Impresiona la forma cómo fueron desviados en
provecho particular los recursos que circularon en los días del intento de
ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela desde la vecina Colombia. Pero el
asunto se torna aún más impactante si se considera que esta operación,
perpetrada por el entorno de Juan Guaidó, no es –ni de lejos- el caso de
corrupción más grave que se ha desarrollado en apenas cinco meses del
denominado “gobierno encargado”.
Si se le compara con las apropiaciones indebidas
que se han ejecutado en concierto con los gobiernos de Estados Unidos, Colombia
y varias naciones europeas, el asunto denunciado hasta ahora es apenas una
bagatela.
No es que el dinero perdido en
ese caso sea poco. Son varios centenares de miles de dólares. Pero la dimensión
del robo de Citgo, bonos de Pdvsa 2020, Monómeros de Colombia y control de
cuentas bancarias intervenidas tiene unos cuantos ceros más la derecha: son
“negocios” de miles de millones de dólares.
Una diferencia adicional –y crucial- es que
difícilmente esos casos mayores serán investigados ni mucho menos sancionados,
pues se trata de asaltos legitimados por los factores de poder que encabeza
Estados Unidos.
Poniendo ambos asuntos en perspectiva, cabe
preguntarse: ¿Es extraño que los subalternos hayan aprovechado su oportunidad
si ese es el tono que han marcado los jefes políticos?
Un grupo de dirigentes nombrados por un funcionario autonombrado han desfalcado al Estado venezolano aun sin haber llegado formalmente al gobierno. Esa conducta marca la pauta para todos los que están más abajo. Una autorización expresa para la rebatiña.
Un grupo de dirigentes nombrados por un funcionario autonombrado han desfalcado al Estado venezolano aun sin haber llegado formalmente al gobierno. Esa conducta marca la pauta para todos los que están más abajo. Una autorización expresa para la rebatiña.
¿Desecharon a Guaidó?
La denuncia pública del caso de la ayuda
humanitaria sorprendió notablemente, pues rompió con la línea de cohonestar las
acciones de Guaidó, que había predominado en la maquinaria mediática global.
Varios comentaristas coincidieron en observar que
si el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis
Almagro, se había lanzado contra el autoproclamado (vía Twitter, como es su
hábito) es porque Estados Unidos ha decidido desechar a este personaje luego de
cinco meses tratando de inflarlo.
Ciertamente luce como una señal inequívoca, dada la
obsecuencia de Almagro respecto a Washington. Pero si ese síntoma no fuese
suficiente, bastaría con agregarle el súbito ataque de objetividad que han
sufrido varias de las piezas más obsesivamente antichavistas del aparato
comunicacional del capitalismo hegemónico.
Almagro solicitó a “la jurisdicción competente una
investigación esclarecedora de los graves cargos formulados, determinar
responsabilidades y exigir rendición de cuentas”. Esto habría podido pedirlo
hace un poco menos de tres meses, cuando el ministro de Comunicación e
Información, Jorge Rodríguez, denunció públicamente la descarada rapiña del
entorno de Guaidó respecto a la ayuda humanitaria. En esa oportunidad salieron
a relucir las primeras pruebas de la actuación dolosa de algunos de los
enviados de Guaidó a la zona fronteriza, entre ellos Rossana Barrera y Kevin
Rojas.
Ahora ha quedado claro que no se trataba de
inventos del ministro destinados a desprestigiar a los dirigentes opositores.
Luego de la difusión de informaciones (en portales rabiosamente antichavistas,
es conveniente reiterarlo), se pone de manifiesto que los agentes del
autoproclamado presidente encargado parecían estar obsesionados por apropiarse
del dinero. Tanto que en Colombia hasta crearon “instancias paralelas al
gobierno paralelo” (realismo mágico en tierras del Gabo) para cristalizar sus
maniobras.
También parece ahora suficientemente demostrado que
hasta el asunto de las deserciones de militares venezolanos fue deliberadamente
falseado para sacar más fondos de la ACNUR y de los factores internacionales
que estaban detrás de la operación de la ayuda humanitaria.
Los materiales periodísticos publicados revelan la
decepción que al parecer sufren las autoridades colombianas por el
comportamiento de sus aliados políticos. Incluso, culpan directamente a los
jefes de Voluntad Popular (Leopoldo López y el propio Guaidó) porque han estado
al tanto de las andanzas de sus delegados y no han tomado medidas para corregir
la situación.
La danza de dólares y pesos que comenzó en el
publicitado episodio de la frontera tiene como contrapartida el estado de
abandono en que quedaron los desertores, quienes estuvieron por apenas unos
días hospedados en hoteles y luego fueron echados a la calle por falta de pago.
Pero ni el escándalo en curso ni las vestiduras
rasgadas de los líderes colombianos y de Almagro deben hacer perder de vista
los casos de corrupción muchísimas veces mayores que se están perpetrando con
los fondos nacionales congelados ilícitamente, con la Citgo confiscada de
manera arbitraria, con los bonos pagados con una extraña diligencia por la
Asamblea Nacional, con el oro y los depósitos retenidos en varios países. ¿Será
que la maquinaria mediática también va a denunciar estos casos? ¿Será que
Almagro va a pedir que se investiguen?
Guaidó
recibirá millones de dólares del caso Andrade
Los bienes confiscados al extesorero
nacional de Venezuela, Alejandro Andrade Cedeño, condenado a diez años de
prisión en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero, serán rematadas y
el dinero obtenido de dicha venta serán destinado a un fondo de inversiones
para el supuesto Gobierno del autoproclamado “presidente interino”, Juan
Guaidó.
Entre dichas propiedades se
encuentra una mansión frente al mar valorada en 11 mil millones de
dólares.
Recordemos que el
exfuncionario, de 54 años de edad, fue detenido en noviembre del año pasado
tras incumplir un acuerdo de cooperación fijado en 2016 con la Fiscalía del Sur
de Florida sobre una trama de corrupción que desfalcó en Venezuela más de mil
millones de dólares.
Andrade se declaró culpable
del blanqueo de capitales, razón por la cual el Ministerio Público venezolano
inició una investigación por el desvío de fondos a la banca privada y emitió
una orden de extradición y alerta roja de Interpol contra el exfuncionario.
Este sujeto ocupó el cargo de
subsecretario de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 1999, presidió el
Fondo del Pueblo Soberano y el Fondo Único Social en 2001 y seis años después
se desempeñó en los cargos de Tesorero de la Nación, presidente del Banco de
Desarrollo Económico y Social (Bandes) y viceministro de Gestión Financiera del
entonces Ministerio de Economía y Planificación Financiera.
Finalmente, en 2009 fue
designado como presidente del Banco de Fomento Regional Los Andes (Banfoandes).