Por Patrick Guillaudat
Este
artículo pretende ser una contribución al debate que atraviesa a toda la
izquierda sobre la naturaleza del poder en Venezuela. La contribución al debate
aparece sin embargo en una coyuntura particularmente difícil, en el momento en
el que se multiplican los intentos estadounidenses para derrocar al gobierno
de Nicolás Maduro e imponer a Juan Guidó.
En la izquierda, hay casi
unanimidad para denunciar la voluntad de desestabilización de los EEUU y para
alzarse contra todo proyecto de invasión de Venezuela. Pero también –desde
antes del golpe de Estado fallido de la derecha en abril de 2019- son muchos
los que se plantean cuáles son las características de la “revolución
bolivariana” iniciada por Hugo Chávez, así como se plantean también la cuál es
la naturaleza exacta del régimen de Maduro.
Este texto se sitúa en el
marco de esta discusión, en particular sobre la cuestión abordada a menudo, y
poco debatida sobre el fondo, de la naturaleza del grupo dirigente actual, de
su trayectoria y de saber si se debe hablar de “casta burocrática” o de
“boliburguesía”.
Se trata de dos formulaciones
que indican críticas severas hacia el régimen madurista y que, al mismo tiempo,
hacen referencia a diagnósticos diferentes sobre el problema del bloque en el
poder, y que orientan de manera clara el tipo de posición política que se puede
tener con respecto a él.
Por ejemplo, el hecho de
optar por la presencia de una casta burocrática, permite oponerse a
Maduro sin establecer un paralelo con la oposición de derecha, a la vez que
implica dos posiciones diferentes. Por una parte, se considera que la casta
burocrática representa una deriva más peligrosa que la burguesía venezolana
tradicional, lo que lleva a apoyar a la oposición (una parte de ex chavistas
están en esta lógica) o, por otra parte, sólo se ve en esta casta una deriva
política parcial, que puede ser rectificada, lo que permite apoyar de manera
crítica al régimen (es lo que defienden la mayor parte de los aliados del PSUV,
agrupados en el Polo Patriótico[1]).
En cambio, hablar de
boliburguesía, llama a establecer un paralelo entre la derecha y el gobierno de
Maduro, lo que conduce a rechazar a los dos campos. Para simplificar, esta
acepción caracteriza la crisis política actual como una lucha por el poder
entre dos fracciones concurrentes de la burguesía, una aliada al imperialismo
estadounidense, la otra a la burocracia del Estado. La estrategia alternativa
se basa entonces sobre la constitución de un tercer polo independiente de la
derecha y de Maduro, apoyándose en los movimientos sociales.
Pero, para optar por una u
otra de esas dos formulaciones, debemos tratar de identificar la dinámica
histórica del grupo social en el poder y tratar de entender sus mecanismos y su
constitución.
Las diferentes
fracciones de la burguesía en América latina y en Venezuela
A diferencia de los países
desarrollados del Norte, la penetración del capitalismo a través de la
colonización directa o indirecta, provocó rápidamente cambios bruscos en las
clases sociales locales latinoamericanas, recomponiendo de manera violenta la
formación social de cada uno de los países del continente. Apareció una nueva
clase dominante, la burguesía, cuya fracción hegemónica se orientó hacia el
comercio con los países desarrollados. Esta fracción de la burguesía, llamada
burguesía compradora, se especializó, de alguna manera, en el comercio con las
multinacionales. Luego, con la puesta en práctica de la estrategia de
sustitución de importaciones, durante unos 50 años, en el siglo XX, empezó a
desarrollarse una burguesía “nacional”, más vinculada a la producción endógena,
industrial o agrícola. Esas dos fracciones burguesas se encontraron a menudo en
competencia entre sí, lo que se tradujo en conflictos políticos.
Para los países en los que lo
esencial de la producción y del comercio proviene de la renta, ya sea de los
hidrocarburos o de las minas, la burguesía que se orientó hacia ese comercio
internacional se convirtió en la más importante, de lejos [2]. Además, el
capitalismo de renta fue siempre un sistema extremadamente corrupto. Un
fenómeno que no puede sino acentuarse con el liberalismo total de los mercados
financieros, que dejan entera libertad a las operaciones dudosas y
fraudulentas.
En Venezuela, la industria
que se desarrolló por fuera del sector de renta es ante todo una industria de
montaje (sobre todo automóviles) y de tratamiento metalúrgico (como con la
SIDOR, Siderúrgica del Orinoco, una de las principales empresas del sector en
el continente). Pero la parte más importante de la riqueza producida y
distribuida se concentra en torno a la producción de hidrocarburos. La
burguesía que aprovecha esta producción se construye gracias a las relaciones
que crea con las multinacionales y con los gobiernos extranjeros. Sabiendo que
la parte fundamental de la producción petrolera alimentaba directamente a los
EEUU, se entiende mejor por qué Venezuela, durante todo el período post
revolución cubana, siguió siendo el país más pro americano del continente
y sobre todo, el único que no reconoció a Cuba. La mayor parte de la burguesía
venezolana es ante todo una burguesía rentista, recostada al mercado mundial y
que se enriqueció vendiendo al extranjero transformado productos importados.
Chávez llegó al poder en ese
contexto particular, en medio de una desregulación neoliberal. En primer lugar,
trató de controlar el petróleo, fuente principal de corrupción, lo que engendró
una fuerte oposición de la burguesía venezolana. Esa fue la razón profunda de
la violencia de la reacción de la burguesía, representada por la derecha y la
Fedecámaras (Federación patronal venezolana), pero también la reacción de la
CTV (Central de Trabajadores de Venezuela), financiada por la corrupción, las
que fomentaron y llevaron adelante el golpe de Estado de 2002, con la ayuda de
los EEUU.
El propio proyecto de
desarrollo que impulsaba Chávez desde el principio e incluso plasmado en la
Constitución [3], se basaba en la búsqueda de una alianza con la burguesía
nacional. Lamentablemente, en una economía basada en la renta, sobre todo en el
mundo neoliberal actual, la burguesía de los países del Sur es totalmente
dependiente de la renta y del mercado mundial. Pese a que Chávez no haya nunca
querido cuestionar el capitalismo, sus opciones políticas, sobre todo el
control de la producción de hidrocarburos y la redistribución más justa de la
renta, se oponían a las necesidades de la esencia de la burguesía compradora
venezolana, orientada como estaba hacia los EEUU y Miami.
¿Qué grupo social
toma el poder con Chávez?
Cuando Hugo Chávez fue
elegido en 1998, era el personaje “atípico”, podríamos decir anti sistema en el
lenguaje actual, que había sido electo contra el pacto de no agresión de los
dos principales partidos que se repartieron el poder desde 1958, año de la
caída de la dictadura. (Ndt: se refiere al “Pacto de Punto Fijo”, acordado
entre los dos grandes partidos venezolanos (Acción Democrática y COPEI) para
turnarse en el poder tras el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, en
marzo de 1958).
Chávez aprovechó la
exasperación de las capas populares golpeadas duramente por las medidas neoliberales
de los gobiernos anteriores. Fue apoyado ampliamente por el pueblo venezolano,
en base a un programa contra la corrupción, de ruptura con el orden
constitucional y de mejor reparto de las riquezas pero, a la misma vez, su
capital electoral carecía de una fuerza política insertada en la población, en
particular, los electores que él quería convencer. El partido de Chávez, el
Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 (MBR-200), es sobre todo una
organización semi clandestina, compuesta esencialmente por militares (en torno
a Raúl Isaías Baduel, Jesús Ernesto Urdaneta Hernández, Diosdado Cabello y Hugo
Chávez). La creación del MBR-200 fue también el resultado de una estrategia
impulsada por una fracción de la izquierda revolucionaria civil que consistía
en implantarse dentro de las fuerzas armadas.
El 21 de octubre de 1997,
buscando ampliar su base social en vistas de las elecciones presidenciales, el
MBR-200 se transformó en MVR (Movimiento por la Quinta República) y constituyó
un grupo de izquierdas no socialdemócratas, el Polo Patriótico. Hugo Chávez,
candidato de esa alianza, fue elegido un año más tarde. Pero, aunque
consiguió el poder político, en el sentido en que ocupó el conjunto de
instituciones y de administraciones, y aunque se inscriba claramente en la
izquierda latinoamericana por su programa y por sus alianzas, el personal
político que ocupa ese poder surge principalmente de dos grupos: el de los
militares que apoyaron a Chávez desde el intento de golpe de Estado de 1992, y
un conjunto de personalidades venidas de la izquierda revolucionaria, como Alí
Rodríguez Araque, Tarek William Saab Halabi, etc… .
El grupo social que va a
dirigir los asuntos del país es, entonces, un conjunto disímil agrupado en
torno a la personalidad de Hugo Chávez. Grupo limitado, pero no había ninguna
organización política y social de masas, ni en los barrios populares, ni en las
empresas, ni en el campo, que hubiera podido servir de punto de apoyo al nuevo
poder en gestación. El sindicalismo estaba totalmente corrupto y cooptado por
Acción Democrática, partido socialdemócrata que compartía el poder desde 1958
con la derecha representada por el COPEI. Las organizaciones populares de los
barrios pobres y marginales habían sido reprimidas y diezmadas desde el
Caracazo de 1989. En cuanto al movimiento campesino, estaba muy debilitado,
confrontado a terratenientes que reinaban en las tierras productivas del
país.
La originalidad del chavismo
consiste en haber conquistado el poder sin aparato político, sin estructura
organizada, exceptuando a las fuerzas armadas que lo apoyaron. Eso explica el
peso determinante de la personalidad de Chávez y el hecho de que la orientación
política del régimen, en particular sus giros sucesivos, acompañan las
instituciones políticas de Chávez. Su llegada al poder, implica una renovación del
personal político, pero también el control de las empresas públicas, lo que
necesita medios humanos. El núcleo original se amplía así y aparecen cuatro
grupos visibles.
Primero, los veteranos,
vinculados más o menos directamente con el régimen anterior, como José Vicente
Rangel (que pasó por la URD [4], que devino ministro de Relaciones Exteriores y
vice presidente), Álvaro José Silva Calderón (petróleo y minas) o Maritza
Izaguirre (economía y finanzas).
Luego, algunos ex militares:
aparte del propio Chávez, Luis Ramón Reyes Reyes (obras públicas y
vivienda), Diosdado Cabello, Raúl Isaías Baduel o Jesse Chacón (defensa).
Después, ex dirigentes de
otras organizaciones políticas: Alfredo Antonio Peña (PCV, secretario de la
presidencia), Alí Rodríguez Araque (de FALN a la Causa R, petróleo y minas),
Jorge Antonio Giordani Cordero (PCV, planificación y desarrollo), Gilberto
Rodríguez Ochoa (AD, luego MAS, salud), Luis Manuel Miquilena Hernández (ex
URD, justicia), Julián Isaías Rodríguez (de la AD, luego del MEP,
vicepresidente) o Aristóbulo Istúriz Almeida (AD, MEP, Causa R y PPT,
educación).
Finalmente, personalidades
diversas, entre las cuales se destaca Héctor Navarro (educación), etc.… Entre
esos colaboradores de las primeras horas, muchos rompieron luego con el
chavismo, sobre todo después de la victoria de Maduro, como Héctor Navarro o
Gustavo Márquez, mientras que otros fueron acusados de corrupción después de
haber criticado a Chávez, como Raúl Isaías Baduel.
Este panorama incompleto del
principio de los gobiernos de Chávez corresponde exactamente a la dosis
compleja compuesta por la voluntad de rodearse de “técnicos” como Maritza
Izaguirre, la que debía enviar señas favorables a los mercados financieros,
Gilberto Rodríguez Ochoa, médico e investigador reconocido, o Álvaro José Silva
Calderón, abogado que había trabajado para el régimen anterior con el
ministerio de minas e hidrocarburos, y otros aún, así como también militantes
que lo apoyaron, ya fuera dentro del Polo Patriótico o durante el golpe de
Estado de 1992.
Otra característica de los
gobiernos chavistas, durante los primeros años, fue la gran proporción de
personas provenientes de las clases medias, sobre todo abogados,
universitarios, ingenieros, médicos. Contrariamente a los gobiernos
neoliberales, casi no hay representantes de la patronal, de los círculos de
negocios o de las finanzas.
Pero una campaña electoral
implica medios económicos. Y Chávez gozó de apoyos dentro de la patronal local,
como Danilo Díaz Granado o Umberto Petricca, que volveremos a ver en los
centros de poder, así como varios hombres de negocios que aparecen al principio
de los años 2000 como compradores de bancas privadas, con Ricardo Fernández [5]
(bancos Confederado, Banpro y Bolívar), Torres Ciliberto en las compañías de
seguros o Víctor Vargas Irausquín, banquero venezolano que apoyó al gobierno,
en particular en la búsqueda de fondos. Todos esos personajes amasaron fortunas
considerables y son aliados del poder chavista.
Este quinto grupo que apoya
al poder, acumula fortunas gracias a los contactos que sus miembros tienen en
las administraciones. En una economía rentista, muchos están en el negocio del
petróleo, ya sea a través de la gestión directa de PDVSA (Petróleos de
Venezuela S.A.), como Rafael Ramírez, o ya sea con la obtención de licencias de
explotación de petróleo, como Wilmer Ruperti. Al principio, la consolidación de
este grupo social se realizó a través de las licencias de explotación o de
importación, así como a través de la especulación sobre el bolívar y el dólar.
Luego, y rápidamente, surge la compra de empresas directamente vinculadas al
mercado financiero internacional: bancos, seguros, bolsas locales. Este grupo
no participa directamente en el poder político pero se asocia con él para sus
negocios.
Con el correr de los años,
ese proceso de acumulación de riquezas se amplió a las personalidades
vinculadas directamente con el poder político. Ese proceso se da de dos
maneras: por la corrupción, la parte más visible del mecanismo de
enriquecimiento de la capa dirigente, debido a los escándalos periódicos, pero
también por una legislación que permitirá a una parte del personal político
chavista el acceso a los affaires y a la creación de sus propias empresas.
Pero, a diferencia de la IVa
república (1958-1998), esta nueva capa social que agrupa tanto a burgueses del
negocio que encontraron la posibilidad de colaborar con el régimen chavista,
como a nuevos empresarios, salidos directamente de las instituciones, no tiene
representación política claramente identificada. El PSUV se convirtió en una
máquina electoral esquizofrénica, desgarrada entre una dirección llena de
personajes que aprovechan alegremente del sistema, sacudidos regularmente por
casos de corrupción, y una base que proclama su fe en la revolución y en el
socialismo. La ausencia de representación política de esta nueva capa social
capaz de regular sus excesos explica en parte la abundancia de ajustes de
cuentas dentro de esta corriente, salpicada de acusaciones de corrupción, de
complot y de casos de renuncias obligadas.
Trayectoria del
chavismo en el poder: de la ocupación del Estado a su utilización en provecho
propio
Los años que siguieron la
llegada de Chávez al poder fueron años de reformas sociales y económicas (en
particular, la ley de hidrocarburos). La burguesía optó por derrocarlo con el
golpe de Estado de 2002 porque había sido privada de sus ingresos, provenientes
principalmente de la renta petrolera, utilizada desde por Chávez,
esencialmente, para financiar las políticas sociales.
Durante este período, a nivel
del poder, nada es definitivo, es el período de los debates entre quienes
quieren profundizar el proceso de la revolución bolivariana y quienes buscan un
pacto con la oposición. No se trata solamente de debates políticos sino del
inicio de la cristalización de los intereses materiales. Una parte del
“bolivarismo” se ve beneficiada y aprovecha directamente la redistribución de
los naipes, sobre todo en lo que respecta al lugar ocupado en las instituciones
y las empresas públicas. Hacia mediados de los años 2000, empieza el
debate sobre los privilegios acumulados gracias a las funciones asumidas dentro
del aparato de Estado. El problema de saber quién, de la “boliburguesía” o de
la corriente de los “bolivarianos revolucionarios”, va a ganar, es entonces
central, es el crisol en el que surge un chavismo de izquierda o chavismo
crítico.
Si aparentemente, no hay
línea de ruptura entre esas dos corrientes, la situación cambiará después de
dos acontecimientos: el fracaso del referéndum constitucional de 2007 y la
crisis bancaria de 2008. El primero será interpretado por Chávez como la
desaprobación de su política, y decide acelerar su voluntad de concentrar el
poder en el ejecutivo. No cejará en su empeño de intentar tomar el control de
las organizaciones sociales, hasta la escisión organizada dentro de UNETE
(Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, la principal central sindical,
creada después del golpe de Estado de 2002 en apoyo al regreso de Chávez), para
crear una nueva confederación leal al poder, la CBST (Central Bolivariana
Socialista de Trabajadores). A partir de ese momento, la fraseología
revolucionaria es inversamente proporcional a la realidad de la política.
El segundo acontecimiento fue
la crisis bancaria de 2008. Chávez habría podido optar por aprovechar la crisis
para imponer un sistema bancario público, controlado por el país, pero prefirió
alimentar las bancas en quiebra y dejar que las otras siguieran especulando. A
partir de entonces, la crisis financiera se agravará, abriendo la puerta a una
política monetaria que favorecía a la especulación con la creación de tasas de
cambio múltiples.
Los dos hechos constituyen el
punto de inflexión del régimen. Entre 2009 y 2014, la mayoría de los dirigentes
críticos, que tratan de alertar al gobierno sobre la corrupción dentro del
propio poder, o que proponen un cambio de rumbo a nivel económico y social, son
separados del círculo de poder. Esos acontecimientos no se pueden reducir a
problemas de personas, sino que traducen la victoria de la corriente que
representa a la “boliburguesía” o a la “casta corrupta”, según las
interpretaciones.
Cualquiera que sea la
denominación, esta victoria está basada en intereses materiales. Ahí
encontramos la corriente creada en torno a Diosdado Cabello, enemigo jurado de
la izquierda chavista, que se apoya en el poder militar. Están también todos
los dirigentes de las empresas públicas, que se enfrentaron a los trabajadores,
como en la SIDOR, en CANTV (Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela),
en PDVSA o en la Corporación Venezolana de Guayana. La corrupción, elemento
clave de las economías de renta, permite al personal político invertir en los
sectores más rentables: especulación financiera, minas, etc. Ese personal
político tiene los mismos intereses que los escasos patrones que apoyan al
régimen desde 1998, y participa directamente en el saqueo de la economía.
Un signo de este cambio de
rumbo es el nuevo discurso de algunos grandes empresarios que se convirtieron
en chavistas pragmáticos. Tal es el caso, por ejemplo, de Gustavo Cisneros, un
magnate de la prensa y una de las principales fortunas del continente, que,
después de haber apoyado el golpe de Estado, decidió aparecer como
políticamente neutro desde 2007. Otro signo político hacia la patronal es la
constitución, en febrero de 2009, de la Confederación de Empresarios
Socialistas de Venezuela, que agruparía a los patrones de empresas cercanas al
poder, aunque su importancia sea muy limitada.
Pero con la elección de
Maduro, el fenómeno de participación activa de los círculos de poder en la
economía va a adquirir otra dimensión, en particular, cuando el nuevo
presidente decidió acelerar la participación de los militares en la economía
venezolana. De una estrategia de búsqueda de apoyo entre la patronal existente,
el que siguió siendo minoritario, se pasó a la creación de una nueva patronal.
Los militares: de la
institución de Estado al complejo financiero e industrial
Fuera de la gestión de las
licitaciones de armas para las fuerzas armadas, la primera participación
directa de los militares en la economía que no fuera en su “ámbito de
competencias”, tuvo lugar en ocasión del Plan Bolívar 2000. El 27 de febrero de
1999, Hugo Chávez lanzó la primera misión hacia los barrios populares, cuyo
objetivo era principalmente un plan de vacunaciones masivas, atención médica de
urgencia y distribución de alimentos. Ese Plan, organizado por los militares y
que movilizó a 40.000 efectivos de las fuerzas armadas y se terminó con
denuncias de corrupción contra generales que se habrían enriquecido gracias a
él [6].
Luego, progresivamente, el
lugar de los militares será central, hasta el gobierno de Maduro, con alrededor
de 30% de puestos ocupados por ellos, incluidos los puestos clave. Esa
progresión del peso de los militares [7] se debe a un fenómeno doble.
El primer fenómeno es de
índole económica, con la implicación directa, como se vio desde el Plan Bolívar
2000, de los militares en la vida económica del país. Esa misión extra que se
suma a la de la defensa del territorio, permite la inmersión de los cuadros de
la institución militar directamente en el mundo económico y de los negocios. El
segundo fenómeno, es una operación de seducción por parte de Maduro, que
pretende asociarlos a la gestión del país. Es una operación de supervivencia,
sobre todo después de la crisis política abierta en 2014 con las movilizaciones
de la derecha y la derrota del PSUV en las legislativas de 2015, acentuada por
la crisis social y económica. En ese contexto, el régimen necesita el apoyo de
todo el aparato represivo. En la historia de la Venezuela chavista, no hay que
olvidar que el golpe de Estado de 2012 fue apoyado por una parte de los
militares y que conllevó la depuración de sus filas. Maduro no quiere correr el
riesgo de reeditar los hechos.
Si bajo Chávez los militares
están limitados a funciones de apoyo a un gobierno mayoritariamente civil, bajo
Maduro, los militares asumen también la dirección de la mayoría de las empresas
públicas del país (PDVSA, metro de Caracas, puertos, empresas metalúrgicas…).
Para consolidar esta transformación de una parte de la jerarquía militar
en un grupo de hombres de negocios, ésta crea empresas específicas, un banco en
2013 (El Banco de La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, BANFANB), una empresa
de minería en 2016 (Compañia Anónima Militar de Industrias Minera, Petrolífera
y de Gas, CAMIMPEG), pero también alrededor de diez empresas más en el
transporte, la agricultura, la construcción, el agua, las telecomunicaciones,
etc. Mientras que entre 1950 y 1998, sólo cuatro empresas fueron creadas por
los militares, principalmente en el sector de armamentos, un servicio de viajes
y seguros, bajo Chávez, fueron dos empresas, en el sector automotriz y en la
construcción. Pero bajo Maduro, entre 2013 y 2017, 14 empresas se establecieron
en el conjunto de los ámbitos productivos y de servicios.
Desde 2014, este fenómeno de
presencia militar en los negocios se aceleró y fue ratificado, entre otras
cosas, tras la aprobación de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB), de 17 de noviembre de 2014, que reafirma: a partir de su artículo
3, como misión atribuida a la FANB, la necesidad de participar activamente en
el desarrollo nacional, una misión ya contemplada en el artículo 328 de la
Constitución. En setiembre de 2016, el recién creado «Comando para el
Abastecimiento Soberano», encargado de controlar la distribución de los
principales bienes de consumo en el país, es confiado a los militares. Este
Comando está dividido en 18 grupos por tipos de productos, cada uno bajo la
dirección de un militar (aceite, carne de vacuno, azúcar, manteca…) [8]. Una
lista de los militares directamente implicados en la gestión de empresas
privadas o públicas, ya sea dirigiéndolos directamente o desempeñando funciones
clave en su seno (consejo de administración, etc.…) indica a 785 oficiales de
alto rango [9] y a más de 1600 si se incluyen los que tienen cargos políticos y
gubernamentales.
Para hacer negocios, hay que
ponerse de acuerdo con el poder político. En Venezuela, el Estado desempeña un
papel determinante en el control de las políticas económicas. La creación de
zonas económicas especiales, destinadas a facilitar la explotación de los
recursos en aras del interés público, abre la puerta a la desregulación de las
normas ambientales y sociales y de los derechos de los pueblos indígenas. La
más emblemática es la del Arco Minero del Orinoco (AMO), situada principalmente
en el Estado de Bolívar sobre una superficie equivalente a la de Portugal. En
las elecciones regionales del 15 de octubre de 2017, el CNE (Consejo Nacional
Electoral) proclamó el resultado en el estado de Bolívar y nombró vencedor al
candidato de la oposición, Andrés Velásquez, del partido Un Nuevo tiempo. Dos
días después, el CNE declaró que Justo Noguera Pietri, candidato del PSUV,
¡había sido elegido [10]! Este ex comandante general de la Guardia Nacional
tomó el control del Estado de la AMO, permitiendo así una confluencia entre el
poder político y el poder económico.
Ante los escándalos de
corrupción que afectaron tanto a miembros del poder político y militar como a
partidarios de la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia decidió, mediante
su sentencia N°1.421 del 15 de diciembre de 2016, que el control fiscal de las
empresas vinculadas a los militares ya no sería ejercido por el Contralor
General de la República sino directamente por el de la FANB, permitiendo así
que las empresas creadas por las fuerzas armadas escaparan a todo control
público y a todo riesgo de persecución en caso de malversación. Estas empresas
militares funcionan como cualquier empresa privada. La CAMIMPEG se asoció con
empresas extranjeras, como el gigante anglo-suizo Glencore, empresa de comercio
de materias primas, regularmente perseguida y acusada de corrupción y
contaminación, o Southern Procurement Services, compañía británica
especializada en petróleo, para explotar los territorios que controla. En la
actualidad, una parte de la jerarquía militar está integrada directamente en la
dirección y en la gestión de las empresas. Esto la vincula al régimen de
Maduro, lo que explica en parte la debilidad de los apoyos militares a Guaidó
durante el intento de golpe de estado de abril de 2019.
Los mecanismos de
enriquecimiento: cambio dólar/bolívar, y la ley sobre inversiones extranjeras
La confluencia entre el poder
político y las finanzas a través de la renta minera y del comercio
internacional será posible y extremadamente rentable a partir de la crisis
bancaria de 2008.
Cuando llegó la crisis
bancaria de 2008, todos los países se vieron afectados por la interconexión de
los sistemas bancarios. En Venezuela varios bancos se encontraron en bancarrota
y el gobierno decidió comprarlos. Mientras que muchos economistas pedían la
nacionalización de los bancos para crear un polo bancario nacional bajo control
del Estado, el gobierno venezolano rechazó y limitó su acción al rescate de los
bancos en quiebra o de sus activos [11].
La crisis bancaria tuvo un
profundo impacto en Venezuela porque el sistema financiero está totalmente
liberalizado y globalizado, y además está en un continente, América Latina,
donde el dólar es rey. La decisión política del gobierno de Chávez de no
cuestionar el carácter privado de los principales bancos del país tendrá
consecuencias duraderas y catastróficas. Los bancos venezolanos son conocidos
por su amplia participación en el blanqueo de dinero y la corrupción,
especialmente durante los últimos 20 años de la IV República. Los testimonios
de aquella época son esclarecedores [12] sobre los asesinatos, encarcelamientos
arbitrarios, conspiraciones y tráficos de todo tipo en los que participaban más
o menos directamente banqueros y políticos.
Esta corrupción, inherente a
la revolución neoliberal y a la liberalización total de los mercados
financieros, se aceleró en Venezuela con la instauración del RECADI (Régimen de
cambio diferencial) en 1983, es decir, la instauración de un régimen de cambio
a dos tipos, insertado en el seno de un sistema bancario y político ya
ampliamente corrupto. En 1989, la corrupción generada por este sistema dio
lugar a la acusación de cinco ministros y a la supresión del RECADI. Este
sistema bancario gangrenado es el que recibió el nuevo poder chavista y es el
que ha sido mantenido, desde 1998 y especialmente durante la crisis de 2008.
No es de extrañar que en
2009, en un coloquio organizado en el Banco Central de Venezuela, en torno a
economistas de muchos países latinoamericanos, la mayoría de los participantes
hayan pedido la nacionalización de los bancos en Venezuela y la creación de un
centro bancario público. Pero Chávez optó por la continuidad del sistema. Esto
llevó al Gobierno a establecer la CADIVI (la Comisión Nacional de
Administración de Divisas) en 2003 con las mismas prerrogativas que el RECADI
de los años 1980. No pasará mucho tiempo antes de que se detecten los mismos
efectos, amplificados con la introducción del SITME (Sistema de Transacciones
en moneda extranjera) a partir de junio de 2010. Este sistema introdujo un
tercer tipo de cambio reservado a las empresas e inversores con el fin de
comprar y obtener dólares en el mercado internacional. En realidad, el SITME
facilitó el rápido enriquecimiento de cualquier inversor que tuviera acceso al
mercado mundial[13]. En 2012, el Ministro de Finanzas y Planificación, Jorge
Giordani, denunció que este sistema había permitido el robo de 25.000 millones
de dólares y que esta corrupción atravesaba todos los niveles del poder. Tras
la muerte de Chávez, Giordani será rápidamente descartado y publicará un
testimonio tras su expulsión del gobierno de Maduro el 16 de junio de 2014
[14].
El primer tipo de
enriquecimiento que se acaba de ver está estrictamente vinculado a la política
monetaria aplicada por el gobierno de Chávez, política incambiada por Maduro.
Eso permite la aparición de un estrato social que, por poseer dinero o poder en
instituciones, se enriquece muy rápidamente. Sería ingenuo creer que sólo los
allegados del régimen beneficiaron de este sistema. Todas las empresas e
inversores con acceso al mercado exterior se han beneficiado, aunque la
proximidad al poder facilita el acceso al mercado de divisas. Pero hay un
segundo tipo de enriquecimiento que está estrechamente vinculado a la política
económica del poder y que se basa en dos pilares.
El primero pilar es la
creación de sociedades «mixtas» en relación con las multinacionales
extranjeras. Estas empresas, incorporadas al mercado mundial, están totalmente
integradas en el sistema capitalista y se gestionan como cualquier empresa
«clásica», con un código laboral en el que reina la subordinación del
asalariado, un modo de propiedad con múltiples capitales. Si bien este sistema
siempre ha existido en Venezuela, la Ley de protección de las inversiones
extranjeras publicada discretamente el 27 de diciembre de 2017 va más allá.
Luis Britto Garcia, chavista de la primera hora, denuncia esta ley como una ley
«terminator» y habla de victoria del lobby neoliberal en el seno del madurismo
[15]. Todas las renuncias de principios aparecen en la ley. Del reconocimiento
de los tribunales internacionales para resolver los problemas de conflictos en
los que estén implicados contratistas extranjeros (artículo 6) y la concesión
de ventajas directas (artículo 22) como las desgravaciones fiscales, las
franquicias, los accesos privilegiados a los servicios públicos, hasta la
repatriación del 100% de los beneficios al cabo de un año (artículo 28) etc. A
esta ley se añaden toda una serie de disposiciones legislativas que facilitan
las derogaciones de las leyes progresistas introducidas al principio del
chavismo. Este es claramente el caso con la creación de las Zonas Económicas
Especiales, seguida de la creación del Arco Minero del Orinoco (AMO).
El segundo pilar se basa,
ante todo, en el lugar que ocupa el personal político en el aparato
institucional. Hay que recordar que la dirección de las empresas públicas y la
gestión al más alto nivel de las instituciones se efectúan en un país plagado
de corrupción, corrupción que, debemos subrayar, no data de Chávez sino que se
instaló en todo su esplendor en los años 80 con la victoria del neoliberalismo.
Sin embargo, no se han eliminado los principales vectores de esa corrupción.
Signo de los tiempos, una de las principales figuras que defendió el chavismo
en el extranjero, Eva Golinger [16], abogada estadounidense, denunció el
increíble nivel de corrupción alcanzado bajo Maduro [17], lo que le valió la
acusación de «agente del imperialismo» por parte de Diosdado Cabello, en su
programa de televisión del 3 de octubre de 2018.
La debilidad organizativa de
la corriente política que condujo a la victoria de Chávez, limitada a los que
lo apoyaron en el golpe de 1992 y a las transferencias desde otras
organizaciones de la izquierda venezolana, obligó en un primer momento al nuevo
poder a apoyarse casi totalmente en las estructuras anteriores y también
en cuadros del antiguo régimen. Pero la voluntad de controlar los movimientos
sociales por el chavismo y la dificultad que tenía Chávez para tolerar las
críticas, impidieron la aparición de cuadros surgidos de estos movimientos,
aparte de los seguidores incondicionales, acríticos, cuyas convicciones se limitan
a su voluntad de acceder a los privilegios del poder. Las salidas forzadas
sucesivas de los dirigentes políticos chavistas que habían denunciado la
corrupción permiten afirmar que el régimen se concentró rápidamente en torno a
la corriente más permeable al vértigo del poder y de los beneficios materiales
que éste permite.
¿Casta burocrática o
fracción de la burguesía?
En un artículo publicado en
el sitio Aporrea, Argimiro Durán intenta explicar por qué, según él, no existe
«boliburguesía» [18]. Define a la burguesía como reducida a una «cantidad
limitada de miembros» propietarios de las grandes empresas. Durán explica que
existe un grupo social que se enriquece con su puesto en los ministerios, en
las instituciones o en las empresas del Estado. Esto basta, según el autor,
para diferenciarlo totalmente de la burguesía y establecer una escala de valor
entre la burguesía -enemigo irreductible- de este grupo, simple deformación del
sistema compuesto de «traidores». Y concluye diciendo que hablar de boliburguesía
deprecia el «bolivarismo».
El problema es que este
concepto es a-histórico. Si bien es perfectamente posible admitir que una casta
de arribistas y corruptos haya podido desarrollarse a través de la gestión del
Estado venezolano, es también admisible que, después de 20 años de chavismo,
este grupo parasitario se haya transformado en una fracción mayoritaria y,
sobre todo, haya podido pasar del enriquecimiento ilícito o especulativo a la
titularidad de una parte de la economía.
Ahora bien, la Venezuela Bolivariana
es ante todo una sociedad capitalista dependiente. El PIB se distribuye entre
un tercio del sector público y dos tercios del sector privado. Ambos sectores
se rigen por las normas de la economía de mercado. En cuanto a los asalariados
de estas empresas, tanto públicas como privadas, no sólo están bajo el dominio
de un código del trabajo que no ha sido modificado fundamentalmente, sino que
sirven también como variable de ajuste para el mantenimiento o el aumento de la
ganancia. La política económica del Estado venezolano se ha limitado a
construir un conjunto de empresas públicas en sectores estratégicos, dominado
en gran medida por el sector privado. En la actualidad, el Estado aplica una
política preferencial hacia las multinacionales, como lo demuestran ampliamente
la Ley de inversiones y la creación de las zonas económicas especiales.
El Estado, a pesar de la
nueva Constitución de 1999, no es en absoluto un Estado socialista. Está
compuesto por profesionales de la política, no revocables, mezcla de personajes
regularmente acusados de negocios turbios, o procesados por corrupción. La
fracción más poderosa de la burguesía, representada por ejemplo por Cisneros,
comprendió bien la distancia entre las proclamaciones sobre el socialismo del
siglo XXI y la realidad de las prácticas y decisiones políticas. Esto explica
que la fracción más radical de la oposición sea conducida por partidos que se
desarrollaron principalmente en el seno de la pequeña burguesía (como voluntad
Popular que se construyó en torno a las movilizaciones estudiantiles
anti-Chávez), abierta a la influencia norteamericana y vinculada también al
capital transnacional. Hubo entonces una ruptura entre, por un lado, las viejas
corrientes de la burguesía representadas por AD, COPEI o Primero Justicia, y
por el otro, la alianza entre la pequeña burguesía desclasada y una parte de la
burguesía internacionalizada, negociante y excluida del poder.
Esta porosidad entre la
realidad capitalista de la economía venezolana y el aparato estatal encuentra
su clímax con la irrupción masiva de los militares bajo el mandato de Maduro,
que ocupan la economía en todos los sectores. Se convierten en propietarios de
un gran número de empresas, a la vez que reciben recursos financieros. Y
contrariamente a lo que afirma Víctor Álvarez, el empresario socialista es un
mito, sobre todo si se tiene en cuenta la definición que da de ello: « a
diferencia del empresario capitalista, motivado por el lucro, el empresario
socialista está motivado por su vocación de servicio y por los principios de
solidaridad, cooperación y de objetivos realizados» [19].
Los trabajadores que han
tenido que luchar en las empresas públicas, PDVSA, SIDOR, Corporación Eléctrica
Nacional, Metro de Caracas, etc., contra la corrupción o la incompetencia de
estos dirigentes, o incluso contra la intransigencia patronal de la que han
dado pruebas, podrán testimoniar fácilmente que el empresario socialista se
parece como dos gotas de agua al empresario capitalista.
La novedad de este régimen
madurista es la fusión entre el personal político y los negocios. La corrupción
les ha permitido enriquecerse, pero también ha permitido diversificar sus
activos. La elección deliberada de Maduro de abrir a los militares la
posibilidad de ocupar todos los sectores de la economía se inserta en la
continuidad de la formación de este grupo de nuevos ricos, surgidos de las
especulaciones sobre la moneda y el comercio en los años 2000 y que ahora
invierte en la producción. Todo este conjunto de individuos, a partir de su lugar
en el aparato de Estado y en relación con los círculos empresariales, se ha
constituido en «boliburguesía», distinguiéndola de la burguesía «histórica» que
ha atravesado la historia del país.
Recordemos que, para Marx, el
concepto de clase se refiere a un grupo social definido a partir de la
producción de conjunto y no reducido a la naturaleza individual del trabajo.
Tiene en cuenta tanto los ingresos, la propiedad, el Estado y se diferencia de
la casta que se constituye por una condición particular. Un ejemplo bien
conocido de casta es el de la burocracia soviética. Analizada por Trotsky como
surgida del proletariado soviético, y cobrando autonomía a través del Estado
soviético y cuyos intereses se refractan a través de ella, se podría de hecho
sacar una analogía con lo que algunos llaman la «casta bolivariana». Pero aquí,
en Venezuela, estamos en una sociedad burguesa donde el Estado anterior no fue
destruido por Chávez sino ligeramente remodelado, esto explica que la
burocracia corrupta se haya vuelto indisociable de la burguesía, que sigue
siendo la clase dominante del país.
En términos más generales,
esta burocracia chavista original que ha podido desarrollar fortunas personales
sobre la base inicial de la «simple» corrupción, está ahora estrechamente vinculada
a la dirección de empresas, a la producción y al comercio, posibilidad abierta
por las opciones políticas de los Gobiernos de Chávez y de Maduro. Los
dirigentes de este país, en su mayoría de estratos medios o del aparato
militar, se integraron a la burguesía venezolana. La boliburguesía, limitada
inicialmente a los empresarios que se enriquecieron gracias a las relaciones
establecidas con el Estado, se ha extendido a lo largo de los años al aparato
de este Estado y se ha convertido en la norma del poder madurista. Los que se
negaron a participar en esta evolución y lo denunciaron, o bien fueron
excluidos o bien se marcharon por su cuenta.
Para llegar a esta
conclusión, ha sido esencial trazar la trayectoria del poder chavista.
Descubrimos así que la debilidad originaria del grupo de poder, unida a las
opciones políticas de negarse a modificar en profundidad las relaciones
sociales y económicas, llevó a lo contrario del programa con el que Chávez fue
elegido.
Sin embargo, si la izquierda
se ha interesado, e incluso a veces identificado con el chavismo, se debe a los
resultados positivos de las políticas aplicadas en los primeros años. El
establecimiento de misiones, con acceso gratuito a la atención sanitaria en los
barrios populares, la creación de universidades bolivarianas, la política
preferencial en favor de los más pobres, alimentaban una esperanza de ruptura
con el neoliberalismo que dominaba el planeta. Para muchos en los rangos de la
izquierda, el chavismo devolvía la esperanza y abría la posibilidad de cambiar
el orden de cosas. Pero la política ambigua, la de tratar de satisfacer a
todos, tropezó con la realidad de los conflictos de clase. Rápidamente se
multiplicaron los retrocesos, y la victoria de Maduro selló el fin del juego y
de los debates. A pesar de su retórica antiimperialista, el régimen se recostó
a la fracción que se apoderó del chavismo: la boliburguesía. Como dice Manuel
Sutherland, la «ruina de Venezuela no se debe ni al «socialismo» ni a la
«revolución» [20], dos fenómenos que nunca han existido como tales en este
país.
Este debate sobre la
trayectoria y la naturaleza del régimen venezolano desde la toma del poder por
parte de Chávez es esencial, ya que debe también permitirnos tratar de
comprender el repentino giro que sacude a América Latina con las sucesivas
victorias de la derecha, incluso extrema, en las últimas elecciones, ya sea en
Brasil, Colombia, Argentina, Chile, etc. Porque esta situación no es exclusiva
de Venezuela. También habrá que plantearse la cuestión sobre la evolución de
Ecuador que condujo a la salida de Correa, como la de Nicaragua y la feroz
represión del pueblo nicaragüense por parte del presidente Ortega.
¿Por qué perdieron y por qué
fueron repudiados por su propia base electoral, unos gobiernos que habían
llegado al poder apoyándose en las reivindicaciones de las capas populares?
Notas:
[1] PSUV: Partido Socialista
Unido de Venezuela, partido en el poder; Polo Patriótico, coalición de pequeños
partidos con el PSUV para las campañas electorales.
[2] Véase la descripción
hecha por André-Gunder Frank en su obra Lumpenburguesía y Lumpendesarrollo,
(Ndt: primera edición en Era, México, 1971).
[3] Recordemos que la
Constitución de 1999 confirma su apoyo a la iniciativa privada en materia
económica (artículo 112). Esta falta de cuestionamiento del sistema y del modo
de producción explica en parte que, veinte años después de la victoria de
Chávez, el peso del sector privado en la economía haya permanecido casi
idéntico al del año 1998, alrededor del 65%.
[4] Explicación de las siglas
políticas: URD (Unión Republicana Democrática), COPEI (Comité de Organización
Política Electoral Independiente), MAS (Movimiento al socialismo), PCV (Partido
Comunista de Venezuela), FALN (Fuerzas Armadas de Liberación Nacional), AD
(Acción Democrática), MEP (Movimiento Electoral del Pueblo), Causa R (La causa
radical), PPT (Patria Para Todos).
[5] Fue detenido en 2009 y
todas sus empresas fueron confiscadas.
[6] En 2013, el Tribunal
Supremo de Justicia decidió enjuiciar al General encargado del Plan Bolívar
2000, Victor Cruz Weffer, tras una investigación iniciada en 2002. Sin embargo,
las primeras denuncias tuvieron lugar durante la ejecución del Plan Bolívar
2000. En el informe de Clodosvaldo Russián, de la Oficina del Contralor
General, se explicaba que se estaban realizando facturas ficticias con empresas
inexistentes que permitían tráficos de fondos en muchas regiones. El elevado
número de denuncias aceleró el fin de este Plan Bolívar, a pesar de que el
trabajo social realizado fue considerable, en contraste con el abandono de los
barrios populares de los períodos anteriores.
[7] Ver el artículo de
Francine Jacome, Los militares en la política y la economía de Venezuela,
publicado en el nº 274 de marzo-abril de 2018 de la revista Nueva Sociedad.
[8] Recordar que, desde 2014,
10 de los 11 ministros de Agricultura fueron militares.
[9] Ver en el sitio
ArmandoInfo, El gobierno bolivariano subcontrató a los caudillos de la Fuerza
Armada
[10] De los 19 estados en los
que ganó el PSUV, y sus aliados, 8 fueron ganados por militares jubilados.
[11] Banco Confederado y
Banco Bolívar fueron nacionalizados. Banco canarias y Banpro fueron liquidados.
[12] Ver por ejemplo el de
Thor Havorssen, publicado en Tal Cual el 31-5-2007
[13] El principio se basa en
el hecho de que este inversor obtiene dólares a un tipo preferencial para
comprar una mercancía y venderla al tipo de cambio «normal». Tomemos un ejemplo
ficticio: obtiene 1 dólar por 2,5 bolívares al tipo preferencial con un tipo de
cambio «normal» de 1 dólar por 5 bolívares. Compró una mercancía por 100
dólares y, por lo tanto, gastó 250 bolívares para conseguir esos 100 dólares.
La venderá en Venezuela por 100 dólares o 500 bolívares. Ha duplicado su
inversión inicial y, por lo tanto, puede repetir la misma operación, con fondos
duplicados.
[14] En su texto de junio de
2014, testimonio y responsabilidad ante la historia, habla de «mecanismo
perverso» a propósito del SITME.
[15] Véanse sus dos artículos
publicados en los números del diario Últimas Noticias de los días 12 y 19 de
noviembre de 2017. En particular en el del 19-11-2017, donde explica: En el más
absoluto secreto, un lobby neoliberal prepara en la Constituyente una Ley
Terminator de Promoción y Protección de las Inversiones, o de Inversión
Extranjera Directa, para conceder a empresas particulares de otros países más
privilegios que a los venezolanos y arruinarnos».
[16] Publicó varias obras que
establecían los vínculos entre la CIA y la administración Bush con la oposición
venezolana que promovió el golpe de Estado de 2002, en particular en 2006 con
su libro Bush vs. Chávez – La guerra de Washington contra Venezuela y en 2005
con Code Chávez – CIA contra Venezuela.
[17] Ha publicado varios
artículos en la prensa norteamericana, en particular durante el intento de
encuentro entre Trump y Maduro a finales de 2018, donde denuncia a los dos dirigentes
como estrellas gemelas. Luego, en su sitio web, el 8 de enero de 2019, publicó
una investigación sobre el nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia,
donde lo presenta como un ex criminal, además ex guardaespaldas del ex
presidente Carlos Andrés Pérez. De ello deduce que este caso representa la
evolución peligrosa y malsana del madurismo, así como su ruptura con el
chavismo.
[18] Por qué no existe la
«boliburguesía» publicado el 20 de junio de 2016 en el sitio venezolano www.aporrea.org
[19] Ver el artículo en su
sitio, mayo de 2011, titulado «el Empresario Socialista». Víctor Álvarez fue
Ministro de Industrias Básicas y Minas durante Chávez.
[20] Título de su artículo,
publicado en el N° 274 de marzo-abril de 2018 en la revista Nueva Sociedad.
Traducción de Ruben Navarro –
Correspondencia de Prensa