Por Santiago González Vallejo
Rebelión
La
preocupación por cómo evitar el cambio climático y sus consecuencias está muy
extendida. No es para menos, es fundamental evitar que la temperatura media del
planeta no suba un grado y medio en estos próximos once años. El deshielo, la
reducción de los glaciares, las olas de calor e inundaciones se suceden y son más
intensos. Los desplazados a consecuencia de los desastres naturales se cuentan
por millones. Los científicos nos advierten de cambios irreversibles para la
vida en nuestro único planeta si continuamos en la inercia de subida continúa
de la temperatura media. Ante esto, los trabajadores y sus sindicatos queremos
incidir en las respuestas, contribuir a la lucha del cambio climático,
participar en planes de adaptación del trabajo y los centros laborales para
mitigar los efectos del mismo y lograr una transición justa de modelo
energético, de producción y de consumo.
La Confederación Sindical Internacional está en
plena campaña, junto con sus afiliadas, con estos propósitos. Este año 2019, se
ha empezado por actividades de sensibilización a la propia afiliación y el
reclamar a los empresarios o direcciones de centros administrativos reuniones
para tratar el cómo se puede contribuir a la reducción de consumo energético y
la huella ecológica. Se ha puesto todos los 26 de junio, Día Mundial de Acción
Climática en los Centros de Trabajo
La primera labor es conocer la realidad,
cuantificarla, revisar procesos, minorar consumos, ser más eficiente. Evaluar
el futuro de esos puestos de trabajo en contraste con los cambios productivos y
de oferta final al consumidor o la etapa en que se está en la cadena de valor y
si es compatible con esa lucha contra el cambio climático, la reducción de
emisiones de efecto invernadero,….. El cierre de las minas de carbón es
doloroso en cuanto pérdida de unos puestos de trabajo y de economía en las
zonas afectadas. Los sindicatos firmaron un plan de cierre y compensaciones.
Quedan flecos no resueltos y que desde nuestro sindicato se quiere solucionar
como, por ejemplo, el de los trabajadores de las subcontratas. Pero después de
este sector habrá otros, desde los productores de productos de plástico, como
las bolsas, a las centrales térmicas de ese mismo carbón nacional,… Y otros
sectores en expansión y nuevas oportunidades, placas solares, utensilios de
material biodegradable como bolsas,…, etc. De ahí, la importancia de la
transición justa. Y, añadimos nosotros, de un sistema fiscal y de protección
social que sea suficiente, progresivo y redistribuidor.
Hay una necesidad, pues, de tener reuniones con las
gerencias, institucionalizarlas a través de los comités de empresa y juntas de
personal y generar comisiones de medio ambiente. También desarrollar un diálogo
social abierto y plural donde todos podamos participar, planificar cambios
productivos, no dejar a nadie atrás.
Pero, tampoco hay que empezar de cero. De hecho,
una de las pocas leyes aprobadas en la legislatura pasada, la ley 11/2018 sobre
información no financiera establece la obligación de suministrar información
relativa a cuestiones medioambientales y sociales, respeto de los derechos
humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno, tras la trasposición de
la Directiva europea 2014/95/UE. Desde el ejercicio económico que comienza el 1
de enero de 2018 y a todas las empresas de más de 500 trabajadores. En una
disposición adicional se amplía esa obligación a las empresas de más de 250
trabajadores a partir del tercer año de vigencia de la ley.
La ley establece que la empresa suministrará
información sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la
empresa en el medio ambiente, salud y seguridad, los procedimientos de
evaluación o certificación ambiental, los recursos dedicados a la prevención de
riesgos ambientales, la aplicación del principio de precaución, la cantidad de
provisiones y garantías para riesgos ambientales: medidas para prevenir,
reducir o reparar las emisiones de carbono; economía circular y prevención y
gestión de residuos; uso sostenible de los recursos, incluyendo el agua, la
eficiencia de su uso; emisiones de gases de efecto invernadero y las metas de
reducción establecidas voluntariamente, etc.
Por otro lado, también recoge la obligación de que
la empresa se interese por las condiciones de la subcontratación y proveedores,
sus compras, y la inclusión de su responsabilidad social y ambiental. Un
elemento de vigilancia de su cadena de valor que bien desarrollado hará que
mejore la responsabilidad de todos en la mejora social y ambiental del sistema
productivo.
Las empresas grandes ya están registrando o
preparando sus balances, cuentas de resultados del ejercicio y su informe no
financiero, en el mismo paquete. Tendremos que hacer un trabajo de evaluarlos y
buscar homogeneización y mejoras.
En el año 2020, de acuerdo con la Declaración de
París, hay que revisar las contribuciones nacionales para la reducción de
emisiones y los gobiernos tienen que ser ambiciosos y efectuar compromisos
renovados. Hay poco tiempo, se nos agota. Es una obligación colectiva reducir
las emisiones y dejar a las futuras generaciones un planeta vivo. Un paso
fundamental de esta lucha contra el cambio climático se va a desarrollar en los
centros de trabajo.
No habrá empleos en un planeta muerto. La
alternativa es crear buenos empleos en un planeta vivo.
Santiago González Vallejo. Economista. Unión
Sindical Obrera (USO)