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El Grupo de Lima, EE. UU. y la disputa geopolítica


Por Arantxa Tirado, Javier Calderón Castillo, Silvina Romano, Tamara Laitman y Aníbal García Fernández 

La semana pasada, el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, realizó una visita a Colombia y Brasil, prácticamente en paralelo a la reunión del Grupo de Lima en Perú. Así, los temas abordados y el documento final de Lima no deben desligarse de los propósitos y los mensajes tácitos y explícitos de dicha gira. Pompeo ha buscado el respaldo de dos líderes clave de la derecha regional, Iván Duque y Jair Bolsonaro, para sumarlos al “refuerzo del gobierno democrático y los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua”.[1]

Mike Pompeo viajó a Brasilia como representante de EE. UU. en la toma de posesión de Jair Bolsonaro. Junto a su homólogo brasileño, el ministro de Relaciones Exteriores Ernesto Araújo, destacó las intenciones de reforzar las relaciones comerciales y de seguridad con Brasil,[2] además del compromiso de trabajar en común contra la tríada “del mal” (en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua). En su primera entrevista como presidente, Bolsonaro se refirió a los ejercicios militares conjuntos realizados en diciembre entre Rusia y Venezuela en suelo venezolano advirtiendo que “Brasil tiene que preocuparse por ello”, y añadiendo que “las Fuerzas Armadas son el último obstáculo para el socialismo”.[3] No hay que olvidar que, en diversos actos públicos, Bolsonaro criticó a los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) por haber negado la utilización de la base de Alcántara (Maranhão) a EE. UU.[4] Además, su Gobierno habla de la posibilidad de ceder otra base a EE. UU.

Con el presidente de Colombia Mike Pompeo abordó no sólo las acciones contra el Gobierno de turno en Venezuela -impulsadas por Colombia- sino que además hizo referencia a la “cuestión del narcotráfico” (que es el eje de las relaciones bilaterales desde la implementación del Plan Colombia). Insistió en la reactivación de la fumigación de cultivos de coca y amapola con glifosato y la persecución al campesinado que trabaja en dichos cultivos.[5] Decisiones como estas podrían destruir los Acuerdos de Paz orientados a la sustitución de cultivos, concertada con el campesinado y liderada por el Estado con financiación y apoyo interinstitucional.

En este viaje Pompeo también se reunió (en Brasilia) con el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolizio Bardales, donde hablaron sobre “la necesidad de aumentar la presión al régimen de Maduro para restaurar la democracia y la prosperidad al pueblo venezolano”[6] -curiosamente, poca relevancia se dio a la crisis política e institucional que asola a Perú-.

La gira de Pompeo y la flamante reunión del grupo de Lima, tienen un alcance geopolítico y geoeconómico que trasciende los ataques al Gobierno de Venezuela, aunque éstos sean el centro de su acción. El Grupo resulta la excusa perfecta para unir en torno a los intereses de estadounidenses a los países que comparten la visión geopolítica que EE.UU. tiene para América Latina y el Caribe (ALC) y que pasa, en primera instancia, por aislar primero y derrocar después al Gobierno venezolano, para lograr así un orden homogéneo donde ningún país salga del ámbito de su influencia.
En un contexto de expansión de la presencia china y rusa en la región, EE. UU. parecería estar deseoso de reforzar algunas alianzas, mostrando una actitud muy diferente al discurso “aislacionista” que esboza en otros contextos. La guerra comercial con China expresa uno de los desafíos planteados por el Comando Sur y la Estrategia de Defensa Nacional, en la que China es identificada como un “depredador”. Las bases chinas (militares o espaciales) en países como Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Venezuela y Argentina aparecen como correlato militar de dicha “guerra comercial”. A su vez, Brasil, Chile y Perú tienen a China como su principal socio comercial, destacando también inversiones en proyectos de infraestructura. Sin embargo, el principal socio militar de los países de la región es EE. UU., en un contexto de incremento del gasto militar en la región -destacándose las compras de Colombia, Brasil y Argentina al país del Norte-, sumado al acelerado acercamiento de EE. UU. con el Ecuador de Lenín Moreno.[7]

Por último, pero no menos importante, el Gobierno estadounidense, que intenta aprovechar al máximo este retorno de las derechas, se está viendo fuertemente cuestionado a nivel nacional y con cada vez menos legitimidad a nivel internacional. Esta semana se renovó la discusión en el Congreso sobre la posibilidad de un impeachment (juicio de destitución) contra Donald Trump, impulsado por los demócratas en la Cámara Baja.[8]

El Grupo de Lima en acción y la funcionalidad de Venezuela


La falta de consenso al interior de la Organización de Estados Americanos (OEA) para resolver el “caso de Venezuela” llevó a varios de los países más alineados con los intereses estadounidenses en la región a crear el Grupo de Lima, instancia multilateral cuyo propósito principal es derrocar al Gobierno venezolano con la excusa de encontrar una salida a la crisis política entre oposición y chavismo. Es la “vía no democrática”[9] para reconfigurar el mapa geopolítico regional que, con la llegada de presidentes como Jair Bolsonaro en Brasil, inclina la balanza hacia la derechización de ALC.

No obstante, parece que el consenso tampoco existe ya en el seno del Grupo de Lima. En la reunión del 4 de enero, prevista para sumar mayores sanciones a Venezuela y desconocer el nuevo mandato de Nicolás Maduro que inicia el 10 de enero, México decidió no sumarse a la declaración final, que fue firmada por 13 de los 14 países presentes (Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Santa Lucía).
El nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México ha optado por seguir una política exterior de principios, heredera de la política exterior revolucionaria de la que hizo gala el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta la llegada de sus presidentes neoliberales. Este accionar exterior del Estado mexicano se sustenta en principios como la no intervención en asuntos de terceros países, el respeto a la soberanía, la no injerencia, el no pronunciamiento sobre la legitimidad o no de un Gobierno, o la igualdad de los Estados en el concierto internacional. Su rechazo a firmar la declaración del 4 de enero, basándose en estos principios, es una muestra del posible contrapeso que puede ejercerse desde el Gobierno mexicano frente a las estrategias de aislamiento implementadas en instancias multilaterales hacia los países no alineados a la política estadounidense. De continuar en esta línea, la política exterior de México abriría nuevas perspectivas en la política regional, que ayudarían en el rearme del proyecto geopolítico propio de la izquierda latinoamericano-caribeña.
Por otra parte, para algunos países integrantes del Grupo de Lima, el dedo acusador contra Venezuela resulta ser una válvula de escape a las propias dificultades en la política doméstica. Si se repasan las situaciones en cada uno de estos países, lo menos que se observa es estabilidad. Salvo algunas excepciones, estos gobiernos están cuestionados y en el 2019 se enfrentarán a procesos electorales. La acción antivenezolana se muestra, de esa manera, funcional a las contiendas electorales que se avecinan, pues tendrán material para sus campañas de odio, las noticias falsas y la polarización relacionando a los opositores (en especial progresistas) con el Gobierno venezolano, como viene siendo habitual desde hace años.
Por último, resulta grave conminar a un presidente electo por voto popular a no asumir su mandato, como lo acaba de hacer el Grupo de Lima. Es una característica de la ofensiva conservadora que aparece como respuesta a la integración y concertación democrática y respetuosa de la soberanía que supuso la constitución de UNASUR y de la CELAC, pero también riesgosa, pues suscita una polarización regional que puede desencadenar una escalada bélica de inciertos resultados. Venezuela, el país con mayores recursos energéticos del continente, está sitiada por vecinos como Colombia, que tienen problemas energéticos a la vista -pues sus reservas de petróleo están a punto de extinguirse-, o Argentina y Brasil, que necesitan vender productos y salir de la crisis que las medidas neoliberales están provocando, y para los países mesoamericanos y caribeños una gota de petróleo es buen negocio. Queda clara la oportunidad que para estos países representa poder entrar a un eventual reparto del petróleo venezolano.

Lo importante (o lo que oculta el Grupo de Lima)


La reunión de Lima deja abiertas tres reflexiones que subyacen a su acción antivenezolana: 1) Son países que de manera obsecuente están siguiendo el libreto de EE. UU. de intervención sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua; 2) Estos países utilizan la retórica y las acciones antivenezolanas para descomprimir la crisis interna que tienen en sus realidades nacionales, haciéndola funcional a las campañas electorales conservadoras; y 3) Estos países, en dificultades económicas y energéticas, alistan un plan de saqueo a Venezuela con el cual pretenden resolver sus demandas de gas, petróleo, oro, y de colocación de productos manufacturados e industriales.
En definitiva, tras la retórica de defensa de los derechos humanos, la democracia o la legalidad que centra la declaración del Grupo de Lima sobre Venezuela, encontramos los intereses asociados a la expansión geopolítica y geoeconómica de EE. UU. y sus aliados regionales. Una vez más, Venezuela es utilizada, como antes lo fueron otros países, para simbolizar el “mal ejemplo” que EE. UU. no está dispuesto a tolerar en ALC, su reserva estratégica.