Stelling advierte que el paisaje político venezolano ha cambiado y comienza a
enraizarse el desapego político, la desafección institucional, la desconfianza,
el desinterés y el extrañamiento político-partidista-electoral. “Lentamente van
cambiando las actitudes y pautas culturales a través de las cuales nos relacionamos
con el sistema político”, advierte Stelling, en un alegato en el que deberían
verse tanto maduristas como opositores.
“Cobra cuerpo un nuevo
paisaje político -caracterizado por un enfriamiento de las actitudes de
la ciudadanía ante la política y un debilitamiento de la participación-
que podría conducir a cambios en el comportamiento político. Estudiosos del
fenómeno alertan sobre diferentes peligros, entre ellos una suerte de divorcio
de la ciudadanía del sistema político, por la vía de la dramática reducción de
la participación electoral”, continúa la especialista.
Para Stelling, “es momento de
reflexionar y repensarnos descarnadamente; es tiempo de oír la voz del pueblo y
atender las posiciones críticas que denuncian y, a la vez, abren caminos.
Es tiempo de atreverse, de correr riesgos y tomar decisiones con grandeza y
valentía, más allá del miedo y de intereses políticos pequeños y
mezquinos”.
¿Qué se puede esperar el diez
de enero en Venezuela? Todo parece indicar que se puede esperar que llegue el
día once, y el doce, y así. El pulso político de Venezuela no se resuelve en
los pasillos de las cancillerías latinoamericanas o en el departamento de
Estado.
*Periodista argentino del
equipo fundacional de Telesur. Corresponsal de HispanTv en Venezuela. Analista
asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)