Por Luís Romero
En medio de una turbulencia política y
diplomática, Nicolás Maduro Moros ha sido investido para ejercer un nuevo
mandato presidencial. El injerecismo imperialista encabezado por la Casa
Blanca, y secundado por gobiernos e instituciones multilaterales como: Canadá,
la Unión Europea, el Grupo de Lima y la OEA; sumado a las maniobras desestabilizadoras
de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora; han abierto una crisis política
de gran envergadura en Venezuela y la región. Toda esta coyuntura se enmarca
dentro de un panorama nacional de intensa crisis económica y social –que no
para de recrudecer, innumerables protestas obreras y populares de naturaleza
dispersa, y ruidos sobre un posible golpe de estado. Enorme convulsión,
agitación e incertidumbre marcan el comienzo del 2019 venezolano, un año que se
muestra decisivo para el destino de la revolución bolivariana.
Desde
el primer día del año recién comenzado, inició la oleada intervencionista
contra el gobierno venezolano, de cara a la nueva investidura de Maduro. El 1
de enero, durante la toma de posesión de Jair Bolsonaro como nuevo presidente
de Brasil, el Secretario de Estado de la Casa Blanca, Mike Pompeo, sostuvo
varias reuniones con cancilleres de la región para bajar líneas respecto a la
necesidad de “incrementar las presiones” y “aislar diplomáticamente” a
Miraflores. Al día siguiente, en Cartagena Colombia, Pompeó e Iván Duque
ratificaron la coordinación de esfuerzos entre Estados Unidos y la nación
neogranadina para “restablecer la democracia en Venezuela”. En días
posteriores, el representante del imperialismo estadounidense felicitó al Grupo
de Lima por la eficiencia en el cumplimiento de sus tareas lacayescas, que se
tradujeron en el pronunciamiento del 4 de enero, donde la agrupación de
gobiernos derechistas (conformada como una cruzada para extirpar la influencia
de la revolución bolivariana en la región) instó a Nicolas Maduro a que no
asumiera la presidencia el 10 de enero y a que transfiriera el poder ejecutivo
a la AN –de mayoría opositora, hasta que se realicen nuevas elecciones
presidenciales.
El
5 de enero, la AN bajo control derechista –que se mantiene en desacato desde
2016, entró en el juego declarando la ilegitimidad del nuevo mandato de Nicolás
Maduro, al proceder éste de unas elecciones “antidemocráticas” y no reconocidas
por la “comunidad internacional”. Tanto el sector opositor que participó en los
comicios presidenciales de mayo pasado, como aquel que apostó por el
abstencionismo, hoy cacarean la nulidad de dicho evento electoral como una
forma de ocultar su profunda incapacidad para ponerse de acuerdo, de producir
alguna movilización de calle decente, de conectar su discurso con el enorme
descontento social, y, por tanto, de convertirse en una fuerza electoral
considerable, capaz de amenazar la continuidad de Maduro. Detrás de los gritos
estridentes sobre un “fraude electoral” o “elecciones antidemocráticas” se
esconden los chillidos de la burguesía por no haber podido hacerse del poder en
los últimos años.
La
pugna permanente entre las fracciones de la derecha, como reflejo de la
desorientación generada tras la derrota de la ofensiva insurreccional del 2017,
fue la causa principal del naufragio político de la oposición en 2018, muy por
encima de las claras maniobras gubernamentales para resolver
administrativamente problemas de índole políticos. Aquellos que desde la
izquierda, movidos por la presión de la opinión pública pequeñoburguesa, se
unen al coro que denuncia la “ilegitimidad del régimen”, aparte de asumir
suposiciones y acusaciones falsas, no hacen más que avalar las acciones
desestabilizadoras del imperialismo, que encubren nefastos intereses para el
país. De esta manera, ciertos camaradas adoptan la línea política de la
reacción burguesa, la misma que sin dudas los aplastaría también si los
objetivos de las clases dominantes llegaran a consumarse.
Con
las presiones externas e internas acometidas, la burguesía y sus amos
imperialistas han tratado de generar condiciones para un quiebre en el Estado,
y más específicamente en las Fuerzas Armadas, que precipiten un cambio de
gobierno. El mismo día 5 de enero, se conoció la deserción y huida hacia
Estados Unidos de Christian Zerpa, quien hasta entonces se desempeñaba como
Magistrado Principal de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. El
que hasta hace poco fue corresponsable de varias decisiones importantes en el
poder judicial, como el fallo de desacato a la AN por el presunto fraude en la
elección de los diputados del estado Amazonas, hoy presta sus servicios a los
esfuerzos estadounidenses para “restablecer el orden constitucional en
Venezuela”, a cambio de inmunidad y legitimación de bienes en dicho territorio.
De esta manera se invita a que más ratas corruptas, de esas que plenan el
Estado capitalista, abandonen el barco y presten su colaboración, contando con
las mismas garantías.
El
8 de enero, en Sesión Ordinaria de la AN, fue presentado el anteproyecto de Ley
de Transición, en el marco de un intenso debate que evidenció la división de la
derecha respecto a las estrategias a emprender de cara a dinamizar un cambio de
gobierno. El sector de la línea dura opositora propuso declarar un “vacío de
poder”, para proceder a la toma inmediata de las atribuciones del poder
ejecutivo por parte del presidente del parlamento. Por su parte, el sector
blando propuso la declaratoria de “usurpación de poder”, contemplando la
creación de instancias menos frontales para viabilizar la susodicha transición,
mientras se dirigen esfuerzos para acumular fuerzas de calle y producir un
quiebre institucional y militar. El nuevo presidente de la AN, Juan Guaidó,
declaró en una teleconferencia organizada por Atlantic Council que se estaría
estudiando crear un “Consejo de Transición”. Por otra parte, vale señalar que
la principal institución promotora de la adopción de la línea dura por parte de
la AN, es el TSJ en el exilio, organismo que cuenta con el reconocimiento del
Grupo de Lima.
Más
allá de las estrategias prefiguradas, con las declaraciones de no
reconocimiento al nuevo mandato presidencial de Maduro, las operaciones a lo
externo no solo apuntan a generar más presiones y aislar al gobierno
venezolano, sino también a apoyar las maniobras que implemente la AN a lo
interno, pudiendo brindar reconocimiento internacional al establecimiento de un
hipotético gobierno paralelo o a cualquier instancia de transición que sea
impulsada. Podemos decir que hasta ahora el imperialismo norteamericano y sus
subordinados regionales han hecho su parte del trabajo. El desafío de las
fuerzas de la reacción locales pasa por generar un quiebre institucional que
condicione escenarios como un golpe de estado. El éxito o fracaso de estos
planes dependerá en buena medida de los niveles de movilización social que la
oposición pueda desencadenar.
La
desmoralización de las bases opositoras ante tanta mediocridad de sus
dirigencias, demostrada sobre todo después del fracaso de las guarimbas,
ciertamente han impedido que la derecha recupere, hasta el momento, el poder de
convocatoria que pudo amasar durante aquellas funestas jornadas. Sin embargo,
debemos advertir que el enorme descontento generado por la crisis, la
incapacidad del gobierno para brindar la más mínima solución, la enorme
volatilidad política que se desprende de la situación, la inexistencia de una
alternativa revolucionaria de masas y el creciente clima de incertidumbre ante
el futuro, pueden propiciar giros bruscos en el actual estado de cosas, dotando
a la derecha del elemento social que hoy le falta para triunfar. Para los
revolucionarios consecuentes no hay motivos para estar tranquilos cuando la
reacción acecha. Mucho menos cuando la dirección bolivariana se ha negado a
emprender cualquier salida por la izquierda.
Con
el acercamiento del controvertido acto de juramentación, las tensiones iban en
aumento. El 9 de enero, Maduro dio un plazo de 48 horas a los gobiernos que
conforman el Grupo de Lima para que rectifiquen sus posiciones injerencistas, bajo
la amenaza de tomar medidas diplomáticas severas, no precisadas hasta ahora.
Sectores de izquierda comenzaron a movilizarse y a concentrarse en numerosas
plazas a nivel nacional. Las vísperas al gran día ya anunciaban el carácter
agitado de lo que estaba por venir. Todos los antecedentes del 10E sellan solo
el comienzo de una escalada de acontecimientos que marcarán de forma decisiva
la lucha de clases nacional.
La toma de posesión y las primeras
reacciones
En
horas del mediodía, en la sede del TSJ, Maduro fue juramentado para ejercer la
presidencia de la República en los próximos 6 años. Seguidamente, a las tres de
la tarde, el presidente se dirigió hasta a sede de la Academia Militar de
Venezuela para realizar su juramento ante las FANB. Este acto, presentado con
el rótulo de “reafirmación de lealtad”, constituye un mensaje que intenta
manifestar la aparente unidad entre las fuerzas armadas y el reconocimiento de
éstas hacia su comandante en jefe recién investido.
Entre
las primeras reacciones internacionales que se pudieron conocer, destacan el
anuncio del gobierno de Paraguay de romper relaciones diplomáticas con
Venezuela, y la aprobación en la OEA de una resolución que declara la
ilegitimidad del nuevo periodo presidencial de Maduro, con 19 votos a favor de
34. Más respuestas y provocaciones de esta naturaleza son previsibles en los
próximos días. La implantación de más sanciones económicas contra Venezuela es
el paso siguiente de esta crisis política en desarrollo.
Posteriormente,
el presidente de la AN declaró la “usurpación de poder” por parte de Maduro y
un estado de “emergencia nacional”, con los cuales se pensaba que el sector
opositor de línea blanda se había impuesto. Al día siguiente, Guaidó comunicó
su decisión de asumir, por lo menos a nivel declarativo, el ejercicio de la
“encargaduría de la presidencia de la República” y su disposición a convocar
nuevas elecciones presidenciales. También convocó a una movilización para el 23
de enero (fecha que conmemora la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en
1958) con la cual se busca encender las calles. Se pudo conocer que el
parlamento presentará próximamente un proyecto de Ley de Amnistía a militares
que decidan colaborar con el proceso de transición, lo que en términos simples
supone aupar nuevos saltos de talanquera o un posible golpe militar. Este hecho
resulta bastante llamativo si se contrasta con las constantes regurgitaciones
sobre la “democracia” y la “libertad”, que sin duda son los eufemismos
favoritos para la burguesía.
Inmediatamente
tras de los anuncios de Guaidó, Mike Pompeo por el Departamento de Estado
estadounidense y Luis Almagro por la OEA procedieron a saludar al autonombrado
presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esta situación abre las
puertas a una mayor escalada en las tensiones, dada las posibles reacciones que
el gobierno bolivariano emprenderá a partir de ahora contra la AN. El
imperialismo y sus satélites regionales procurarán blindar el parlamento
opositor con reconocimiento. Cualquier intento de frenar a la AN, en proceso de
reconocimiento internacional, se encontrarán con mayores amenazas de
intervención, incluida la militar. Este escenario puede marcar la entrada al
juego de potencias como Rusia y China, las cuales intentarán proteger sus
intereses tratando de mantener en Miraflores al garante de sus jugosos negocios
en Venezuela.
Una
eventual transición política en favor de la burguesía, cualquiera que sea la
forma que adopte, sería una catástrofe para los trabajadores y el pueblo pobre.
La clase capitalista ansía la aplicación de un severo programa de ajuste
antipopular, que, en comparación con la actual política gubernamental, se
caracterizaría por una mayor celeridad en la destrucción de lo poco que queda
por resguardar. La demolición sistemática de las conquistas del pasado, que la
crisis y la contradictoria política del gobierno han llevado a cabo, se vería
reforzada a niveles tormentosos. Un gobierno de derecha contraería un préstamo
del FMI, sometiendo al país a las brutales recetas de dicho organismo. Esto
traería con sigo la aplicación de una violenta contrarreforma laboral, que
plantearía la congelación de salarios, el aumento de las jornadas laborales,
eliminación de beneficios y prestaciones, elevación de la edad mínima de
jubilación, la supresión de las pensiones, intensificación de la política de
despidos, vulneración de las condiciones de seguridad laboral, entre otras
medidas. Por si fuera poco, se ampliaría el rango de las privatizaciones, y
cesarían los subsidios al agua, la electricidad, el internet, la telefonía, y
seguramente a la salud y la educación –se producirían cierres de escuelas y
universidades.
Aunque
lo dicho anteriormente parece futurología, la situación en Argentina y Brasil
ilustran empíricamente el ajuste burgués en su expresión más cruda. Este, sin
embargo, quedaría como un juego de niños comparado con lo que se aplicaría en
Venezuela dada la envergadura de la crisis. Llevar adelante este programa,
requiere, para la clase capitalista, el desatar una ola de represión y violencia
para aplastar la resistencia de las clases oprimidas. Para ello, no cabe duda
que emplearían medios militares y paramilitares a su disposición. En este
sentido, es deber de todos los revolucionarios consecuentes repudiar
enérgicamente la nueva ofensiva golpista e injerencista burguesa que está en
desarrollo. Desde Lucha de Clases llamamos a la unidad de la izquierda para
combatir la nueva arremetida golpista que amenaza y compromete,
fundamentalmente, los intereses de los trabajadores y el pueblo pobre.
¿Quiere
decir lo anterior que respaldamos al gobierno? De ninguna manera. Como a
continuación dejaremos muy en claro, no podemos apoyar a una clase política que
ha socavado la revolución en nombre de la misma revolución, que reiteradamente
ha asfixiado la organización obrera y popular, y que implementa una política
burguesa contradictoria, que nos conduce a las mismas consecuencias del ajuste
capitalista antes expuesto, pero a paso más lento. Para combatir las nuevas
amenazas golpistas, estamos dispuestos a luchar en un frente único contra la
burguesía y el imperialismo. Pero esto para nosotros no implica dejar de
aportar luces sobre la responsabilidad histórica que tiene la dirección
bolivariana respecto a la crisis política actual. No podemos callar nuestras
críticas cuando su perniciosa política en parte nos ha conducido a esta
situación.
La perjudicial política bolivariana ante
las nuevas amenazas
Debemos
señalar que la política de conciliación de clases, aplicada por la dirigencia
bolivariana, constituye el obstáculo principal para combatir a la reacción. En
materia económica ha contemplado el otorgamiento de innumerables concesiones a
los capitalistas nacionales y transnacionales, con inestimables retrocesos en
cuanto al tema de soberanía sobre nuestros recursos naturales. La asistencia
servil a la parásita clase capitalista criolla (que sin dudas está detrás de la
actual ofensiva golpista), a través de exenciones tributarias, condonaciones de
deudas, financiamiento directo, subsidios a la producción, entre otros; no se
ha traducido en las esperadas inversiones para el desarrollo, sino más bien en
el repunte de cierres de empresas. Por otra parte, el desmontaje sistemático
del proyecto de Soberanía Petrolera, impulsado por Chávez; la suscripción de
contratos de extracción y comercialización petrolera, de corte gomecistas, con
empresas foráneas –como el convenido con la estadounidense EREPLA; y las
innumerables ventajas otorgadas a empresas chinas, rusas y turcas en el Arco
Minero del Orinoco; hablan de forma elocuente de la política entreguista que
lleva a cabo el gobierno.
En
materia política, la orientación gubernamental promueve la negociación
permanente con diversos representantes de la burguesía y el imperialismo, como
única salida posible ante la negativa a dar cualquier paso revolucionario en el
futuro. Incluso ante el asedio del cual es objeto el gobierno actualmente,
Maduro, en su juramentación, reiteró su llamado al diálogo a los mismos que hoy
esperan derrocarlo. La debilidad y falta de firmeza invitan a la agresión. Por
otro lado, la política gubernamental en cuanto a sus bases sociales, ha
supuesto un absoluto anquilosamiento burocrático de todas las instancias de
participación popular. Esta es una gran fuente de desmoralización entre los
trabajadores y pobres, que son llamados a la defensa de la revolución pero que
son frenados en todo momento cuando intentan organizarse para luchar. Aunque la
burocracia bolivariana siempre propugna, discursivamente, la necesidad de la
organización popular, en realidad trata de impedirla pues entiende que las
masas organizadas suponen una fuerza difícil de controlar, y que puede decidir
desplazarlos una vez tome confianza en sus fuerzas.
La
organización obrera y popular y su movilización permanente son las mejores
armas para combatir a la reacción. Sin embargo, la combatividad de las masas no
puede sostenerse indefinidamente si éstas no cuentan con una perspectiva de que
su situación mejorará en el futuro. En el pasado, la férrea convicción de las
masas para defender la revolución permitió derrotar a la reacción en cada
coyuntura apremiante. Esto solo se pudo lograr mientras la esperanza popular en
un pronto empoderamiento, en la justicia de su causa y un futuro mejor, se
imponía sobre las contradicciones de la dirigencia. La retahíla de
inconsistencias gubernamentales del último periodo –que estamos describiendo,
han venido socavando la confianza de sus bases, hecho que se evidencia con la
merma en las manifestaciones de respaldo político, tanto de calle como electorales.
Todo tiene un límite. La actual coyuntura permitirá medir si el límite en la
paciencia de los trabajadores y el pueblo ya fue alcanzado.
La
retórica patriótica no basta para movilizar al pueblo a la batalla de forma
perenne. La dirección bolivariana y fuerzas políticas aliadas se apoyan en la
lógica etapista, que pretende subordinar los intereses de los trabajadores a la
abstracta defensa de los intereses nacionales (incluyendo los de la burguesía).
Así se ha pretendido que la clase obrera renuncie a sus legítimas luchas por
mejores condiciones de vida, pues, según esta apreciación, primero hay que
“defender la patria”. Es imposible no preguntarse si ¿existe un gramo de
coherencia en esta lógica, cuando se trafica y remata territorio y recursos
valiosos a favor de capitales chinos, rusos, turcos y también europeos y
norteamericanos?; ¿cuándo se estimula y financia a la burguesía criolla –los
agentes internos del imperialismo en el país– para que luego arremetan contra
el pueblo? Ante nosotros se muestra otra fuente poderosa de desmoralización
para las masas.
En
respuesta a esta narrativa, agotada por la historia, decimos: que la mejor
forma de combatir al imperialismo es precisamente completando la revolución,
expropiando a éste y a la oligarquía, demoliendo el estado burgués,
estableciendo un estado bajo control de los trabajadores y defendiendo hasta
las últimas consecuencias sus intereses de clase. A la absurda afirmación que
reza que debemos “defender a la patria primero para ocuparemos de los trabajadores
después”, decimos: “solo defendiendo a los trabajadores es que realmente
podremos defender la patria”. Derrotar a las clases dominantes pasa por
destruir sus bases sociales, que no son otras más que las relaciones de
propiedad burguesas.
Otro
aspecto de desmoralización es la evidente corrupción generalizada, que, tanto
en las altas como en las bajas esferas estatales, se expresa de la manera más
obscena posible. Este hecho representa la putrefacción del capitalismo criollo
en decadencia, que no se solucionará con un simple cambio de gobierno, sino con
la destrucción del aparato estatal capitalista y la edificación de un estado
obrero y popular, en el marco de una economía nacionalizada bajo control
obrero. El contraste entre los enormes sacrificios y privaciones a los que se
ha sometido a las masas, y la opulencia corrupta de la burocracia bolivariana,
sin dudas mella la convicción para la lucha. No puede haber convencimiento
sobre las causas a defender, hasta con la vida, cuando se percibe que no todos
se sacrifican por igual.
No
está de más recordar que, en buena medida, la profunda crisis que atraviesa el
país obedece a la política de medias tintas del gobierno, que por un lado,
obstaculizó el libre desarrollo de una economía de mercado, pero que por otro,
no avanzó lo suficiente en la expropiación de la oligarquía y el
establecimiento de una economía planificada, bajo control democrático de la
clase obrera. El resultado ha sido el caos, la degradación y el oprobio más
intenso para el pueblo humilde.
Soportando
las calamidades de la escasez, la hiperinflación, la insuficiencia de los
salarios, el desplome de los servicios públicos e infraestructuras y la desidia
institucional generalizada; el pueblo trabajador encara cada día como una nueva
batalla, donde asegurar lo más elemental es motivo de lucha permanente. La
crisis económica y social que hoy afronta Venezuela no encuentra precedentes en
la historia latinoamericana. La descomposición de la sociedad venezolana
encuentra su expresión en variadas formas: hambre, desnutrición, prostitución,
informalidad, mendicidad, deserción educativa, entre otras; donde el
aventurerismo migratorio en algún país vecino pasó a convertirse en la mejor
opción para millones. Hospitales sin medicinas, sin médicos y enfermeras;
escuelas sin profesores y con matrículas decrecientes. ¿Y el gobierno
bolivariano? Solo plagado de excusas y carente de soluciones.
Ese
pueblo trabajador, que fue reivindicado durante la primera década del presente
siglo, hoy sufre los embates de una tormentosa crisis en parte provocada por la
negativa de la dirigencia bolivariana a hacer pagar la misma a la oligarquía
parásita criolla. Son hoy esas mismas masas trabajadoras las que aparecen como
las principales víctimas potenciales de las amenazas de la burguesía, que
espera reconquistar el poder para terminar de descargar el peso de la crisis
sobre sus espaldas. Ante la apremiante necesidad de impedir el retorno de la
derecha al poder, los revolucionarios debemos combatir la nueva arremetida,
pero no para mantener el actual estado de cosas, sino para construir una nueva
sociedad donde valga la pena vivir. En este sentido, desde Lucha de Clases no
desistiremos en nuestro llamado a construir una alternativa revolucionaria,
como única garantía para defender los intereses de los trabajadores y edificar,
ahora sí, el socialismo en Venezuela.
Mientras
batallamos contra la reacción, no dejaremos de desenmascarar al liderazgo
bolivariano que la historia promete devorar de alguna u otra forma. A sabiendas
de la anterior, debemos procurar que sean los trabajadores y no la burguesía
los próximos en tomar el timón del país. Ni la oligarquía ni la burocracia
pueden resolver los grandes problemas que aquejan a los trabajadores. Mientras
la burocracia bolivariana intenta salvar el poder para sí; es momento de que la
clase obrera, en primer lugar, entienda la necesidad de organizarse para tomar
ese poder, pero no para el beneficio de la burguesía y de ciertas cúpulas
podridas, sino para ponerlo al servicio de sus intereses y de la transformación
socialista de la sociedad. Con base en todo lo anterior, presentamos nuestra
propuesta programática:
Por
una economía en manos de la mayoría trabajadora y en beneficio del pueblo, no
de una minoría de parásitos:
1)
Control estatal del comercio exterior. Basta de entregar los dólares a los
capitalistas.
2)
Auditoría obrera y popular de los dólares preferenciales entregados.
Confiscación de las propiedades de aquellos que los hayan usado de manera
impropia. Cárcel para los corruptos.
3)
Nacionalización de la red de producción, distribución y venta de alimentos,
medicamentos y otros productos básicos, bajo control obrero y de las
comunidades organizadas para impedir la corrupción y el despilfarro.
4)
Nacionalización de las empresas que estén implicadas en el sabotaje, el
acaparamiento y el bachaqueo. Con el hambre del pueblo no se juega.
5)
Nacionalización y centralización de la banca y las aseguradoras bajo control
obrero, para poner todos los recursos a disposición de un plan de producción
nacional, en empresas estatales y bajo control de los trabajadores.
6)
Suspensión inmediata del pago de la deuda externa. Las necesidades del pueblo
están por encima del lucro de los buitres especuladores.
7)
Todo el poder a la clase trabajadora y el pueblo organizado. Abajo la
burocracia.
8)
Creación de consejos de trabajadores socialistas en todas las empresas del
Estado y en todas las instituciones públicas, para ejercer el control obrero.
9)
Elegibilidad y revocación de todos los cargos públicos.
10)
Que ningún cargo público ni funcionario del Estado gane un salario superior al
de un trabajador cualificado.
11)
Defender la revolución con la organización revolucionaria de la clase
trabajadora y el pueblo.
12)
Fortalecimiento de la milicia bolivariana y que la misma esté bajo el control
directo de la clase trabajadora y el pueblo organizado.
13)
Organización de unidades de la milicia bolivariana en cada fábrica, lugar de
trabajo y barrio, para asegurar la defensa de edificios, territorio y personas
contra posibles ataques reaccionarios.
14)
Creación de comités de soldados y suboficiales revolucionarios dentro de la
FANB, para ejercer la vigilancia revolucionaria e impedir cualquier intento
golpista entre la oficialidad.
15)Expropiación
de las multinacionales de los países imperialistas que son parte de esta trama
golpista.
Para
poder aplicar este programa no podemos confiar más que en nuestras propias
fuerzas, las fuerzas de la clase trabajadora y el pueblo revolucionario que
tantas veces han defendido a la revolución bolivariana en todos los momentos
cruciales. Sólo el pueblo salva el pueblo. La clase trabajadora debe de tomar
el poder. La revolución se defiende completándola.