Por Luís Romero
El 14 de enero, el presidente de la República
presentó un conjunto de anuncios económicos ante la ANC, luego de exponer su
informe de Memoria y Cuenta 2018 y las metas del plan de la Patria 2019 – 2025.
En medio de la peor crisis económica afrontada por Venezuela en su historia -y
una de las más severas que haya golpeado a algún país latinoamericano, las
decisiones presentadas por Maduro, en líneas generales, no plantean variaciones
significativas en la contradictoria política que se ha implementado desde
agosto pasado. Mientras la tormenta política actual, que envuelve al gobierno y
a la Asamblea Nacional (de mayoría opositora), amenaza con profundizarse, la
posibilidad de una salida al presente caos económico y social no se ve por
ningún lugar.
Conviene analizar, aunque sea de modo breve,
elementos del discurso presidencial y algunas de las medidas más importantes
anunciadas, despojando de eufemismos y retóricas trilladas lo que se esconde
detrás de iniciativas no declaradas, ajenas a los intereses de los
trabajadores. Ante todo, la verdad es revolucionaria. Por más cruda que ésta
sea, los revolucionarios debemos presentarla de manera clara, abandonando cualquier
ilusión o expectativa infundada. La realidad es que el Programa de Recuperación
y Prosperidad Económica (PRPE) lejos de brindar alguna solución coherente a la
crisis, no puede más que profundizarla. El mismo comprende medidas de
liberalización de los mercados, en favor de los capitalistas y otras de orden
social paliativo, que van en direcciones opuestas las unas a las otras. Las
nuevas decisiones decretadas siguen la misma senda.
Un discurso alejado de la
realidad
En la presentación de la Memoria y Cuenta del año
2018 y los objetivos del Plan de la Patria 2019 – 2025, Maduro asombró al país
con datos poco creíbles y el planteo de altísimas expectativas para el nuevo
periodo constitucional, que no se corresponden con el marco de posibilidades
que ofrece el decadente capitalismo venezolano. Esto lo hizo, omitiendo,
primero, datos relevantes referentes a las tasas de inflación, estado del PIB,
déficit fiscal, desempleo, entre otros; y segundo, el simple hecho de que se
dirigía a todo un país descontento y que observa con perplejidad el nivel de
desconexión de la clase política dirigente con respecto a los problemas de las
mayorías que dicen representar.
Partiendo de indicadores desacertados, Maduro
afirmó que la pobreza extrema se redujo de un 4.4 a un 4.3% el último año. No
hace falta poseer un título de economía para refutar dicha cifra de modo
simple. Solo basta un corto paseo por cualquier ciudad o pueblo del país para
constatar los increíbles niveles de miseria y degradación alcanzados por el
pueblo venezolano en tan solo 5 años de intensa crisis. Para la dirigencia
bolivariana, acomodada a los privilegios y prebendas del Estado burgués, esta
es una verdad oculta en una caja fuerte imposible de abrir. Los altos niveles
de vida que la burocracia gobernante ostenta, explican el en ocasiones
increíble discurso negacionista que varios líderes bolivarianos exhiben
desvergonzadamente, sobre la situación de miseria y lumpenización general de la
población. Aquí, los límites de desconexión de una persona respecto a un
contexto dado, han alcanzado los mayores extremos. Como no puede ser de otra
manera, en palabras de Marx: “La vida determina la conciencia”.
Maduro en su alocución sostuvo que entre los
objetivos prioritarios para el nuevo periodo están el crear 4 millones de
nuevos empleos, incorporar a más de un millón de pensionados, llevar el índice
de Gini (que mide la desigualdad social en los países) a 0,200 puntos, elevar
el Índice de Desarrollo Humano de 0,75 a 0,85 puntos, y más importante aún,
alcanzar el umbral de “miseria cero”.
Como si las metas se pudieran conquistar solo
declarándolas -al margen del contexto objetivo y las estrategias para
alcanzarlas, el gobierno confía en la infalibilidad de su política, la misma
que ha pisoteado buena parte de las conquistas alcanzadas por los trabajadores
en el pasado, que ha vulnerado los contratos colectivos y múltiples beneficios
de remuneración laboral, que ha autorizado -a través del Ministerio del
Trabajo- despidos en masa en los sectores público y privado, y que sin
perspectivas de una salida en favor de la clase obrera, oficializa
devaluaciones constantes del Bolívar, en detrimento de los salarios e ingresos
familiares. ¡Vaya manera de alcanzar tales metas sociales! Esta política parte
de la ilusoria esperanza de que los capitalistas locales y extranjeros (más
allá de los que proceden de “naciones aliadas”) vengan a invertir en tropel,
obviando el hecho de que en lo concreto ocurre precisamente lo contrario. Los
cierres de empresas, como los de Pirelli, Goodyear y Greif; son muestra de
ello, donde, con el consiguiente colapso industrial y las consecuencias que de
esto se derivan a nivel general, se intensifica la situación de miseria de las
masas en todos los terrenos.
Sin dudas, la fórmula de infligir dolorosos
sacrificios a los trabajadores en el corto y mediano plazo, para cosechar
inversiones, desarrollo y recuperación en el largo plazo; no ha dado ningún
resultado. Y enfáticamente debemos decir: ¡no habrá resultados favorables para
los trabajadores bajo el capitalismo en crisis! La obtención de mínimas
reivindicaciones en un contexto de crisis capitalista, es incompatible con las
necesidades del orden de explotación burguesa en decadencia, al cual la
dirección bolivariana se ha aferrado para no soltarse. En el marco de la crisis
orgánica del capitalismo a nivel mundial, se vislumbra el advenimiento de un
nuevo desplome en los mercados, que producirá una nueva recesión global.
Lamentablemente, nuestra economía monoexportadora no escapará a los efectos de
tal cataclismo, limitando las ya de por si cuesta arriba metas gubernamentales
del 2025. Solo la organización de la clase obrera nacional e internacional para
la toma del poder y la demolición de las relaciones de propiedad burguesas, es
la única salida.
El presidente, también planteó la meta de lograr
elevar la producción petrolera a 5 millones de barriles diarios, también para
el 2025. Esta es la apuesta declarada del gobierno que considera podrá
alcanzarse con la constitución de más empresas mixtas, con enorme participación
accionaria en favor de multinacionales, que encubren la reprivatización del
industria del crudo nacional y el entierro del Plan de Soberanía Petrolera
impulsado por Chávez. Esta política también ha contemplado la suscripción de
ventajosos contratos con consorcios foráneos, tanto en el ámbito petrolero como
minero. El entreguismo sin límites se ejemplificó de modo claro con el jugoso
contrato de explotación y comercialización de crudo, por 25 años, otorgado a la
empresa estadounidense EREPLA recientemente. A pesar de las expectativas
gubernamentales, esta política sin embargo no ha frenado el descenso en la
producción petrolera, que se acerca al nivel de un millón de barriles diarios.
Si bien, podemos conformarnos con desmenuzar
únicamente lo dicho por el mandatario nacional, es importante dedicar, aunque
sea un pequeño espacio, a las grandes omisiones en su discurso. La ausencia de
cifras oficiales nos obliga a remitirnos a estimaciones aportadas por
organismos internacionales, donde se da cuenta de la catastrófica situación
nacional. En 2018, el PIB retrocedió un 18% según el FMI, 3 puntos por encima
de los cálculos de la CEPAL, que estima una contracción acumulada de un 44,3%
en los últimos 5 años y de un 10% para 2019. Respecto a la hiperinflación, como
el principal problema económico que aqueja al país, el FMI la situó, para el
cierre del 2018, en 1.370.000% y proyecta que podría alcanzar los
10.000.000% para el 2019. Tanto las exportaciones como las importaciones han
caído aproximadamente en un 80% desde el año 2012, donde la producción de
crudo, que aporta el 96% de las divisas que ingresan al país, se ha desplomado
en un 51,2% en el mismo periodo, según reportes de la OPEP (con base en fuentes
secundarias). El descenso en los niveles de reservas internacionales, cifradas
hoy en 8.400 millones de dólares, constituye un 61% respecto a enero del 2015.
La tasa de desempleo se ubicó en un 34,3% en 2018 y para el presente año podría
llegar hasta un 38%, según datos del FMI. Todo esto se ha traducido en hambre,
miseria, informalidad y desesperanza para las masas pobres, situación que ha
producido una explosión migratoria de venezolanos en Suramérica. Como era de
esperarse, nada de lo anterior fue reconocido por Maduro.
Las nuevas medidas
Entre las decisiones económicas decretadas más
destacadas tenemos: el aumento del Petro como unidad de cuenta a 36.000 Bs.S,
el aumento salarial a 18.000 Bs.S, la continuidad en los pagos de las nóminas
de las pequeñas y medianas industrias del país, la orden de venta del 15% de la
producción en Petros por parte de 27 empresas estatales más PDVSA y entrada en
vigencia de un nuevo encaje legal del 60% para toda la banca nacional.
Luego de escindir el valor del Petro, uno como
unidad de cuenta para ajustar salarios periódicamente y otro como factor de
mercado comerciable en forma de certificados; el gobierno introdujo más
elementos al caótico panorama económico nacional. Así tenemos el Petro como
unidad de cuenta fija (establecida por el gobierno) que ahora pasa a costar
36.000 Bs.S y los certificados del llamado “Petro de mercado” cuyo precio
asciende actualmente por encima de los 60.000 Bs.S. la decisión gubernamental
de permitir la fluctuación libre de dicho Petro de mercado, que ha marcado el
indetenible ascenso en el costo de los certificados del mismo, se debió a la
necesidad de hacer el instrumento atractivo y comercial a nivel interno, tras
no obtener éste reconocimiento internacional como criptodivisa. De esta manera,
dicho activo financiero ha sido convertido ahora en una reserva de valor y
medio de ahorro ante la devaluación constante del Bolívar, que a la vez
disminuye la presión sobre las altamente demandadas y escasas divisas.
Respecto al valor del Petro como unidad de cuenta,
vale decir que actualmente el mismo no guarda relación alguna con el precio del
barril de petróleo tal y como el gobierno ha lo ha aseverado. Si esto fuese
así, entonces el Petro tendría otro precio. Actualmente la cotización de la
cesta petrolera venezolana se encuentra en alrededor de 52 US$, número que si
luego multiplicamos por el tipo de cambio DICOM: 1.000 Bs.S, entonces el valor
del Petro sería 52.000 Bs.S y no 36.000 Bs.S. Lo anterior demuestra el carácter
confuso de dicho instrumento, el cual tampoco se estableció como mecanismo para
el anclaje del Bolívar a un valor fijo. Como no podía ser de otra manera, la
economía venezolana sigue marchando según el ritmo que impone el mercado
paralelo de divisas, donde el valor del dólar estadounidense supera los 3.000
Bs.S, precio que no ha parado de elevarse, debido a la escasez y baja oferta de
dólares, la incertidumbre política y la hiperinflación. Tanto el Petro, en sus
dos modalidades, como las alzas que registra la tasa oficial DICOM, en
persecución del dólar paralelo; constituyen factores de una carrera por la
devaluación del Bolívar, con la consiguiente caída de los salarios reales de
los trabajadores.
Sin embargo, con el impulso que trata de dársele al
Petro, ahora decretando que el 15% de la producción de 23 empresas estatales y
de PDVSA se venda en dichos instrumentos, el gobierno busca extender el uso del
mismo para posicionarlo como una alternativa de refugio de valores, intentando
disminuir la demanda de divisas que no está en posición de ofertar. El gobierno
apuesta a que la extensión en la adquisición de Petros por parte de empresas y
personas se traducirá en el canje de divisas -en el entendido de que el alza en
los certificados del instrumento gubernamental puedan hacer más atractivo el
refugio y ahorro en el mismo más que en las divisas, lo cual podría ser
provechoso para el Estado en la medida en que capta moneda extranjera y trata
de mitigar la tendencia alcista del dólar negro. Pero, cabe señalar que la
falta de confianza que genera el Petro y los niveles de volatilidad política
que reinan en el país, frenan dichas pretensiones en el futuro inmediato.
Con el nuevo aumento salarial a 18.000 Bs.S el
sueldo mensual se ubica actualmente en 6 US$, según el valor del mercado
paralelo de divisas, que como hemos dicho, gobierna la economía del país. Si se
contrasta con el valor efímero en dólares que los sueldos registraron el 20 de
agosto (30 US$) entonces debemos hablar de una disminución real del valor del
salario situado en un 80%. En comparación con el valor del sueldo de 4500 Bs.S,
decretado a finales de noviembre pasado y que para entonces se ubicaba en 9
US$, la caída representa un 33%. Claramente, la hiperinflación, el alza del
Dólar paralelo y la devaluación del Bolívar, seguirán erosionando el valor real
del salario en cuestión de semanas, días y horas. Como los demás ajustes
salariales precedentes, el recién decretado quedará pulverizado en muy poco
tiempo.
La continuación del pago estatal de las nóminas de
las pequeñas y medianas industrias del país se basa en el supuesto de que el
aumento salarial no se recargará sobre los costos de producción de los bienes y
servicios, y por tanto, los precios en el mercado no tendrían por qué aumentar
de forma desmedida. Tal y como ya hemos explicado en análisis previos, el
cubrimiento de las nóminas de las pymes -así como también de los ajustes
salariales- solo han podido financiarse a través de la emisión de mayor dinero
sin respaldo en la producción de bienes y en las reservas internacionales, lo
que ha ocasionado más inflación. Con el aumento constante de los precios en el
mercado, al final el costo de producción queda subordinado al costo de
reposición de las mercancías, lo que hace naufragar cualquier medida de control
y congelación de precios, en un contexto como el que caracteriza al actual
estado del capitalismo venezolano decadente.
De manera contradictoria, como el carácter general
del PRPE en sí, Maduro ordenó el encaje legal del 60% para la banca nacional.
Esta medida quiere decir que los bancos estarán obligados a mantener el 60% de
sus depósitos totales como reserva en el BCV, disminuyendo los fondos
disponibles para el crédito y restringiendo de esta manera la circulación de
dinero en la calle para combatir la hiperinflación. En esencia tratamos con una
medida monetaria restrictiva, que busca contraponerse a otras de índole
expansiva, como la emisión de dinero sin respaldo para cubrir nóminas y
aumentos salariales. En una economía normal, un incremento de esta naturaleza
del coeficiente de caja tendería a frenar el crecimiento económico o
profundizar una recesión, pues se le cerraría las puertas del crédito a los
inversores potenciales, produciendo desinversión, cierres de empresas y
desempleo. Asumimos que el gobierno supone que estos efectos ya se dan por
descontados, debido a que los capitalistas no están adquiriendo créditos para
invertir, sin embargo, responsablemente hay que decir que tal decisión anula en
gran medida hipotéticas oportunidades de recuperación económica.
Otro aspecto a considerar, es que el crédito personal,
a través de tarjetas, ha experimentado un proceso de expansión a la luz de la
necesidad de cubrir bienes esenciales producto de la crisis. Resta esperar las
medidas que adoptarán los bancos para adaptarse a dicho encaje, donde es muy
probable esperar una brutal restricción del crédito o aumentos de tasas de
interés, que pueden golpear a las familias que basan parte de su consumo en
tales instrumentos.
Si bien esta decisión podría impactar en cierta
desaceleración de la hiperinflación en las primeras de cambio, la misma ha
desechado cualquier posibilidad de recuperación en el futuro próximo. Esto
puede traducirse, en cierto grado, en mayores cierres de empresas y desempleo.
Sobre este escenario, el horror económico seguiría profundizándose lo que tarde
o temprano anularía cualquier ventaja relativa inicial.
No hay salida bajo el capitalismo
Entre amenazas reaccionarias de golpes de estado
por un lado, y llamados a la conciliación por el otro, las aspiraciones de las
masas trabajadoras no encuentran eco entre las cúpulas que pugnan por el poder.
Aparentando preocupación y alentando falsas expectativas, cada uno de los
bandos trata de aprovecharse de nuestro terrible padecer diario, para encaminar
proyectos políticos divorciados de nuestros intereses de clase.
En todo el mundo, el capitalismo hunde a la
humanidad a estados de degradación material y espiritual intolerables. Ni los
ajustes macroeconómicos más agresivos han solucionado algo en lo fundamental.
Esperar una solución de esta tónica, que tanto la derecha como la “izquierda
sensata” trata de disfrazar, es creer en cuentos de hadas. Sin duda, los que
persisten en salvar el capitalismo de sí mismo están condenados al fracaso.
Ni la burguesía ni la burocracia bolivariana pueden
solucionar los problemas de los trabajadores. Las clases oprimidas solo debemos
confiar en nuestras propias fuerzas. Es imperativo construir una alternativa
revolucionaria capaz de defender nuestros intereses de clase hasta el final, de
la mano de un genuino programa marxista, que contemple la nacionalización sin
compensación de los monopolios y transnacionales, la banca y los latifundios;
para establecer una economía planificada, bajo control democrático de la clase
obrera y en beneficio de las grandes mayorías.