Venezuela.
Desvío de dineros, malversación de
fondos de la ayuda humanitaria, inflación de cifras, fraude y amenazas fueron
usados por el equipo del autoproclamado presidente interino venezolano Juan
Guaidó en Cúcuta para rodearse de lujos, con la excusa de mantener a los
militares venezolanos desertores.
La primera denuncia la hizo
Orlando Avendaño en Panam-Post, donde recordó que la oferta que atrajo a
algunos miembros de las fuerzas armadas venezolanas fue que todo aquel que
abandonara al presidente constitucional Nicolás Maduro sería tratado como
un héroe. Los militares se terminaron hospedando en siete hoteles. Escándalos,
prostitutas, alcohol y violencia; estadía en hoteles, manutención de ellos y su
familia; medicinas, comida, bebidas, hospital, lo que necesitaran.
El ministro venezolano de
Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, recordó que desde el 23 de marzo
denunció con pruebas «el entramado de corrupción y conspiración internacional
contra el país desde Cúcuta, Colombia», por parte del presidente de la Asamblea
Nacional, Juan Guaidó, con dinero enviado (centena de miles de dólares) para
reclutar sicarios.
Juan Guaidó, por su parte,
tuiteó: “Delegación en Colombia ha manejado con austeridad y limitaciones
económicas situación de militares en ese país. Ante denuncias, pido al
embajador Calderón Berti solicitar formalmente a organismos de inteligencia
colombiana la investigación necesaria. ¡Transparencia ante todo!”
Y el secretario general de la
OEA intentó también deslindarse de la corrupción que todos conocían:
“Solicitamos a jurisdicción competente investigación esclarecedora de graves
cargos aquí formulados, determinar responsabilidades y exigir rendición de
cuentas. No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción”.
Del fracaso de la Operación
Cúcuta del 23 de febrero se logró tejer una red de corrupción. Los exdiputados
José Manuel Olivares y Gaby Arellano, era quienes conducían la parte operativa
relacionada a los esfuerzos por ingresar ayuda humanitaria desde Cúcuta y la
eventual posibilidad de un quiebre militar en la frontera que derivaría en el
gran triunfo del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Pero fue un
fracaso.
El 24 de febrero, al día siguiente de
que decenas de militares cruzaran la frontera hacia Colombia, Guaidó firmó una
carta en la que se autorizó a Rossana Barrera y a Kevin Rojas, ambos militantes
de Voluntad Popular (VP), la atención del comando, logística y seguridad de los
“ciudadanos venezolanos, civiles y militares, que ingresan a territorio
colombiano, buscando ayuda y refugio”. Barrera, es cuñada del diputado de VP
Sergio Vergara, mano derecha de Guaidó, desde la prisión de Roberto Marrero.
Del pago de los hoteles, el
gobierno de Colombia se estaba encargando del pago de unos y ACNUR, la agencia
de las Naciones Unidas para los refugiados, de otros, incluidos los hoteles
Hampton Inn y el Villa Antigua, en Villa del Rosario. A la gente de Guaidó, le
correspondía el pago de los hoteles Ácora y Vasconia.
Una alarma sonó en el
gobierno de Colombia, sobre la cifra de militares venezolanos desertores en
Cúcuta. La información que le pasó Guaidó al presidente colombiano Iván Duque
fue de más de 1.450 funcionarios. La inteligencia colombiana concluyó en que
Barrera y Rojas habían inflado la cifra de desertores, ya que son menos de 700.
Las alarmas se prendieron
cuando Barrera y Rojas empezaron a llevar una vida de millonarios,
desarrollando todo un entramado para malversar fondos relacionados a la ayuda
humanitaria y la manutención de los militares en Cúcuta, en hoteles,
discotecas, bebidas, comidas y ropa cara en tiendas de Bogotá y Cúcuta,
reportes de alquiler de vehículos y pagos en hoteles con sobreprecios.
Otro incidente, del que se percató el
Gobierno de Colombia, estuvo relacionado con la cifra de militares en Cúcuta.
La información oficial, proveída por el Gobierno de Juan Guaidó al de Iván
Duque luego de una valoración, era de más de 1 450 funcionarios. No obstante,
una evaluación paralela de inteligencia colombiana concluyó en que Barrera y
Rojas habían inflado la cifra de desertores. Realmente eran unos 700.
El pasado 15 de mayo, unos 60
desertores de la fuerza armada de Venezuela y sus familias fueron desalojados
del hotel en el que se refugiaban en Colombia debido a deudas con el hospedaje.
A mediados de mayo ambos
encargados de la operatividad en Cúcuta se propusieron organizar una cena
benéfica en el lujoso restaurante Pajares Salina de Bogotá, con el fin de
recoger fondos para mantener a los uniformados y sus familiares, a la que se
opuso el “embajador” de Guaidó, Calderón Berti. La cena se canceló finalmente.
Los servicios de inteligencia
colombianos alertaron a Caracas: «Leopoldo López y Juan Guaidó se enteraron de
todo lo que hacían Rossana Barrera y Kevin Rojas», quienes fueron apartados,
pese a la férrea defensa de la gente de Guaidó, que intentaban desviar la
atención contra Calderón Berti. Barrera entregó en una auditoría practicada en Bogotá
soportes por apenas cien mil dólares de gastos durante su estancia en Cúcuta.
Molestia de los colombianos
El Gobierno de Colombia está
molesto y se siente estafado en su condición de “aliado” de la oposición con
venezolana, no solo por los dolosos manejos de la gente de Guaidó sino porque
jamás le comunicaron sobre los diálogos que se desarrollaron en Oslo con
representantes del gobierno. Hace un mes Guaidó y López supieron del entramado
corrupto de sus emisarios en Cúcuta: hasta ahora no respondieron.
Barrera y Rojas eran asimismo
corresponsables del manejo de las toneladas de ayuda humanitaria estacionada en
Cúcuta y donada por varios países, junto a Miguel Sabal, el designado por
Guaidó para manejar todo lo relacionado a USAID: el 60% de todos los alimentos
donados por diversos gobiernos, como el chileno, se dañó, se pudrió.
Estas comprobaciones
despertaron las alarmas e investigaciones en varios gobiernos sudamericanos,
que también sumaron sus “ayudas” a la oposición venezolana, mientras financian
a los “embajadores” y “enviados especiales” de quien ahora ya no presentan como
“presidente interino” sino solo como “presidente de la Asamblea General”.