Un 40% de
la población mayor de 65 años no cuenta con seguridad social en América Latina,
una región donde la población está envejeciendo de forma acelerada, según
un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El
dato fue mencionado por la representante de la Cepal Sandra Huenchuan Navarro,
al participar en el seminario «Los derechos humanos de las personas adultas
mayores en México», en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),.
Al
disertar en la sede subregional de la Cepal en México, Huenchuan Navarro alertó
que este fenómeno ocurre en un escenario donde todavía existe desprotección.
«La
seguridad social no está garantizada para todos y hay heterogeneidad; por
ejemplo, hay países con muy baja cobertura, como Colombia, con 26 por ciento en
2015; Guatemala, con 19 por ciento, u Honduras, con 10 por ciento», indicó.
La
representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe afirmó
además que las necesidades de las personas mayores van en aumento, pues
incrementa la prevalencia de discapacidad severa en esa población. «También hay
que atender su salud mental, y un tema emergente es el cuidado de largo plazo»,
indicó.
Por
ello, resaltó que es un reto central llevar a la práctica la protección de los
derechos de esa población en un contexto de «elevada desigualdad, donde también
hay otros grupos sociales muy desprotegidos, como los jóvenes».
Recordó
que este año se cumplen cuatro años de la aprobación de la Convención
Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, que establece entre otras
cosas el derecho a la vida y la dignidad en la vejez; a la independencia y la
autonomía, y a los cuidados de largo plazo.
La
Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores establece cuáles
son las obligaciones del Estado con respecto al tema e incluye los cuidados
paliativos, además de que se utiliza por primera vez el concepto de género,
informó la agencia de noticias Xinhua.
Recordó
que desde 2015, siete países la han ratificado: Uruguay, Costa Rica, Chile,
Bolivia, Argentina, El Salvador y Ecuador, pero faltan tres para que se instale
el mecanismo de seguimiento, «y eso es un desafío».