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Invasiones bárbaras: La caravana ataca


por Nery Chaves García, Javier Calderón Castillo y Esteban De Gori

La caravana migrante que reúne a miles de personas de nacionalidad hondureña y guatemalteca da cuenta de los problemas históricos de desigualdad y de crisis de legitimidad política recurrente. Además de su situación asimétrica frente a los EE. UU., la grave situación migratoria es presentada casi como un ejército de invasión. Ello habilita discursos racistas y xenófobos a ambos lados de la frontera. Pese a ello, Estados Unidos es el imán que promete una nueva vida, ante estados mesoamericanos que se han convertido en desiertos políticos. No sólo no integran a sus ciudadanos y ciudadanas sino que inhiben el vínculo. Honduras y Guatemala vienen de crisis repetidas que solo prometen expulsión más que un bienestar futuro.

Dos gobiernos conservadores que abandonaron la integración social como problema. Es más redituable exportar gente que contenerlas en la trama de políticas públicas. La xenofobia ha aumentado. Los movimientos migrantes mesoamericanos han ampliado las miradas racistas de un mundo en convulsión política. Un territorio americano, que, salvo la novedad de AMLO, se corre a la derecha o la mayoría de las experiencias de izquierda entran en crisis.
La caravana demuestra el drama de una migración que lleva años y que todavía deja indemne a todos los partidos. La política está quebrada, como su preocupación por los y las migrantes, también lo está la democracia y ello genera incertidumbre y padecimientos.

¿Por qué la caravana de migrantes?

 

Así como las políticas neoliberales, extractivistas y la violencia han conformado estructural e históricamente a la región del Triángulo Norte de Centroamérica, la migración también ha sido un fenómeno que configura realidades económicas, simbólicas y políticas novedosas a un lado y al otro de las fronteras por donde se desplazan los y las migrantes. Guatemala, El Salvador y Honduras son países expulsores de personas y receptores de remesas. La pobreza llegó al 38,2% en El Salvador, mientras que en Honduras fue del 68,9%, en 2017.
El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas determina a Centroamérica como la región más desigual de América Latina[i]. En efecto, la brecha entre el décimo y primer decil de ingresos alcanzó el 13,3% para El Salvador y 36,8% para Honduras. Guatemala no cuenta con datos actualizados.[ii]

La criminalidad y la violencia, según Naciones Unidas, llegaron a tasas pandémicas: El Salvador cuenta con 81,7 homicidios por cada 100.000 habitantes mientras que Honduras y Guatemala cuentan con un 58 y 27,3, respectivamente. A esta situación, se suma la impunidad en la región, que ronda entre el 90% y 85%.[iii] Todas estas cifras convirtieron a la región en un referente internacional lo que, en definitiva, significó para EE. UU. una oportunidad para influir en el desarrollo de políticas de seguridad para el combate del narcotráfico y la delincuencia común, y dependencia tecnológica y económica mayor de la región con respecto al país de norte. Así, la vida cotidiana en el Triángulo Norte de Centroamérica se encuentra militarizada y asediada por peligros e instituciones desestructuradas.

Considerando los datos anteriores, la migración se constituye como la única posibilidad para gran parte de las personas en el Triángulo Norte. El éxodo hacia Estados Unidos es un símbolo de esperanza para sí mismos y sus familias; para la mejora de sus condiciones materiales lejos de la violencia criminal de las maras, el crimen organizado y el Estado en sí mismo. De acuerdo al Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR), cada día salen 300 personas de Honduras y la comunidad salvadoreña es la comunidad latina más grande en Estados Unidos.[iv]

Así, lo que se conoce hoy como ‘caravana de migrantes’ –ya multiplicada en varias caravanas– es, en realidad, un éxodo colectivo que antes se encontraba más disperso y no en masa. Y es que el viajar juntos consiste en una forma de resistencia y cuidado colectivo para atravesar México, hoy un paraíso de narcotráfico, crimen organizado, organizaciones paramilitares, fuerzas armadas corruptas que arrojan a las personas migrantes a la extorsión, el secuestro, la violencia, el trabajo forzado y un largo etcétera de terror.  Una caravana que se organizó a través de redes sociales y que recuperaron las memorias de tránsito que se vienen haciendo durante años, como la articulación con organizaciones que colaboran con el tránsito de los y las migrantes.
La caravana de migrantes se constituye en el rostro más visible de las peores consecuencias de las políticas excluyentes y de la violencia como mecanismo de despojo económico, social y cultural. El éxodo colectivo es, también, la única forma de acompañarse en el sueño de un camino que no les asesine y un hogar que pueda cubrir necesidades básicas. Hoy, las caravanas de migrantes –en plural– son la mejor pintura de aquello que provoca un capitalismo financierizado, desigualizante y de una élite poco atenta a las necesidades sociales.

Los gobiernos de Honduras y Guatemala indemnes

 

La caravana ha visibilizado esa realidad exacerbada por el deterioro democrático en Honduras y Guatemala. No se puede olvidar el ‘golpe electoral’ de Juan Orlando Hernández y el apoyo del Gobierno de Trump a esta elección. Y no debemos olvidar el apoyo de Obama al derrocamiento de Manuel Zelaya en 2009. Ellos también apoyaron hasta último momento al depuesto presidente Otto Pérez Molina en Guatemala y respaldan al actual, Jimmy Morales, acusado de corrupción y de financiación ilícita de su campaña electoral. Este apoyo político tuvo un efecto paradójico: la migración de ambos países impacta sobre el mismo Estados Unidos y la salida de dólares como remesas también provienen del Tesoro norteamericano.
La visibilidad de las condiciones de pobreza y violencia en esos países debería tener repercusiones directas sobre sus gobiernos, sin embargo todo indica que el efecto es contrario. El Gobierno de los EE. UU., recrimina a México por permitir el paso de la caravana, aunque tan sólo en el 2018 las autoridades migratorias de ese país deportaron a más de 80 mil personas registradas en los puestos de migración[v] (que corresponden al 80% del total registrado). Sólo con los datos oficiales de personas registradas se puede determinar que 400 personas por día tratan de pasar por México para llegar a los EE. UU. Los medios y el propio Gobierno de Estados Unidos soslayan el papel de sus socios en los gobiernos de Honduras y Guatemala que mantienen políticas de desigualdad en sus territorios y violan sistemáticamente los derechos humanos de la ciudadanía.

Juan Orlando Hernández dice que su Gobierno está haciendo todo lo posible para mitigar las causas de la migración, pero mantiene el modelo excluyente sin distribución de la riqueza. El presidente Hernández no asume su responsabilidad[vi], la traslada a la oposición y señala que la caravana “tiene el objetivo de mellar la imagen y el buen nombre del Gobierno”, también los responsabiliza de traficar con personas e incitar la caravana, aun cuando reconoce que estos movimientos migratorios vienen de tiempo atrás[vii]. Se puede decir que la Presidencia de Honduras está tratando de controlar los daños, negando los efectos políticos de décadas de malos gobiernos del Partido Nacional y señalando al Partido Libre, a Zelaya e incluso al Gobierno de Venezuela o a George Soros como los responsables. No advierte que cerca de 32 mil hondureños y hondureñas han sido deportados de México en lo que va del 2018 y que, año tras año, la problemática continúa.

Lo mismo ocurre en Guatemala. El presidente Jimmy Morales se ha desligado por completo como responsable de las causas que originan la migración de los guatemaltecos, incluso ha utilizado la caravana para silenciar la crisis de gobernabilidad que atravesó tan sólo un mes atrás con las grandes manifestaciones que pidieron su dimisión por las causas de corrupción iniciadas por la Fiscalía de su país y por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala-CICIG. El Gobierno de Donald Trump, respaldó (de forma tibia) las denuncias de Jimmy Morales en contra del organismo multilateral, proponiendo una CICIG reformada, lo que significa disminuir herramientas de control y quitar del medio a los comisionados más incisivos en las investigaciones, como el colombiano Iván Velásquez[viii].

La caravana (y la migración en general) está en el centro de una puja política que beneficia las políticas de control de EE. UU. en contra de los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), sobre quienes opera desde hace años una política de apoyo para los partidos conservadores, pero con resultados paradojales. Ningún partido conservador, ni progresista puede detener aquello que impacta en los Estados Unidos.
Trump se beneficia mostrándose duro e implacable contra los migrantes (niños, niñas, mujeres y hombres pobres) y se afirma en el America First. Los gobiernos conservadores de Guatemala y Honduras refuerzan sus discursos autoritarios e irresponsables descargando culpas en la oposición y, en el Salvador, el ultraderechista partido ARENA utiliza el discurso amenazante de Trump en contra de las políticas del partido de Gobierno (FMLN), en medio de la campaña electoral.

Sin embargo, la caravana ha dejado un alto saldo de visibilidad del profundo problema de la sociedad mesoamericana, ha puesto a hablar a medios y analistas sobre la pobreza, sobre los traficantes de personas, sobre la violencia y las violaciones de los DD. HH., situaciones que explican el golpe de Estado en Honduras del 2009, la violencia y la corrupción gubernamental en ese país y en Guatemala.
La caravana, mayoritariamente de hondureños y hondureñas, que marcha hacia los Estados Unidos, se inscribe en un drama político y social que se inicia y profundiza con el derrocamiento Manuel Zelaya y continua con irregularidades constitucionales y un ‘golpe electoral’ a la fórmula presidencial Salvador Nasralla-Xiomara Castro. Mucho de esa caravana se entreteje en estos sucesos como en la ampliación de la desigualdad y la pobreza. Situación que marca a otros países, como El Salvador y Guatemala. Este proceso se instala en los sucesos de las últimas elecciones presidenciales de 2017 en Honduras, en la crisis política guatemalteca y en los resultados deslucidos de El Salvador.
En Honduras, el golpe a un presidente, el hostigamiento a los opositores y un modelo económico excluyente creó –como en Guatemala- una situación de irrepresentabilidad de expectativas ciudadanas y populares que, en parte, vemos en esa diáspora padeciente. El que deja de esperar a la política se va. Deja de colaborar con el orden, el sistema político y el Estado. Inicia con otros una caravana y da cuenta del profundo malestar que sólo puede suscitar unas controversiales democracias centroamericanas.
Estos sucesos nos hablan de la historia reciente de Centroamérica. Nos hablan de una democracia y de una caravana como signos de agotamiento y quiebre de un orden y de su relación con los ciudadanos y ciudadanas. Lo que se ha tornado fallido no es el Estado sino el vínculo de la clase política con las expectativas ciudadanas. Una desconexión con los derechos y con el núcleo más moderno de los imaginarios democráticos. La caravana es diáspora, quita de colaboración al poder y critica silenciosa.
Centroamérica pasa por su peor crisis, la globalización aceptada por las mayorías hoy es observada por la brutalidad de sus efectos. La caravana añora llegar a un paraíso complejo y paradójico, ya que este resiste en parte a los migrantes. E inclusive resiste los propios imaginarios de libertad y de incorporación de inmigrantes que tuvo por cientos de años. Un paraíso que les devuelve dificultades, trabas y promesas muy costosas. Pero paraíso al fin. Para Centroamérica, EE. UU. es Lampedusa. Lástima que nadie esté muy atento a ellos.