Por Séverine Arsène
Anunciado en 2014, el sistema de crédito
social es un proyecto del gobierno chino que está previsto implementar
en 2020. Consiste en otorgar a las personas –incluidos los funcionarios– y a
las empresas una nota que refleje la confianza que se merecen. La idea es
recolectar cientos de datos sobre cada persona y cada empresa, desde su
capacidad para cumplir sus compromisos comerciales hasta su comportamiento en
las redes sociales, pasando por el respeto del código de circulación.
De este modo se genera un marcador a partir del cual
se atribuyen o retiran determinados derechos, como el de dirigir una empresa,
trabajar en la industria alimentaria o química o incurrir en gastos suntuarios,
como viajar en primera clase o inscribir al hijo en una escuela privada. “Si la
confianza se quiebra en un ámbito se impondrán restricciones en todos”, resume
el gobierno.
Si bien revela poca cosa sobre los medios
concretos, el documento preparatorio de 2014 se lee de hecho como un inventario
de los problemas de China, clasificados en tres categorías: “la sinceridad en
los asuntos gubernamentales”, “la sinceridad en el comercio” y “la sinceridad
social”. La lista de ámbitos de aplicación recuerda implícitamente todos los
escándalos que han acompasado la actualidad china estos últimos años: seguridad
alimentaria, salud, estafas en el comercio electrónico, conflictos asociados al
trabajo y, en filigrana, el inmenso problema de la corrupción, que impide abordar
con decisión estas cuestiones.
El paternalismo al poder
La implementación de un sistema de este tipo
plantea enormes problemas prácticos. Las fuentes de datos son múltiples y se
presentan en formatos diferentes, que hay que convertir en interoperables. La
calidad de los datos también supone un reto importante, que encierra riesgos de
error y de manipulación. De momento, la puesta en marcha parece llevarse a cabo
de manera sectorial por un lado, recogiendo, por ejemplo, los datos de los
tribunales, y local por otro, con proyectos piloto a escala de los municipios.
El propósito es establecer normas de recolección, almacenamiento y difusión de
las informaciones entre administraciones y entre ayuntamientos, provincias y el
Estado, pero hoy por hoy se trata de bases de datos bastante dispares, no de
una base única.
El proyecto consiste asimismo en disponer de datos
procedentes de empresas privadas. Si un contrato de colaboración con ocho
grandes empresas de comercio electrónico, como Sesame Credit (Alibaba) o Tencent
Credit, ha quedado aparcado por diversas razones, que tienen que ver con la
protección de datos personales y con el temor a que haya conflictos de
intereses, diez empresas de bicicletas compartidas ya han firmado un acuerdo.
Este acceso a los datos de empresas privadas es sin duda uno de los aspectos
cruciales del proyecto, pues estas disponen de indicadores muchos más precisos
sobre el comportamiento de los individuos que cualquier administración: horas
de conexión, compras, contenido de las conversaciones, etc.
Se trata por tanto de un instrumento muy potente
cuando todos los internautas chinos pasan por la aplicación móvil WeChat para
gestionar la totalidad de su vida cotidiana. Sin embargo, esta fuente de
información solo abarca a la mitad de la población china, la que tiene acceso a
Internet, lo que indica que el dispositivo cubre a la ciudadanía de manera muy
desigual.
El sistema de crédito social es sin duda un
instrumento perfecto para el control de los oponentes, y los apartados del
documento de 2014 relativos a la cultura o la educación contienen indicaciones
en este sentido. El uso del reconocimiento facial, combinado con la
omnipresencia de las cámaras de vigilancia, anuncia asimismo un potencial de
control bastante temible. Sin embargo, más en general el objetivo central
consiste en establecer un nivel de confianza en el seno de la
sociedad que libere el desarrollo de los intercambios económicos.
La falta de confianza en la sociedad china es real
e inherente al régimen autoritario, que tiende a dividir para reinar.
Apoyándose en la tecnología digital y el sector privado, el sistema de crédito
social pretende responder asimismo al segundo problema propio del régimen, el
de la sinceridad de las informaciones de que dispone el
gobierno central a través de las diferentes administraciones, lo que revela su
dificultad para controlar lo que ocurre sobre el terreno.
Dispositivos de influencia blanda
Más allá de las inquietudes que puede generar por
sí misma la colecta informatizada y centralizada de datos, este proyecto
constituye sobre todo un nuevo paso hacia un modo de gobierno tecnocrático y
paternalista, basado en un dispositivo de vigilancia y en incitaciones y
obligaciones destinadas a orientar en tiempo real el comportamiento de los
individuos. Este sistema recuerda el dang’an, el expediente
individual que mantenía cada unidad de trabajo durante el periodo maoísta, con
la diferencia fundamental de que pretende mostrarse tanto al individuo como a
la empresa, a sus amigos y sus contactos profesionales.
En las webs municipales figuran listas negras de
individuos “perseguidos por quebrar la confianza” (esto es ahora una categoría
administrativa). De una manera más lúdica, la aplicación Honest Shanghai
permite consultar el marcador propio y compartirlo en las redes sociales. En
este caso, el marcador es, como los logros deportivos o los check-in en
los lugares de moda, un atributo del individuo conectado y cuantificado propio
de la era de las redes sociales.
A través del sistema de crédito social, el gobierno
chino explota hábilmente lo que nos han enseñado las redes sociales, de
Facebook a Weibo, sobre la tendencia natural de las personas a revelar
voluntariamente sus datos personales y a someterse a normas que no han elegido,
a cambio de servicios que les facilitan la vida y les aportan diversas formas
de reconocimiento social. Los gobiernos occidentales también están tentados de
accionar esta palanca y se preguntan por los nudges y otros
dispositivos de influencia blanda sobre las poblaciones, que
tienen la propiedad de escamotear la dificultad, y a veces la violencia, de las
opciones políticas (pensemos en la omnipresencia de las clasificaciones).
Sin embargo, el caso chino nos recuerda los enormes
problemas democráticos que esto plantea. Estos no solo se refieren a la colecta
abusiva de datos personales, a los posibles recursos o a la proporcionalidad de
los castigos con respecto a las faltas, sino también a la definición y la
legitimidad de las normas de comportamiento aceptables. ¿Cómo elige el Estado-partido
los criterios que definen el crédito social? Estos criterios, cuando sancionan
la capacidad para reembolsar las deudas o respetar la moral, por
ejemplo, ¿acaso no discriminan a los pobres y las minorías?
Por otro lado, este sistema podrá dar pie a nuevas
formas de corrupción para manipular los marcadores, y de este modo agravar, más
que resolver, el problema de partida. En nuestras democracias, esto nos
recuerda, si falta hace, la importancia de la transparencia, de un debate
pluralista sobre las opciones políticas y de contrapoderes para resolver los
problemas de una sociedad.
Séverine Arsène es politóloga, sinóloga y editora
en el Asia Global Institute de la Universidad de Hong Kong.
Traducción: viento sur