Por María Luisa
Rodríguez Peñaranda y Fabián Andrés León Peñuela
La empresa constructora brasilera
Odebrecht ha conseguido algo que parecía poco probable en la región
latinoamericana: escandalizar a una sociedad acostumbrada a los frecuentes
“escándalos” de corrupción.
La corrupción ha sido considerada
como uno de los males endémicos de nuestro territorio, incrustada en la cultura
política, y generadora del despilfarro de nada menos que aproximadamente el 20%
de los presupuestos nacionales. Con el desfalco de los recursos públicos se
bloquea el desarrollo de la infraestructura portuaria, vial, el comercio
nacional e internacional, se empobrece a los campesinos y clases medias, y se
impide que derechos fundamentales como la salud, la educación o tan siquiera
que la infancia más vulnerable obtenga un plato de comida en la escuela, quizá
el único del día.
Si bien la corrupción local no es
nueva, lo nuevo es la corrupción globalizada y multinacional, el grado de
penetración que alcanza en las elites económicas y políticas, su prolongación
en el tiempo capaz de permear décadas de gobiernos en una región y, por ende,
su indudable poder para desestabilizar las siempre débiles democracias
latinoamericanas. Hay que reconocer que la ahora considerada
constructora más poderosa de América Latina, Odebrecht, con su modus operandi e
institucionalización del soborno (contaba con un departamento especializado en
ello) nos ha facilitado su comprensión a tal nivel que, sin querer, escribió lo
que sería un -manual de la corrupción multinacional para dummies-.
El manual da instrucciones
sencillas pero sumamente eficaces. Primero hay que asociarse con grupos
económicos poderosos de cada país, luego ofrecer coimas irresistibles a
funcionarios de alto nivel, preferiblemente ministros, viceministros, jefes de
oficinas jurídicas, para la obtención de jugosos megacontratos que aplasten a
cualquier otro potencial oferente nacional. Por último, lavar activos mediante
la financiación de candidatos presidenciales de todos los colores partidistas
-en una apuesta segura al ganador y un silenciamiento del vencedor-
lo cual garantiza la renovación del ciclo. Con este manual, no hay presidente o
expresidente en la región que se escape.
Desde que el Departamento de
Justicia de los Estados Unidos lanzara sus cartas en el 2016 publicando un
informe en el que reveló los nexos de Odebrecht con doce países de América
Latina y África, entre los cuales se encontraban los principales gobiernos de
izquierdas de la región como Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, y otros de
derecha o centro derecha como Perú, México y Colombia, un huracán -cuya
magnitud aún desconocemos- se desató en la región. En Colombia, las piezas de
este enorme rompecabezas apenas comienzan a mostrarse y algunas ya encajan.
Colombia: el impedimento del
Fiscal General de la Nación y la renuncia del Director de Medicina Legal
El pasado 27 de noviembre de
2018, el Congreso de la República de Colombia fue escenario de lo que entendía
Alain Badiou como Acontecimiento[i].
Claro está que esta ruptura tiene como punto de partida el entrecruce de lo que
aún no somos y una destrucción de nuestro ethos, enmarcado en un
contexto latinoamericano donde se percibe el amenazante resurgir de las ultraderechas
y donde se evidencia con mayor fuerza que este caso de corrupción involucra no
solo a los diferentes sectores del espectro político, sino incluso a los
principales empresarios de la región y del sector financiero.
Aquel día de noviembre, no tan
lejano en el calendario pero sí en la consciencia colectiva del debate
político, se estrenaba el estatuto de la oposición como expresión de las deudas
históricas del Estado colombiano, estando pendiente su promulgación desde 1991.
Además, se desarrollaba una plenaria del Senado para evaluar la responsabilidad
de Néstor Humberto Martínez, actual Fiscal General de la Nación al ocultar que
conocía de los pagos de sobornos para ganar la adjudicación de la concesión
Ruta del Sol II, realizados por la multinacional brasileña Odebrecht en el
mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Todo ello en virtud de las
declaraciones de Jorge Enrique Pizano, controller para la
concesión mencionada, y quien aparentemente había fallecido unos días antes por
causas naturales, tal como lo certificó el entonces Director de Medicina Legal,
Carlos Valdés.
Unos días previos al debate, una
pieza suelta e impredecible cambio la situación. La inexplicable muerte por
envenenamiento con cianuro del hijo de Jorge Enrique Pizano quien residía en
Barcelona y regresó al país para el sepelio de su padre. Alejandro tomó agua de
una botella que reposaba en el escritorio de Jorge, quien se había
convertido en el principal testigo de las fugas de dinero sin
destinatario claro que la concesionaria solía realizar, y quien además se lo
había hecho saber a Néstor Humberto Martínez en conversaciones que luego serían
filtradas a la prensa y que evidenciaban que el entonces abogado de uno de los
poderosos consorcios financieros como es el grupo Aval, no solo conocía de
tales pagos sino que además lo ocultó. La inicial muerte natural de Jorge
Pizano, quedó bajo sospecha y se confirmó semanas después cuando el sindicato
de forenses de medicina legal cuestionó las declaraciones de su director puesto
que las pruebas que poseía y la manera de preservarlas era imposible descartar
la muerte por cianuro. Lo que propició la renuncia de Valdés y la apertura de
una investigación por la Procuraduría General de la Nación.
Volviendo al debate del 27 de
noviembre, los congresistas citantes: Jorge Robledo, Gustavo Petro y Angélica
Lozano, los tres representando a la oposición, denunciaron cómo la empresa
brasileña había pagado más de 50 millones de dólares a una de las empresas que
integran el grupo AVAL, propiedad del banquero más rico de Colombia Luis Carlos
Sarmiento Angulo y socia principal de Odebrecht en Colombia. Por estos
hechos, al ser oferente de acciones en la bolsa de valores de New York, el
grupo AVAL es investigado por el Departamento de Estado norteamericano, en
tanto se habría violado la ley anti-trust (Sherman Antitrust
Act).
Sin embargo, ante la gravedad de
los hechos, la respuesta de la derecha colombiana fue la aplicación del principio
de transposición. Así se tendió una cortina de humo, encabezada por una
senadora del Centro Democrático (Partido de Gobierno) quien presentó un video
del año 2005, con limitado alcance judicial, para afectar a uno de los citantes
al debate y principal opositor del gobierno Duque como lo es el Senador Gustavo
Petro (derrotado en la segunda vuelta presidencial y en virtud de la reciente
reforma política, con derecho a una curul en el Senado).
La estrategia de contraataque se
basó en lo que podemos denominar el dilema del buen ciudadano: Si
la derecha comete actos de corrupción probados, no hay mayor reacción puesto
que es lo habitual, pero cuando se tiende un ínfimo manto de duda sobre las
fuerzas alternativas, el escarnio es más severo e implacable, dificultando
aclarar los hechos y mostrando la doble moral de la sociedad colombiana.
Luego de los distractores
señalados, el Fiscal Nestor Humberto Martínez, haciendo gala de despotismo y
demagogía, desplegó todo un espectáculo capaz de engendrar una obra de realismo
mágico que bien podemos llamar “los tentáculos de la corrupción”.
En el primer acto pudimos
atestiguar la muestra de poder de las élites colombianas al mejor estilo de la
Mafia. Por una parte, el Fiscal de la Nación en representación de las familias
poderosas como los Lleras, los Santos y otros, en tono amenazante, con agilidad
de orador y apoyado por la “mano de Dios” con quien aseguró se comunicaba
directamente, mostró su poder recordándoles a quienes citaban el debate que él
sabía con quién se reunían y que gracias a su fe «Dios le había enviado
las grabaciones que mostraban su buen proceder». Este despliegue de
elocuencia pastoril tenía un único mensaje: «el Fiscal lo ve todo y
puede pesquisar a quien quiera». Por otra parte, la elite
emergente, con profundas raíces delincuenciales y liderada por Álvaro Uribe
Vélez también afilaba sus dientes presentando el video mencionado, enviando un
mensaje claro: «Nosotros también tenemos poder, incluso para sacar del
camino a los principales opositores del establecimiento». Contando con la
bendición divina del emporio económico y político corrupto, el Fiscal alegó que
ya se había declarado impedido para investigar todo el entramado delictual de
Odebrecht y, ¡que lo correcto sería nombrar a un fiscal ad hoc! Lo
cual fue aceptado gustosamente por el gobierno Duque, por cuanto para
satisfacción de todos, la terna provendría de él mismo. La primera de ellas fue
rechazada por la Corte Suprema de Justicia, en tiempo récord se tramitó la
segunda, y hace un par de días en una ceremonia discreta y con pocos asistentes
se posesionó el primer fiscal sucedáneo de la historia del país.
El segundo acto pone en evidencia
la gran mentira sobre la cual se han introducido las principales políticas
neoliberales en Colombia, conforme al eslogan “El sector público es corrupto
de manera endémica, por lo que es necesaria la privatización y la entrada del
sector privado como arquetipo de la buena y honesta gestión de recursos”. El
caso Odebrecht no sólo atenta contra la libre competencia al manipular el
sistema de adjudicación de contratos excluyendo a los demás concursantes, sino
que muestra una estrategia de los sectores de poder para acaparar las
instituciones del Estado, la denominada puerta giratoria. Ejemplo
de ello es la llegada de Martínez al cargo de Fiscal General de la Nación.
De hecho, en su currículo se
puede evidenciar que luego de trabajar en la Superintendencia de Sociedades y
presidir la Cámara de Comercio de Bogotá fue delegado del sector financiero
ante la Superintendencia Bancaria (1986-1988), miembro de la junta directiva
del Banco de la República (1991-1992), subgerente legal del BID (1993-1994),
Ministro de Justicia de Ernesto Samper (Liberal) y Ministro de Justicia y del
Interior de Andrés Pastrana (Conservador), consultor y litigante (entre otros
para Corficolombiana y el grupo AVAL), ministro de la presidencia (2014-2015) y
fiscal (2016 a la actualidad). A todas luces, este caso muestra la colusión de
sectores económicos poderosos de carácter transnacional, que tratan de acaparar
el aparato estatal para fortalecer sus posiciones de mercado y su poder
económico incluso en contra de sus dogmas sobre la libre competencia y la no
intervención estatal en la economía.
Pero, ¿por qué llega al
cargo de Fiscal General de la Nación un abogado que ha desempeñado su vida
profesional en el sector financiero? Pues bien, es precisamente el
caso Odebrecht el que permite desentrañar una posible respuesta. Luego de la
emergencia de gobiernos alternativos y del viraje a la derecha que se vive en
América Latina, la reacción de estas elites que retoman los gobiernos de sus
países se ha caracterizado tanto por la eliminación física del contrario, como
por el aniquilamiento político y moral mediante la denominada Lawfare
strategy[ii], encaminada
a silenciar enviando a prisión a la oposición y a los movimientos alternativos
en la región. En el caso de Odebrecht se genera una suspicacia: qué mejor que
tener un fiscal de bolsillo afín al sector financiero y los grupos de poder
dispuesto a perseguir a quien se salga del libreto o a encubrir a posibles
aliados; incluso premiandolo como personaje del año 2017 en el periodico El
Tiempo, de propiedad de Sarmiento Angulo.
El tercer acto escenifica cómo el
sector financiero es sin duda uno de los actores principales de la crisis de
corrupción del sistema político colombiano. Los efectos ineluctables que
generan en la política y economía del país son claros. De una parte se evidencia
que el famoso epíteto de “la democracia más sólida de la región” se
desdibuja ante la colusión de sectores poderosos que sin ruborizarse dicen al
país que la justicia les obedece y el Estado les pertenece. Pero, por otra
parte, la lectura que se envía a nivel internacional es que a este país
cualquiera puede venir a enriquecerse, incluso en contra de la sociedad
colombiana y que, aquellos empresarios honestos que quieran desarrollar su
actividad económica tendrán por seguro su fracaso, a menos que pacten con
empresarios como Sarmiento Angulo u otros.
La salida corporativa ante
semejante crisis de legitimidad de la Fiscalía que representa el actual fiscal
no nos deja esperanza. Si el director de Medicina Legal renunció ante un
gravísimo error, el Fiscal también debía hacerlo. Que el establecimiento
colombiano haya respondido realizando ajustes institucionales impensables para
mantener en el cargo a un fiscal cuestionado e ilegitimo demuestra que
descubrir los tentáculos de la corrupción en Colombia apenas llegará a ser una
caricatura pequeña y tranquilizadora de entrega de funcionarios técnicos y sin
respaldo, mientras el emporio político-económico sigue y seguirá
empobreciéndonos no solo en términos económicos sino además éticos.
[i] “El acontecimiento es, entonces, una verdadera ruptura con
respecto a una situación estructurada o a un mundo. El acontecimiento es el
advenimiento mismo del vacío, de la nada para la situación. La nominación del
acontecimiento, es aquello que posibilita el surgimiento de una verdad”Exposito,
Julia. (2015). Lógicas del acontecimiento: Alain Badiou como pensador de la
crisis del Marxismo. En http://www.revistadefilosofia.org/64-09.pdf
[ii] Holzer,
Mark. (2012) Offensive lawfare and the current conflict en: http://harvardnsj.org/2012/04/offensive-lawfare-and-the-current-conflict/ y
Dunlap, Charles (2017) Lawfare 101. En: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6434&context=faculty_scholarship
es
profesora asociada de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de
la Universidad Nacional de Colombia.
es
economista e integrante del Observatorio Nacional de Justicia Real de la
Universidad Nacional de Colombia.
Fuente:
www.sinpermiso.info