Costa Rica
Por Gilberto Cascante
El
pasado año la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) y la Rel
UITA firmaron un acuerdo de colaboración para articular capacidades y recursos
en el abordaje de varias temáticas comunes. Gilberto Cascante, presidente de
ANDE, participó en la víspera de la inauguración del Taller “Igualdad de género
y sindicatos”. En esta oportunidad entrevistamos a Cascante en momentos donde
el sector educativo costarricense vuelve a abarrotar las calles del país. La
protesta llega después de la huelga de tres meses del año pasado, contra la
reforma fiscal que el gobierno quería imponer a toda costa.
En octubre del año
pasado, el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides,
presentó el proyecto de ley 21.049 que buscaba imponer restricciones al derecho
a la huelga en el país.
Un mes
después, la legisladora Yorleni León presentó
otro proyecto de ley (21.097) que pretendía prohibir el derecho a huelga a
distintos sectores que brindan ‘servicios esenciales’, entre otros, la
educación pública.
También preveía la aplicación de
descuentos al salario si la huelga es declarada ilegal ̶ sin posibilidad de
acuerdos para reposición de tiempo ̶ y la prohibición de la huelga contra políticas
públicas.
El 9 de agosto, ambos proyectos fueron
fusionados en un dictamen afirmativo de mayoría.
Ante el
peligro inminente de un cercenamiento del derecho constitucional a huelga, la Asociación Nacional de
Educadores y Educadoras (ANDE) y otras organizaciones magisteriales convocaron
a una primera huelga intermitente.
Asimismo, solicitaron la mediación de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) logrando la instalación de una mesa de diálogo.
“Acordamos varios puntos, entre otros
que no se considerara la educación como un servicio esencial, garantizando de
esta manera el derecho a huelga.
Lamentablemente,
al momento del voto los diputados presentaron varias mociones que alteraron el
contenido del acuerdo alcanzado, dejándonos sin otra opción que volver a las
calles”, explicó a La Rel, Gilberto Cascante, presidente
de la ANDE.
Cascante manifestó
también que sobre el gremio magisterial pende otra ‘espada de Damocles’, es
decir el proyecto que pretende unificar el régimen de pensiones del magisterio
con el de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Después de
la aprobación en primer debate del proyecto de ley 21.049 “Ley para brindar
seguridad jurídica sobre las huelgas”, ANDE, entre otras
organizaciones magisteriales lograron iniciar una acción de inconstitucionalidad.
“Conseguimos la firma de diez diputados
y presentamos la solicitud ante la Sala Constitucional, que ahora tiene un
plazo máximo de 30 días para decir si esta ley violenta el derecho
constitucional a la huelga.
No podemos
perder el derecho que como pueblo tenemos de manifestarnos en las calles del
país y de protestar cuando nos sentimos maltratados”, dijo Cascante.
Modelo
neoliberal
Para el
presidente de ANDE,
lo que está ocurriendo en Costa Rica y en otros
países de América
Latina y el mundo es parte de un plan macabro trazado por
el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Criminalizan la protesta
social, precarizan la educación y nos convierten en mano de obra barata
expuesta a la explotación.
Nos estamos enfrentando a un modelo que deteriora la calidad de
vida de los pueblos, les quita el derecho a la salud, a la educación y a un
trabajo digno y contribuye a enriquecer más al gran capital nacional y
transnacional”,
apuntó Cascante.
Una ofensiva que cuenta con el apoyo
incondicional de los medios de comunicación corporativos, como parte activa del
proceso de estigmatización y criminalización de la protesta social.
Si la ofensiva es global, también la
respuesta debe serlo.
Es por eso
que la Internacional
de la Educación (IE) se está reuniendo en estos
días con un grupo de abogados para presentar denuncias a nivel internacional.
“Unificar
fuerzas es fundamental si queremos enfrentar esta nueva embestida”, concluyó Cascante.