Argelia
Por Hocine Belalloufi
El movimiento popular iniciado el 22 de febrero de
2019 acaba de obtener una nueva e importante victoria. Ninguna de los 77
candidatos a las elecciones presidenciales previstas para el 4 de julio ha
logrado reunir el número de firmas necesario para validar su candidatura antes
del 25 de mayo [fecha límite para inscribirse]. Por su parte, tres dirigentes
de pequeños partidos han retirado su inscripción.
La persistencia de la presión popular [como
muestran las manifestaciones del viernes pasado], la oposición de numerosos
jueces y el rechazo de más de 400 Presidentes de Asambleas populares
comunales-APC (alcaldes) a organizar las elecciones han abortado el proceso de
recogida de firmas. Así pues, no habrá elecciones en la fecha prevista
Tres meses después de emerger, el balance del
movimiento popular es impresionante. Su carácter masivo, unitario y pacífico, y
el rechazo a cualquier injerencia exterior, disuadieron al poder de recurrir a
una represión brutal, si bien persisten, hasta ahora, las amenazas, provocaciones
y las actuaciones arbitrarias (arrestos, palizas…).
Hasta ahora, el movimiento también ha impuesto el
derecho a manifestarse, el inicio de una apertura, aún muy insuficiente, en los
principales media públicos y privados, la incorporación de nuevos partidos y
asociaciones… y la decisión de Abdelaziz Bouteflika a anular las elecciones
presidenciales previstas para el 18 de abril así como su renuncia a obtener un
quinto mandato y la dimisión de su primer ministro Ahmed Ouyahia.
La movilización ha agudizado la contradicciones en
el seno del régimen entre quienes, alrededor de Bouteflika, trataban de
organizar una transición bajo control y quienes, alineándose con el
vice-ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor del ejército nacional popular
(ANP), el general Ahmed Gaid Salah, rechazan ir más allá del marco
constitucional. Estas tensiones internas en el poder llevaron a Gaid Salah a
destituir, bajo la cobertura de dimisión, a Abdelaziz
Bouteflika.
Por último, el movimiento popular obtuvo la
dimisión de Tayeb Baleiz, presidente del Consejo constitucional, e hizo
fracasar la conferencia de diálogo nacional emprendida por el jefe de Estado en
funciones, Abdelkader Bansalah… Actualmente el conflicto sigo ahí y se
desconoce como va a terminar.
I. La evolución de la situación
política y los retos que plantea
La fuerza tranquila del
movimiento
Cada viernes, de forma tranquila pero con una
fuerte determinación, la población argelina, todas las edades, sexos y
condiciones sociales comprendidas, invade de forma masiva las calles en 48
departamentos del país para reivindicar su rechazo a la solución
constitucional [defendida por Gaid Salah] de realizar elecciones
presidenciales el 4 de julio y exigir la apertura de una verdadera transición
democrática. Ni el calor primaveral ni el ramadán, que someten a los cuerpos y
a los espíritus a una ruda prueba, no han logrado disminuir la movilización.
En mayo, frente a la obstinación del poder para
imponer su solución constitucional, las amenazas de Gaid Salah
y la vuelta de la represión durante las marchas en Argel (controles a la
entrada en Argel, arrestos violentos y arbitrarios de manifestantes que son
trasladados a comisarias distantes varias decenas de kilómetros de la
capital…), el movimiento popular mantiene intacta su reivindicación de un
cambio de régimen por la vía de una transición democrática. La población
argelina rechaza una monarquía y tampoco quiere un régimen militar, aunque sea
con fachada civil.
La fuerza del movimiento es tal que genera
ramificaciones aún frágiles pero prometedores. La primera de ellas, el
movimiento estudiantil, que renace de sus cenizas haciendo saltar por los aires
la chapa de plomo que bloqueaba la universidad, dominada por estudiantes
fantoches y corruptos, adictos al poder. De forma desigual y con ritmos propios
en cada universidad, los estudiantes se movilizan, hacen huelgas y se
manifiestan cada martes en prácticamente todas las cabeceras departamentales.
Esta movilización permanente ha logrado recuperar
la organización de Comités autónomos que tratan de coordinarse, a nivel local
al inicio, y después a nivel regional y nacional. De esa forma, el movimiento
estudiantil recupera de forma progresiva su papel tradicional de vanguardia del
movimiento popular. Cada martes se manifiesta con consignas que se repiten los
viernes; lemas que generalmente constituyen la respuesta del movimiento popular
a las declaraciones y decisiones de Gaid Salah y, en ocasiones, de Bensalah
[actual presidente del Consejo de la Nación].
La segunda ramificación, aún más importante
estratégicamente, a la que la movilización popular ha abierto el camino, es el
movimiento sindical. Hasta el paso 22 de febrero, el sindicato histórico, la
Unión General de Trabajadores Argelinos (UGTA), estaba totalmente dominada por
una dirección anti-obrera que buscaba inscribirse una vez más en la campaña de
Abdelaziz Bouteflika para un V mandato. Es cierto que desde hacía tiempos
numerosas secciones sindicales impulsaban huelgas en las empresas, en
contradicción formal con la posición de su secretario general, Abdelamadjid
Sidi Said, en las reuniones tripartitas con el gobierno y la patronal en aras
de preservar la paz social.
Pero el descontento ante la política de
colaboración de clases de su Secretariado Nacional y de Sidi Said, que situaron
el sindicato a remolque del Forum des Chefs d’Entrepises –FCE, la patronal- y
del gobierno era difuso, no se expresaba abiertamente y, sobre todo, no
desembocaba en la emergencia de una oposición sindical organizada y que luchara
por la independencia del sindical en relación al gobierno y la patronal.
La movilización popular ha permitido la emergencia
de esa corriente. En un artículo precedente 1/,
reprodujimos el extracto de un comunicado de la Unión Local de la UGTA de la
zona industrial de Rouiba (al Este de la capital), que contribuyó a dar inicio
a la contestación en el seno del sindicato. El 6 de abril, tras un encuentro de
representantes de cuatro uniones departamentales se puso en pie una
coordinación que expresó su apoyo a las movilizaciones "para construir una
nueva república" y exigíó la dimisión de Sidi Said y de todos los
dirigentes del sindicato implicados en la deriva de la central. El día 10 se
les adhirieron miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional (instancia suprema
entre dos congresos) y más tarde, la Federación nacional de trabajadores
metalúrgicos, mecánicos , de la electricidad y de la electrónica (FNTMMEE), así
como la Unión Local de Rouiba y la Unión Departamental de Ouargla (Sur) ) 2/.
El 17 de abril y el 1 de mayo, las concentraciones
organizadas por esta coordinadora, denominada, "Comité nacional para la
reapropiación de la UGTA por los trabajadores", delante de la sede del
sindicato, en la Casa del pueblo, atrajeron a muchos sindicalistas,
trabajadores y militantes de izquierda. Este Comité realizará un llamamiento
nacional para la "organización de un congreso nacional extraordinario de
la UGTA antes de finales de año, en el que solo se permitirá la asistencia a
las y los delegados elegidos por la base" 3/.
El 22 de mayo, el Comité organizó una huelga
general con concentraciones y marchas en diferentes regiones del país.
Ahora bien, esta iniciativa de renovación no será
fácil, porque a lo largo de estas últimos 20 años muchos sindicalistas
desilusionados han abandona la UGTA (sobre todo, en la función pública), y la
organización no cuenta con la confianza de muchos trabajadores. Además, los
renovadores tendrán que hacer frente a las maniobras de la burocracia que fijó
la fecha del próximo congreso (el 13º) para el 21 y 22 de junio, en un intento
de cortarle la hierba bajo los pies a la oposición y proteger el aparato. Sidi
Said también destituyó a los cuadros sindicales que se sumaron a la oposición
interna.
La clave del éxito dependerá de la capacidad que
tenga la oposición para incorporar en su lucha a la base del sindicato y a las
masas asalariadas. En esta perspectiva, están obligados a definir una
plataforma reivindicativa, de forma que la reapropiación de la UGTA no se
reduzca a la conquista del aparato y desemboque en un movimiento social con
vocación de integrar tras su estandarte al movimiento popular y, de ese modo,
darle una dimensión social explícita, que aún no la tiene.
El movimiento popular ha dado impulso a los
sindicatos autónomos (Confederación de sindicatos autónomos –CSA- y
Confederación general autónoma de trabajadores de Argelia-CGTA) que se
desenvuelven más holgadamente. También ha contribuido al acercamiento de dos
segmentos del movimiento sindical (autónomos y renovadores de la UGTA)
convencidos que hacia delante tienen que desarrollar una política de unidad
sindical. Por otra parte, asistimos a la emergencia de colectivos de mujeres
susceptibles de reforzarse, vista la masiva participación feminista en la
movilización popular, al menos en las grandes ciudades del país y, de forma más
estructural, a la presencia cada vez más masiva, incluso mayoritaria, de
mujeres en la universidad (60% de estudiantes) y en el mundo del trabajo:
educación, sanidad, justicia, administración, medias, textil, farmacéutica… En
lo que se refiere a la gente en paro, se movilizan en la calle, si bien ello no
ha desembocado aún en un proceso de autoorganización estable. Una de las
revelaciones del movimiento es, sin lugar a dudas, el sindicato nacional de
jueces (SNM), cuyo nuevo presidente se sumó desde primera momento al
movimiento, en el que esta organización se ha inscrito con determinación, al
lado de los abogados.
Por pues, el movimiento popular como tal no se
estructura, no genera ninguna estructura de dirección y rechaza delegar nada en
estructuras que le representen, hablen o negocien en su nombre. Pero el
despertar político masivo de la población contribuye mucho a la reconstrucción
del tejido sindical, asociativo y político del país; como si el movimiento
presintiera que su vida será corta. Objetivamente, este movimiento también
actúa como granos de simiente, algunos de los cuales comienzan a germinar.
Los dos frentes del poder real
Fundamentalmente encarnado por Ahmed Gaid Salah y
la comandancia militar en nombre de la que se expresa, el poder real combate
políticamente en dos frente.
En el interno, se enfrenta a una coalición de dos
clanes: el de Said Bouteflika (hermano y consejero del exPresidente) y el del
general Mohamed Mdiene, más conocido como Toufik, antiguo jefe del
exDepartamento de información y seguridad (DRS). Estos dos clanes estuvieron
enfrentados durante el cuarto mandato de Bouteflika (2019-2019), quien se opuso
Toufik. Aliado con Galib Salah en este conflicto, el expresidente jubiló a
Toufik y reestructuró los servicios de seguridad, a cuya cabeza instaló al
general Bachir Tartag.
Antiguamente rivales, estos dos clanes se
reconciliaron no hace mucho para formar una facción opuesta a la de Gaid Salah.
Ninguna cuestión de principio se interpone entre estas dos facciones que se
apoyaron mutuamente, participaron en el cuarto mandato de Bouteflika y que, a
principios de 2019, se prestaban a continuar haciéndolo en vistas a un quinto
mandato. Durante 20 años, ambos compartieron sin rechistar la política
autoritaria, liberal y antisocial del presidente saliente y la corrupción que
iba con ella; la misma que el actual jefe de Estado mayor simula descubrir
ahora.
En realidad, su enfrentamiento actual tiene que ver
con la mejor forma de preservar el régimen. Said Bouteflika y sus acólitos
optan por la aceptación de una transición controlada para ganar tiempo e
influir en el proceso de reconfiguración del régimen. La cúpula del ejército
[Gaid Salah] rechaza frontal y definitivamente a ir más allá del marco
constitucional actual.
En este enfrentamiento, Gaid Salah tomó la ofensiva
obligando a Bouteflika a dimitir, mediante la activación de hecho del artículo
102 de la Constitución que atribuye la función de Jefe de Estado provisional al
presidente del Consejo Nacional (Senado), Bensalah, durante un período de 90
días (hasta el 9 de julio), a lo largo de los cuales se tienen que celebrar
elecciones presidenciales (estaban fijadas para el 4 de julio). Gaid Salah
desarrolló su iniciativa encarcelando a sus principales adversarios (Said
Bouteflika, Toufik y Tartag), acusados de "atentar contra la autoridad del
ejército y de complot contra la autoridad del Estado". Utilizando el
argumento de la lucha contra la corrupción, muy popular entre la población
argelina, también encarceló a los principales oligarcas (Adi Haddad, Issad
Rebrab y los hermanos Kouninef) que apoyaban a sus adversarios e inició
procesos jurídicos contra los ex primer ministros Ahmed Ouyahia, que es además
Secretario general del RND, y a Andelmalek Sellal, a los antiguos ministros y
jefes o exjefes de partidos tales como Djamel Ould Abbes (FLN), Amara Benyounes
(MPA), Amar Ghoul (TAJ), al ex director general de la seguridad nacional
(DGNS), Abdelghani Hamel…
La guerra continúa a nivel de los partidos de
la coalición presidencial, del Parlamento y de sus organizaciones
satélite. Estando como estaban en el punto de mira de la justicia, los
dirigentes de dos pequeños partidos (MPA y TAJ) trataron de curarse en salud
apoyando la alternativa constitucionalista. Los principales partidos, el RND y
el FLN también se pronunciaron a favor de esta vía. Pero el RND es inaudible y
está totalmente paralizado tanto por las divisiones internas que le descomponen
como por la espada de Damocles que pesa sobre su jefe. El FLN tampoco logra
salir de su crisis. Hace unas semanas, su comité central destituyó al
secretario general, Moad Bouchareb, que fue nombrado en ese puesto hace apenas
seis meses por Bouteflika. Fue reemplazado por un empresario, Mohamed Djemai.
Pero, hasta el presente, Bouchareb renuncia a dejar la presidencia de la
Asamblea Popular Nacional a la que llegó en octubre de 2018 tras derrotar, con
un golpe de mano junto a otros diputados de su formación, al presidente
precedente, Said Bouhadja. Ahora, estos representantes del pueblo están
divididos entre partidarios y adversarios de Bouchareb, lo que frena el proceso
de recuperación del primer partido de la coalición.
El mismo panorama se da en las organizaciones
satélite del poder. Tras el arresto de Ali Haddad, la organización patronal
(FCE) parecía emanciparse del clan Bouteflika, pero recientemente los
partidarios del hombre de negocios y expresidente de la asociación patronal han
vuelto a la carga, haciéndose cargo provisionalmente del puesto de presidente
encargado de preparar la elección del futuro presidente. La misma incertitud
reina en la UGTA.
El jefe de Estado provisional, Bensalah, y su
primer ministro, Noureddine Bedoui no pueden ir más allá del marco
constitucional establecido por Gaid Salah, aún cuando no habían puesto mucho
celo en poner en marcha el Órgano independiente para supervisar las elecciones
(HISSE) y la preparación de las elecciones para el 4 de julio. Mientras el
Primer ministro no dice nada, el jede de Estado provisional nombra y destituye
a discreción a los responsables de instituciones estatales y de empresas
públicas. Decisiones que parecen ante todo ser un acto de resistencia frente a
Gaid Salah. Confrontado al movimiento popular, Salah trata de forzar las cosas.
Tras haber hecho el amago de apoyar al movimiento y protegerle de la represión
policial y de determinados cuerpos de seguridad, así como expresar su
disposición a acompañarlo con el fin de que se materialicen todas sus
reivindicaciones, Gaid Salah intenta ahora, cada vez más, acabar con él.
Está obstinado en imponer su solución
constitucional, ha dejado de denunciar los obstáculos y la represión a la que
se enfrentan las movilizaciones en la capital y no advierte a la policía de las
provocaciones contra los manifestantes. Parece dejar vía libre a la actitud
ostensiblemente represiva de la policía y de la gendarmería.
Gaid Salah exige al movimiento que renuncie a
reivindicar el cambio de régimen y que se sume a su posición de mantener un
régimen liberal autoritario con fachada democrática. Una mezcla de la
reivindicación a favor del cambio de régimen con la posición defendida por
la banda de Bouteflika. Igualmente, a quienes no comparten su punto
de vista les acusa de querer debilitar el ejército, de enfrentarse al mismo y a
su mando así como atentar contra los intereses de Argelia. En resumen, advierte
y amenaza.
Su insistencia en querer salvar el régimen
autoritario corre el riesgo de precipitar al país en una situación
imprevisible. La Constitución que reivindica en todo momento es, sin embargo,
totalmente ilegítima, al igual que todo el régimen que desde 1980 renunció a
cualquier proyecto de desarrollo soberano, aceptó el inicuo orden económica
internacional y el orden imperialista regional, preconizó el liberalismo,
instrumentalizó el islamismo para legitimar la propiedad privada de los medios
de producción en un país muy apegado a la igualdad social…
El reto político actual
El principal reto político actual es saber si el
régimen autoritario se mantendrá o si, por fin, se abrirá paso un verdadero cambio
democrático. Finalmente, la ecuación política nacional se reduce a estos
términos: mantenimiento del régimen o apertura hacia una transición
democrática.
Habiendo rechazado desde hace semanas la
realización de elecciones presidenciales en el marco legal, institucional y con
el personal dirigente actual, el pueblo argelino no se contentará, ni mucho
menos, con un simple aplazamiento de la fecha de elecciones. Ya no aguanta ser
engañado como lo fue cuando el poder realizó algunas concesiones políticas y
determinadas promesas (1988-1992, 2001-2002 y 2011) para evitar cambios mayores
en el régimen autoritario. Aprendiendo de experiencias dolorosas, el pueblo se
ha levantado para poner en pie, por fin, su soberanía confiscada.
Por su parte, y tras la anulación de las elecciones
del 4 de julio, ¿admitirá el poder que el único soberano legítimo del país es
el pueblo? ¿Estará dispuesto a contemporizar y renunciar a su quimérica solución
constitucional, o tratará aún de imponerla recurriendo a maniobras dilatorias
e incluso a la represión? Si lo que hace es fijar otra fecha y algunos cambios
cosméticos, tendrá que hacer frente a un nuevo rechazo. Si recurre a la
represión, no quedarán mas que dos posibles salidas: una revolución democrática
o una dictadura militar-policial.
¿Optará el poder por un golpe de mano tipo Sissi
[en Egipto] en un momento en el que no existe ninguna amenaza contra la
República? ¿Se planteará una solución a la sudanesa, salpicada de muertes y
heridos, para finalmente decidirse a favor de un apertura compartida? ¿Tomará
conciencia de los cambios políticos operados desde hace tres meses para
acompañar la aspiración legítima del pueblo argelino de tomar el destino en sus
manos? Esta última solución ahorraría al país numerosas muertes y destrucción y
alejaría el espectro de un enfrentamiento en el que todo el mundo pierde y se
corre el riesgo de una injerencia imperialista de la que, a modo de ejemplo, se
pueden ver las desastrosas consecuencias en Libia.
El balón esta ahora mismo en el tejado del poder.
Ahora bien, en sus últimas intervenciones, Gaid Salah continúa afirmando la
necesidad de organizar las elecciones presidenciales los antes posible, aún
cuando haya dejado de lado la fecha del 4 de julio. He aquí por qué la
movilización popular debe continuar. El carácter masivo de las manifestaciones
actuales, a pesar de haber llegado a la última semana del ramadán, no deja
lugar a dudas sobre la determinación del pueblo argelino.
El golpe posterior
Incluso si la determinación continúa intacta, la
movilización popular no se sitúa en una dinámica revolucionaria orientada a
derrocar el poder para sustituirlo. Se sitúa en una dinámica de reforma radical
orientada a un cambio de régimen mediante la presión constante y creciente
para 4/.
La situación podría evolucionar en el futuro y en ese momento el movimiento
debería adaptarse al nuevo contexto adoptando otra táctica. Por lo tanto, no se
puede excluir nada a priori. Pero en este momento, la opción más probable es la
de la presión-negociación.
Siempre queda la opción de llamar al pueblo a
llevar a cabo una revolución democrática. Pero la radicalidad concreta incita
más a buscar una salida política conforme a la naturaleza del movimiento, a sus
aspiraciones y demandas, a su fuerza, pero, también, a sus límites y
contradicciones. Porque el objetivo es salir de esta crisis con una victoria,
cierto que parcial para los partidarios de una sociedad socialista, pero real y
substancial; las revolucionen no se hacen de un día para otro y, sobre todo, no
obedecen a la voluntad subjetiva de tal o cual grupo militante, tal o cual
teórico. El movimiento actual se puede comparar a una huelga en una empresa, en
la que el objetivo principal, más allá de lograr determinadas reivindicaciones
inmediatas (salarios, condiciones de trabajo…), es reforzar la unidad y la
fuerza de los trabajadores y trabajadoras, su organización y su moral en
previsión de luchas futuras. En ningún caso, el objetivo es derrocar a la
dirección de la empresa, ni expropiar a los expropiadores, ni –por qué no-,
tomar el poder en el país. Este tipo de objetivos solo se pueden alcanzar –no
propagandear, sino avanzar realmente con consignas concretas- en el marco de
una situación revolucionaria. Actuar de otro modo nos lleva a confundir la
propaganda con la agitación, con una incomprensión total de los verdaderos
retos políticos de la coyuntura, de la relación de fuerzas entre los
contendientes y, por tanto, de la capacidad objetiva del campo popular, así
como se du voluntad subjetiva.
El reto de cualquier eventual negociación sería
abrir la vía a una verdadera transición y no solo a una postergación de las
elecciones presidenciales. Esto implica modificar la autoritarias reglas del
juego política con el objetivo de pasar de una democracia de fachada a un
verdadero régimen democrático. Existen numerosos tipo de transición negociados.
Actualmente en la Argelia contamos con dos, dirigidos por instancias
provisionales en las que el contenido, la forma, la composición y la función
exactas derivan de la relación de fuerzas entre los campos en presencia y de la
existencia o no de un compromiso entre ellos.
¿Implantar reformas estructurales preconizadas por
el FMI, el Banco Mundial y las fuerzas del mercado en provecho del capital
foráneo y de la burguesía compradora o satisfacción de las reivindicaciones
sociales de los trabajadores y trabajadoras y de las masas populares,
manteniendo la propiedad del pueblo sobre las riquezas y el patrimonio
nacional, rehabilitando el papel del Estado en el desarrollo económico y
social, luchando contra las desigualdades mediante la puesta en cuestión de los
oligarcas y garantizando las libertades democráticas y sindicales?
El primer tipo de transición se podría traducir en
una serie de reformas más o menos profundas, destinadas a entrar en un nuevo
ciclo electoral y afirmar su legitimidad: modificación de algunas leyes
(electoral, ley de partidos, de asociaciones…), disolución de algunas
instituciones (Parlamento…) seguido, o no, de su remplazo (Comisión
constitucional), revisión de la composición de otros (Consejo constitucional,
Consejo de Estado, Consejo superior de la Justicia…), apertura en los media y
en la política (libertad de reunión, manifestación…), implantación de un órgano
nacional independiente para la organización de las elecciones (elaboración del
censo electoral y definición del calendario electoral, control de las
elecciones, proclamación de los resultados antes de su confirmación por el
Consejo constitucional), campaña para animar a la gente en edad de votar a
inscribirse en el censo… La perspectiva, a medio plazo, de las fuerzas
políticas y las personalidades que apoyan esta opción, es que se celebren las
elecciones presidenciales primero y, después, las legislativas y locales.
El segundo tipo de transición otorga al pueblo el
papel de constituyente, el único al que pertenece la capacidad de decidir
soberanamente sobre todas las cuestiones institucionales mediante la elección,
tras un debate en la sociedad, de una Asamblea Constituyente. Las y los
diputados que salgan elegidos estarían encargados de elaborar una nueva
Constitución que, una vez redactada, sería sometida a referéndum. En este tipo
de transición, no está predefinida la arquitectura institucional que se pondrá
en pie, ni la opción de tal o cual elección (presidencial, senatorial,
departamental, municipal…) porque, a modo de ejemplo, puede ocurrir que la
Constituyente decida suprimir la institución presidencia y senatorial. Por
ello, hay que dejar que las y los diputados electos decidan al respecto antes
de hablar del ciclo electoral.
La opción de un tipo u otro de transición está
subordinada a la victoria sobe los partidarios de apoyar el régimen actual
y, in fine, dependerá de la relación de fuerzas sobre el terreno.
II. Los retos de clase
No será sino una vez iniciada la transición que
aparecerán los retos de clase, actualmente ocultos tras la reivindicación
democrática común, de la coyuntura política de forma un poco más clara a los
ojos de las amplias masas.
Describiéndolo en diferentes variantes
(nacionalista, islamista, laico, demócrata,, incluso izquierda), el
discurso dominante niega la existencia del capitalismo y de las clases sociales
propias a ese modo de producción, en Argelia. Los acontecimientos políticos que
estamos viviendo estarían exentos de cualquier dimensión de clase. Apoyándose
en la lectura de El Capital de Karl Marx y de los manuales de
economía política o en una simple comparación con el funcionamiento actual de
los países capitalistas desarrollados, muchos intelectuales, políticos,
periodistas y gente normal, concluye que Argelia no es un país capitalista. Lo
que lamentan, porque consideran que la instauración del capitalismo
representaría un enorme progreso.
Un país capitalista dominado
Sin embargo, en este país dominado que es Argelia,
el capitalismo no se puede parecer al modo de producción abstracto descrito por
los clásicos del marxismo ni al capitalismo dominante tal como existe en los
países del G7. El carácter particular de la fase de desarrollo capitalista que
vivimos (proceso de acumulación primitiva privado) ha forjado y continúa
forjando una estructura de clases particular, con sus propias prácticas y
formas de consciencia de clase originales. Este es el aspecto específico del desarrollo
capitalista, que constituye el aspecto universal del desarrollo de la formación
social argelina desde hace 40 años.
En estas condiciones, todo lo que nuestros
partidarios de un capitalismo abstracto idealizado detestan o rechazan como no
capitalista, constituye justamente nuestro capitalismo real: el de un país
dominado con una corrupción generalizada, una burguesía atrofiada, compradora y
delincuente, una clase obrera diezmada por la desindustrialización del país
como consecuencia de la infith (apertura a los
capitales privados) desde los años 1980, por la opción de privilegiar el
comercio y la importación en detrimento de la industria, por la
mono-exportación de hidrocarburos, la evasión fiscal y la exportación de
capitales, la especulación… Esa es la historia real del desarrollo capitalista
en nuestro país.
Es comprensible que no les guste, pero no es fruto
de un desiderátum normativo, porque si bien existen ejemplos de desarrollo
capitalista, no existe -salvo en la cabeza de los ideólogos expertos del FMI,
del Banco Mundial… - un modelo único llave en mano. El capitalismo domina a
escala mundial pero sus formas concretan varían de un país a otro en función de
la historia de la articulación de este modo de producción con sus precedentes,
de su forma de inserción en el capitalismo mundial polarizado entre países
dominantes y dominados, de la formación específica de sus clases y de las
fracciones de clase a través de la economía y la lucha de clases, de la forma y
el rol original del Estado…
Argelia es un país capitalista dominado cuya
configuración es el producto de una historia concreta. Actualmente está
compuesta (de forma aproximativa) de una gran mayoría de personas asalariadas
(más del 70%) activas, en paro o jubiladas; de una pequeña burguesía tradicional
y nueva (alrededor del 20%), así como de grandes terratenientes (menos del
10%). El conflicto actual es, en un sentido general pero en las condiciones
específicas del país, una lucha de clases. Cuando las masas populares invaden
las calles reivindicando ante quienes detentan el poder os habéis
atiborrado de las riquezas del país, significa que una ínfima minoría ha
desposeído a la gran mayoría de lo que formalmente le pertenecía por la vía de
la propiedad pública de los medios de producción. Le pueblo se ha dado cuenta
que las posiciones de poder, o la cercanía a las mismas, han permitido la
obtención ilícita de capitales (dinero) y la acumulación privada; es decir, la
adquisición de medios de producción por una fracción minoritaria de la sociedad
y el hundimiento, para la mayoría, en la condición de proletarios que no
disponen más que de su fuerza de trabajo para vivir.
Este proceso de desposesión, en beneficio del
capital argelino, pero también y cada vez más, del capital internacional, no ha
concluido, sino que, por el contrario, es objeto de una intensa lucha que opone
las y los trabajadores al poder, pero que también atraviesa al aparato de
Estado, como hemos podido observar en su incapacidad para privatizar
determinados sectores estratégicos como el hidrocarburos (Ley Khelil) o la
recuperación por parte del Estado del complejo siderúrgico de El Hadjar,
malvendido al capital internacional (Arcelor Mittal), que lo desestructuró
totalmente antes de revenderlo a un precio exagerado al poder público. Este
juego de manos ha dado tiempo a los grupos extranjeros (el turco Tosyali en
Bethioua, Qatar internacional en Bellara…) para construir nuevos complejos
siderúrgicos, públicos pero insertos en cadenas de producción internacional
cuyo control le escapa totalmente a Argelia. Recordemos la venta, en diciembre
de 2018, por el grupo español Grupo Villar Mir, de su participación en el grupo
fertial, antigua sociedad estatal denominada Asmidak, en beneficio del grupo
Haddad, venta que gracias a la movilización de los trabajadores fue
anulada in extremis por el Estado que hizo valer sus derechos
preferentes. Un escenario idéntico se repite actualmente con el acuerdo entre
Anadarko y Total, que permitirá al grupo francés poseer casi la mitad de la
producción nacional de GNLK y de gas de esquisto, si se añade ese contrato a su
actual capacidad de producción. Ahí también, el Estado parece haber decidido
jugar la carta de sus derechos preferenciales antes de retractarse. Asunto a
seguir…
Por ello, aunque ocultos, los problemas de clase
están bien presentes en las luchas políticas cotidianas.
Las bloqueadas ambiciones de la
burguesía argelina
Entre los partidarios del capitalismo, existen
algunos analistas realistas y lúcidos de la coyuntura y de los retos que plantea.
Es el caso de un cronista que analiza, de forma simétrica a la visión de los
socialistas, la realidad en términos de clase y de lucha de clases. En una
crónica semanal publicada un poco antes del levantamiento del 22 de febrero, El
Kadi Ihsane tenía una visión extremadamente crítica sobre el capitalismo
argelino actual a partir de un ejemplo revelador para él: el del fracaso de las
inversiones de la ETRHB6 en el futbol y en los media 5/.
Concluía con una requisitoria sin concesiones sobre la realidad del capitalismo
argelino, de la burguesía y de su Estado.
Comparándolo al capitalismo tunecino, El Kadi
explica "en qué grado el capitalismo argelino de los años de Bouteflika es
ficticio, poco ético y cercano a la delincuencia". Pero no se detiene en
este juicio de valor y precisa, más objetivamente, que: "La burguesía
argelina vinculada al sistema del poder no ha generado una verdadera
economía". Recriminando a Bouteflika de no haber permitido "el
desarrollo de un negocio de los media", que aún en 2019 sigue
impidiéndolo, el cronista explica: "En un país capitalista normal,
la burguesía invierte en todos los sectores de actividad que pueden expandir el
ciclo del capital y su influencia en la sociedad de cara a la reproducción de
su posición dominante. El Estado, en realidad su Estado, le permite hacerlo.
Regula, hace como que se preocupa por la competencia perfecta, pero al final,
le cede el sotf power de la influencia".
Y comparando la situación entre el país del antiguo
colonizador y el nuestro: "En Francia, los principales media están en
manos de una decena de multimillonarios, que a menudo ganan dinero en el sector
y controlan la producción de la información así como la formación de la opinión
pública. En Argelia, los capitalistas próximos al clan presidencial no han
logrado convencerle que les deje hacer lo mismo".
Si pone de relieve la responsabilidad del poder y
de los capitalistas próximos al mismo sobre esta cuestión, El Kadi no omite
precisar, de forma extremadamente lúcida que: "esto es, sobre todo,
sintomático de la debilidad política de la burguesía argelina, al abrigo de un
régimen político que no puede garantizarle una consolidación de su status
frente a la reversión, siempre eruptiva, de la opinión popular".
Lamentando el monopolio de la televisión pública
argelina en la transmisión de los partidos del campeonato que "constituye
una pérdida de renta para los inversores en el futbol" cuando los derechos
de imagen representan una "de las principales fuentes de ingresos de los
club profesionales en el capitalismo normal", el cronista
remarca que este hecho "informa sobre el retraso del ecosistema de los
negocios argelinos que no es capaz de crear mercados para su desarrollo cuando
el Estado, formateado por los años de Bouteflika, lo bloquea".
Y El Kadi concluye con desprecio: "La
burguesía argelina no produce soft power. No hace soñar al pueblo.
El que importa, se esconde. Quien desarrolla servicios se posiciona discretamente,
quien invierte en la industria espera su hora. Pero nadie pesa en la historia.
Colectivamente, la burguesía no ha sido capaz de producir de verdaderos
oligarcas para que su supuesto poder político le ayude a expandir
históricamente el círculo del beneficio. Un poder que asimila, en la era de
Bouteflika, a años de negocios de apartheid sin proyecto nacional".
Esta crónica de El Kadi, como ocurre a menudo con
él, trata de despertar la conciencia de clase de los capitalistas argelinos
mediante la descripción de las contradicciones y retos sociales objetivos y
subjetivos de la sociedad. Evoca, por momentos, las condiciones necesariamente
no éticas de la acumulación primitiva de capital, las recriminaciones a la
fracción capitalista ultraliberal frente a un poder acusado de haber
desarrollad unos negocios de apartheid, cuando –nos lo recuerda con cierto
cinismo- el papel del Estado capitalista normal es ser
falsamente neutro, pero en realidad estar al servicio de la burguesía. Una
recriminación dirigida también a la fracción vinculada al régimen de
Bouteflika, juzgada incapaz de influir en el poder para expandir el ámbito de
su negocios y asegurar la reproducción de su posición dominante. Más
globalmente, explica a su manera la crisis de hegemonía de la burguesía
argelina incapaz de hacer soñar al pueblo ofreciéndole "un destino
nacional" y de dotarse de un poder para "garantizarle una consolidación
de su estatus frente al retorno, siempre eruptivo, de las opiniones
populares". Es incontestablemente, un brillante y lúcido análisis que la
corriente marxista de Argelia ha perdido el día en el que El Kadi pasó al campo
de enfrente.
Así pues, es a la luz de todos estos retos de clase
que se puede tratar de comprender la táctica de las diferentes fuerzas sociales
y las recomposiciones políticas que se puedan producir en los meses y años que
vienen.
Las veleidades revolucionarias de
la burguesía
La burguesía argelina es débil, está dividida y
sufre una crisis de hegemonía. Aún cuando es la clase dominante, no controla el
aparato de Estado. Es ese el objetivo que ha emprendido desde hace años su
fracción ultraliberal, pasando a la oposición, para liberarse del lastre
histórico que soporta por parte de los aparatos del Estado en manos de una
pequeña-burguesía cuya historia está marcada por la revolución argelina antes y
después de la independencia. Una pequeña-burguesía que rechaza pasar de golpe a
la economía de mercado o de insertarse a pies juntillas, en
posición subalterna, en un capitalismo global y someterse totalmente al orden
imperialista regional. El reto fundamental para la burguesía privada impulsada
por su fracción ultraliberal es de pasar del estatus de clase dominante al de
clase gobernante.
Después de haber exigido al poder, durante mucho
tiempo y de forma insistente, de ponerse a su servicio, los hombres de
negocios, muchos antiguos militares, se han insertado en el aparato del Estado:
comprando a cargos públicos (alcaldes, diputados..), a través de los partidos
de la coalición presidencial (FLN, RND, MPA, TAJ,…), pero también de la
oposición ultraliberal (Talaie El Hourriyet, MSP, RCD…); mediante la inversión
masiva en los media privados (prensa escrita, televisiones, radios y web
privadas…) pero también, cada vez más en los media públicos, así como a través
de asociaciones, thinks-tanks… Se han organizado en sindicatos y asociaciones
patronales cada vez más poderosas con el objetivo de imponer sus intereses al
Ejecutivo. Pero el Estado los amaestra rápidamente echando mano de su
organización faro (el FCE), cuyo expresidente Reda Hamiani fue despedido por un
"golpe de estado científico" del que sólo el poder conoce el secreto.
Algunos disidentes, como Issad Rebrab (Cevital), se retiran a la gestión de sus
negocios a la espera de mejores días, mientras que la mayoría decide hacer
seguidismo del poder con la esperanza de pesar progresivamente en sus
orientaciones.
Habiendo fracasado las dos táctica, lo que no
impide su imponente desarrollo y el incremento de su poder financiero y su
capacidad para penetrar en las instituciones, la fracción opositora entra, como
el patrón de Cevital, en una oposición cada vez más activa, tratando de
movilizar en la calle a lo largo de estos dos últimos años antes de montarse en
el tren del 22 de febrero para acabar con el régimen actual".
El poder real, el de la muy alta jerarquía militar, ¡ha terminado por poner a
todo el mundo de acuerdo al enviar a distintos representantes de estas
diferentes fracciones de la burguesía a la cárcel! Lo que constituye todo un
símbolo del fracaso político de la burguesía argelina. Pero este fracaso sólo
es provisional, porque el poder actual, conectado a los que detentan los
capitales por mil y un hilos invisibles, pero también visibles, y sin proyecto
alternativo al desarrollo capitalista, al final, tarde o temprano, tendrá que
pasar el relevo a los representantes políticos de esta burguesía ascendente.
¿Este proceso se dará mediante una revolución?
¿Aceptará el poder real negociar el paso del testigo a los representantes
políticos del nuevos capitalismo argelino? Estos son los retos actual que, en
buena lógica, deberán empujar al poder y a su oposición burguesa a encontrar un
consenso que conduzca a reformas políticas limitadas seguidas de unas
elecciones presidenciales que permitiría al nuevo dirigente del país disponer
de la legitimidad necesaria para llevar adelante las reformas económicas y
sociales estructurales tan deseadas, pero siempre insuficientemente realizadas.
La burguesía. La burguesía desconfía como de la peste de una "vuelta,
siempre eruptiva, de las opiniones populares".
Precisamente, es por este escenario, probable
aunque no ineluctable, que determinados marxistas rechazan apoyar el movimiento
popular al que asimilan al gloriosos Caballo de Troya de la burguesía. Ningún
marxista, y mucho menos Lenin, ha ocultado que la instauración de un régimen
democrático burgués sirve a los intereses de la burguesía. Pero también han
señalado que este régimen también es beneficioso para el proletariado,
permitiendo, por una parte, su organización como clase independiente y, de
otra, haciéndole visible la contradicción que le opone a la burguesía. Una
contradicción oculta en tanto la cuestión democrática que irresuelta.
Exactamente, fue eso lo que pasó en Túnez, donde los trabajadores pueden
organizarse y luchar más libremente que bajo la dictadura de Ben Ali y donde
los retos de clase han pasado al primer plano de la coyuntura: modelo de desarrollo,
condiciones de vida y trabajo, paro, inflación, ahogo financiero debido a los
préstamos del FMI, de EE UU, de la UR y de las monarquías del Golfo…
En estas condiciones, la tarea de quienes defienden
el socialismo no es dar la espalda al combate democrático y menos aún de
oponerlo a un proyecto anticapitalista, sino de vincular ambos en un proceso
permanente y, para no ofender a nadie, que se dará por fases.
Hocine Belalloufi, de quien hemos
publicado varios artículos y militante del PST.
Antiguo coordinador de la redacción de Alger républicain de
2003 a 2008, también ha publicao dos libros: La démocratie en
Algérie. Réforme ou révolution ? (Apic et Lazhari-Labter, Alger, 2012)
et Grand Moyen Orient : guerres ou paix ? (Lazhari-Labter, Alger, 2008).
Notes
1/ Hocine Belalloufi, "De una
crisis del régimen a una crisis política", disponible en https://www.vientosur.info/spip.php?article14674
2/ Para una idea más detallada sobre
la génesis de esta dinámica, remitirse al artículo de Hocine Guernane, Syndicat
: la contestation dans l’UGTA et les grèves. https://www.dzvid.com/2019/05/04/syndicat-la-contestation-dans-lugta-et-les-greves/
5/ El Kadi Ihsane, "Youcef
Goucem-Ali Haddad, l’autre épisode dramatique du capitalisme algérien", La
Semaine Eco, El Watan économique du 4 février 2019. elwatan.com/analyse-eco/youcef-goucem-ali-haddad-lautre-episode-dramatique-du-capitalisme-algerien-04-02-2019. La ETRHB (Empresa de obras viales,
hidraúlicas y de construcción) es el grupo privado de Ali Haddad, expresidente
del FCE, actualmente en prisión.