La disputa por la tierra en estos
momentos es sinónimo de la disputa entre soberanía alimentaria y latifundio.
Así se expresa en las fincas que se encuentran a ambos lados de la carretera
del eje panamericano, en los límites de los estados Mérida y Zulia. Zona de
luchas por los rescates de tierras que llevan adelante las comunidades
campesinas y sus organizaciones.
Montecarlo, El Carmen, La
Magdalena, La Chapala, Santa María, Santa Rosa, El Trébol, La Escondida, Vista
Hermosa, La Libertad, son algunos de los predios que, actualmente, los
campesinos y campesinas que habitan en ellos han puesto a producir. Aunque en
la gran mayoría de los casos, estos terrenos aún no han sido rescatados y
entregados a las mismas manos que los trabajan.
En todas las fincas
mencionadas se han realizado las denuncias por improductividad ante el
Instituto Nacional de Tierras (INTI). Estas denuncias son acompañadas con
documentos gráficos del estado de situación de miles y miles de hectáreas de
uno de los sectores más fértiles del país; tierras “A1” en la denominación
formal de la Ley de Tierras.
A partir de la denuncia, se
inicia un proceso que mientras más tarda, más favorece a uno de los sectores en
conflicto. Se les otorga formalmente a los terratenientes denunciados 6 meses
para armar su defensa. En la práctica, el proceso puede durar incluso años con
ambas partes viviendo en el mismo lote a la espera de la resolución
oficial. Para llegar a esta resolución se realizan inspecciones para
verificar el estado de las tierras y a partir de estos informes el INTI emite
su fallo.
Los fallos se basan en la
productividad o improductividad del terreno al momento de las inspecciones. En
el último año casi no ha habido conclusión sobre rescates de tierra por parte
del INTI. Salvo en el predio El Carmen, en todos los demás se falló siempre a
favor de los “presuntos” dueños, como le llaman los campesinos y campesinas a
los terratenientes. Fallos que no significan desalojos, ya que fueron frenados
en la zona por la orden de Nicolás Maduro, en agosto de 2018, de que
ninguna fuerza de seguridad participe de operativos en contra de la comunidad
campesina productora.
Los Consejos Campesinos
necesitan que se avance en los procesos de rescate de estas tierras. Están
esperando la Carta Agraria que asegure su derecho a la permanencia y a trabajar
sus parcelas en mejores condiciones.
Entrega de la Carta
Agraria del predio El Carmen.
En varias ocasiones han
escuchado que las tierras quedarán para los hombres y mujeres del campo. Pero
las comunidades plantean que en el último año jurídicamente no se ha avanzado.
Con excepción del predio El Carmen, donde el domingo pasado los campesinos y
campesinas festejaron la obtención de la Carta Agraria y el derecho colectivo
sobre 880 de las 900 hectáreas de la finca. El resto de los predios necesita la
misma garantía de trabajo, siembra y seguridad.
Así lo solicitan ante el
Instituto Nacional de Tierras, en su sede de El vigía y también en su instancia
nacional.
Mientras esta institución más
tarda en completar los procedimientos para concretar los rescates, se
intensifica la disputa. Las comunidades han enfrentado distintas presiones,
intimidaciones e incluso el asesinato de un hijo de un dirigente campesino, al
tiempo que limpian y siembran los terrenos que antes estaban abandonados o
servían de pastoreo para unas pocas cabezas de ganado.
De la seguridad jurídica que
otorga el rescate depende no sólo la seguridad sobre la producción que obtengan
los campesinos y campesinas, sino también de su vida. Estas acciones de
sicariato tuvieron un momento crítico el año anterior, donde fue asesinado
Kendri García de 16 años. Varias fueron las situaciones en los distintos
predios donde se repetía la misma escena, amenazas por parte hombres armados
que llegan a las parcelas en camionetas a exigir el abandono de las mismas,
como lo describen las comunidades de las distintas fincas.
Si bien estos actos violentos
no se han vuelto a presentar en los últimos meses, los campesinos/as denuncian
otros tipos de intimidación. Los terratenientes ordenan la suelta del ganado a
los predios sembrados por las comunidades, para acabar con las matas, buscando
que la desmoralización que produce el trabajo perdido los lleve a irse del
lugar.
Cuanto más se dilata la
resolución mayor es el margen de maniobra por parte de estos terratenientes,
dueños de distintas fincas en el municipio y otros estados. Otro método
utilizado es acudir a los tribunales agrarios de la zona para iniciar procesos
paralelos a los que lleva adelante el INTI, generando fallos judiciales siempre
a favor de los terratenientes aún ante la evidente improductividad de sus
parcelas, las cuales sirven de pastoreo de muy escaso ganado y principalmente
de garantía de respaldo a la hora de acceder a créditos financieros que en
ningún caso son destinados para capital productivo. Estos fallos judiciales
pueden tener la variante de “proteger” las fincas para intentar que no accedan
las comunidades, o bien pueden ser órdenes de investigación sobre
distintos dirigentes de la zona. Ambas variantes utilizadas esta semana en los
predios de Montecarlo y La Chapala, respectivamente.
Diferentes métodos con el
mismo objetivo, sacar a los campesinos de las parcelas.
“Mientras más sembremos más cerca
estamos de ganar las tierras”,
repiten las comunidades en sus
asambleas.
Para tomar un ejemplo, sólo
en el terreno de Montecarlo la comunidad que lleva 8 meses allí, tiene sembrado
el 75% del terreno. Calculan tener sembrado en diciembre el equivalente a 700
toneladas de plátanos, 1000 toneladas de cacao, más las de maíz, yuca, auyama,
pimentón, ají entre otras. 80 familias llevan adelante esta producción mientras
batallan por la tierra.
Proporciones similares de
producción pueden encontrarse en cualquiera de las fincas en donde habitan los
Consejos Campesinos, variando el desarrollo según la cantidad de meses o años
que lleven en el lugar.
Cosecha de arroz en el
Predio El Carmen
Éstos esperan que se
concreten los compromisos del Instituto nacional de Tierras, asumidos por su
presidente Luis Soteldo, cuando en marzo del año pasado planteo que se daba
lugar al inicio del rescate en los terrenos de El Carmen (que ya se hizo
efectivo), El Pino, El Consuelo, Santa Rosa, Santa María y Buena Esperanza.
En síntesis, en el último año
no se produjeron grandes avances jurídicos en los procesos de rescates de
tierras iniciados. Por otro lado disminuyeron los actos violentos y no
volvieron a repetirse desalojasen la zona, como lamentablemente si han ocurrido
en Barinas en meses pasados, además de un intento reciente en el Hato Las
Mercedes.
La reactivación productiva
del campo están llevándola adelante los campesinos y campesinas que luchan por
mantener su producción en las tierras en disputa. Piden avanzar en la
democratización de las tierras, accediendo a las cartas agrarias que le
permitan dar la batalla productiva por el país en mejores condiciones. En
momentos de guerra económica, el dilema es desarrollo productivo o latifundio
improductivo.