Por Cédric Leterme
La “revolución digital” y su impacto en el trabajo está recibiendo cada vez más atención, mas ésta sigue concentrada principalmente en los países del Norte. Sin embargo, estos fenómenos también conciernen a los países del Sur, pero en función de modalidades específicas que requieren análisis y reacciones específicas.
Existe un creciente debate
mundial sobre la naturaleza y el alcance de una “cuarta revolución industrial”,
con repercusiones potencialmente importantes en el empleo y, en términos más
generales, en el trabajo. Se abordan en particular dos tendencias. En primer
lugar, la automatización de las tareas, sobre todo gracias a los avances de la
inteligencia artificial. Y segundo, el desarrollo del “trabajo en plataformas
digitales”, en particular a través de aplicaciones como Deliveroo o Uber. Estas
tendencias son observables en todo el mundo, pero sus consecuencias no son las
mismas para los trabajadores del Norte y del Sur.
La automatización, por
ejemplo, terminaría amenazando más empleos en el Sur que en el Norte, pero a un
ritmo más lento. Además, no son los mismos sectores (ni, por lo tanto, los
mismos trabajadores) que están afectados en uno y otro caso. La automatización
de la agricultura, por ejemplo, tendrá consecuencias específicas en el Sur, con
una mayor concentración de las explotaciones, una competencia para los pequeños
productores aún más difícil de afrontar, o el fortalecimiento del control de
los grandes grupos agroalimentarios mundiales sobre la producción y la
distribución agrícola mundial. Es más, las posibilidades de automatización en
el Norte reducen considerablemente las “ventajas comparativas” de las que hasta
ahora han gozado los países del Sur gracias a la explotación (en sentido
literal, como figurativo) de su abundante mano de obra barata. Las estrategias
de industrialización orientada a las exportaciones, aplicadas en particular por
muchos países asiáticos (y aclamadas en todo el mundo en desarrollo en la
década de 1990), tal vez ya no serán accesibles para muchos países en
desarrollo, lo que deja abierta la cuestión de las opciones disponibles para
sustituirlas.
¿Las
plataformas como gangas o amenazas?
En cuanto al trabajo en
plataformas digitales, en el Norte, hay una tendencia a considerarlo
principalmente como una amenaza para las relaciones laborales tradicionales, en
la medida en que generalmente ofrecen trabajo remunerado por tareas y por
cuenta propia. Ahora bien, es evidente que la amenaza no es la misma en
aquellos países del Sur donde el empleo asalariado nunca ha sido la norma. Hay
quienes, como el Banco Mundial, ven incluso el desarrollo de plataformas de
trabajo bajo demanda como una bendición para la gente del Sur. De hecho,
normalmente es suficiente tener un teléfono inteligente y una conexión a
Internet para poder empezar a trabajar. Y las plataformas de “microtrabajo”
proporcionan incluso acceso a ofertas de trabajo que pueden provenir de cualquier
parte del mundo. Además, siendo que muchas de estas tareas (por ejemplo,
entrega, taxi, limpieza) suelen llevarse a cabo en el sector informal, se abre
la posibilidad de acceder a una (relativa...) formalización del trabajo,
promovida por estas plataformas, a diferencia de lo que está sucediendo en los
países del Norte.
Sin embargo, cabe recordar
que el acceso a Internet dista mucho de ser generalizado en el Sur, con tasas
de penetración a menudo inferiores al 50% de la población (especialmente en el
África subsahariana y Asia meridional), en comparación con alrededor del 90% en
Europa y América del Norte. Entonces, son precisamente las poblaciones más
marginadas las que más se ven privadas de ella. E incluso cuando tienen acceso
a ella, la calidad es a menudo inferior a la de las poblaciones/regiones más
aventajadas, por no hablar de las diferencias de competencias y cualificaciones
que siguen constituyendo una desventaja adicional. Más que una bendición, la
llegada de estas plataformas podría, por lo tanto, conllevar sobre todo a una
mayor marginación de los trabajadores menos cualificados y/o menos conectados,
en particular al limitar aún más las restringidas oportunidades que hasta ahora
habían tenido en la economía informal.
Esto es aún más cierto,
cuando la idea de plataformas neutras, libres de prejuicios de “raza”, clase o
género, también es falsa. En efecto, la información personal de los usuarios es
por definición accesible a otros a través de su “perfil” y (al menos por el
momento) nada impide que esta información se utilice para rechazar a un
proveedor de servicios y/o para negarse a prestar un servicio. Tampoco los
algoritmos son inmunes a este tipo de sesgo, ya que los criterios que utilizan
para evaluar, clasificar, etc., pueden favorecer a algunos grupos de población
en detrimento de otros. Como han demostrado diversos estudios, lejos de
eliminar las desigualdades, las plataformas contribuyen a su reproducción (o
incluso las agravan), tanto dentro de los países como entre ellos.
Por último, cabe recordar que
las condiciones de trabajo en estas plataformas también siguen siendo
problemáticas, con salarios bajos e irregulares, horarios de trabajo
excesivamente largos y/o variables, la falta de protección social y de
negociación colectiva, la peligrosidad de las actividades y la discriminación.
El
reto más amplio de la “economía digital”
Sin embargo, en términos más
generales, es sobre todo la propia lógica subyacente al funcionamiento de la
economía digital en su conjunto la que constituye el principal desafío para los
trabajadores en general y para los trabajadores del Sur en particular. En
efecto, esta nueva economía se basa en la extracción y explotación de “datos”
cuyo estatus es, cuanto menos, ambiguo. Por un lado, las empresas los
consideran como recursos que pueden utilizar a su antojo. Pero por otro lado,
estos datos son producidos por individuos y grupos de individuos que podrían
hacer valer derechos políticos y sociales legítimos contra ellas. A menudo
hablamos del derecho a la privacidad, pero esto también podría incluir el
derecho a la remuneración o al control colectivo de los usos autorizados.
Otro problema es que el
efecto red asociado a los servicios basados en estos datos conduce a la
creación de enormes monopolios con un poder de mercado sin precedentes, lo que
da lugar a nuevas formas de control y explotación de la mano de obra, contra
las que resulta aún más difícil luchar, ya que tienden a aparecer como
consecuencias de procesos estrictamente técnicos. Por ejemplo, Amazon se vale
del registro de los datos de productividad de sus trabajadores para despedir
automáticamente a los de menor rendimiento. En términos más generales, a medida
que un sector se digitaliza, se hace cada vez más difícil, si no imposible, que
los pequeños productores participen sin entrar más o menos directamente bajo la
dependencia de un gigante digital.
Esta situación es aún más
problemática para los trabajadores y las poblaciones del Sur, en la medida que
la mayoría de estos monopolios digitales tienen su sede en el Norte, y en
particular en los Estados Unidos, lo que crea nuevas relaciones mundiales de
dependencia y explotación con consecuencias económicas y geopolíticas
potencialmente significativas. En este contexto, los debates mundiales en curso
sobre la liberalización del “comercio electrónico” serán cruciales, ya que
podrían reforzar los desequilibrios actuales, al limitar drásticamente las
posibilidades de regular la economía digital en beneficio de las poblaciones y
los trabajadores, especialmente para los países del Sur. El Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP) o el nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá
(T-MEC) ya incluyen cláusulas que impiden que se infrinja el “libre flujo de
datos a través de las fronteras”, o que se requiera que los datos se localicen
en el país donde se generan. Más aún, este tipo de cláusula ya se está
debatiendo a escala mundial en la OMC1.
No obstante, otras
orientaciones son posibles. Como mínimo, implican frenar las actuales
negociaciones sobre el “comercio electrónico” para evitar reducir las
cuestiones planteadas por la economía digital al único aspecto del comercio.
Sus implicaciones incluyen, de hecho, la economía en su conjunto, pero también
la esfera política como la de los derechos humanos y sociales. Sólo entonces
podremos imaginar principios, políticas e instituciones que permitan orientar
las tecnologías digitales al servicio de los trabajadores y las poblaciones del
Norte y del Sur, respetando al mismo tiempo las limitaciones medioambientales y
las diferencias de desarrollo entre los países y las regiones del mundo.