Por Lautaro Rivara,
sociólogo
y miembro de la Brigada Dessalines de
Solidaridad con Haití
Haití
vuelve a arder por las denuncias de corrupción institucionalizada, por el
continuado desabastecimiento de combustibles y por los rumores de un posible
aumento en los precios del carburante que impactaría directamente en los costos
del transporte y los alimentos. Para la oposición parlamentaria y para los
movimientos sociales, una medida de estas características sería un verdadero
atentado contra las inmensas mayorías populares que sobreviven con menos de dos
dólares diarios: así lo expresaron representantes del Foro Patriótico por un
Acuerdo Nacional contra la Crisis que sesionó recientemente en la localidad
rural de Papaye, reuniendo a más de 250 dirigentes de todos los sectores del
país. Es por eso que diversas organizaciones y partidos políticos se encuentran
movilizados, convocando a la población a tomar las calles para exigir el cese
de la crisis económica y la renuncia inmediata del presidente Jovenel Moïse.
El último intento de aumentar el precio de los combustibles,
ejecutado por el gobierno por indicación del Fondo Monetario Internacional,
culminó en julio del año pasado con un millón y medio de personas en las
calles, con una huelga general que paralizó a todo el país, con la suspensión
de la impopular medida y con la renuncia del ex Primer Ministro Jack Guy
Lafontant. La falta de hidrocarburos es consecuencia directa del embargo
aplicado a Venezuela por los Estados Unidos, que no permite que llegue al país
el petróleo subsidiado y bajo condiciones preferenciales que ofrecía a Haití el
acuerdo de cooperación energética de Petrocaribe. En este marco el estado
haitiano, a través del BMPAD (Oficina de Monetización de Programas de Ayuda al
Desarrollo, por su sigla en francés) debe comprar combustible a las empresas
norteamericanas en condiciones de mercado sumamente desventajosas y se
demuestra incapaz de pagar sus deudas con la empresa importadora.
En un país que no produce hidrocarburos pero que los consume con
moderación, el cuadro de situación se repite: desabastecimiento generalizado,
contrabando y aumento de precios de hasta el doble o el triple del valor de un
galón de nafta o diesel, paralización parcial del transporte, etc. Las
numerosas estaciones de combustible, que se han multiplicado no tanto por su
rentabilidad como por su carácter de cobertura para el lavado de dinero del
narcotráfico que encuentra en Haití un lugar de paso, se encuentren cerradas.
Los mototaxistas empujan sus vehículos ladera arriba y cuando se corre el rumor
del próximo abastecimiento de un determinado puesto, se congregan por centenas
y disputan enérgicamente los escasos litros de nafta en disponibilidad. Por
estos tiempos nadie se desplaza por la calle sin su emblemático recipiente de
plástico amarillo que algunos han comparado, como símbolo de lucha, a los
chalecos lumínicos utilizados por los manifestantes franceses. Los ahora
escasos «tap tap», pequeñas camionetas que constituyen el transporte más
popular del país, se desplazan con sus capacidades de carga más excedidas que
lo habitual.
La extensa Ruta Nacional número 1 que conecta la capital Puerto
Príncipe con la ciudad de Gonaïves presenta por estos días una fisonomía
extraña. Pese a que el desabastecimiento de combustible lleva ya semanas, el
trajinar cotidiano de las madanm sara no se detiene. Se trata de las comercializadoras
que conectan la oferta de productos agrícolas del golpeado medio rural
haitiano, con las necesidades de los grandes centros urbanos. En particular con
la capital Puerto Príncipe, una megalópolis de tres millones de habitantes.
Estas mujeres afanosas cargan los camiones con plátano, arroz, frijoles, maíz,
frutas y demás productos elementales de la dieta nacional, y se acomodan sobre
los enormes sacos, en el último resquicio disponible. Los viejos camiones
consumen sus últimos galones en la tentativa de llegar a la ciudad, y uno a uno
van a morir a la estación más próxima, a la espera de que el preciado líquido
vuelva a ser inyectado en los surtidores. A lo largo de todas las carreteras
cada puesto deviene un gran acampamento rodeado por decenas de camiones, con
las madanm sara y sus niños durmiendo sobre esterillas o sobre el asfalto, en
las tierras circundantes o a la sombra de los grandes acoplados.
Mientras, las manifestaciones espontáneas de descontento bloquean
las carreteras con piedras y neumáticos encendidos, y tras cada obstáculo se
congregan los tap tap y las motos para hacer el forzoso trasbordo barricada
tras barricada. Hacer 25 o 50 kilómetros se vuelve una odisea que puede durar
horas. Para las madanm sara, en cambio, un viaje de media jornada puede demorar
días, o incluso semanas. Además de la región metropolitana, han sido reportados
bloqueos totales en la localidad de Arcahaie en la región del Artibonite, en
Mirebalis en la región del central, en Cabo Haitiano al norte, y en varios
puntos al sur del país. En los últimos días la actividad gubernamental,
comercial y escolar se ha reducido al mínimo y las perspectivas para los
próximas días es que se paralice por completo.
Pero el drama profundo que atraviesa a la nación caribeña tiene
también una dimensión política. En este contexto, simultáneamente con la crisis
económica, se agrave la crisis de legitimidad. El gobierno de Jovenel Moḯse y
el PHTK intentan imponer un nuevo primer ministro, el señor Fritz William
Michel, después del breve paso por el cargo de Jean Henry Céant y Jean-Michel
Lapin. Se trató en ambos casos de figuras intrascendentes, meros fusibles que
intentaron contener sin éxito la crisis, otorgando una sobrevida al presidente
en funciones. Michel, el nuevo candidato, se desempeñó como contador en jefe al
servicio del Ministerio de Economía y Finanzas entre los años 2009 y 2011.
Aunque ha sido anunciado como Primer Ministro el 22 de julio del presente año,
la Constitución haitiana expresa con claridad que corresponde al Presidente
elaborar la candidatura, pero qué es el Parlamento quién tiene la potestad de
aprobarla o denegarla. Su ratificación en la Cámara de Diputados fue atravesada
por acusaciones de nulidad, dado que el senador Sorel Jacinthe denunció que el
voto favorable de varios legisladores fue comprado por el partido de gobierno
con una suma de 500 mil dólares. Lo que es claro es que su ratificación en el
Senado no pudo realizarse por la protesta de varios senadores y de
manifestantes que invadieron el reciento, por lo que su ejercicio del cargo se
realiza hoy contraviniendo la Constitución nacional, la misma que establece un
régimen político mixto que emplaza al presidente como Jefe de Estado y al
Primer Ministro como Jefe de Gobierno. Para agudizar aún más la crisis, en
estos días Michel se vio envuelto en un nuevo escándalo de corrupción que
salpica a la clase política local, a través de presuntos sobreprecios en las
ventas que una empresa agrícola a su nombre realizaba al Estado.
El gobierno del presidente Jovenel Moïse ya cuenta en su oposición
al campesinado, los sectores sindicales, los barrios populosos de las
periferias urbanas, la burguesía comercial nucleada en el Foro Económico
Privado y a buena parte de la clase política tradicional. Sólo una fracción de
la oligarquía y el apoyo irrestricto de los Estados Unidos, que aún no se han
manifestado sobre los últimos estertores de la crisis, parecen sostenerlo en el
poder. Sin embargo, la profundización simultánea de crisis política y económica
hace prever nuevos ciclos de movilización de masas, cada vez más radicales, y
cada vez unificados bajo la demanda de la dimisión y el pedido de una
transición política que permita reconstruir al país.