El
pasado martes 28 de mayo, el diputado autoproclamado "presidente
interino" de Venezuela Juan Guaidó, durante una sesión de la Asamblea
Nacional en desacato, arengó sobre la crisis por el acceso a medicamentos por parte de la
población venezolana.
La referencia la desencadenó
a expensas de la reutilización política de la muerte del niño Oliver Sanchez en
mayo de 2016, sobre el cual Guaidó manifestó en un claro ejercicio de
manipulación que el infante "murió de cáncer esperando un tratamiento desde
hace tres años". Sin embargo, en medios abiertamente antichavistas
como Efecto Cocuyo puede leerse que
a Oliver Sánchez le diagnosticaron linfoma de Hodgkin "hace menos de
un año" antes de su muerte.
En un evidente ejercicio de
carroñería política, Guaidó procedió a utilizar la muerte de niños para
sermonear responsabilidades al gobierno venezolano. "Hoy son 7 millones en
riesgo de perder la vida", dijo, en lo que podría considerarse una
confesión de parte sobre los efectos de las acciones de bloqueo que han recaído
sobre la población venezolana, limitando el acceso a medicamentos, a pesar de
magnificar cifras en favor de su reflote político.
Ya en agosto de 2017, en una
comparecencia ante el país, el presidente Nicolás Maduro alertó del bloqueo en
aquel momento, de la compra de 300 mil dosis de insulina para pacientes diabéticos en Venezuela. Aquella
locución fue emblemática pues anunció lo que ha sido el devenir en los últimos
dos años: el recrudecimiento de las acciones de bloqueo y la inhabilitación en
incremento de Venezuela del mercado internacional de alimentos y medicinas por
parte de los Estados Unidos.
LA CAMPAÑA DE OCULTAMIENTO Y SEÑALAMIENTO SELECTIVO
En las últimas semanas la
oposición venezolana dentro y fuera de Venezuela ha dispuesto su aparataje
comunicacional para endosar al gobierno venezolano las reponsabilidades de
la muerte de personas, entre ellos niños, a consecuencia de la crisis por el acceso de medicinas y la
falta de tratamientos médicos.
No obstante el gobierno
venezolano ha denunciado ante el sistema de las Naciones Unidas el boicot a las
modalidades de pago de Venezuela, PDVSA y Citgo, filial estadounidense de la
estatal petrolera, que no solo atienden el asunto energético, sino que
gestionan programas sociales de salud en países como Italia, Argentina y
España, y que han sido boicoteados de manera directa por la imposibilidad de efectuar los pagos, no por falta de recursos ni por
desviación de ellos.
En Italia se encuentran en
este momento 29 pacientes infantiles cuyos tratamientos y medicamentos de altos
costos, así como el cronograma previsto para gozar de un trasplante de médula
ósea, han sido suspendidos por la imposición del bloqueo. PDVSA, mediante la
Fundación Simón Bolívar de CITGO, firmó un convenio con la italiana Asociación
para el Transplante de Médula Ósea (ATMO), cuya factura no ha podido ser
cancelada desde mayo de 2018 y cuya deuda acumulada asciende a los casi 11
millones de euros.
Sin embargo, Guaidó, en su
ejercicio de predicar el temario opositor en materia de salud, también omite
los efectos de las sanciones en el terreno.
Dichos efectos tienen un
referente concreto mediante el estudio que realizara el Centro para la Investigación Económica
y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) radicado en los Estados Unidos.
Según el estudio, "las sanciones han reducido la disponibilidad de
alimentos y medicamentos, y han aumentado las enfermedades y la
mortalidad" en Venezuela.
El CEPR empleó datos de
ENCOVI, una instancia no vinculada con el gobierno venezolano, para señalar el
incremento de la mortalidad, que ha ascendido a un 31% en los años 2017 y 2018.
En términos netos, el saldo humano por alcance directo del bloqueo a Venezuela
consta de 40 mil muertes, según dicho estudio.
Esa organización realizó una
estimación del impacto sobre grupos con un estado de salud vulnerable que están
sufriendo el bloqueo de medicamentos. "Aproximadamente 80 mil personas con
VIH que no han recibido tratamiento antirretroviral desde 2017, otras 16 mil
personas que necesitan diálisis, unas 16 mil personas con cáncer y 4 millones
con diabetes e hipertensión (muchas de las cuales no pueden obtener insulina o
medicina cardiovascular)", indica el estudio, el cual reseña cifras más
modestas que las que ofrece Juan Guaidó en su ejercicio de distribuir culpas
selectivamente.
CONFESIONES DE PARTE Y ACTOS DE CHANTAJE
Las declaraciones de Guaidó
podrían enmarcarse, pese a su intención, en una confesión pública de que "las sanciones están funcionando", como bien lo anunció Mike Pompeo en 2018.
Consisten en una declaración a la sociedad venezolana de que el daño contra la
población en efecto puede incrementarse.
Por otro lado, la confesión
que realiza el diputado autoproclamado viene precedida por otra, asimismo,
de índole pública. El 24 de abril, el Departamento de Estado
norteamericano publicó una información titulada "Fact Sheet:U.S. Actions on Venezuela", con la que confesaba y
celebraba como parte de sus "logros" muchos de los gravísimos
ataques y daños a la economía venezolana.
Entre los puntos destacados
del documento del Departamento de Estado, se resalta que Washington celebra la
caída de las exportaciones de crudo de Venezuela, "llevándolas al mínimo
histórico" (hoy un poco más de 720 mil barriles, según la OPEP). Situación
que genera consecuencias enormes en la capacidad del Estado venezolano para
realizar importaciones ante la falta de divisas y, también, ante el bloqueo
comercial que sufre el país.
Las declaraciones sobre los
"7 millones" de muertos por venir del diputado Guaidó son
aspiraciones del antichavismo ante la agenda de cambio de régimen, cuyo rédito
político proviene de la crisis venezolana.
En esa línea, la confesión
del autoproclamado adquiere, además, un tono de chantaje en el contexto
actual, por ser él mismo un elemento activo de pretendida legitimación del
bloqueo estadounidense.
Por semiótica
elemental del discurso político, Guaidó y el gobierno
estadounidense usan narrativas idénticas a las de un grupo de
extorsionadores y secuestradores profesionales, quienes para alcanzar un objetivo
político efectúan daños concretos en la realidad cotidiana, pero
culpabilizan a otros de sus actos y sus consecuencias.
En este caso, la
irresponsabilidad asumida es un delito mayor contra una población.