Por Arantxa
Tirado y Silvina Romero
A
solicitud de Estados Unidos (EE. UU.) Venezuela fue incluida de manera
extraordinaria en el orden del día del Consejo de Seguridad de la ONU que tuvo
lugar el pasado sábado 26 de enero en Nueva York. Bajo el argumento de una
supuesta “crisis humanitaria” en Venezuela, que “impide al pueblo venezolano
acceder a agua y alimentos”, el secretario de Estado estadounidense, Mike
Pompeo, respaldó la inclusión del tema en el artículo 54 de la Organización de
Estados Americanos (OEA), justificándola en la desestabilización regional que
suponía esta situación.[1] El
argumento fue refutado, de entrada, por el representante ruso, Vassily
Nebenzia, quien consideró que Venezuela “no es amenaza para la paz y la
seguridad. Sí las acciones de EE. UU., que son una amenaza para Venezuela”.
Nebenzia denunció que la
inclusión de este punto vulneraba el artículo 2.4 de la Carta de Naciones
Unidas, relativo a la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad
territorial o independencia pública de cualquier Estado. Los miembros
permanentes[2] y
no permanentes[3] del
Consejo de Seguridad votaron la inclusión de Venezuela en el orden del día. El
resultado fue 9 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, lo que dio pie al
debate sobre la situación del país.
Venezuela en el Consejo de Seguridad
de la ONU
Por primera vez en la
historia, Venezuela fue protagonista del Consejo de Seguridad. En la sesión
participaron 30 países, los 15 miembros permanentes y no permanentes y 15
estados que solicitaron participar, entre ellos la República Bolivariana de
Venezuela (RBV). Aunque no hubo votación final, pues no se presentaba ninguna
resolución, las posturas quedaron divididas entre una mayoría de países, 19, a
favor del diálogo y la negociación,[4] (20
si incluimos a la RBV); y 17 países favorables a la injerencia.[5]
Las posturas a favor de la
injerencia apelaron al “éxodo” de venezolanos, su desestabilización regional,
la falta de legitimidad del Gobierno de Maduro por el desconocimiento del
proceso electoral de mayo de 2018, la supuesta represión de dicho Gobierno a la
oposición política y al pueblo, así como la apuesta por una “transición
democrática”. Destacaron por su agresividad los representantes de Colombia,
Perú, Brasil, Chile y Argentina. Chile habló de “abrir un canal humanitario” y
Perú pidió la actuación de la ONU amparándose en el artículo 34 de la Carta.
Los países de la Unión Europea (UE) miembros del Consejo de Seguridad, Reino
Unido y Francia, sostuvieron, junto a Alemania, Bélgica y Polonia, el ultimátum
pactado por varios países de la UE de dar 8 días al Gobierno de Nicolás Maduro
para convocar elecciones “libres”.
Los países que se mantuvieron
del lado del respeto al Derecho Internacional alegaron el peligroso precedente
que implica reconocer a cualquiera que se autodeclare presidente de un país por
parte de la comunidad internacional, remarcando la necesaria salida dialogada
al conflicto y la búsqueda de un acuerdo pacífico. En el caso de Rusia, que se
destacó por hacer una de las defensas más claras de la legalidad venezolana,
junto a Cuba y Bolivia, se denunció además la desestabilización que implica
para América Latina y el Caribe la injerencia de EE. UU. en Venezuela. Las
declaraciones del asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, sobre la entrega
de los bienes del Gobierno venezolano al gobierno paralelo de Juan Guaidó
fueron tildadas por Nebenzia, irónicamente, de “declaración bolchevique”, al
suponer la expropiación de los bienes de Venezuela. También denunció el uso de
la “diplomacia preventiva” que retrotrae a justificaciones (defensa preventiva)
usadas por EE. UU. con anterioridad para invadir Afganistán. La intervención
del representante boliviano, Sacha Llorenti, apuntó a los tres ejes detrás de
la desestabilización venezolana por parte de EE. UU.: el interés por el
petróleo, el control geopolítico y el escarmiento a los países que no se
alinean con sus políticas.
El cerco sobre Venezuela se estrecha
El sector público-privado
estadounidense viene aplicando diversas tácticas para acabar con el chavismo
desde hace años. Tras el fallido intento de golpe de Estado contra el
presidente Hugo Chávez en abril de 2002, en los últimos tiempos ha apostado por
la implosión del chavismo por la vía del estrangulamiento económico a través de
sanciones y un bloqueo financiero de facto[6] que,
unido al despliegue de una guerra económica, explica en buena medida los
problemas que enfrenta actualmente Venezuela. Es una estrategia multifactorial
en la que participan distintos actores,[7] que
pasa por el descrédito del Gobierno venezolano en los medios de comunicación
mundiales y el desconocimiento creciente de la legalidad venezolana, ante la
imposibilidad de que sus aliados en el terreno, una oposición dividida y
desprestigiada entre la propia población venezolana, derroten al chavismo por
la vía electoral.
El último capítulo de este
libreto ha sido avalar a un gobierno paralelo encabezado por Juan Guaidó,
presidente de la Asamblea Nacional en desacato. Pero seguramente no será el
último. Ante la reciente toma de posesión de Nicolás Maduro redoblan la
presión, incluyendo la posibilidad de demandar al presidente venezolano ante la
Corte Penal Internacional planteada en septiembre de 2018 por varios países, y
tuercen el Derecho Internacional para que encaje con la imposición de una
institucionalidad paralela sin sustento legal. A pesar de sus reiteradas
menciones al artículo 233 de la Constitución de la RBV para justificar la
asunción de Guaidó, esconden que el “abandono de poder” del presidente Maduro
-que la Asamblea Nacional en desacato declaró en 2017- no se sostiene en los
hechos. El anuncio del traslado de los activos del Gobierno venezolano al
gobierno paralelo de Guaidó, es otro paso más en la escalada. Otro es la
negociación de EE. UU con el Gobierno de Maduro para establecer un encargado de
negocios, después de la salida de los diplomáticos estadounidenses del país,[8] a
la vez que reconoce a un Encargado de Negocios paralelo.[9]
La tensión va in crescendo
En este contexto de extrema
tensión, en el que ambas partes se juegan el “todo o nada” en cada paso, habrá
que estar pendientes del uso que se pueda hacer de la doctrina de la
Responsabilidad de Proteger (R2P), adoptada en 2005 y usada por el Consejo de Seguridad
de la ONU como cobertura legal para intervenir en Libia en marzo de 2011 a
través de la resolución 1973. EE. UU. y sus aliados apuestan por la apertura de
un “corredor humanitario” que sirva de entrada a los militares para labores
supuestamente humanitarias que tendrían como fin último el control del país y,
singularmente, de sus recursos petroleros, que serían repartidos entre las
compañías estadounidenses que ahora se encuentran fuera del negocio, como
ExxonMobil. En el reparto participarían sus socios europeos y toda una pléyade
de empresas contratistas de distinto rango. Algo similar a lo que sucedió con
Irak. Las declaraciones de John Bolton, Marco Rubio y otros funcionarios
estadounidenses al respecto, y el anuncio del congelamiento de los pagos y los
activos de PDVSA, muestran el interés central por el crudo venezolano.
Otro punto importante son las
provocaciones que pueden detonar la chispa en las calles que la oposición
todavía no logra prender. Estas provocaciones pueden incluir algún tipo de
atentado contra la figura de Guaidó que sea funcional a los intereses de
quienes manejan sus hilos, que no tendrán inconveniente en sacrificar a su
marioneta para el logro de objetivos mayores valorados en miles de millones de
dólares. En este sentido, es sintomático que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) haya otorgado rápidamente medidas cautelares para la
protección de Guaidó y su familia[10] cuando
en el golpe de Estado contra el presidente Chávez en 2002 se negó a otorgarle
dichas medidas al presidente legítimo del país.
El papel del Consejo de Seguridad
Venezuela es la expresión de
la pugna geopolítica de hoy, pero no será la última. La reunión extraordinaria
sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad ha demostrado, no obstante, que si
EE. UU. quiere emprender mayores acciones bélicas contra Venezuela deberá
hacerlo con la oposición de una mayoría de la comunidad internacional. El
sábado en la ONU se escenificó la decadencia de un mundo occidental,
representado por EE. UU. y los países de la UE, que ya no respeta siquiera las
propias reglas que creó después de la Segunda Guerra Mundial para evitar
futuras conflagraciones. También se hizo evidente la emergencia de una nueva
hegemonía liderada por la Federación de Rusia, China y otros países no
alineados a los intereses de EE. UU., que apuestan por un nuevo orden mundial
que sea más representativo que el actual. De momento, ese polo alternativo va
ganando la batalla en las instituciones multilaterales y dificulta que EE. UU.
pueda aprobar cualquier tipo de resolución en el marco de la ONU, sea en el
Consejo de Seguridad (donde dos socios comerciales y aliados de Venezuela
tienen derecho a veto, China y Rusia) o en la Asamblea, que avale el uso de la
fuerza contra Venezuela. Veremos cuánto tarda EE. UU. en desconocerlas a fin de
imponer su libreto prediseñado para llevar la “democracia y la libertad” a
Venezuela.
[1] https://translations.state.gov/2019/01/26/declaraciones-secretario-del-departamento-de-estado-michael-r-pompeo-antes-del-voto-sobre-cuestiones-de-procedimiento-en-la-reunion-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu-acerca-de-venezuela/
[3] Alemania,
Bélgica, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Kuwait, Perú, Polonia,
República Dominicana y Suráfrica.
[4] Suráfrica,
Guinea Ecuatorial, Kuwait, Federación de Rusia, China, Indonesia, Costa de
Marfil, República Dominicana, Nicaragua, Cuba, San Vicente y las Granadinas,
Bolivia, Surinam, México, Barbados, Uruguay, Dominica, El Salvador, Antigua y
Barbuda.
[5] EE.
UU. Reino Unido. Perú, Francia, Alemania, Polonia, Bélgica, Colombia, Canadá,
Paraguay, Argentina, Ecuador, Chile, Brasil, Costa Rica, Honduras y Panamá.